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10 de enero

Teatro de la adulación, por Antonio José Monagas

DESDE QUE EL TEATRO SE ENTIENDE COMO poesía convertida en escena para sublimar al ser humano en medio de sus atribulaciones y sueños, su práctica arropó consideraciones que se pasean entre lo retórico y las realidades más crudas. Por eso, la política se ha aprovechado de su amplitud conceptual para hurgar, entre sus intríngulis, los recursos que mejor son capaces de calcar las circunstancias por las que discurre la vida del hombre en su afán por sacar provecho de las oportunidades.

De esa manera, se comprendió la necesidad de hablar de lo que encierra el llamado teatro de lo absurdo teatro de violencia, de contraste o el denominado teatro umbroso. Inclusive, el teatro cómico o el teatro trágico. Sin embargo, de esa conjunción que por la incidencia de la política se ha concebido, puede hacerse referencia al teatro de la crueldad creado con el encubierto propósito de acusar una concepción de la vida exaltada y perturbadora. Tal cual lo destaca el ejercicio ramplón e inmediatista de la política. Sobre todo, de la política asumida o ejercida cual vulgar disimulo de justicia y tolerancia. Pero disfrazada de gestión gubernativa.

Bajo ese rigor endosado por la violencia y la condensación extrema de elementos escénicos, pudiera comprenderse lo que es el teatro de la adulación. Y que si bien no es expresión de humanidad, en la que la comprensión se ajusta a cada situación en escena, puede verse como lo que en realidad es. O sea, una extensión de la vida. Pero particularmente, de la vida en la que la política se torna tan acuciosa para auscultar lo que hay dentro de cada individuo, como miserable para arrancarle al menesteroso lo que el opulento necesita para abultar su ego y su peculio.

Venezuela vivió el pasado jueves 10 de Enero, según la interpretación del artículo 231 constitucional, un día que fracturó la institucionalidad republicana y democrática toda vez que dicho momento no fue representativo de lo que pauta el ordenamiento jurídico basándose en la concepción del Estado de Derecho y de Justicia que supuestamente caracteriza al Estado venezolano. De ahí que lo sucedido, fue más un teatro de la adulación, un teatro de lo absurdo, que el evento marcado constitucionalmente como “(…) la toma de posesión del cargo de Presidente de la República” (Idem)

El actor protagonista de tan burdo guión, mintió con la verdad. Supo manipular el auditórium nacional desde las emociones controladas mediante elaboradas imágenes de sobriedad, acompañadas de fustigadores mensajes. Tanto que no hubo opinión asomada en contrario, en mitad del espectáculo.

Fue una obra de teatro montada con base en la atroz injusticia abstraída del actual código de moral social que ha servido al alto gobierno para actuar por mampuesto detrás de un aparataje construido a partir de la represión empleada como criterio de poder y símbolo de fuerza legal. Tan rancio evento, semejó una ceremonia de papel. Un protocolo espurio, aunque fungió de escenario para dar cuenta de cómo la adulancia sostiene cada acto del régimen. De hecho, la forma seguida obedeció al carácter pírrico procedente de un fraudulento proceso eleccionario acontecido el pasado 20-Mayo. Por cuanto además de inconstitucional, fue patio de observación para declarar la profusión de una ilegitimidad de mayúsculas proporciones políticas, éticas y morales.

En consecuencia, la adulancia dejada ver el 10 Enero 2019, es casi la apología de una historia que pudiera ser parcial contenido de un vergonzoso capítulo. Pero que deberá sentar una lección de política y de jurisprudencia de lo que no debió ocurrir en el contexto de un país conmovido por realidades de contradictoria secuencia. Fue lamentablemente un hecho que, aun cuando terminó de concienciar y despertar venezolanos ante los desmanes, infortunios y desgracias que el régimen socialista ha buscado llevar como práctica toda vez que ha vivido sediento de odio y hambriento de resentimiento, sirvió para enseñar que la cosecha de su revolución no maduró. Tan controvertido y traicionero objetivo, sólo fue escenario para montar un teatro de la adulancia.

 

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¿Quiénes se retrataron con Maduro y quiénes no?

