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¿Para dónde va esto?

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¿Qué decir de un mandatario que deja al país haciendo cola y huye a dar un pésame a una nación lejana? ¿Qué esperar de quien no pudo anunciar un verdadero plan frente a la crisis y prolonga la incertidumbre sobre medidas que no pudo explicar?

Todo puede ocurrir en la dimensión de un presidente capaz de empeorar todo. El discurso fue una pieza de indecisión. Bordeó una rectificación protegiendo la tangente de una caída en el recetario neoliberal. Por cuidar un auditorio que ya no le cree, ratificó un guión suicida para todos.

En la lógica revolucionaria, más mitológica que racional, no hay crisis, sólo los dolores de parto de un socialismo radicalmente de espaldas al siglo XXI.

El extravío de la realidad del gobierno se resume en su afán de ocultar lo que ve hasta quien no tiene ojos; imponer el sofisma económico de que se trata de un tema de distribución; tapar la protesta; obligar a sus seguidores a mentir para defenderlo; desviar las responsabilidades hacia una loca conspiración y amarrar todas sus arrugas en pellejo ajeno.

La cúpula oficialista sigue un plan de control de la sociedad que durante 15 años produjo logros considerables por la vía de la coerción y por la de asegurarse, a través de una redistribución clientelar de la renta, un gran caudal de apoyo popular. Ya no es así: el modelo, el plan y la estrategia estallaron.

El gobierno pierde base popular y falla en coerción. Rebasa un preocupante nivel de errores y debilidad. Pero no está agarrado a una brocha sino al peso que el Estado tiene, en este caso, contra el país.

Así, que podríamos padecer su agonía prolongada si en el seno del PSUV las corrientes menos influidas por el revolucionarismo autoritario se inhiben de proponer un esquema de transición desde su óptica.

Todavía es posible un entendimiento nacional para asumir la transición como reinstitucionalización del Estado y la Fuerza Armada, relanzamiento de la democracia protagónica, reconstrucción del sector capitalista de la economía y bienestar social construido desde la base popular de la sociedad.

Pero una parte de la élite dominante en el Estado une despotismo, corrupción y voluntad de perpetuación en el poder. Ese grupo que está en el centro del poder y no en su entorno, se opone a la unificación de los venezolanos con un vigor directamente proporcional a sus privilegios e ilegalidades.

Si no se da una transición a varias manos, la contradicción país y cúpula dominante buscará alguna forma de resolución constitucional, democrática y pacífica.

Es aventurado poner fechas y alentar leyendas que no se apoyen en una combinación eficaz de la organización, la movilización en la calle y los espacios públicos, la resistencia social, la unidad plural y la siempre universal e ineludible vía electoral.

Se debe innovar todo lo que sea posible, pero la base de nuevos horizontes de cambio exige que los partidos se ocupen de fortalecerse a sí mismos y de elevar el desempeño de la MUD. El cambio es acumulación de ideas, propuestas, iniciativas y fuerzas.

Patricia de Ceballos: Los presos comunes tratan mejor a mi esposo que el Gobierno

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“El Estado pretende culpar a mi esposo por rebelión civil”, asegura Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos y alcaldesa de San Cristóbal.

Cuando, después de tres meses, se a reanudó el juicio de Daniel Ceballos, la esposa del perseguido político llamó la atención de las violaciones a los Derechos Humanos de la ella y su familia son víctimas. Aseguró que todas las violaciones “quedan en evidencia”. Insistió en que no hay ninguna prueba para sentenciar a su esposo y reiteró que es inocente.

Recordó que el Gobierno no ha respondido a la petición de la Organización de Naciones Unidas para que liberara a los presos políticos de Venezuela. Además dijo que Leopoldo López y su esposo reciben tratos crueles del Gobierno, y que son mejor tratados por los delincuentes que residen con ellos en la cárcel. “Los otros presos tratan mejor a mi esposo que el mismo Gobierno”.

Gutiérrez reiteró que no han logrado doblegarlo, y más bien lo han hecho “un hombre más digno, para que se levante frente a lo que está pasando”.

