Colombia es nuevo miembro de la Agencia Internacional de Energías Renovables
Para el IRENA la cuestión no es si, sino cuándo comenzará el planeta a utilizar las energías renovables como las principales fuentes de energía.
La aprobación del acuerdo internacional Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) fue declarado constitucional por parte de la Corte Constitucional, bajo la sentencia C-332 de 2014. La aprobación de este acuerdo se realizó por parte del Congreso de la República mediante la Ley 1665 de 2013.
Bajo esta medida, Colombia se cuenta como nuevo país ratificador de la Agencia, siendo el país número 136 en ingresar. Actualmente se espera que en los próximos meses ingresen entre unos 34 países adicionales.
El estatuto de 20 artículos, firmado en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, promueve la implementación de energías renovables de manera generalizada y reforzada entre los países parte, teniendo en cuenta las prioridades nacionales e internacionales de estos países.
Su objetivo es que estas energías renovables contribuyan a la conservación del medio ambiente y conduzcan a la mitigación en la presión ejercida sobre los recursos naturales; “sobre todo en las regiones tropicales”; a la protección del clima y al acceso al abastecimiento de energía y su seguridad; y “a la responsabilidad intergeneracional”.
Esta Agencia entonces tendrá la tarea “analizará, supervisará y, sin establecer obligaciones para las políticas de sus miembros, sistematizará las prácticas actuales en materia de energías renovables[…]”. En otras palabras, bajo esta agencia, los países ratificadores buscarán remplazar, progresivamente, de energías fósiles por la utilización de energías renovables.
Según el Ministerio de Minas, la pertenencia a esta Agencia lleva a consecuencias positivas para el futuro energético del país: por ejemplo la creación, con ayuda de esta Agencia, de programas de desarrollo de la industria de hidrocarburos, de carbón y de los biocombustibles; la obtención de la diversificación de fuentes de oferta de gas natural; diversificación de abastecimiento de energía; e incrementar la competitividad de Colombia mediante adecuados precios a la canasta de energía.
Adicional a esto el Ministerio mencionó que el país ya comienza a desarrollar una política de energía renovable. Según el último estudio realizado en 2009, el 25% de las fuentes de energía en Colombia son renovables, de estas el 64% proviene de las fuentes hídricas.
Este estatuto le da vía libre a cada uno de sus miembros de imponerse responsabilidades en cuanto al desarrollo de su propia política de energías renovables, sin embargo la Agencia estará siempre dispuesta a dar recomendaciones y vigilar el desarrollo de esta política o en definitiva lo que se esté haciendo para cumplir sus objetivos.
Es necesario mencionar también que el IRENA cree necesario que el desarrollo de un sistema que provea energía renovable, no es solo dependiente de cada uno de los Estados partes. Su desarrollo es también una oportunidad para el sector privado, el cual no depende plenamente de fronteras impuestas sino de las limitaciones que los mismos Estados impongan al financiamiento, inversión o desarrollo de las tecnologías de energía no renovable en sus territorios.
De esta manera los Estados, si sucede que no tienen el interés o los recursos para fortalecer sus políticas en este sector, al menos no deberían limitarla sino apoyarla mediante el desmantelamiento de imposiciones o limitaciones al financiamiento privado.(Acción 3R)
La Reforma Energética lo aprueba y Semarnat desaprueba, hasta ahora, el fracking
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– En medio del debate por la iniciativa sobre la nueva Ley General de Aguas, que a juicio de los rectores y especialistas de las principales universidades del país pretende la privatización del vital líquido y “atenta contra el derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”, una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admite las consecuencias que puede tener el fracking para el abasto y el consumo de agua. Lo anterior, a pesar de que esta práctica fue aprobada hace más de un año en la Reforma Energética.
El reconocimiento de la Semarnat se da también cuando aún no concluye la reparación del daño causado al medio ambiente y a los habitantes de siete municipios de Sonora, quienes aún padecen enfermedades por beber agua contaminada, luego del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, al Río Sonora el año pasado, y que fue calificado por las propias autoridades como “la mayor tragedia ambiental en la historia de la minería en México.