AL LLEGAR A LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA para su juramentación, en horas de la mañana del 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro -en compañía de su esposa Cilia Flores y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno- recibió los actos protocolares por parte del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Iván Hernández Dala, jefe de la casa militar, se ubicó a sus espaldas en todo momento. Otros nueve miembros de la Guardia de Honor Presidencial estaban a pasos de distancia.

Luego de saludar a los magistrados, ambientados por la música de la orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar, en camino a la sala plenaria del tribunal se les unieron Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República; Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario y Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información.

El capitán Juan Escalona, antiguo edecán de Hugo Chávez y actualmente de la pareja presidencial, se mantuvo junto a Flores y atento a todos los movimiento de Maduro dentro de la sala plenaria. Su cercanía fue evidente porque se encargó hasta de acomodar la banda presidencial a Maduro durante la juramentación.

A las 12 del mediodía en punto, Nicolás Maduro fue juramentado para el nuevo periodo presidencial 2019-2025. Lo acompañaron los representantes de los cinco poderes públicos nacionales: Tarek William Saab, Fiscal General nombrado por la asamblea nacional constituyente; Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente; Maikel Moreno, presidente del TSJ y Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral.

 

Durante toda la ceremonia, en los discursos emitidos, se hizo hincapié que el acto se realizaba en la sede del TSJ por encontrarse la Asamblea Nacional (AN), en manos de la oposición, en estado de desacato.

Detrás de los representantes de los poderes públicos, a espaldas de Maduro, se situaron los magistrados del TSJ: Juan José Mendoza (Magistrado de la Sala Constitucional), Arcadio Delgado Rosales (Magistrado de la Sala Constitucional), Carmen Zuleta de Marchán (Magistrada de la Sala Constitucional), Gladys Gutiérrez Alvarado (Magistrada de la Sala Constitucional), Calixto Ortega Ríos (Magistrado de la Sala Constitucional), Luis Damiani Bustillos (Magistrado de la Sala Constitucional), Lourdes Suárez Anderson (Magistrada de la Sala Constitucional, Marco Antonio Medina (Magistrado de la Sala Político-Administrativa), Bárbara César Siero (Magistrada de la Sala Político-Administrativa), Inocencio Figueroa (Magistrado de la Sala Político-Administrativa), María Ameliach Villarroel (Magistrada de la Sala Político-Administrativa), Eulalia Guerrero Rivero (Magistrada de la Sala Político-Administrativa), Indira Alfonzo Izaguirre (Magistrada de la Sala Electoral), Malaquías Gil Rodríguez (Magistrado de la Sala Electoral), Fanny Márquez Cordero (Magistrada de la Sala Electoral), Jhannett Madriz Sotillo (Magistrada de la Sala Electoral), Yván Bastardo Flores (Magistrado de la Sala de Casación Civil), Francisco Velásquez Estévez (Magistrado de la Sala de Casación Civil), Guillermo Blanco Vázquez (Magistrado de la Sala de Casación Civil), Vilma Fernández González (Magistrada de la Sala de Casación Civil), Elsa Janeth Gómez Moreno (Magistrada de la Sala de Casación Penal, Francia Coello (Magistrada de la Sala de Casación Penal), Juan Ibarra Verencuela (Magistrado de la Sala de Casación Penal), Yanina Karabín de Díaz (Magistrada de la Sala de Casación Penal), Marjorie Calderón Guerrero (Magistrada de la Sala de Casación Social), Jesús Jiménez Alfonzo (Magistrado de la Sala de Casación Social), Edgar Gavidia (Magistrado de la Sala de Casación Social) y Mónica Gioconda Misticchio (Magistrada de la Sala de Casación Social).

 

En la juramentación estuvo presente el Alto Mando Militar. Sin embargo, Vladimir Padrino López, actual ministro de Defensa, se sentó junto a los ministros. La cámara no lo enfocó con claridad durante el acto, ni siquiera cuando fue nombrado por Maduro.

Según reportes de Venezolana de Televisión (VTV),  50 delegaciones del mundo, llegaron al país para la toma de posesión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los asistentes destacaron los presidentes de Bolívia, Evo Morales; El Salvador, Salvador Sanchez Cerén; Cuba, Miguel Díaz Canel; Nicaragua, Daniel Ortega y Osetía del Sur. Anatoli Bibílov.