A continuación vea la entrevista a Patricia de Ceballos:

 

Colombia: FARC no participarán en labores de seguridad

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WASHINGTON (AP) — El gobierno colombiano dijo el viernes que no concibe papel alguno entre sus fuerzas de seguridad para integrantes de las FARC desmovilizados si prosperan las negociaciones en La Habana.

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón respondió con un categórico “no” a la pregunta formulada por un periodista durante un conversatorio que ofreció en el Diálogo Interamericano durante su visita a la capital estadounidense.

El máximo comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia, alias “Timochenko” o “Timoleón Jiménez”, dijo la víspera que “se agita el debate en torno a la conformación o participación de las FARC en un cuerpo de policía o gendarmería rural cuando tal asunto ni siquiera ha sido mencionado en la Mesa” de negociación en Cuba.

Desde fines de 2012, el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan en La Habana un proceso de paz para tratar de poner fin a más de 50 años de confrontaciones entre las partes.

Es la primera vez que un funcionario colombiano descarta rotundamente la participación de efectivos de las FARC en labores de seguridad, a escasos días de que el gobierno y la guerrilla reanuden sus negociaciones el 2 de febrero para discutir entre otros temas las condiciones para un cese el fuego bilateral definitivo.

Ambas partes trabajan con una agenda preestablecida de seis puntos, y han alcanzado acuerdos parciales sobre propiedad de la tierra, participación política y narcotráfico.

El tema de una posible participación de las FARC en labores de seguridad cobró auge después de que el presidente Juan Manuel Santos dijera esta semana que no descartaba que eventualmente ex guerrilleros hicieran parte de una futura policía rural.

Procesos de paz entre guerrillas y gobiernos latinoamericanos que concluyeron con éxito incluyeron a ex combatientes en los nuevos organismos de seguridad que resultaron de la negociación.

Ysrrael Camero: gobierno nacional profundiza destrucción productiva y escasez

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Casmero

 

La crisis venezolana, y su expresión en la escasez de alimentos, no es fruto de una “guerra económica” ni de la caída de los precios internacionales del petróleo, sino consecuencia de la sistemática destrucción de la producción nacional privada, convertida en política de Estado para controlar a la población.

Así lo señaló el Secretario Nacional de Políticas Públicas de Un Nuevo Tiempo, Ysrrael Camero, en rueda de prensa donde desmontó la tesis del gobierno nacional que intenta escudar el fracaso de su modelo en una supuesta “guerra económica” protagonizada por el sector privado nacional.

Para Camero “el origen de esta crisis tampoco es la caída del ingreso petrolero, a lo largo de una década el gobierno destruyó toda la cadena de producción y abastecimiento de alimentos, bloqueando inventarios, pretendiendo sustituir con importaciones lo que antes producíamos, fue el gobierno quien montó la escasez y la caída del petróleo solo desnudó la destrucción creada”.

Destacó que el problema económico es político y para su resolución no bastan medidas económicas aisladas, ni siquiera “un paquete económico”.  “Se necesita un cambio político integral en el funcionamiento económico del poder, para ello el país exige una cambio de 180 grados”.

En ese sentido propone que el gobierno reconozca la existencia de una emergencia agrícola. Interpelar en la Asamblea Nacional a los Ministros de Alimentación, Yván José Bello, y al de Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán. Para Camero hay que desmontar toda la política de controles arbitrarios que lo estimula la corrupción y aumenta la escasez.

“Tienen que desaparecer artefactos como los Estados Mayor económico y el Agroalimentario, estas estructuras militares no resuelven el problema, y que tratan al país fuera un cuartel. Hay que construir mesas de concertación económica y productiva, con los productores con quienes el gobierno debe establecer una relación horizontal de respeto. Al país no le interesa tener un Ministro de Agricultura y Tierras o de Alimentación que convoque a los productores para humillarlos e insultarlos”.

Destacó que es preciso restablecer el derecho a la propiedad, devolver las unidades productivas invadidas y expropiadas por el Estado a los productores agrícolas. “Hay que devolver íntegramente las tierras a los productores, porque no se está produciendo nada en el país, a raíz de esta política errada. El Estado no está trabajando las tierras, no está produciendo, hay que entregarle las tierras a los que la hacen producir, a sus antiguos propietarios”.

