Casi dos años después de la muerte del Comandante Hugo Chávez, la pregunta clave que muchos de la izquierda están debatiendo en Venezuela y otras partes es: ¿sus sucesores son fieles a su legado, o está el “proceso revolucionario” estancado o, peor aún, en retroceso? Los agudos problemas que han aquejado a Venezuela durante los últimos años parecieran convencer a algunos Chavistas que la revolución ha sido traicionada, o en el mejor de los casos, que a Maduro le falta por completo la astucia política de Chávez. Una de las principales dificultades es la escasez de numerosos productos, incluyendo los de primera necesidad, y una tasa de inflación por encima de 60 por ciento. Según Maduro, ambos problemas forman parte de una “guerra económica” llevada a cabo por intereses poderosos con el fin de desestabilizar a Venezuela. Las dificultades del gobierno incluyen también el problema universalmente reconocido de la corrupción.

Estos flagelos también estuvieron presentes durante el gobierno de Chávez, aunque con menor intensidad, y de todos modos él los enfrentó con ahínco. Su respuesta a la escasez de productos básicos – que llegó a ser particularmente fuerte en 2007 e influyó el resultado del referéndum sobre la propuesta reforma constitucional – fue decretar numerosas expropiaciones. En 2009, enfrentó el problema de la corrupción que condujo a una crisis financiera, al encarcelar por lo menos a dieciséis banqueros incluyendo el hermano de un ministro de mucha confianza, Jesse Chacón, y ordenar la detención de cerca de 40 más que se fugaron del país, al mismo tiempo que nacionalizó trece bancos.

Chavistas radicales señalan que a Maduro le falta este tipo de audacia. Critican, por ejemplo, la decisión de reemplazar la consigna chavista “Chávez Vive, la Lucha Sigue!” con “Chávez Vive, la Patria Sigue!” como indicativo de un retroceso político y una merma del fervor revolucionario de la dirigencia chavista. Un Chavista radical concluyó que con este tipo de modificación retórica Chávez está “frente a una segunda muerte y desde la revolución”. (1) Los radicales también cuestionaron la lógica implícita en la propuesta “diálogo de paz” con los líderes de la oposición y el sector empresarial que fue diseñado para controlar las protestas violentas que estremecieron a Venezuela en los primeros meses de 2014. Los radicales estaban convencidos que esas conversaciones abrieron las puertas a concesiones a los enemigos históricos de la revolución bolivariana. Antonio Aponte y Toby Valderrama, este un ex-guerrillero a quien Maduro ha atacado personalmente, escribieron “Es hora… de decir nos equivocamos: Quisimos ahorrarle sacrificios a la sociedad, tendimos la mano a la burguesía, cometimos la candidez de querer construir la paz con los enemigos de la paz….quisimos controlar el monstruo capitalista que es incontrolable.” (2)

Estas críticas conducen a la pregunta ¿cómo evaluar un gobierno comprometido con el camino democrático gradual para lograr el cambio de largo alcance en el contexto de la polarización extrema y el conflicto? ¿Un periodo de calma en el proceso de cambio, incluyendo entendimientos con los adversarios, significa necesariamente una señal que todo está perdido, como alegan a veces aquellos que invocan el término de la “revolución permanente”? Ciertamente, la historia está repleta de ejemplos de gobiernos comprometidos con la transformación del país que, después de avances iniciales, empiezan a echar atrás y terminan abandonando por completo la lucha. Por otro lado, la consigna de Lenin de “un paso hacia atrás para luego dar dos pasos hacia adelante” (en referencia a la Nueva Política Económica) puede ser aplicada a Venezuela bajo Maduro, como algunos Chavistas moderados alegan. Finalmente, ¿cuáles son los asuntos que debemos examinar con el fin de determinar la validez de la afirmación que Maduro ha heredado el manto revolucionario de Chávez? Y ¿cuáles son los asuntos que no son particularmente relevantes a esta discusión, pero que algunos izquierdistas analizan en un esfuerzo, probablemente equivocado, de definir la orientación ideológica del gobierno de Maduro?