Entre las delegaciones asistentes se puede nombrar al embajador jefe de la misión permanente de la Liga de los Estados Árabes (LEA) en Brasil, Qais Shqair; Vicepresidente de la República de Turquía, Fuat Otkay; Primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris; Líder y activista de la República Democrática del Congo, Ronald Lumumba; Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Han Changfu y el Secretario General de la OPEP, Mohammad Barkindo.

Maduro saludó también a representantes de Belice, Trinidad y Tobago, Rusia, Irlanda, Belarús, Rusia, Argelia, Sudáfrica y al encargado de negocios de la Santa Sede. “Más de 94 países que respetan y aman a nuestro país”, expresó.

También estuvieron presentes ministros y los “gobernadores legítimos constitucionales”, como los califica Maduro.

Los grandes ausentes

Los presidentes de China, Rusia y Turquía, quienes han reiterado su apoyo al gobierno venezolano, fueron los grandes ausentes durante el acto  aunque enviaron delegaciones representantes.

Otras ausencias destacadas son las hijas del ex presidente Hugo Chávez. Durante el acto de juramentación del 14 de abril del año 2013, María Gabriela Chávez fue invitada al podio del hemiciclo de la Asamblea Nacional a ponerle la banda a Maduro junto a Diosdado Cabello. En esta ocasión no estuvo ni entre los asistentes.

Tampoco estuvieron presentes los diputados de oposición por encontrarse bajo la figura de desacato. También estuvieron ausentes los magistrados Marisela Godoy, Danilo Mojica y Christian Zerpa, quien recientemente solicitó asilo en los Estados Unidos alegando persecución.

Presentes

Las cámaras tampoco enfocaron a Gustavo González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin),  quien había estado desaparecido desde octubre y fue nombrado hace dos días como nuevo Consejero de Seguridad e Inteligencia de la presidencia.

Y a diferencia de la juramentación de 2013, cuando Yendri Sánchez González intentó quitarle el micrófono al presidente, esta vez no hubo quien burlara la seguridad del acto.

Los militares lo reconocen

Al terminar el acto de juramentación en la sala plena del TSJ, Maduro se dirigió al acto de reafirmación, reconocimiento y juramento de la FANB desde el Patio de las Academias en Fuerte Tiuna.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro como Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe para el periodo 2019-2025”, expresó Padrino López durante el acto.

Estuvieron presente las tropas de las ocho Regiones de Defensa Integral (REDI) del país.

España no tendrá representación oficial en la toma de posesión de Maduro

NINGÚN REPRESENTANTE OFICIAL DE ESPAÑA asistirá al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2019-2025, que se llevará a cabo en Caracas mañana, 10 de enero, según han informado hoy a Efe fuentes oficiales españolas.

Maduro, quien gobierna desde abril de 2013, ganó con amplio margen los comicios presidenciales de mayo de 2018, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales representantes.

La oposición y parte de la comunidad internacional han señalado que no reconocerán un nuevo período de Maduro, pero el gobernante reiteró este lunes que jurará el cargo para “cumplir la voluntad popular” expresada en su triunfo electoral.
Este martes la Unión Europea (UE) volvió a pedir la organización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela al no reconocer los comicios de mayo en los que se impuso Maduro por considerar que no fueron “libres ni justos”.

Así, la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, recordó que el Consejo de la UE dejó clara su posición sobre la situación venezolana en diversas oportunidades a lo largo del pasado año.

El Consejo “consideró que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres ni creíbles”, puntualizó.

Aseguró que la UE “pide nuevas elecciones que sean libres y justas”, al igual que “se respete a la Asamblea Nacional, se libere a todos los presos políticos y se cumpla el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Por su parte, los 14 países americanos que conforman el denominado Grupo Lima acordaron el viernes pasado que no reconocerán, a excepción de México, el nuevo periodo gubernamental de Maduro por considerar que es producto de un proceso ilegítimo y le recomendaron no asumirlo mañana.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha convocado una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente para este jueves con el fin de “considerar la situación” en Venezuela, reunión que coincide con la nueva toma de posesión de Maduro como presidente del país.