Aseguró que mientras en el país no exista Estado de Derecho no habrá confianza para invertir un solo dólar. “Sin justicia autónoma no van a invertir en el país, porque no existe seguridad jurídica, de manera que el problema no es solamente económico, sino político”.

Considera que es necesario definir, en consulta plural, con productores, universidades y especialistas, un Plan de Emergencia para la reconstrucción del aparato productivo agroalimentario, que está “desmantelado”.

“Hay que focalizar el subsidio de alimentos en los sectores más vulnerables, privilegiando la población más pobre, que hoy alcanza al 48 por ciento de la población. Hay que ir eliminando las mafias de importadores que el gobierno ha alimentado a punta de un dólar ficticio a 6,30. Por último se debe estimular lo hecho en Venezuela, fortalecer el sector productivo nacional para depender menos de las importaciones”.

El control y la caída de los precios del petróleo

Explicó Camero que, desde que se iniciaron los procesos de expropiación de las unidades productivas agrícolas privadas, se redujo la seguridad alimentaria de los venezolanos, al destruirse la producción nacional,  política que ha seguido hasta  hoy.

“El gobierno controla todo el proceso de distribución de alimentos en Venezuela, con las guías, por lo que conocen cada grano de arroz, cada kilo de harina, cada litro de leche que se comercializa. Eso no ha mejorado el abastecimiento, la irregularidad genera incertidumbre. Trataron de subsanar la destrucción productiva pagando importaciones con petróleo, esa política se sostuvo hasta que cayeron los precios del petróleo”.

Agregó que la caída de los precios del petróleo lo que hizo fue desnudar la crisis productiva, profundizando la escasez, la incertidumbre y la desconfianza. “La mezcla de controles, persecución y expropiación ha fortalecido a los monopolios en la estructura agroalimentaria venezolana, sobre todo a los monopolios estatales, al crear un entorno que destruye la posibilidad de competencia. El mantenimiento del precio del dólar a 6,30 para la importación de alimentos, que controla el gobierno, solo beneficia a una gigantesca mafia de importadores y a los productores extranjeros, de Nicaragua, de Brasil, de Argentina, etc. “Sin revertir esto no habrá confianza en la población de un abastecimiento suficiente y regular”, finalizó Camero.

 

Colas de Venezuela en primera plana del New York Times

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Bajo el título “Liquidez efectiva del petróleo en merma, estantes vacíos”, el New York Times abrió su edición del viernes 30 de enero en referencia a la precaria situación económica de Venezuela. El periodista William Neuman cita historias de varios venezolanos que describen cómo les afecta la escasez de alimentos y productos básicos, así como las penurias que deben pasar para conseguirlos. El reportaje abre con el relato de una mujer que es marcada en el brazo “como ganado” para poder comprar pollo en una cola de más de 1500 personas, y continúa con las tragedia del día a día de los venezolanos que tienen que pasar su vida en una fila para abastecer sus hogares.

La nota de Neuman hace referencia a la caída de los precios del petróleo, los controles de precios y la altísima inflación, como causantes de esta crisis económica.

No es la primera vez que hablan de Venezuela esta semana en el NY Times. El periódico norteamericano dedicó su editorial del 26 de enero de 2015 a criticar la gestión de Nicolás Maduro. “Maduro en su laberinto” habla de la reciente gira internacional del presidente, quien, según la publicación, “recorrió el mundo rogando por un rescate financiero”.

Además criticaron la forma en que se apoya en la figura de Hugo Chávez. “La semana pasada, durante un discurso ante la Asamblea General, Maduro, quien según encuestas cuenta con el apoyo del 22%, nuevamente invocó a su mentor (en referencia al fallecido Hugo Chávez) al predecir una amplia victoria durante las elecciones legislativas de este año”, señala.