Los aciertos del gobierno de Maduro y sus limitaciones

Una de las claves del éxito político de Chávez fue su estrategia de aprovecharse de cada victoria electoral y no-electoral para acometer inmediatamente medidas que profundizaban el proceso de cambio, iniciaban una nueva etapa en la transformación del país y golpeaban a los adversarios. Por ejemplo, varias victorias electorales durante los primeros dos años del gobierno de Chávez abrieron el camino para la legislación anti-neoliberal controvertida en noviembre de 2001, incluyendo la Ley de Tierras y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las derrotas del golpe del estado de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003 crearon las condiciones que hicieron políticamente factible el anuncio de Chávez de su intención de combatir al imperialismo. Similarmente, la derrota del referéndum revocatorio en 2004 condujo a su declaración del socialismo como la meta principal de su gobierno. Su re-elección en 2006 con el porcentaje de votos más alto en la historia moderna del país se aprovechó para nacionalizar telecomunicaciones, electricidad, acero, cemento y otras industrias estratégicas.

En 2014 Maduro rompió con esa estrategia de radicalización. En mayo, el gobierno emergió victorioso de tres meses de desobediencia civil combinada con actos de violencia (conocidos como “la guarimba”) con el objetivo explícito de tumbar a Maduro. En las semanas siguientes, sin embargo, el gobierno se abstuvo de aprovecharse de la oportunidad para realizar más cambios, y lo que hizo fue seguir instando a la oposición a participar en el diálogo de paz para garantizar la estabilidad.

Sin embargo, la decepción de los radicales por la supuesta inercia de Maduro no se justifica. Las reuniones del “diálogo de paz” – independientemente de si produjeron concesiones al sector privado (como alegan los radicales) o no, lograron producir acuerdos concretos (como afirma la oposición) – crearon un clima conducente a la restauración del orden. Además, la iniciativa abrió divisiones en el campo del enemigo al confrontar el sector privado (que acordó participar) y muchos seguidores de la oposición (que objetaron a los desordenes) contra la oposición intransigente, que incluía casi todos los líderes anti-chavistas (la única excepción importante fue el gobernador del estado Lara, Henri Falcón). Como resultado, la oposición se encontró profundamente dividida, desmoralizada, carente de capacidad de movilización y sin un portavoz que pudiera representar un bloque anti-gubernamental unificado.

Conjuntamente con otras acciones, los esfuerzos de Maduro de combatir la especulación, el acaparamiento, el contrabando y la corrupción, a pesar de fallas y limitaciones, establecen las credenciales izquierdistas del gobierno y lo diferencian de los de antes de 1998. La campaña es apuntalada por una definición de propiedad privada anteriormente formulada por Chávez que rechaza el concepto de los derechos sagrados y no condicionados de los propietarios, fundamentado en la ideología capitalista que data del siglo 18. Al promulgar la Ley de Tierras de 2001 y expropiar empresas inactivas en 2005, Chávez insistió que el sector privado tiene responsabilidades bien definidas, está sujeto a la intervención estatal y eventualmente a la expropiación si no cumplían esas obligaciones.

Maduro ha reforzado este principio a nivel de discurso, legislación y acciones concretas en un esfuerzo para contrarrestar la “guerra económica”. En noviembre de 2013 su gobierno inició una campaña contra el acaparamiento y especulación al multar algunos comercios y obligarlos a vender sus productos a un menor precio y en algunos casos encarceló a los gerentes. La campaña fue bien acogida por los votantes que dieron a los Chavistas un margen de 11,5 puntos porcentuales por encima de los candidatos de la oposición en las elecciones municipales del mes siguiente. La encuestadora Hinterlaces indicó que solamente 28 por ciento de los votantes se opusieron a las medidas económicas tomadas inmediatamente antes de las elecciones. El impacto positivo electoral de las acciones gubernamentales asustó a la asociación empresarial Fedecámaras, que las vio como expresión de acoso.