El agua se ha convertido en el centro de un debate nacional que se ha ido polarizando paulatinamente. La iniciativa enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, pero por ahora se encuentra detenida su discusión en el Pleno. De acuerdo con académicos y científicos, esa legislación no sólo privatiza su operación y abasto, sino que limita incluso el desarrollo de la investigación en la materia y hasta la penaliza, lo que favorece la concentración innecesaria de información en pocas manos y dificulta la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas.
En este contexto, la llamada “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Regulación de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas”, realizada por la Semarnat, reconoce que el método de la fractura hidraúlica –contenido y aprobado en la Reforma Energética– puede provocar competencia por el agua, contaminación de los mantos acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad.
La Reforma Energética impulsada por el Gobierno federal y aprobada por el Congreso contempla la extracción de gas shale a través de la fractura hidráulica del subsuelo, conocida también como fracking, técnica prohibida en distintos países por los riesgos ambientales que representa, según han alertado organizaciones civiles como la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
Países como Alemania, Bulgaria, Francia, Irlanda y en algunos estados de la Unión Americana, entre otros, han prohibido esta técnica de extracción por los riesgos ambientales que representa, mismos que ahora reconoce la autoridad ambiental en México. En el mundo se han realizado más de un millón de fracturaciones de pozos, según el documento.
A la fecha se han identificado reservas de aceite y gas contenidos en lutitas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) estimó, en 2012, un recurso técnicamente recuperable que puede variar entre 150 y 459 billones de pies cúbicos. Sin embargo, en 2013, la Energy Information Administration (EIA) del gobierno estadounidense publicó una evaluación a nivel internacional, que estima que en las cuencas de México existe un recurso técnicamente recuperable de 545 billones de pies cúbicos de gas y 13 billones barriles de aceite contenido en lutitas.
Sin embargo, de acuerdo con lo que reconoce la Semarnat, su explotación implicará una serie de riesgos, pues “de no hacerse bajo condiciones de protección ambiental, puede provocar diversos impactos; entre éstos, los más relevantes son: competencia por el agua, contaminación de los acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, afectación a la infraestructura carretera y habitacional, así como pérdida de la biodiversidad”.
También puede provocar cuatro tipos de contaminación: del suelo, por radioactividad, de los acuíferos y del aire.
Además, plantea el documento, puede representar también un riesgo para las zonas habitadas y para las carreteras ante el intenso tránsito de camiones de cargo que se requieren para acarrear todos los materiales necesarios para la perforación de pozos y “los trabajos de reinyección de fluidos pueden ocasionar movimientos telúricos”.
“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”, dice el análisis publicado el 4 de marzo en el punto 1.2 referente al impacto ambiental.
La Guía refiere además que existen más de 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación, entre los cuales algunos se consideran cancerígenos, otros pueden afectar al sistema endócrino, causar daños en el sistema nervioso, o provocar alergias.
“Es importante tomar en consideración que, además de los químicos citados arriba, el líquido de perforación se combina en el proceso de fractura con sustancias disueltas en el sedimento de la lutita, como son metales pesados, metaloides, y metano lo que provoca reacciones químicas imprevistas de naturaleza nociva para la salud humana y de otros organismos. Por último, esta mezcla se encuentra en riesgo de entrar en contacto con elementos radioactivos presentes en la profundidad de las rocas, como es el caso del radón”, precisa el documento.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dijo que los criterios establecidos en la Guía son “suficientes y necesarios para prevenir, evitar y atenuar los impactos negativos” del fracking “como son la disminución de disponibilidad de agua, la contaminación de acuíferos, suelos y aire”.
Sin embargo, el grupo civil exhortó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a generar un marco regulatorio de la fractura hidráulica que genere certeza jurídica a todos los actores. “Asimismo, le instamos a que retome el esfuerzo realizado por la Semarnat al haber elaborado esta guía, de manera que convierta los criterios ahí esbozados en requisitos vinculantes, vigile su observancia y sancione su incumplimiento”, refirió el Cemda.
De acuerdo con la Guía elaborada por la Semarnat junto a los riesgos existentes por el uso y contaminación del agua, existe la posibilidad de contaminación por radiactividad de aguas de retorno en los procesos de extracción de hidrocarburos a partir de fractura hidráulica.