The New York Times hace un repaso de la gestión de Maduro, de quien dice que “heredó” el gobierno de Chávez, a quien calificó como un militar caribeño que “gobernó mediocremente”. “Pero tuvo la fortuna de tener gran carisma y agudos instintos políticos”, añade el texto. “Maduro, quien no cuenta con ninguno de los dos, se ha vuelto cada vez más errático y despótico en una lucha por la supervivencia política que, día a día, parece más abrumadora. Los ingresos de la industria petrolera permitieron que Chávez construyera una extensa red de clientelismo y robustos programas sociales durante sus 14 años en el poder. Durante el mandato de Maduro, ambos se están desmoronando”.
Para el diario norteamericano, el manejo de la economía de los últimos años y la baja del precio del barril del petróleo han llevado a la sociedad venezolana a un punto de desesperación.
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Foro por la Vida: Armada, Ejército y Aviación no pueden actuar en control del orden público

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FP

La coalición de organizaciones de derechos humanos venezolanas, integrantes del Foro por la Vida, rechazan la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en la cual se pretende legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas para el control del orden público en las manifestaciones. Esta medida viola la Constitución nacional en sus artículos 68, 329 y 332  y se aparta del estándar internacional que señala que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno; además, se dicta en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones públicas recientes.

El 27 de enero de 2015 se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 40.589, la Resolución No. 008610 del 23 de enero de 2015, dictada por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Estas normas tienen como propósito regular la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Los cuerpos militares no son los organismos adecuados para el control del orden interno

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias oportunidades, que el control del orden interno debe ser competencia exclusiva de los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas deben de abstenerse de participar en ello. Las Fuerzas Armadas fueron creadas y entrenadas para derrotar a enemigos en combate, no para la protección y control de civiles. Por lo tanto, la participación militar en manifestaciones públicas podría ocasionar la violación de derechos humanos en contra de la población civil, principios que además han sido reseñados en la sentencia contra Venezuela emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de El Caracazo.

En consecuencia, esta Norma toma una dirección contraria a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y contra los estándares internacionales de derechos humanos porque permite la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno.

GNB es la única competente en orden público si policías son rebasadas

Respecto a la legislación nacional, el artículo 332 de la Constitución Nacional establece con claridad que “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.

Además, el artículo 329 de la Constitución establece las competencias de cada uno de los cuerpos que integran las Fuerzas Armadas, señalando únicamente a la Guardia Nacional Bolivariana como el único que podría participar en operaciones para el mantenimiento del orden interno del país, solo en cooperación con las fuerzas policiales.

La Resolución publicada en la Gaceta Oficial no hace diferenciación sobre los cuerpos militares que podrán actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que deja abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna.

El artículo 5.2 otorga a la FANB la facultad de “ponderar” derechos, cuando el ejercicio del derecho a la manifestación pueda, a su juicio, afectar el ejercicio de otros derechos y las alternativas para el disfrute del derecho a la manifestación. Bajo ningún supuesto la FANB puede convertirse en órgano evaluador o regulador del ejercicio del derecho a la manifestación y mucho menos de su ponderación frente a otros derechos.

Esta norma se dicta en un contexto de amplia represión por parte de cuerpos militares en manifestaciones

En los últimos años el ejercicio de la manifestación pacífica estuvo vulnerado por violaciones al derecho a la vida, integridad, libertad personal realizados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que reitera la inexistencia de una política democrática de control del orden público. La resolución ignora las condiciones en que la GNB debe participar en una manifestación, profundiza la política de militarización de la seguridad ciudadana y aumenta las posibilidades para la violación de los derechos humanos.

En el año 2014 la intensidad de la represión fue desproporcional a la frecuencia de protestas violentas: aunque las protestas violentas aumentaron 184% con respecto al 2013, la represión aumentó un 534%. El porcentaje de represión fue de 16,4%, superando la cifra más alta de represión del  expresidente Chávez: 7% para el año 2009.
En todo el año 2013, 61 protestas fueron reprimidas, en el año 2014 se reprimieron 387, el 82% de las cuales fueron de carácter pacífico. En ninguna de las manifestaciones violentas en Venezuela han sido incautadas armas de fuego a los manifestantes; sin embargo, se registraron 41 casos de víctimas letales, de los cuales al menos seis sucedieron por disparos atribuidos a cuerpos de seguridad. Tomando en cuenta estos hechos, dejar a consideración de los funcionarios de seguridad la decisión de disparar contra civiles manifestando representa una clara situación de vulnerabilidad para quienes ejerzan su derecho a la protesta y constituye un retroceso para las garantías de los derechos humanos de los venezolanos.

