La crisis del modelo económico y político gestada por el presidente Hugo Chávez durante sus 14 años de gobierno solo le tomó dos años para estallar con fuerza en las manos de su sucesor, Nicolás Maduro, quien hoy se debate entre malabares de todo tipo para mantener el poder y la senda de la ‘revolución bolivariana’ en Venezuela.

Lo que más ha cambiado a partir de la muerte del presidente Chávez el 5 de marzo del 2013 es la velocidad del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos.

Este puede verse desde la estadística dura –la inflación del último año de gobierno de Chávez fue de 20,1 por ciento y la del año pasado, con Maduro, cerró en 68,5 por ciento– o desde la cotidianidad elemental: conseguía usted con algún racionamiento el azúcar, la leche, la carne o el café en marzo del 2013, pero hoy debe armarse de paciencia y disponerse a hacer una fila para comprar cualquier producto de primera necesidad.

Con suerte perderá solo dos horas; sobran testimonios de gente que pasa hasta cinco horas esperando para comprar un pollo.

El esquema se repite con las medicinas, la ropa, el calzado, los repuestos. El desmantelamiento del aparato productivo venezolano no comenzó con el gobierno de Maduro, pero al seguir la receta de controles de precios y rigores para el sector privado establecida por su predecesor (más la caída del precio del petróleo desde octubre del año pasado) solo pudo agudizarla.

La escasez de divisas en Venezuela hoy es tan notoria que el dólar ‘negro’ cuando murió Chávez cotizaba entre 22 y 26 bolívares (la tasa oficial era de 2,15 y 4,3).

No ha sido un aumento paulatino, la barrera de los 200 bolívares se rompió apenas la semana pasada. Y al negarse a tomar decisiones económicas impopulares el presidente Maduro ha visto caer justamente su popularidad. No solo se trata de que su nivel de agrado está en 22 por ciento, según la última encuesta de Datanálisis (al asumir la Presidencia contaba con poco más de 50 por ciento de respaldo), sino que la percepción sobre la situación del país ha caído drásticamente. En marzo del 2013, 47,6 por ciento creía que la situación del país era regular o mala, hoy ese número es 86.

Ante ese panorama, el chavismo como opción política acusa un recalentamiento del que ya no lo salva la vieja fórmula del ‘enemigo externo’ o el ‘intento de golpe de Estado’. Acusaciones de ineficiencia y corrupción venidas de sus propias filas (como las críticas hechas por los exministros Jorge Giordani o Héctor Navarro) han resquebrajado la otrora incuestionable legitimidad del líder de la ‘revolución’ y generado importantes deserciones. Maduro es y luce criticable no solo para la oposición.

“Tras dos años sin Chávez y con la pésima gestión de Maduro el chavismo atraviesa una tremenda crisis de identidad. Sus decisiones han convertido la crisis, que era un modelo a punto de estallar, en un caos socioeconómico del que se avergüenza una gran parte del chavismo”, dice el politólogo y profesor de la Universidad Central, Luis Salamanca.

“Chávez fue tan personalista que al morir dejó un vacío que ni su elegido ni su partido pudieron llenar. Tenía un monopolio del poder indiscutible que hoy se lo disputan a Maduro otras facciones y las bases no se sienten interpeladas, movilizadas ni motivadas por la gente que Chávez dejó a cargo. Esto presagia resultados electorales duros para el oficialismo por primera vez en 15 años”.

La respuesta de Maduro ante esa crisis en sus bases y el descontento popular también ha sido diferente a la de Chávez.

Se ha profundizado la militarización del aparato estatal y la represión a la oposición con formas de control, disuasivo y real. Las protestas por el resultado electoral del 2013 (en las que ganó por 223.000 votos a Henrique Capriles), y las de febrero a mayo del año pasado recibieron una respuesta brutal con detenciones masivas y torturas, conceptos que no se vieron en la época de Chávez.

Cinco instancias

La organización por la defensa de derechos humanos Provea identifica que durante sus dos años de gobierno Maduro ha creado cinco instancias para prevenir y reprimir toda disidencia: la creación de las milicias obreras, luego los “comandos populares antigolpe”, las “brigadas especiales contra grupos generadores de violencia”, el “sistema popular para la protección de la paz (SP3)” –una especie de red de delatores de supuestas actividades desestabilizadoras a los que el Gobierno ha llamado “patriotas cooperantes”– y la resolución 8610, que permite el uso de armas de fuego a la fuerza armada, en manifestaciones.

Liliana Ortega, de la muy respetada organización Cofavic (creada para la defensa de víctimas del ‘Caracazo’, la revuelta de 1989 que dejó oficialmente 400 muertos), asegura que los excesos policiales son endémicos y de larga data, pero que en los últimos dos años ha recibido denuncias de tortura y tratos crueles y degradantes que tenía 26 años sin registrar: 70 en 2013 y 110 en 2014.

“También en estos dos años encontramos un número muy alto de presuntas detenciones arbitrarias en el marco de protestas sociales. En el ‘Caracazo’, por ejemplo, las detenciones reconocidas por el Estado no superaron 650; la Fiscalía reconoció que se produjeron 3.306 casos de febrero a mayo del 2014. Registramos muchos casos por uso indiscriminado de perdigones y gases lacrimógenos, además de violaciones como impedir acceso a los abogados, y la impunidad real, que deja sin justicia a 98 por ciento de los casos”.