Denuncian que hasta los organismos de seguridad del Estado han sido usados para presionar retiros de aspiraciones, y se ha empleado a la Contraloría General para evitar candidaturas incómodas.
@Reyestheis
Los sectores de la izquierda no alineada con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), denuncian la violación a sus derechos políticos y humanos, por los que consideran actos de persecución por parte de sus antiguos aliados.
Ya el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, había dictado su veredicto el 4 de febrero de 2021, cuando se debatía un acuerdo con motivo de la insurrección militar de 1992.
Tras la intervención del diputado Oscar Figuera del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien mostró su desacuerdo con una parte del texto, porque según él “se ha retrocedido el camino al socialismo” y “habría que rectificar”, Rodríguez, desde lo más alto de la tarima le lanzó la sentencia al catalogarlo como “Quinta Columna”.
Pero en las disidencias de izquierda dicen que el asunto es aún peor. Que el trato para quienes antes eran integrantes de las fuerzas que respaldaban a Hugo Chávez y hoy muestran su desencanto con “su hijo político” ha sido más cruel que el que se le da a algunos sectores de la oposición venezolana y ahora se hace más evidente en las vísperas de las elecciones regionales.
El garrote estatal
Patria para Todos (PPT) es un partido que se creó tras una división de la Causa R y que tuvo entre sus figuras estelares a Aristóbulo Istúriz, Alí Rodríguez, Pablo Medina y José Albornoz, entre otros.
En la medida en que sus líderes principales se iban deslindando de esta tolda para incorporarse de lleno al PSUV, la dirigencia que se quedaba en la tolda azul se tornó cada vez más crítica, primero marcando distancia de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.
En agosto del año pasado, su secretario general, Rafael Uzcátegui, anunció su separación definitiva del Polo Patriótico –la alianza oficialista-. Entonces, un grupo de dirigentes introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue decidido en solo 24 horas, arrebatándoles las siglas a Uzcátegui y cediéndolas a Ileana Medina, figura incondicional con Maduro.
Hoy en día, Rafael Uzcátegui es una ficha clave de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), una plataforma de acción política que aglutina a dirigentes y partidos disidentes del chavismo. “Hay diferencias en las posiciones de lucha y éticas. Esas diferencias los lleva (a la cúpula del PSUV) a ser mucho más duros, exagerados, arbitrarios, autoritarios y desconocedores de los derechos democráticos para con nosotros”, expresa el dirigente.
Como un ejemplo de las arbitrariedades, el líder expepetista narra el caso de la dirigente Mariana Lerín, quien aspiraba ser la alcaldesa de Guanare, capital del estado Portuguesa, en las elecciones de noviembre próximo.
Esta joven dirigente participó en los comicios internos del PSUV, pero según ella, a pesar de contar con respaldo mayoritario, fue descartada su aspiración.
De inmediato, Lerín se convirtió en la aspirante del chavismo disidente, pero la cúpula psuvista tenía otros planes.
“Es una muestra de lo que significa ser y tener una posición diferente. Ella fue secuestrada por cuerpos policiales, y conminada en Caracas a que renunciara. Su solo rostro demuestra las cosas a las que fue sometida cuando fue obligada a renunciar”, aseveró Uzcátegui.
Se refiere a un video que publicó Lerín en Instagram, el 29 de septiembre, donde con lágrimas en los ojos dijo: “Muchachos, les grabo este video para decir que estoy bien, que el comunicado lo escribí yo (donde renunciaba a su aspiración), y que por los momentos no vamos a cumplir los compromisos políticos (….) Ya prontito estoy de regreso en mi estado, en mi casa, con mi hijo, con ustedes (…) A veces Dios escribe con renglones torcidos”, indicó con voz entrecortada.
Otro ejemplo del supuesto enseñamiento contra las disidencias le ocurrió al alcalde Macanao (Estado Nueva Esparta), Miguel Vásquez, quien -según Uzcátegui- fue inhabilitado en forma ilegal por la Contraloría, al igual que el general Nerio Galbán, quien aspiraba a ser gobernador de La Guaira.