Por las razones antes descritas solicitamos:

  1. Que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa derogue la Resolución No. 008610, por tratar sobre un ámbito de reserva legal, y en su lugar se abra un debate parlamentario con participación de los diversos sectores de la sociedad para regular estos temas

  2. Que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa se abstenga de enviar a efectivos de las Fuerzas Armadas al control de manifestaciones públicas, tarea que en su lugar debe ser asumida íntegramente por los cuerpos policiales

  3. Que la Defensoría del Pueblo emprenda una acción de nulidad en contra de la Resolución No. 008610, por ser violatoria de la Constitución

  4. Que el Ejecutivo Nacional establezca mecanismos de diálogo y concertación para canalizar las demandas ciudadanas expresadas legítimamente mediante el derecho a la manifestación pacífica

Torrealba ve a los venezolanos con ganas de cambio

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ChuoTorrealba

Torrealba está en Madrid para reunirse con políticos españoles, después de haber visitado Berlín y Bruselas para explicar la situación en Venezuela, donde está previsto que en el segundo semestre del año se celebren elecciones parlamentarias.

En entrevista con EFE el dirigente opositor recordó que 2014 fue un año de protestas, primero políticas y luego más de carácter económico y laboral y afirmó que ahora se trata de “integrar las dos corrientes para generar una energía de cambio”.

Torrealba destacó la escasez de productos de primera necesidad y medicamentos que padece la población y señaló que las colas ante los comercios son “una violación masiva de derechos”.

A su juicio, el modelo económico del chavismo ha demostrado su fracaso, a pesar de los 800 mil millones de dólares generados por el petróleo, con la particularidad de que el crudo llegó a estar a 120 dólares al barril y ahora apenas llega a 40.

La crisis del gobierno de Nicolás Maduro no es ni de popularidad ni de gestión – “porque nos las tiene” -, pero lo que antes era erosión en la base social del chavismo ahora es caída libre, a juicio del vocero de la MUD, quien subrayó que en el acto conjunto del pasado 23 de enero la oposición trasladó una imagen de unidad y de alternativa de gobierno.

Se trata de dar respuesta no sólo a las dificultades económicas, sino también a la violencia de la criminalidad, que el año pasado causó 25 mil muertes.

Los sondeos que maneja la Mesa le otorgarían en esas elecciones de final de año un 60 % de los sufragios, según Torrealba, para quien el voto no es tanto una fiesta cívica como “un acto de rebeldía”.

“El país nos está pidiendo que seamos una alternativa de poder. La unidad es una exigencia”, según Torrealba, para quien las posibilidades de la MUD son amplias.

En sus contactos con políticos europeos de estos días los opositores venezolanos sólo piden que no retiren su atención del país, sobre todo en lo referente a los derechos humanos y a las próximas elecciones.

“Que no aparten sus ojos de Venezuela, porque la crisis puede tener repercusión en el resto de la región”, avisó Torrealba, para quien a los comicios de este año deben ir observadores “antes, durante y después” y no personal invitado por el Gobierno para hacer “turismo electoral”.

Procedente del mundo de la televisión, Torrealba pintó un panorama sombrío de los medios de comunicación en Venezuela: “a unos los hostigan, a otros los cierran, a otros los compran”.

La política informativa del Gobierno es “antidemocrática” y “hegemónica”, con el resultado de que nunca hay una visión clara de lo que ocurre, los datos de inflación o de criminalidad no existen o se dan meses más tarde y, además, los informadores son agredidos y amenazados con frecuencia.

Luisa Ortega no se ocupará de las denuncias contra Diosdado Cabello

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No confundan a la doctora Luisa Ortega Díaz con una persona de poco sentido común. Habiendo sido reelecta en su cargo en la Asamblea Nacional, gracias a la terna que aprobó el diputado Diosdado Cabello no sería sorprendente que la fiscal general de la República dijera enfáticamente que no investigará la denuncia formulada desde Estados Unidos por el capitán de corbeta Leamsy Salazar contra el presidente del Parlamento venezolano.