“La mezcla utilizada en pozos de fractura hidráulica es reutilizada en el mismo pozo en múltiples ocasiones. En el subsuelo, entra en contacto con el agua milenaria que se encuentra en la roca, así como con otras substancias de este estrato geológico, altamente corrosivas o radioactivas, las cuales se mezclan y empiezan a cambiar la conformación de la mezcla inyectada, pudiendo llegar a concentraciones elevadas. Cuando estas aguas contienen altas concentraciones de bromuro y son tratadas en las plantas de tratamiento comunes, construidas para las aguas residuales domésticas, al entrar en contacto con el cloro de las últimas etapas del tratamiento, éste reacciona creando trihalometanos, un químico que causa cáncer y aumenta el riesgo de que los seres humanos en contacto con este líquido presenten problemas reproductivos y de desarrollo”, precisa el documento.
Asimismo señala que la explotación del gas y aceite de lutitas puede contribuir a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano, carbón negro y bióxido de carbono, que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución.
En cuanto a la pérdida de la biodiversidad, dice que “el desmonte de grandes áreas, la construcción de caminos, el intenso tráfico de vehículos, el polvo, el ruido e intensidad lumínica, pueden afectar a las especies vegetales y animales inhibiendo su capacidad reproductiva, de alimentación, de resistencia a condiciones adversas y a depredadores naturales”.
Mientras la Semarnat reconoce que esta práctica, uno de los principales pilares de la Reforma en materia de energía, puede contaminar los mantos acuíferos, habitantes del Río Sonora, víctimas del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, en Sonora, el año pasado aseguraron que todavía hay niños enfermos en los siete municipios afectados por beber agua contaminada.
El lunes, un contingente de alrededor de mil 500 personas, entre habitantes del río y afiliados a la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional, se congregó y tomó las instalaciones de la Planta de Bombeo de la Empresa Minera Buena Vista del Cobre, ubicada en la Carretera Cananea a Agua Prieta y conocida como “Los Patos”, en protesta por la falta de atención a sus demandas tras el derrame del año pasado.
La toma de la mina se dio después de que el gobierno aseguró que resarció los daños de todos los afectados. Sin embargo, no se sabe a quién entregó el dinero del Fideicomiso Río Sonora, porque la información fue congelada por 12 meses. Los pobladores afirman que fue un reparto entre políticos.
“En Aconchi hay niños afectados, algunos los están atendiendo, pero cada día salen más niños con ampollas en la piel, dolor de estomago, de hueso, irritación en los ojos, dolor de cabeza, porque toman agua de la llave en la escuela”, dijo a SinEmbargo Francisca García, una habitante de Aconchi, quien se encuentra en protesta en Cananea.
En su localidad, recordó García, los padecimientos habituales desde hace años son el cáncer y la enfermedades de la glándula tiroides. Pero a raíz del derrame el problema de tiroides en la población se agravó, aunado a las escoriaciones en la piel.
Por su parte, Carla Duarte, habitantes de Topahue, una comunidad que pertenece al municipio de Hermosillo, ubicada muy cerca de la presa El Molinito, afectada por la contaminación del río, dijo que el gobierno encendió los pozos, sin avisarle a la población de los riesgos que traería en la salud por utilizar el líquido.
“No tuvieron la decencia de preguntarnos si estábamos de acuerdo. La presa El Molinito está muy contaminada y hay muchas enfermedades: salen ronchas en los brazos, el cuello, comezón en la espalda y hay mucho dolor de estómago entre la gente”, indicó.
LA LEY DE AGUAS
El pasado 4 de marzo, mismo día en que se dio a conocer la Guía, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones la propuesta para la nueva Ley General de Aguas; sin embargo, luego de diversas críticas tanto de los partidos de oposición como de organizaciones civiles y ciudadanos en general, los legisladores pospusieron la discusión.
Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se pronunciaron el lunes por la organización de un debate amplio, plural e incluyente sobre la iniciativa de la Ley de Aguas.
En un pronunciamiento dirigido a las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, comunidad universitaria y opinión pública, los rectores José Narro Robles, Tonatiuh Bravo Padilla y Salvador Vega y León, solicitaron que se escuchen las voces de todos los sectores del país, “a fin de que las resoluciones a las que se llegue garanticen el cabal cumplimiento del derecho humano al agua, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro país”.