Según el PCV, el Consejo Nacional Electoral exigió a esa organización política retirar las candidaturas de Galbán y Vásquez por órdenes de la Contraloría General de la República. Pero el partido del gallo rojo denunció en un comunicado que “tales objeciones no aparecían reflejadas en el Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP). De hecho, en lo que respecta a la postulación de Vásquez, su candidatura ha sido tipificada por el sistema como “Eliminada”; estatus inexistente en el Manual de Postulación del SAP”.
Pero además, el ente comicial tampoco permitió la sustitución de la candidatura de Galbán. En una carta consignada ante el ente electoral, el PCV relató que el viernes 24 de septiembre, el SAP impidió modificar la postulación. “El SAP reportaba a las 5:20 que la organización se encontraba fuera del lapso para hacer nuevas solicitudes aun cuando el plazo para este proceso permanecía abierto hasta medianoche”, indicó.
Por eso, el PCV está exigiendo al CNE la auditoría del sistema SAP.
El profesor Eduardo Samán, quien contaba con el respaldo de la APR para ser candidato a alcalde del municipio Libertador, también resultó inhabilitado y tuvo que ser sustituido por Rafael Uzcátegui.
Samán presentó su caso ante la embajada de México en Caracas, ya que este país sirve de anfitrión en los diálogos entre el régimen y un sector de la oposición venezolana.
Señaló en su carta a la legación diplomática que desde la conformación de Alternativa Popular Revolucionaria el Gobierno de Nicolás Maduro “ha aplicado una política para invisibilizarnos mediante un cerco mediático y comunicacional”.
Agrega la misiva: “Agreden a nuestra militancia a través de despidos, detenciones arbitrarias y demás acciones contrarias al ordenamiento democrático, específicamente con la intervención judicial por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), imponiéndole Juntas AD-HOT (Sic) a distintos partidos políticos de izquierda (PPT) y (TUPAMARO), iniciando un proceso de judicialización, como también la negación por parte del CNE de habilitar electoralmente la tarjeta del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la exclusión del Partido Izquierda Unida (IU) rechazando su legalización electoral”.
Fuerza policial
El caso de Lerín no sería el único en el que las fuerzas policiales estatales son usadas para presionar a militantes del PSUV.
Al alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, no le permitieron participar en el proceso de primarias de esa organización, y mantenía diferencias con el llamado protector del estado, Freddy Bernal.
La cúpula del PSUV supuestamente lo instó a que renunciara a su cargo, y como este se negó, fue detenido el 8 de octubre por unas horas en un comando de la Guardia Nacional y luego trasladado a San Cristóbal. La detención produjo protestas en San Antonio.
Al rato, Gómez anunció por whatsapp: “Por motivos políticos, debo entregar el cargo de alcalde hoy mismo”.
https://twitter.com/MurilloAnggy1/status/1446459557010608135
#Ahora | Alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, anuncia que por motivos políticos debe poner su cargo a la orden de manera inmediata pic.twitter.com/cIWcAdps5M
— Anggy Murillo (@MurilloAnggy1) October 8, 2021
Sobre la situación a la que está expuesta la propia militancia del PSUV, Uzcátegui señala: “La dirección (de la tolda roja) cada día más se aleja de los postulados para los cuales se crearon como partido. Hoy están alejados de sus bases, de su militancia, las agreden y persiguen si asumen una posición distinta a quienes gobiernan”.
El propio Uzcátegui mantiene un proceso judicial abierto y fue señalado por la exalcaldesa del municipio Libertador Érika Farías, de pertenecer a una red de prostitución.
“Divide y mantente unido”
Sergio Sánchez es el secretario de organización del Movimiento por la Democracia (MPD), el partido que tiene como líder al encarcelado general Miguel Rodríguez Torres y asevera que a la disidencia «no nos permiten registrarnos como partido”.
Añade que en las elecciones para las gobernaciones “tratamos de inscribir candidatos y nos los sacaron, tratamos de utilizar otras tarjetas y las eliminaron”.
Destaca que este año se ha permitido el registro de una gran cantidad de partidos opositores, pero ninguno de la disidencia de izquierda.
Para argumentar por qué el régimen trata a sus antiguos aliados de peor forma que a sus opositores naturales, Sánchez apela a “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu. Comenta que ese libro señala como estratégico lograr que el adversario se fracture, para que negocie una salida.
