Luisa Ortega Díaz, Fiscal General desde 2007 repite en el cargo; Manuel Galindo Ballesteros, actual Procurador del Estado, pasa a la Contraloría General de la República; y Tarek William Saab, exgobernador de Anzoátegui (Psuv) es el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sustentó la votación por mayoría simple —pese a que la Constitución establece en su artículo 279 la designación por las dos terceras parte del Parlamento— en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional designó este lunes 22 de diciembre a los ciudadanos que ocuparán los cargos del Poder Ciudadano por mayoría simple del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pese a que la Constitución de la República establece en su artículo 279 la elección en el Parlamento por las dos terceras partes de los votos.

Darío Vivas, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional anunció el respaldo de la bancada oficialista a los cargos vacantes de los representantes del Poder Ciudadano: Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Ministerio Público. En un acto que fue protestado por la bancada opositora, el diputado Diosdato Cabello leyó una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, que avaló que la designación se hiciera por mayoría simple. La bancada opositora manifestó que salvaría el voto para no dar legitimidad a la violación de la Constitución.

El Psuv promovió las candidaturas de Tarek William Saab, para la Defensoría del Púeblo; Manuel Galindo Ballesteros, como aspirante a la Contraloría General de la República; y Luisa Ortega Díaz, actual Fiscal General, para repetir en el cargo de titular al Ministerio Público.

Tarek William Saab (Defensoría del Pueblo): Nació en El Tigre, estado Anzoátegui, el 10 de septiembre de 1963. Es hijo de inmigrantes libaneses. Su carrera parlamentaria inició en 1999 y terminó en 2004, cuando se convirtió en gobernador del estado Anzoátegui. Es presidente de la comisión por la Verdad y la Vida, escargada de investigar las violaciones de derechos humanos en el período que el oficialismo llama la ‘IV República’.  Es conocido como el “poeta de la Revolución” por la publicación de 11 libros, algunos de ellos editados en Cuba, Colombia, México, entre otros, y entre las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela es considerado uno de los hombres más cercanos al expresidente Hugo Chávez. Fue dos veces gobernador de Anzoátegui (2004-2008 y 2008-2012)

Declinó seguir estudiando Letras en la Universidad de los Andes (Mérida), y optó por estudiar Derecho en la Universidad Santa María (Caracas). Tiene un post-grado en Derecho Penal y estudios en Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela (UCV). En su juventud fue líder estudiantil y militante de movimientos de extrema izquierda. Saab se unió a los 14 años al ex-comandante guerrillero Douglas Bravo y a su movimiento revolucionario PRV-Ruptura, llegando a convertirse desde finales de los años 1980 hasta mediados de los años 1990 en su asistente personal. Fue diputado ante la AN entre 2000 y 2004.

Fue uno de los promotores de la creación de la Defensoría del Pueblo, encargada, entre otras atribuciones, de “velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad”, de acuerdo con el portal web de esta instancia.

El gobierno estadounidense presidido por George W. Bush le acusó en 2000 de ser agente de un grupo terrorista. Ese mismo año, viajó a varios países musulmanes como Irak, Libia, Argelia, Arabia Saudita entre otros, formando parte de la comitiva expresidente Hugo Chávez. El gobierno estadounidense le revocó el visado para entrar en Estados Unidos luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El chavismo consideró esas acusaciones una infamia de tintes racistas, por ser Saab de origen árabe y por ser uno de los más cercanos colaboradores del presidente Chávez.

Manuel Galindo Ballesteros (Contraloría General de la República): Es el actual Procurador de la República.  Se desempeñaba como Viceprocurador General cuando fue designado titular, luego de que Cilia Flores se separara del cargo para asumir la campaña del expresidente Hugo Chávez. Es ficha de la primera dama. Entre algunas de sus expresiones está: “La lealtad integral permitirá impulsar el avance de la Revolución y consolidar sus logros en todos los ámbitos de la vida nacional”.

Consultor jurídico de la AN de 2006 a 2010, Galindo es abogado especialista en Derecho Laboral. También es magíster en administración educativa, doctor honoris causa, summa cum laude y profesor de posgrado. El jurista fue condecorado con la orden Danilo Anderson.

Luisa Ortega Díaz (Ministerio Público): Fue designada como Fiscal General de la República para el período 2007-2014.  Se desempeñó en 1999 como Consultora Jurídica de Venezolana de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, de la mano del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, a quién conoció en Maracay, cuando ambos acompañaron la lucha de los trabajadores de la industria textil del estado Aragua. Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, en cuyos años de estudiante militó en el grupo Ruptura, un frente abierto del Partido de la Revolución Venezolana, fundado por el dirigente político y ex guerrillero Douglas Bravo. Se graduó de Doctora en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, en la Universidad Santa María y obtuvo una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y otra en Derecho Penal en la Universidad Santa María.

Durante su gestión, el Ministerio Público manejado casos emblemáticos, como la solicitud de extradición al expresidente Carlos Andrés Pérez por las violaciones a derechos humanos durante el ‘Caracazo’, o el procesamiento a banqueros venezolanos incursos en apropiación indebida y enriquecimiento ilícito. También se iniciaron las investigaciones en casos como el de la Masacre de Cantaura, aunque sin actos conclusivos ni apertura de juicios. Varias organizaciones no gubernamentales, como Provea, se han pronunciado contra el manejo político de este caso en particular, cuando no se ha mencionado entre los presuntos responsables a figuras que militan actualmente en el oficialismo.

En procesamiento selectivo de opositores también ha sido un símbolo de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público. Durante 2014 se procesó a más de 26 disidentes y opositores en el marco de las protestas antigobierno que comenzaron en febrero. Además se detuvo a más de 3,000 ciudadanos y estudiantes en las manifestaciones, un número importante de ellos padeció tratos degradantes, vejaciones, tortura y otras violaciones a derechos humanos. En una entrevista a José Vicente Rangel en su programa ‘José Vicente Hoy’, que se transmite por Televen, la fiscal general declaró: “Nunca en este país se habían respetado tanto los derechos humanos como ahora”.

Aunque Ortega Díaz impulsó la creación de fiscalías municipales e inauguró la Escuela Nacional de Fiscales, los índices de impunidad no han presentado retrocesos significativos. Solo en los casos de homicidios, la impunidad afecta 92% de los casos. Solo un 8% de los homicidios que se cometen en el país se logra sentencia firme, según cifras aportadas por el propio organismo.

La titular del Ministerio Público también ha sido denunciada por una organización no gubernamental de interferir y aprovecharse de su investidura para presuntamente proteger a su hermano, el médico Raúl Ortega Díaz, en un caso de mala praxis médica. La organización Fundecis, denunció a la fiscal general por presuntamente ordenar el sobreseímiento en la denuncia contra su hermano, señalado de haber perforado el hígado de la paciente Aleidis Acosta durante una intervención quirúrgica, según reseñó el diario La Verdad.