Provea frente al 10 de enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (Provea) emitió un comunicado en el que fija posición sobre el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025.

A continuación, el texto íntegro:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.
2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
3) Con las decisiones tomadas a partir de diciembre de 2015, que afianzaron un gobierno dictatorial y más excluyente, Nicolás Maduro perdió la legitimidad de desempeño en el ejercicio de sus facultades como presidente de la República. A partir del 10 de enero de 2019 tampoco poseerá legitimidad de origen en lo que pretende ser un segundo período presidencial en funciones.
4) La Constitución no prevé los mecanismos a seguir ante la instalación de un gobierno de facto consecuencia de un fraude electoral. Cualquier iniciativa para lograr la transición a la democracia debe promover la realización de elecciones libres, creíbles, y con garantías para la libre participación política mediante el sufragio de todos los electores y organizaciones, que restablezcan a corto plazo la plena vigencia de la Carta Magna de 1999. Para ello, la Asamblea Nacional juega un rol fundamental como el único poder público legitimado por el pueblo para conducir este proceso.
5) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser el marco de actuación tanto para los sectores que aspiren el regreso del Estado de derecho como para el proceso de reinstitucionalización democrático del país. Esta Carta Magna establece, en su artículo 138, que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
6) Reconocemos y alentamos todos los esfuerzos, tanto de los organismos internacionales de protección de derechos humanos como de la comunidad internacional, para aumentar las presiones diplomáticas que logren el pronto restablecimiento tanto del orden constitucional como de la propia democracia en el país. Apoyamos las sanciones individuales sobre funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, así como la aplicación de los diferentes mecanismos internacionales (Carta Democrática Interamericana, Protocolo de Ushuaia, entre otros) acordados soberanamente entre los diferentes países, entre ellos Venezuela, para abordar la ruptura democrática en cualquier Estado de la región. Sin embargo, como lo hemos reiterado en otras comunicaciones, cuestionamos cualquier sanción económica contra el país que puedan agravar la ya precaria situación generada por la emergencia humanitaria compleja en salud, alimentación y pobreza.
7) Solicitamos a los países de la región que ante cualquier consecuencia derivada de la instalación del gobierno de facto que pretende instalarse en el país a partir del 10 de enero de 2019, se mantengan y generen todos los mecanismos posibles para continuar su observación y acompañamiento de la situación venezolana. Asimismo, se dé respuesta oportuna y adecuada, según los estándares internacionales sobre migración, a las solicitudes de asilo por razones políticas y estatus de refugio a los venezolanos que migren forzosamente del país como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y la persecución política.
8) Rechazaremos cualquier tipo de intervención armada a Venezuela como mecanismo de resolución de la crisis. Abogamos por acciones contempladas en la normativa internacional sustentadas en la reivindicación de la paz y los mecanismos diplomáticos.
9) Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de la región a denunciar la ausencia de legitimidad del gobierno de facto que pretende establecerse en el país a partir del 10 de enero usurpando funciones al margen de la Constitución de 1999 y la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, los alentamos a solidarizarse con los esfuerzos de los sectores que promueven el regreso de la democracia a Venezuela.
10) Advertimos que la instauración de un gobierno de facto, no libra a los funcionarios en usurpación de funciones de su responsabilidad en el ejercicio del poder y las consecuencias de decisiones que violen y afecten la dignidad humana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró ilegítimo al gobierno de sustituyó a Manuel Zelaya en Honduras, estableciendo que “el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.”
11) La respuesta frente la crisis política y social es clara: la movilización y presión conjunta de la sociedad civil democrática, las organizaciones sociales venezolanas, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la comunidad internacional, y el pueblo en su ejercicio intransferible de soberanía y deber de restablecimiento del orden constitucional, con el firme propósito de detener el avance del gobierno de facto.
12) A pesar de los obstáculos y adversidades, Provea y el resto del movimiento de derechos humanos venezolano continuaremos en el país documentando las violaciones de derechos humanos y acompañando a todas las víctimas, sin discriminación alguna, en su anhelo de verdad, justicia y reparación.