Indica además que “el Gobierno conoce muy bien a la oposición, pero la oposición no conoce al chavismo, sus contradicciones, sus anhelos y miedos. Nosotros sí los conocemos. A nosotros no nos van a acusar de antirrevolucionarios, nosotros conocemos las mentiras que hay allí adentro, sabemos cómo se ha desviado eso y podemos señalarlo”.
Otro de los elementos que expone como prueba de la arremetida contra el chavismo disidente es la detención de Rodríguez Torres. Asegura que el general «tiene un liderazgo importante en la Fuerza Armada”.
Dice Sánchez que en el mundo militar se pregona con el ejemplo y el ejemplo a seguir es ser el número 1 de la promoción o director de la Academia Militar (cargo que ocupó Rodríguez Torres). Fue muy cercano a Chávez, llevó la inteligencia por muchos años (director del Sebin entre 2010 y 2104), puso a jefes de guarniciones y ayudó a muchos oficiales”.
Según el dirigente del MPD, el único delito por el que está detenido el alto oficial retirado es por instigación a la rebelión y la única prueba que hay en el expediente es un tuit que emitió en el que señalaba que Maduro era derrotable si había organización. Ese tuit lo habría enviado un oficial de la FAN a otro, pero –paradójicamente- quien lo envió no fue detenido.
Origen de las diferencias
A pesar de los inconvenientes denunciados por las disidencias, el PCV en alianza con la APR anuncia que han postulado aspirantes a las 23 gobernaciones –en La Guaira esperan que se resuelva el impasse con el CNE- 335 candidatos a alcaldes, 152 aspirantes a legisladores regionales por lista y 93 nominales y 1.420 candidatos a concejales por lista y 982 nominales.
“Es decir el PCV, en alianza con la Alternativa Popular Revolucionaria, lleva aspirantes a los cargos de elección popular en todos los espacios en disputa electoral”, declaró Janohi Rosas, secretaria general de la Juventud Comunista de Venezuela y representante del PCV ante el CNE.
La joven dirigente recuerda que su partido tiene 90 años de fundado y que en 1998 se decidió respaldar a Hugo Chávez porque había puntos en común, tales como la necesidad de la recuperación de la industria petrolera, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el rescate de la tierra en manos de latifundistas y el rescate del salario. Pero sostiene que en esos ámbitos “durante la gestión del presidente Nicolás Maduro se ha tenido un duro revés”.
Considera que en estos momentos hay “un pacto de élites del Gobierno a través del PSUV en una amplia conjunción con la oposición de derecha” y que estarían tratando de abrirle las puertas al Fondo Monetario Internacional y “revertir todos los logros y conquistas establecidos en el proyecto histórico bolivariano”.
Rosas sostiene que El PCV y la APR son «la única referencia popular revolucionaria que participa en las elecciones del 21 de noviembre”.
Riesgo potencial
Para el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, en estos momentos, las disidencias del chavismo no significan un riesgo importante para Maduro ni para el PSUV, pero podrían serlo.
Detalla que el recuerdo de la gestión de Chávez es positivo para más del 50% de la población, mientras la evaluación positiva de Maduro está por el orden del 14%.
“El riesgo que corre siempre la Revolución y Maduro es que eso se convierta en una fuerza alternativa. Que surja una fuerza que eventualmente los desplace, que conecte mejor con el legado de Chávez y que desconecte con Maduro”, indica León.
Sostiene que, en este momento, no existe ningún líder disidente que tenga un nivel de aceptación popular significativo.
“Entonces, hoy no son un peligro, tanto que el gobierno no le teme a excluirlos. No se plantea negociar con ellos, como lo hizo en el pasado, para tratar que se pulvericen”.
Además, acota que el proceso electoral del 21 de noviembre está diseñado para que sea prácticamente imposible que esas fuerzas tengan una representación política importante, ya que es muy complicado el ejercicio del voto cruzado.
Este 21 de noviembre es la fecha pautada para las elecciones y mientras a la manito de la Unidad se le ha dado facilidades para sus postulaciones, como la concesión de varias prórrogas para inscribir sus candidatos, el gallo rojo canta recio en son de protesta.
Para este trabajo se intentó contactar a Manuela Lerín, Eduardo Samán y al diputado del PSUV Saúl Ortega, pero no fue posible obtener sus puntos de vista.