Después de las elecciones de diciembre de 2013, el gobierno estableció nuevos mecanismos para combatir la “guerra económica”. Hasta entonces, los comercios fueron sancionados debido a la evasión de impuestos, el no-cumplimiento con el régimen de precios regulados, y la cobranza de precios exorbitantes para mercancías importadas con dólares preferenciales. A partir de 2014, la Ley de Precios Justos creó la Superintendencia Sundde, que limitó el margen de ganancia para transacciones comerciales a 30 por ciento. Además, la ley estableció el castigo de prisión en casos de acaparamiento, especulación y contrabando (de hasta 14 años). Para mediados de 2014, Sundde anunció que habían inspeccionado más de 4.000 empresas por mes, de las cuales 900 estaban sujetas a sanciones. Mientras que en algunos casos, Sundde obligó a los comercios a bajar los precios, en otros tomó posesión de las mercancías y las entregó a los consejos comunales para venderlas en la comunidad o, en el caso de medicinas, a los hospitales. En otros casos se aplicó los extremos de la ley, confiscando las gandolas involucradas en el transporte de productos de contrabando a Colombia, y encarcelando a los camioneros.

Sundde cuenta con la participación activa de la población en general. Cada uno de los fiscales de la Superintendencia trabaja con dos o tres “inspectores populares¨ escogidos por los consejos comunales o las UBECHEs del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Algunas de las inspecciones son respuestas a información provenientes de la comunidad. Redes informales también ayudan a informar al público acerca de la venta de mercancías a un precio oficial bajo la supervisión de Sundde.

Además de regular los precios y ganancia, el gobierno de Maduro ha mantenido la insistencia de Chávez que el sector privado sostenga niveles aceptados de producción. En septiembre, el gobierno respondió favorablemente al pedido de sindicalistas de garantizar la producción en las dos plantas de la empresa gigante Clorox, cuyos propietarios pocas semanas antes habían salido de Venezuela y abandonaron sus obligaciones con la empresa por lo que los trabajadores se apoderaron de ella. El gobierno de Maduro anunció que le empresa estatal Pequiven suministraría componentes a las dos plantas. El vice-presidente Jorge Arreaza, quien inspeccionó una de ellas, señaló que la acción del gobierno debe servir como una advertencia a otras compañías. La decisión del gobierno fue especialmente audaz porque, a diferencia de las compañías cerradas y luego expropiadas por Chávez en 2005, Clorox es una multinancional y por eso podría llevar el caso a los tribunales internacionales.

Los radicales que caracterizan al gobierno de Maduro como uno de retroceso y entrega no reconocen que la estrategia del gobierno iniciada por Chávez y recientemente extendida en respuesta a la ¨guerra económica¨ tiene poco precedente en Venezuela. Los gobiernos en el pasado nunca enfrentaron al sector empresarial en la forma de la ocupación temporal de comercios y galpones, la confiscación de camiones involucrados en el contrabando, la promoción de la participación de las comunidades en combatir abusos empresariales, y la fijación de límites sobre las ganancias.

Similarmente, la aplicación de la ley y el encarcelamiento de Chavistas bajo cargos de corrupción no tienen precedente, aún cuando esas acciones evidentemente no han servido para detener prácticas anti-éticas. Más recientemente, el ex-ministro y ex-gobernador Rafael Isea se fugó del país después de ser acusado de malversación de fondos asignados para obras públicas. La oposición típicamente alega, aunque sin prueba, que las acciones del gobierno son represalias contra los disidentes chavistas. Sin embargo, Isea, como otros Chavistas importantes que han enfrentado enjuiciamiento bajo el gobierno de Maduro, estuvo asociado estrechamente con la dirigencia del PSUV y la maquinaria del partido. De acuerdo con la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, 493 venezolanos fueron encarcelados por cargos de corrupción durante la primera mitad de 2014.