Colectivos prometen defender a Maduro con el “fusil en la mano”

FOTO: EFE

 

 

CIENTOS DE SIMPATIZANTES RADICALES DEL PRESIDENTE Nicolás Maduro, e integrantes de los llamados “colectivos chavistas”, aseguraron este 7 de enero que lo defenderán con el “fusil en la mano” y en “cualquier escenario”, reseñó la agencia EFE.

Estas declaraciones se conocen a solo días de que el gobernante jure un nuevo mandato, que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.

Según los colectivos, un sector de la oposición sigue directrices de Estados Unidos para desestabilizar el país, derrocar a Maduro y poner fin así a la revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

Es por ello que todos los chavistas que tengan “las bolas para defender esto -la revolución- con fusil deben dar la cara”, dijo en la concentración de hoy el dirigente Jorge Navas, refirió la agencia.

Manifestación en apoyo a Maduro

Los oficialistas recorrieron parte del oeste de Caracas en motocicletas y vehículos, al tiempo que gritaban consignas a favor de Maduro ye n contra del recién designado presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a quien el propio Navas calificó como un “diputadillo traidor”.

La concentración terminó en el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, y cuyo pensamiento los seguidores del mandatario señalaron hoy que deben reivindicar todos los días.

“Lo han pretendido minimizar, pero nosotros debemos resaltar la figura de Chávez hasta la muerte“, dijo a los congregados otro dirigente colectivo que no fue identificado, citó la nota.

Los colectivos, que según la oposición venezolana constituyen un grupo de choque del oficialismo, han dicho que estarán en las calles hasta el próximo 10 de enero, cuando Maduro asuma un nuevo mandato que la oposición y parte de la comunidad internacional han dicho que no reconocerán.

Con todo, el propio Maduro reiteró hoy que jurará de nuevo como presidente para “cumplir la voluntad popular” expresada en su triunfo electoral en los comicios del pasado 20 de mayo -tachados como fraudulentos- y que dará respuesta “recíproca” a los Gobiernos e instituciones que lo desconozcan.

José Toro Hardy Ene 03, 2019 | Actualizado hace 1 año
Legitimidad, por José Toro Hardy

 

LA DEMOCRACIA, POR DEFINICIÓN, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia, tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes, tiene que haber respeto a la Constitución y a los DDHH.

El 10 de enero terminan de caer las máscaras y desaparece cualquier vestigio de legitimidad.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Sólo el Poder Legislativo, electo mediante el voto directo del pueblo, dispone hoy de legitimidad de origen, aunque el régimen le ha arrebatado sus facultades. También el TSJ designado por la AN cuenta con plena legitimidad.

La legitimidad de origen no puede ser el resultado de unas elecciones convocadas al margen de la Constitución y en las cuales se impuso el punto de vista sostenido por Stalin, “Qué importa quien vote. Lo que importa es quien cuenta los votos”.

En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la Dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”

“Le pouvoir arrête le pouvoir” sostenía Montesquieu (1689-1775). “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder  Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704)  filósofo inglés del Siglo de las Luces que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con  James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de EEUU, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía:”La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos … puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía”. Los padres fundadores de los EEUU, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los Poderes dominase a las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la Democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo … y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”, cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 300 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA y denunciadas ante la Corte Penal Internacional por varios Estados signatarios del Estatuto de Roma, entre los cuales se cuentan Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, denuncia a la cual se sumaron países como Canadá y Francia.

En estos momentos decisivos de nuestra historia, a la comunidad internacional le corresponderá un papel fundamental en lo que habrá de ocurrir en Venezuela.

El país comienza el año 2019 en medio de una brutal crisis económica, con la mayor hiperinflación del mundo, una caída del PIB sin precedentes, un aparato productivo y una industria petrolera destruidos, sin recursos para pagar su deuda externa, una escasez de alimentos y de medicinas a nivel de crisis humanitaria, con más de 3 millones de sus ciudadanos que han migrado para buscar en otras tierras lo que la suya propia le negó y para colmo de males en manos de un gobierno que ya no cuenta con legitimidad.