Recordaron que los integrantes de las comunidades universitarias han expresado su preocupación sobre algunos contenidos de la iniciativa que limitan el desarrollo de la investigación en la materia, que, aseguran, “penalizan la realización de proyectos de investigación, favorecen la concentración innecesaria de información y que dificultan la transparencia en la toma de decisiones y en el proceso de rendición de cuentas”.
Por su parte, organizaciones como Greenpeace han alertado que la propuesta que se pretende aprobar está “vacía de contenido sustantivo los derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información, y simula su inclusión reduciéndolos a un mal entendido mínimo vital”.
La organización internacional incluso expuso que para ser una legislación de vanguardia, la Ley General de Aguas tendría que prohibir el uso de sustancias peligrosas y el uso de aguas nacionales para fracking o fractura hidráulica, y la minería tóxica. Además cancelaría las concesiones de empresas contaminadoras.
En la fracción 56 del Artículo 10, de la Ley se plantea como uso industrial del agua a la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas y para cualquier proceso de transformación.
La sociedad civil ha alertado que dentro la definición del uso del fracking cabe sin problemas la fracturación hidráulica, a pesar de todas las alertas internacionales sobre los fuertes impactos de esta técnica tanto en la disminución de la disponibilidad del agua como en la contaminación irreversible.
En su Artículo 49 la Ley de Aguas plantea que el derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley: el mínimo vital, que se otorgará con la periodicidad que permita la dotación equivalente a 50 litros diarios por persona.
Diversas organizaciones y activistas han denunciado que este artículo reduce “a un mal entendido” mínimo vital del agua, cuando de acuerdo con organismos internacional este mínimo por persona debe ser de cien litros diarios.
En el artículo 129 propone que la Conagua pueda otorgar concesiones totales o parciales para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.
Este artículo –han criticado diversas organizaciones– favorece más la visión de mercantilización del agua con una mayor la intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios; además alertan que este artículo permitiría concesionar megaobras hidráulicas en torno a grandes ciudades, como es el caso del acueducto Monterrey VI.
Según lo que plantea la fracción 26 del Artículo 267, la Conagua sancionará a quienes realicen “obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”
En la Guía se señala que para determinar la existencia de acuíferos no identificados por la Conagua, el operador petrolero puede realizar exploración geofísica 3D, realizar registros geofísicos de pozos y caracterizar el subsuelo desde la superficie hasta la profundidad total de la perforación, para conocer la estratigrafía, la litología y la estructura geológica.(Sin Embargo)
Petrobras se convierte en paria del mercado
Petrobras, la petrolera estatal brasileña, tiene un serio problema de imagen (y no sólo por el reciente escándalo).
El mercado simplemente aborrece a la compañía. Credit Suisse consultó a unos 160 administradores de carteras y concluyó que el 60% está subinvertido en acciones de la petrolera; a la mayoría no le gustan los recientes cambios en el management; casi una quinta parte cree que la compañía nunca (jamás!) generará un flujo de caja libre. Es necesario tomar medidas radicales.
El problema principal es el consumo de liquidez. En los nueve meses hasta septiembre de 2014 (las últimas cifras disponibles) la salida de efectivo fue de casi 13.000 millones de reales (u$s 5.400 millones) después del gasto de capital. Con la baja de los precios del petróleo, el déficit probablemente sea peor este año, pese a que la gerencia prometió recortar el gasto de capital a 90.000 millones de reales este año, comparado con los 100.000 millones del año anterior.
La mayoría de las compañías tomaría crédito para cubrir esa diferencia. Pero el endeudamiento de Petrobras ya es peligrosamente elevado después de las grandes inversiones en refinerías y yacimientos offshore. La deuda neta es de 261.000 millones de reales, cuatro veces el EBITDA estimado para 2014. Nadie se sorprendió cuando Moody’s le bajó la nota crediticia el mes pasado.
Por lo tanto, sumando deuda no volverá a enamorar a los inversores. Simplemente postergaría el verdadero problema. Las ventas de activos son la siguiente opción. La compañía quiere desprenderse de activos por 10.000 millones de reales este año, cerca de una cuarta parte de su meta para el largo plazo. Si puede hacerlo, le será de ayuda. Pero se mantendría la salida de liquidez por al menos 25.000 millones de reales. La siguiente alternativa es la emisión de acciones. Hasta emitiendo sólo suficientes para cubrir el déficit de este año y evitar un aumento de la deuda, la base accionaria crecería en una quinta parte.