Ortega Díaz señala que ningún organismo estadounidense pidió la colaboración del Ministerio Público para investigar las denuncias de Leamsy Salazar contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.

“Yo no inicio investigaciones por lo que aparece en los medios de comunicación. Tampoco por lo que aparece en las redes. Eso sería una inseguridad jurídica para todo el país. Las denuncias no pueden ser anónimas porque cualquiera denunciaría cualquier cosa”, se excusó.

En diálogo con los periodistas, Ortega Díaz agregó que la Fiscalía no recibió información sobre las demandas que el diputado Cabello dijo que hará contra varios medios por publicar las acusaciones en su contra.

Respecto al tema polémico del uso de armas mortales por parte del Ejército para disolver las manifestaciones, la jefa del Ministerio Público advirtió que este asunto requiere de tiempo para analizarlo y, por tanto, estudiará la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que permite el uso de la fuerza potencialmente mortal por militares en el control del orden público.

También tuvo tiempo para hablar de la visita de los ex presidentes Sebastián Piñera (Chile), Andrés Pastrana (Colombia) y Felipe Calderón (México) y calificó el hecho como una “injerencia”.

“El artículo 40 de la Constitución señala que las actividades políticas son privativas de los venezolanos. La visita de los ex presidentes atenta contra la autonomía y soberanía”, sostuvo en declaraciones recogidas por El Nacional.

SALAZAR, EL ESPÍA
Leamsy Salazar fue durante casi 10 años el jefe de seguridad y asistente personal del ex presidente venezolano Hugo Chávez y, tras la muerte del líder bolivariano, sus servicios fueron requeridos por Diosdado Cabello, número dos del chavismo y hombre fuerte dentro del entramado político venezolano.

De acuerdo con lo que publicó el diario ABC de España, Salazar llegó este lunes a Washingtonen calidad de testigo protegido para declarar en la causa que vincula a Cabello con el narcotráfico. Hasta diciembre, se desempeñó como jefe de seguridad del presidente de laAsamblea Nacional y también fue su asistente personal.

Miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, Salazar es el militar activo de mayor rango capitán de corbeta, equiparable a comandante) que rompe con el chavismo para acusar formalmente en los Estados Unidos de prácticas delictivas a las altas jerarquías del país, en especial la relacionada con el tráfico de drogas.

El mismo periódico agrega que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación abierta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Salazar denuncia que el presidente de la Asamblea Nacional es el cabecilla del Cártel de los Soles.

El ex custodio también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten de Venezuela y se dirigen a los EEUU.

CÁRTEL DE LOS SOLES
El Cártel de los Soles, compuesto básicamente por militares (su nombre viene del emblema que el uniforme venezolano pone en los uniformes de los generales), tiene en Venezuela el monopolio del tráfico de drogas. Ésta es producida por la guerrilla colombiana de las FARC y llevada a sus puntos de destino en los Estados Unidos y Europa, básicamente por cárteles mexicanos.

Según el corresponsal de ABC en Washington, Emili Blasco, “Salazar vio a Cabello dar órdenes para la salida de lanchas con droga” y visitó lugares donde éste guarda “montañas de billetes de dólares”.

En sus revelaciones, el mando de la Casa Militar implica a Tareck el Aissami, gobernador del estado Aragua y relacionado con redes islámicas; y a José David Cabello, superintendente del Seniat (agencia tributaria y aduanera) y ministro de Industria, que es hermano del presidente de la Asamblea Nacional.

José David Cabello sería el responsable de las finanzas del Cártel de los Soles. Salazar señala como instancia para el lavado de dinero a la petrolera nacional, PDVSA, cuyo presidente entre 2004 y 2014, Rafael Ramírez, fue nombrado en diciembre embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las últimas cifras internacionales indican que por Venezuela pasan cinco toneladas semanales de estupefacientes y que el 90% de la droga producida por Colombia pasa por territorio venezolano.