EN LOS ÚLTIMAS DÍAS, un grupo de respetados economistas del país han solicitado al gobierno que revele los términos de la negociación para que China, hoy la segunda economía en el mundo, concediera a Venezuela un crédito por 20 mil millones de dólares, suma que para cualquier otra nación del continente-no petrolera- equivaldría a casi la totalidad de sus reservas internacionales y que es muy superior a lo que se le ha entregado a Chávez vía Fondem. Pues el gobierno, fiel a su tradición de no dar explicaciones, ha hecho caso omiso a dicha solicitud y tiene algunas razones que al final no son sólo económicas.
De acuerdo con fuentes empresariales y políticas el crédito chino permitirá que la nación asiática profundice un abanico de negocios que hasta el momento no terminaban de cuajar por el posicionamiento que transacciones de otros Estados mantenían en distintos sectores.
Por ejemplo, el negocio de tecnología ya está siendo afectado debido a que el gobierno-por intermedio de PDVSA, ciencia y tecnología o Cantv- presionan a empresas privadas (que todavía sirven de proveedores a los citados entes estatales) para que adquieran productos y servicios chinos a pesar que esto complique la comercialización o la adaptación a los sistemas chinos representen una inversión adicional.
Recientemente una empresa estadounidense tuvo que aceptar brindarle servicios de seguridad y protección eléctricas a un servicio móvil de data que los chinos están introduciendo al país como parte del convenio que permitió el acceso al famoso crédito de Beijing.
Por otro lado, fuentes políticas nos afirman que la negación de detalles sobre esos 20 mil millones de dólares permitiría al gobierno usar políticamente parte de ese dinero para proselitismo y dádivas políticas durante la campaña electoral.
Eso, a todo evento, es ilegal pero la alquimia legal del gobierno siempre le ha permitido saltarse lo jurídicamente correcto en favor de sus intereses.