Sin embargo, hay limitaciones y fallas en la respuesta del gobierno a la ¨guerra económica¨. El gobierno no ha ofrecido al público información detallada de las investigaciones y procedimiento judicial después de los operativos bien publicitados contra el contrabando, acaparamiento, y especulación. Esta falla ha producida escepticismo entre muchos Chavistas de la base referente al compromiso del gobierno de enfrentar los intereses económicos poderosos en vez de los camioneros, pequeños comerciantes y miembros de la economía informal – aunque ciertamente el gobierno ha impuesto sanciones también sobre los comercios grandes. Aparentemente, el gobierno de Maduro ha sido receptivo a la insistencia de Fedecámaras – expresado durante el diálogo de la paz – a favor de los canales legales y el derecho de la defensa antes de recibir sanciones, en vez de la vía rápida justificada en situaciones de crisis.

Los críticos izquierdistas de Maduro describen la respuesta gubernamental a la guerra económica como ¨defensiva¨ y ¨reactiva¨. En contraste, la asesora gubernamental y profesora universitaria Judith Valencia dice que prefiere el uso de la palabra ¨contra-ofensiva¨. (3) Independientemente de cuál de los dos términos son más apropiados, las medidas tomadas por Maduro que definen y restringen las prerrogativas del sector privado contradicen la tesis de que el gobierno ha sido pasivo y carente de una agenda alternativa.

Controles de cambio fuera del control

La inhabilidad del gobierno de Maduro de frenar el incremento constante de la tasa de cambio en el mercado libre, que para diciembre de 2014 llegó a 160 bolívares (más del doble del cambio de hace 12 meses atrás), ha generado críticas desde ambos lados del espectro político. Sin embargo, la mayoría de los críticos pone etiquetas ideológicas a un problema que demanda soluciones prácticas libres de los esquemas dogmáticos del tipo neoliberal o marxista.

La proporción entre el cambio oficial y el del mercado libre es ahora más de diez a uno, una disparidad que es un récipe para la actividad del contrabando y la corrupción. La economía venezolana (a veces descrita como una “economía de puertos”) es altamente dependiente de importaciones y, con la falta de dólares “preferenciales” suficientes para cubrir todas las necesidades, la tendencia ascendente de la tasa del mercado libre genera inflación. Comerciantes que venden mercancías importadas, independientemente de si fueron adquiridas con dólares preferenciales, tienden a fijar precios en base al cambio del mercado libre y no al cambio oficial. Además, cuanto más grande es la disparidad entre los dos tipos de cambio, mayor es la ganancia derivada de solicitudes fraudulentas para dólares preferenciales, que luego son vendidos en el mercado libre para una ganancia fabulosa.

Fiel a sus creencias neoliberales, los líderes de la oposición atribuyen estos problemas al pecado original chavista de haber establecido el control de cambio en 2003. (4) El economista más destacado de la oposición José Guerra culpa “el modelo en el cual el Estado es el eje central de la economía y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo”. (5)

Sin embargo, el sistema de control de cambio funcionó relativamente bien durante casi una década, durante la cual la disparidad entre las dos tasas permaneció más o menos dos a uno. Cuando al final de 2012, el cambio del mercado libre se duplicó, el gobierno se abstuvo de tomar acciones en la forma de aumentar el cambio oficial, o tomar medidas contra la manipulación de precios, o ambas. En ese momento, la condición física de Chávez estaba sujeta a mucha especulación, pero de hecho tenía pocos meses de vida. Ciertamente la agonía física y sicológica impidió su capacidad de tomar acción inmediata y decisiva. Maduro heredó este dilema: una vez que una disparidad tan grande existía entre los dos cambios, cualquier devaluación con el fin de restablecer la proporción de dos a uno de los años anteriores corría el riesgo de disparar la inflación. Por supuesto, culpar a Chávez de ser responsable de la debacle cambiaria es impensable para Maduro y pudiera ser considerado nada menos que sacrílego.

