La falta reiterada de material médico-quirúrgico y otros insumos en centros de salud como el Hospital Universitario de Caracas podría acarrear consecuencias legales para el Estado venezolano. La escasez de los materiales para realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia causó la muerte de por lo menos 10 personas en los últimos 2 meses en ese centro de salud.
El sociólogo Yoli D’ Elía, asesor de derechos humanos de Provea, señaló que de corroborarse que hay responsabilidad del Estado y del gobierno que administra sus recursos en la falta sistemática de los materiales y en el acceso a los servicios de salud, las víctimas deberán ser objeto de indemnizaciones y reparaciones por los daños sufridos.
“Cualquier persona puede morir, pero las muertes tienen una conexión directa con la incapacidad de un servicio de prestar atención. Esa incapacidad no es aislada ni se resume a solo un momento. Tenemos varios años observando una caída, una descomposición institucional y operativa del sistema de salud pública, que lleva a que las muertes de los pacientes sea una consecuencia de esa situación. Estas muertes parecen indicar que hay una relación directa, entre las fallas y las muertes. Ha habido indiferencias de parte del gobierno al estado de la salud, lo que hace pensar que esas muertes son responsabilidad del Estado”, dijo.
El sociólogo insistió en la necesidad de que los familiares no se conformen únicamente con la denuncia en los medios de comunicación. Deben formularla ante los defensores públicos.
“No es fácil relacionar una muerte en salud con la inacción del Estado. La imputabilidad no es tan evidente, por eso debe hacerse la denuncia, acompañada de una acción que argumente. El Ministerio Público y la Defensoría deben actuar cuando hay una noticia, pero no está demás la denuncia formal”, agregó.
D’ Elía explicó que la publicación en la prensa de las denuncias de los familiares de las personas fallecidas y de los médicos que no pudieron atenderlos debió generar la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Hasta ayer, ninguna de las dos instancias había acudido al centro de salud de la UCV para conocer las circunstancias que ocasionaron la muerte de Liz Giraldo, Carmen Quiñones, Pedro González, los hermanos Peter y Eunice Arocha Rodríguez, Carmen Morgado, José Caldera, Orlando Barreto, Néstor Delgado y María Pimentel, reveló una fuente interna del centro asistencial.
El silencio también reinó luego de la denuncia realizada el 6 de junio de 2014 por Mauricio Gutiérrez, de la ONG Positivos en Colectivo, por el fallecimiento en Caracas de por lo menos ocho personas con VIH por falta de los fármacos antirretrovirales que distribuye el Ministerio de Salud. Ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo realizaron investigaciones sobre los casos.
Sin precedentes. El activista de derechos humanos precisó que el Estado venezolano nunca ha sido sancionado por las fallas en el acceso a los servicios de salud pública en el país. Por el contrario continúan registrándose decesos sin que se haya determinado las responsabilidades en los hechos.
Sin embargo, D’ Elía recordó que la Constitución garantiza el derecho a la salud y el derecho a la vida y que las fallas que impiden ambas garantías deben ser sancionadas.
Para hoy está previsto el anuncio de la creación de un frente de defensa del derecho a la salud, integrado por gremios, pacientes y médicos, que evaluaría acciones contra el Estado por la escasez de insumos y medicinas.