Recién después empieza el trabajo duro: garantizar que los déficits no volverán a aparecer. A falta de una fuerte recuperación de los precios del petróleo, eso significa talar la inversión –que sería reducirla a la mitad. Pero Petrobras está cerca de convertirse en un paria del mercado. Su otra opción es un rescate total por parte del Estado.(Cronista)
Proyectos energéticos de Brasil y Perú se beneficiarán con el Banco Asiático
Bucaramanga_Luego del anuncio de que Alemania, Francia e Italia siguen los pasos de Reino Unido al sumarse como socios fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Aiib en inglés), se espera que haya un aumento en la inversión en el sector de infraestructura que se realiza en Latinoamérica.
Esa entidad, impulsada por China y que inicialmente contaba con 27 miembros fundadores, es una de las cuatro instituciones que se creó con el fin de poner en marcha un sistema financiero internacional alternativo.
Y es que luego de que China fijara la meta para elevar las inversiones en la región, por un monto de hasta US$250.000 millones y de doblar el comercio bilateral hasta US$500.000 millones en los próximos diez años, países como Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina se verán beneficiados con la inversión de dicha potencia en proyectos de infraestructura en minería, energía, educación y agricultura.
El atraso en términos de infraestructura de algunos países de América del Sur es el motivo por el cual el Aiib espera aportar más en la región, de acuerdo con lo explicado por el docente de ciencias económicas de la Universidad Nacional, Germán Nova.
“Las condiciones de las carreteras todavía no presentan la posibilidad de generar proyectos que vinculen nuestro mercado para facilitar la actividad del comercio internacional. La situación de buena parte de los países asiáticos como China y Japón frente a las perspectivas de crecimiento económico, que se ven afectadas frente a una reducción, es que están buscando cómo estimular inversiones en países de América Latina para continuar con los vínculos económicos”, declara el docente.
Colombia, por su parte, es el segundo país de América del Sur en contar con el menor monto de inversión desde 2005 por parte del país asiático, al sumar un total de US$1.700 millones en el sector energético y solo US$100 millones durante 2014.
Según el profesor asociado de la Universidad Nacional y experto en integración económica y globalización, Ricardo Mosquera, esto se debe en parte a que la relación del país con China es marginal y “en cierta forma no nos beneficiamos mucho. En esa cultura es donde podríamos estar vendiendo petróleo y productos del carbón, no somos principal socio comercial para ellos”.
Por debajo del país se encuentra Bolivia, nación en la cual se ha invertido desde 2005 un total de US$840 millones, distribuidos en US$300 millones para el sector de la tecnología y US$300 millones para el de transporte, mientras que en 2014 el aporte de China fue de US$330 millones.
La situación es diferente en Brasil. En los últimos diez años el país asiático ha invertido US$31.400 millones repartidos en el sector energético y metalúrgico. Lo anterior se ve reflejado en la adquisición de 40% de la compañía española Repsol a manos de Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), por un total de US$7.100 millones, y la compra de 30% de las operaciones de la empresa de energía Galp por US$5.500 millones.
Por esta misma línea sigue Venezuela, segundo país de América del Sur en el que se han realizado inversiones por el orden de US$17.500 millones desde 2005 y que continuará creciendo gracias a que Venezuela National Petroleum Corporation (Cnpc), con US$28.000 millones, y Sinopec, con US$14.000 millones, fijaron inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, en la cual China concedió un crédito por US$20.000 millones para nuevos proyectos, así como para iniciativas de carácter social.
Además, en Perú las inversiones de China han alcanzado los US$16.500 millones en diez años. Uno de los proyectos en el que participó el país fue en la adquisición de la mina de cobre La Bamba por el consorcio MMG por un total de US$5.800 millones.
De acuerdo con Mosquera, la creación del Aiib se pueden entender como la búsqueda no solo de un protagonismo en el sector financiero sino también de acuerdos bilaterales. “China ha establecido relaciones muy sólidas con países de América del Sur. En el caso de Brasil y Chile el país asiático es el primer socio comercial; de Perú y Argentina es segundo socio comercial”.