Frente al debilitamiento constante del bolívar y otras dificultades financieras, el gobierno de Maduro se ha abstenido de tomar medidas difíciles pero necesarias, como una serie de mini-devaluaciones y el aumento del precio de la gasolina (actualmente el más barato del mundo). Varios factores explican la inamovilidad del gobierno. En primer lugar, algunos ministros (incluyendo el Ministro de Planificación Jorge Giordani antes de su salida del gobierno) apoyaron una posición marxista dogmática al ver el mercado como contrario a las metas socialistas y en gran parte no relevante en la formulación de la política económica. En segundo lugar, algunos líderes chavistas consideran la economía dual en Venezuela aceptable desde el punto de vista político: por un lado, los miembros de las clases populares hacen largas colas en sucursales de tiendas nacionales para obtener productos a precios artificialmente bajos; por otro lado, los venezolanos de la clase media y alta pagan precios mucho más altos para mercancías en violación del criterio de “precio justo”, y en algunos casos vendidas en transacciones ilegales. (6) En vista de la precariedad de la situación política durante la guarimba y anticipando las elecciones para la Asamblea Nacional pautadas para final de 2015, Maduro decidió no pagar un precio político por una devaluación de mayores proporciones y un aumento del precio de la gasolina, y más recientemente ha indicado que prefiere esperar a condiciones más favorables antes de tomar una decisión. Sin embargo, el momento ideal para actuar hubiera sido cuando la derrota de la guarimba a mediados de 2014 (o el triunfo de las elecciones municipales en diciembre de 2013) cuando el gobierno estaba en condiciones de ventaja – como Chávez probablemente hubiera hecho.

El debate sobre la devaluación y los precios de la gasolina en Venezuela no corresponde directamente con posiciones en el espectro ideológico. En algunos casos, los conservadores concurren con los de la izquierda (aunque, por supuesto, emplean argumentos distintos). Grupos izquierdistas como Marea Socialista se oponen a la implementación inmediata de ambas medidas. Marea Socialista argumenta que antes de devaluar es necesario acometer un estudio sobre la deuda pública, y que los precios de la gasolina deben ser aumentados solamente si la medida está aprobada en un referéndum consultivo. Mientras tanto, el dos veces candidato presidencial de la oposición Henrique Capriles, en una expresión del populismo contra el cual él constantemente arremete, también pone resistencia a la devaluación y al incremento en el precio de gasolina.

Por otro lado, el respetado economista chavista Victor Alvarez propone una devaluación mayor en la cual la tasa oficial aproximaría a la del mercado. Fedecámaras, de acuerdo con sus principios neoliberals, va más allá al apoyar la eliminación por completo del control de cambio. El ex-Ministro de Petróleo Rafael Ramírez, insiste en la necesidad de implementar medidas complementarias con el fin de suavizar el impacto de los ajustes sobre los sectores populares. No cabe duda que además de los programas de compensación, la devaluación no debe ser tan abrupta como para estimular protestas masivas (como hizo la “terapia del shock” en los años 80 y 90), o la inflación galopante, o ambas.

Los resultados mixtos

En resumen, aunque a Maduro a veces le falta los instintos políticos de Chávez, y sus acciones no han logrado frenar la inflación, él ha demostrado un compromiso en enfrentar a los abusos del sector empresarial que no tiene equivalente entre los gobiernos de los países capitalistas avanzados en las últimas décadas. Sin embargo, el gobierno de Maduro puede ser culpado por la lentitud en responder al problema del control de cambio que ha llegado a proporciones críticas. Dentro del movimiento chavista, el debate sobre las varias propuestas diseñadas para estabilizar el cambio carece en gran parte de significado ideológico.

