La fundación CEPS, dirigida por Iglesias y varios líderes hoy de Podemos, guió en 2011 la guerra sucia propagandística de Hugo Chávez contra los opositores venezolanos. Aconsejó al Ejecutivo bolivariano infiltrar policías y médicos entre los opositores venezolanos para erosionar su credibilidad e intentar reputarles de locos.  

En septiembre de 2011 la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), vivero político y económico de los dirigentes de Podemos, aconsejó al Gobierno de Hugo Chávez infiltrar topos policiales y médicos entre la veintena de opositores venezolanos en huelga de hambre con el fin de obtener datos para desacreditarlos (“erosión de la verosimilitud del hecho”) y, de paso, tacharlos de locos (“identificar posibles incapacidades mentales del huelguista”). Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha sido miembro del patronato de la fundación CEPS desde 2008 a 2014. Esta entidad que se autodefine ‘sin ánimo de lucro’ ha tenido desde 2003 al Gobierno venezolano como su principal y casi único cliente, lo que le reportó más de 3,7 millones de euros.

Pero lo más llamativo no es que la fundación embrión de Podemos (entre sus dirigentes también figuran Íñigo Errejón, su polémico empleador, Alberto Montero, y tenía como asiduo colaborador a Juan Carlos Monedero) asesorara al Gobierno de Hugo Chávez como una mera consultoría política privada, pero pagando muchos menos impuestos que una sociedad mercantil de las que prestan similares servicios a los partidos en España, sino el calado de los consejos que le dio.

Vozpópuli ha tenido acceso a los informes de asesoría que le valieron tan generosos pagos, hasta un millón anual. Y la sorpresa es que una parte significativa de ellos sirvieron para guiar los pasos del Gobierno de Chávez para neutralizar a la oposición venezolana, en ocasiones con técnicas de guerra sucia dignas de la peor dictadura. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2011 los asesores de CEPS del régimen bolivariano emiten un informe táctico tituladoInsumos ante las tácticas desestabilizadoras de la oposición.

El informe de la fundación que ya dirigían los futuros líderes de Podemos aclaraba cuál era la revuelta que intentaba acallar su cliente, el Gobierno venezolano: “Analizamos dos de las posibles técnicas desestabilizadoras opositoras, vinculadas ambas con el intento de apropiación de la bandera de la defensa de los derechos humanos: concretamente la huelga de hambre y la instrumentalización de asociaciones relacionadas con la violencia, así como trataremos posibles respuestas institucionales”. ¿Y cuál fue el consejo dado por esta fundación que declaraba como su fin “el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos”?

Véase literamente el escalonamiento de sus consejos a Chávez:

“El 7 de septiembre pasado, el observatorio venezolano de conflictividad social informaba del repunte a 18 de las huelgas de hambre que por unos u otros motivos tienen lugar en el país. Frente a otros métodos de lucha social que requieren la movilización de un grupo importante de afectados, este método social se caracteriza por su alta visibilidad y factibilidad para grupos pequeños e incluso individuales de demandantes. No obstante lo dicho, el alto número de iniciativas de este tipo en el país diluyen el peso de las mismas, por lo que sus participantes se ven obligados a radicalizar sus acciones (como fue el caso de los estudiantes que cosieron parcialmente sus bocas)”.

Pero el peligro mediático de tal revuelta opositora era evidente para el equipo español de CEPS al servicio de Chávez. “La huelga de hambre cobra especial repercusión mediática cuando el o la huelguista ve deteriorado su físico e incluso llega a morir debido a los fallos multiorgánicos producto de la inanición. Este fue el caso de la criminalización al estado venezolano con motivo del fallecimiento de Franklin Brito hace ahora un año. Y es que en el caso venezolano este tipo de eventos se vincula indefectiblemente por la mediocracia opositora nacional e internacional a una supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Efectivamente, una búsqueda por referencia cruzada de los términos “derechos humanos” y “huelga de hambre” en Venezuela entre las noticias del primer semestre de 2011 arroja 533 eventos que generaron a su vez en torno a las 100 inserciones en prensa cada uno, es decir, más de 50.000 impactos mediáticos, con la repercusión que esto conlleva a la imagen pública, especialmente internacional, del Proceso [bolivariano]”.

Y, naturalmente, para la fundación de los hoy dirigentes de Podemos la prensa internacional era injusta con Chávez por entender que no violaba más los derechos humanos que la democracia española. “Evidentemente existe un vulgarísimo doble rasero entre los latifundios mediáticos nacionales e internacionales, ya que basta sustitituir Venezuela por España en la búsqueda y aparecen unas escasas 76 apariciones para el primer semestre, siendo éstas, además, mayoritariamente referencias a acusaciones de instituciones españolas por las violaciones de derechos humanos en Cuba”.

Las recetas de CEPS para huelguistas de hambre

A la hora de plantear recetas a Chávez contra los opositores venezolanos en huelga de hambre, CEPS pierde todo pudor y plantea medidas nunca implantadas en la España democrática. Véase su literalidad:

“Frente a nuevas huelgas de hambre de sectores opositores se apuntan algunas posibles respuestas a evaluar:

–Erosión de la verosimilitud de la medida de hecho: en la mayoría de los casos, la medida de hecho no es tal, simplemente una impostura. Sería conveniente seguir desvelando esta situación siempre que sea posible, desplazando e infiltrando entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

–Erosión de las reivindicaciones de los huelguistas: por injustas, mediante la difusión por vocerías interpuestas (organizaciones sociales, medios de comunicación) de las contradicciones en los reclamos; por faltas de fundamento, detallando y desglosando en el seguimiento del debido proceso por parte de las instituciones venezolanas en los casos cuestionados; por ilegítimas, evidenciando el irrespeto a las normas morales y jurídicas por parte de los protestantes o sus defendidos, como en el caso de los políticos presos; por imposibles, sosteniendo la bandera de la independencia de poderes, la fortaleza de la institucionalidad y la iniquidad de la apelación a instancias superiores cuando en Venezuela se respeta el estado de derecho y sus procesos señalando al tiempo a los demandantes los mecanismos formales existentes para vehicular sus protestas”.