 

@josetorohardy

Senadores de EEUU piden a Trump que declare “ilegítimo” a Maduro antes del 10 de enero

El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez solicitaron hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, que declare “ilegítimo” al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes del 10 de enero, fecha en la que previsiblemente jurará su cargo hasta 2025.

“Solicitamos que condene el Gobierno del régimen de Maduro como ilegítimo, y reconozca formalmente a la Asamblea Nacional de Venezuela como la única institución democrática legítima que permanece en el Gobierno nacional”, escribieron Rubio y Menéndez en una carta enviada a Trump, a la que tuvo acceso Efe.

El próximo 10 de enero acaba el período presidencial que empezó en 2013 y empieza un nuevo ciclo de seis años, de acuerdo con la Constitución venezolana.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que los últimos comicios presidenciales, celebrados en mayo, violaron las condiciones de integridad electoral, por lo que no pueden ser considerados como legítimos.

En esa misiva, los senadores criticaron que Maduro “haya alejado a Venezuela del camino de la democracia y la haya acercado al de la dictadura”.

“Ya es hora de que Estados Unidos reconozca formalmente a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, como la única institución gubernamental legítima que queda en Venezuela”, remarcó Rubio en declaraciones a Efe.

Asimismo, el senador por Florida apuntó que Maduro “ha utilizado tácticas manipuladoras e inconstitucionales para permanecer en el poder en Venezuela, incluyendo las elecciones fraudulentas de mayo del 2018 y la creación de una Asamblea Constituyente ilegítima en julio del 2017”.

Pese a que numerosos países no reconocen las elecciones del 20 de mayo, en las que no participó el grueso de la oposición y según las cuales Maduro fue reelegido con el 68 % de los votos, el mandatario venezolano dijo hoy que jurará su cargo el próximo 10 de enero para un nuevo período hasta el año 2025.

Maduro aseguró que no aceptará “chantaje” diplomático en vista de la posibilidad de que algunos países retiren sus embajadores por considerar ilegítima su reelección.

“Los Gobiernos que hagan lo que quieran, si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos, que se vayan. A Venezuela no la va a chantajear nadie”, aseveró el líder chavista durante una rueda de prensa hoy en Caracas.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encuentra especialmente enquistada desde que Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017 y en agosto de ese mismo año llegó a decir públicamente que no descartaba la “opción militar” para resolver el “muy peligroso lío” que atravesaba entonces Venezuela.

Virtuoso sobre el 10 de enero: “Ante la prórroga no legítima de la Presidencia la sociedad tiene que defender la Constitución”

 

 

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, José Virtuoso, advierte que “nos acercamos a una coyuntura muy peligrosa para el país”, debido a la proximidad del 10 de enero, fecha en la que según la Constitución vigente finaliza el actual periodo de gobierno y debe asumir un nuevo Presidente de la República.

“Efectivamente, el próximo 10 de enero está prevista la juramentación para un nuevo período presidencial”, resalta Virtuoso, tras subrayar que Venezuela no cuenta con un nuevo Presidente electo porque el proceso del 20 de mayo fue calificado “ilegítimo” y “fraudulento” tanto por la Asamblea Nacional como por la comunidad internacional”.

El sacerdote jesuita señala que “ante esa prórroga no legítima de la actual Presidencia de la República, la sociedad tiene que defender la Constitución Nacional vigente, tiene que defender especialmente su derecho a elegir y su derecho a cambiar sus gobernantes. La pregunta es qué vamos a hacer los venezolanos, precisamente para defender nuestros derechos”, sentencia el religioso.

Virtuoso apunta que el Congreso Venezuela Libre es un espacio importante para consensuar la defensa de la Carta Magna. “En el corto plazo tiene una importancia clave y capital: es el lugar donde todos los actores venezolanos podemos encontrarnos para defender el derecho a vivir en democracia, a vivir en libertad y a vivir en justicia. Queremos convocar a todo nuestro pueblo para sentirnos como una gran fuerza, para construir esa sociedad de dignidad y bienestar que solo se puede lograr con democracia, participación y sobre todo cambio de las políticas públicas”, agrega el rector de la UCAB.

Virtuoso afirma que para alcanzar la restitución del hilo democrático en el país, es necesaria la unidad de todos los sectores de la sociedad civil.