La crítica al gobierno por parte de aquellos que apoyan el proceso de cambio proviene de varios sectores, particularmente los intelectuales chavistas y las tendencias radicales como Marea Socialista, pero sus opiniones reflejan la frustración de una parte importante de la base del movimiento. La erosión del entusiasmo es quizás natural dada la duración de dieciséis años en el poder, agravada por los problemas económicos apremiantes y la corrupción reconocida por los mismos líderes del PSUV como extensiva.

Los dirigentes PSUVistas frecuentemente emplean la consigna favorita de Chávez “Unidad, Unidad y Más Unidad”, contra los críticos radicales. La hostilidad persistente de Washington hacia el gobierno chavista, más recientemente demostrada por las sanciones impuestas por la administración de Obama contra Chavistas, refuerza el argumento a favor de suavizar las críticas y cerrar filas. Otro término usado por los líderes del PSUV para desacreditar sus críticos es “izquierdistas trasnochados”.

Más preocupante e indicativo de la intolerancia creciente es el número significativo de Chavistas críticos cuyos programas han sido eliminados de la radio y televisión del Estado. Un ejemplo es la izquierdista de larga trayectoria, Vanessa Davies, quien tendía a formular preguntas incómodas en su programa de televisión “Contragolpe”. Algunos ministros la consideraron una espina en el costado y fueron renuentes a aparecer en su programa, pero fueron obligados hacerlo por Chávez. Muchos dirigentes chavistas están reacios a aceptar críticas abiertas en este frente porque consideran los medios privados como una fortaleza de la oposición que ha desempeñado un papel clave en la campaña de desestabilización, prácticamente desde el comienzo del gobierno de Chávez.

Dado el desempeño mixto del gobierno, la dirigencia chavista debe esperar y tolerar críticas fuertes desde adentro del movimiento. Un paso importante en la dirección de un pluralismo muy necesitado estaría en separar por lo menos a una parte de la dirigencia del PSUV del Estado – o sea, los ministros del gabinete y los gobernadores que actualmente dirigen el partido. Por cierto los dirigentes de los movimientos sociales no ocupan ninguna de las ocho vicepresidencias del partido. La corrección de esta falla abriría espacios para las “auto-críticas” desde abajo. Por encima de todo, los líderes PSUVistas deben reconocer tanto a nivel de discurso como de acciones que las críticas desde adentro del movimiento no son parte del problema, sino parte de la solución. Al mismo tiempo, los Chavistas radicales, independientemente de lo acertado de sus críticas, exageran cuando apuntan hacia los errores del gobierno y los problemas que el país enfrenta como prueba que las metas revolucionarios han sido abandonadas y que el proceso de cambio está en completo retroceso.

[1] Evaristo Marcano, “Chávez frente a una segunda muerte y desde la revolución”. Aporrea, 9 de septiembre de 2014. http://www.aporrea.org/actualidad/a173188.html]

[2] Valderrama y Aponte, “La socialdemocracia proveedora y su fracaso inevitable”. Aporrea , 30 de octubre de 2014. http://www.aporrea.org/ideologia/a197530.html

[3] Valencia, entrevista personal, Caracas, 3 de diciembre de 2014.

[4] José Guerra, Del legado de Chávez al desastre de Maduro. Caracas: Editorial Libros Marcados, 2014.

[5] Guerra, “Para superar la crisis hay que cambiar este modelo económico”. El Progreso (Ciudad Guayana), 28 de octubre de 2014.

[6] Maryclen Stelling, entrevista personal, Caracas, 4 de diciembre de 2014.

7. Davies, entrevista personal, Caracas, 3 de agosto de 2014.

Steve Ellner ha sido profesor en la Universidad de Oriente-Anzoátegui, Venezuela desde 1977. Es compilador de La izquierda radical latinoamericana: Complejidades del poder político en el siglo veintiuno (Celarg, 2015).

sellner74@gmail.com

Tomado de Aporrea.com