No confundan a la doctora Luisa Ortega Díaz con una persona de poco sentido común. Habiendo sido reelecta en su cargo en la Asamblea Nacional, gracias a la terna que aprobó el diputado Diosdado Cabello no sería sorprendente que la fiscal general de la República dijera enfáticamente que no investigará la denuncia formulada desde Estados Unidos por el capitán de corbeta Leamsy Salazar contra el presidente del Parlamento venezolano.

Ortega Díaz señala que ningún organismo estadounidense pidió la colaboración del Ministerio Público para investigar las denuncias de Leamsy Salazar contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.

«Yo no inicio investigaciones por lo que aparece en los medios de comunicación. Tampoco por lo que aparece en las redes. Eso sería una inseguridad jurídica para todo el país. Las denuncias no pueden ser anónimas porque cualquiera denunciaría cualquier cosa», se excusó.

En diálogo con los periodistas, Ortega Díaz agregó que la Fiscalía no recibió información sobre las demandas que el diputado Cabello dijo que hará contra varios medios por publicar las acusaciones en su contra.

Respecto al tema polémico del uso de armas mortales por parte del Ejército para disolver las manifestaciones, la jefa del Ministerio Público advirtió que este asunto requiere de tiempo para analizarlo y, por tanto, estudiará la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que permite el uso de la fuerza potencialmente mortal por militares en el control del orden público.

También tuvo tiempo para hablar de la visita de los ex presidentes Sebastián Piñera (Chile), Andrés Pastrana (Colombia) y Felipe Calderón (México) y calificó el hecho como una «injerencia».

«El artículo 40 de la Constitución señala que las actividades políticas son privativas de los venezolanos. La visita de los ex presidentes atenta contra la autonomía y soberanía», sostuvo en declaraciones recogidas por El Nacional.

SALAZAR, EL ESPÍA
Leamsy Salazar fue durante casi 10 años el jefe de seguridad y asistente personal del ex presidente venezolano Hugo Chávez y, tras la muerte del líder bolivariano, sus servicios fueron requeridos por Diosdado Cabello, número dos del chavismo y hombre fuerte dentro del entramado político venezolano.

De acuerdo con lo que publicó el diario ABC de España, Salazar llegó este lunes a Washingtonen calidad de testigo protegido para declarar en la causa que vincula a Cabello con el narcotráfico. Hasta diciembre, se desempeñó como jefe de seguridad del presidente de laAsamblea Nacional y también fue su asistente personal.

Miembro de la Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, Salazar es el militar activo de mayor rango capitán de corbeta, equiparable a comandante) que rompe con el chavismo para acusar formalmente en los Estados Unidos de prácticas delictivas a las altas jerarquías del país, en especial la relacionada con el tráfico de drogas.

El mismo periódico agrega que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación abierta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Salazar denuncia que el presidente de la Asamblea Nacional es el cabecilla del Cártel de los Soles.

El ex custodio también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten de Venezuela y se dirigen a los EEUU.

CÁRTEL DE LOS SOLES
El Cártel de los Soles, compuesto básicamente por militares (su nombre viene del emblema que el uniforme venezolano pone en los uniformes de los generales), tiene en Venezuela el monopolio del tráfico de drogas. Ésta es producida por la guerrilla colombiana de las FARC y llevada a sus puntos de destino en los Estados Unidos y Europa, básicamente por cárteles mexicanos.

Según el corresponsal de ABC en Washington, Emili Blasco, «Salazar vio a Cabello dar órdenes para la salida de lanchas con droga» y visitó lugares donde éste guarda «montañas de billetes de dólares».

En sus revelaciones, el mando de la Casa Militar implica a Tareck el Aissami, gobernador del estado Aragua y relacionado con redes islámicas; y a José David Cabello, superintendente del Seniat (agencia tributaria y aduanera) y ministro de Industria, que es hermano del presidente de la Asamblea Nacional.

José David Cabello sería el responsable de las finanzas del Cártel de los Soles. Salazar señala como instancia para el lavado de dinero a la petrolera nacional, PDVSA, cuyo presidente entre 2004 y 2014, Rafael Ramírez, fue nombrado en diciembre embajador ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las últimas cifras internacionales indican que por Venezuela pasan cinco toneladas semanales de estupefacientes y que el 90% de la droga producida por Colombia pasa por territorio venezolano.