Inversiones van a EE.UU. y Australia
Estados Unidos es el principal socio comercial de la potencia asiática. Norteamérica ha recibido un total de US$71.900 millones en la última década, donde se resaltan montos de US$20.400 millones para el desarrollo de servicios financieros y US$16.600 millones para energía. El segundo es Australia, al cual se ha destinado alrededor de US$61.300 millones, seguido por Canadá, con US$39.400; y el último es Indonesia, con una inyección de capital de US$30.700 millones. En estos destacan los sectores de metales y energía.
Las opiniones
Ricardo Mosquera
Experto en integración económica y globalización
“China ha establecido relaciones muy sólidas con países de América del Sur. En el caso de Brasil y Chile el país asiático es el primer socio comercial”.
Germán Nova
Docente de ciencias económicas de la U. Nacional
“China y Japón (…) están buscando cómo estimular inversiones de América Latina para continuar con los vínculos económicos”.(La República)
Revolución de esquisto, imparable para la OPEP
La Organización asegura que el auge en la producción de Estados Unidos se detendrá este año; sin embargo, subestima la flexibilidad del llamado esquisto bituminoso.
CNNMoney — La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cantó victoria esta semana en sus esfuerzos por frenar la producción estadounidense de petróleo. En un informe emitido el lunes, el cártel predijo que el boom del esquisto que vive Estados Unidos podría desvanecerse antes de que finalice 2015.
En este momento el mundo produce demasiado petróleo, y esa sobreoferta ha causado que los precios del crudo cayeran de 100 dólares el barril en el verano a menos de 45 dólares, un mínimo de seis años.
Alguien necesita reducir la producción, pero la OPEP, liderada por Arabia Saudita, se ha negado a hacer recortes con el objeto de poner en apuros a los productores estadounidenses de esquisto (shale oil).
Pero la OPEP canta victoria demasiado pronto al citar como evidencia la disminución del número de plataformas de perforación en territorio estadounidense y los recortes significativos en los planes de gasto de las grandes compañías del sector energético. La Organización está subestimando una de las características más importantes del esquisto bituminoso: su increíble flexibilidad.
A diferencia de los productores tradicionales, las empresas de esquisto pueden detener fácilmente la extracción cuando los precios caen y luego reactivarla rápidamente. Cuando los precios aumenten, también lo hará la producción de Estados Unidos, por lo que el descenso en la producción es momentáneo.
“La OPEP está en negación. La producción de esquisto nunca va a desaparecer”, afirmó Fadel Gheit, analista de Oppenheimer que cubre la industria de la energía.
“La belleza de la producción de esquisto es puedes ajustarla según te convenga, incrementarla o disminuirla. Puedes ajustar tu velocidad dependiendo del tráfico, pero no te saldrás de la carretera. Todavía estás compitiendo”, dijo.
El umbral de rentabilidad
Los productores de esquisto no sólo pueden adaptarse rápidamente a los precios cambiantes, también se están volviendo más eficientes gracias a las innovaciones tecnológicas.
El petroprecio que necesitan para ser rentables es mucho menor ahora que antes. La tendencia seguramente continúe, sobre todo porque siguen disminuyendo los costos de mano de obra y servicios, que antes eran exorbitantes, agregó Gheit.
También es prematuro decir que la producción de petróleo de Estados Unidos se está desacelerando. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo que la producción petrolera estadounidense no muestra signos de desaceleración.
A diferencia de la OPEP, la Agencia Internacional de Energía parece reconocer las ventajas que tienen las empresas de esquisto. Es por eso que la AIE predijo que la producción petrolera estadounidense seguirá creciendo hasta el 2020.(CNN Expansión)
Trabajadores petroleros marchan hoy en apoyo al Presidente
Los trabajadores se concentran en los alrededores de la Zona Rental de Plaza Venezuela, desde donde partirá la marcha
Los trabajadores petroleros marchan este miércoles en Caracas en rechazo a las medidas anunciadas por Estados Unidos contra Venezuela y en respaldo al presidente Nicolás Maduro.
En este sentido, los trabajadores se concentran en los alrededores de la Zona Rental de Plaza Venezuela, desde donde partirá la marcha por la avenida Urdaneta para llegar al Palacio de Miraflores.
Seguidores oficialistas se han manifestado después que el presidente norteamericano, Barack Obama, firmó un decreto ejecutivo en el que declara al país como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y su política exterior.(El Mundo)
