El dirigente político Juan Pablo Guanipa pidió este domingo la liberación de todos los presos políticos y afirmó que la justicia no puede aplicarse “por capítulos” en un país que busca recuperar la institucionalidad democrática.
En un mensaje público, insistió en que quienes permanecen detenidos por motivos políticos deben volver a sus hogares sin restricciones y retomar una vida normal.
Guanipa señaló que la persecución contra opositores “no se justifica” y acusó a la actual administración de haber sido “actora y cómplice” de detenciones sin delitos comprobados. Aseguró que la presidencia ejercida por el Gobierno es “totalmente ilegítima” y sostuvo que el país requiere un cambio político “pronto”.
El dirigente también instó a las autoridades a publicar medidas que garanticen la libertad plena de todos los detenidos por razones políticas. Recordó que el sistema judicial fue utilizado para perseguir a “decenas de miles” de ciudadanos y afirmó que ahora debe emplearse para corregir esas acciones y liberar a quienes permanecen privados de libertad.
En su mensaje, Guanipa reiteró que la liberación de los presos políticos es una condición indispensable para avanzar hacia un proceso democrático real. Subrayó que la exigencia central es que no quede ninguna persona detenida por motivos políticos en el país.
Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dignora Figuera pidió claridad en la cifras de presos políticos excarcelados desde el pasado viernes.
A través de su cuenta en X, Figuera quien lidera los diálogos con la presidencia interina, manifestó que “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, Gonzalo Himiob, informó este domingo que hasta el momento ha podido confirmar la excarcelación de 78 de los 131 presos políticos que anunció la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Distintos candidatos con experiencia burocrática y relativo liderazgo en sus propias naciones, pero de conjunto representantes de corrientes ideológicas que han contribuido, en mucho, al desbarrancamiento de Naciones Unidas, a la pérdida de su norte desde inicios de los años 70, sobre todo a raíz del «quiebre epocal» de 1989, aspiran a dirigir a dicha organización. Es la que, teóricamente, habría de garantizar la seguridad y la paz en el mundo, privilegiando como límite de todo poder ―el universal y el de los Estados― el del respeto y la tutela efectiva de la dignidad de la persona humana.
António Guterres finalizará su mandato el venidero 31 de diciembre y ha dicho que la ONU se encuentra en el abismo. Se trata de un exprimer ministro, portugués, afiliado a la corriente socialista, que se dijo comprometido con los valores del catolicismo social, pero bajo la perspectiva pragmática de los socialistas democráticos.
Sus posibles sucesores son Michelle Bachelet, chilena, de izquierda neomarxista, que apoyó las desviaciones autoritarias del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina; Rebeca Grynspan, costarricense, de extracción socialista democrática y exvicepresidenta de su país, con algunos años de recorrido dentro de la diplomacia multilateral.
Les siguen un argentino, Rafael Grossi, que se especializa en seguridad nuclear y es un diplomático de carrera entrenado para escuchar preguntas y saber cómo no responderlas; sumándose a la lista de aspirantes la ecuatoriana excanciller María Fernanda Espinosa, que se dice experta en lenguas, es progresista, léase, socialista del siglo XXI. Luego viene Carolyn Rodríguez-Birkett, socialista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y trabajadora social, representante de su país, Guyana, en la Asamblea de la ONU, cerrando la nómina Macky Sall, expresidente senegalés. Es un ingeniero geólogo de centro derecha y liberal en lo económico, quien antes ejerció como primer ministro y se declara prooccidental.
Sall, sin embargo, siendo un reformista progresista según las redes, dio un viraje nada extraño a las desviaciones políticas en boga, al final de su mandato. Mostró que tras su máscara se oculta un autoritario legalista y conservador social. Intentó aplazar las elecciones en su país y dificultó la entrega pacífica del gobierno a su sucesor.
Es este el cuadro, no otro. Y, probablemente, ninguno de estos es consciente de que les espera como única tarea la del síndico de una quiebra dentro de una empresa sin destino. Ninguno, a todo evento, calza como para enfrentar y mirar a la cara de los titanes del viejo Oriente de las luces y del agónico Occidente de las leyes, Xi Jin Ping y Donald Trump, los verdaderos parteros del orden nuevo que a todos nos espera.
Lo que sí es real, en medio de esos liderazgos fuertes que se debaten por dibujar el orden mundial o global sucedáneo al del Holocausto, que rigió desde 1945, es que la salida de Trump no cambiaría el ya desprendido impulso que ha tomado Norteamérica como repartidora suprema del poder en los espacios de Occidente.
Ninguno de los señalados candidatos a secretario del organismo mundial califica, dada sus alineaciones previas, como para forjar una línea de equilibrio que, por una parte, no desconozca las realidades inéditas que han dejado de ser emergentes, a objeto de que encuentren su mejor descripción en el plano de lo normativo o prescriptivo: ¿una nueva Carta de San Francisco?; pero que a su vez, desde dichas dimensiones, la real y la jurídica, al término se acepte que siempre requerirán ambas de una tercera pata o dimensión para que puedan asegurar una paz y seguridad duraderas y estables en la Madre Tierra. Me refiero a la que ha de conjugar y resolver tras cada crisis internacional, desde el plano de la justicia, es decir, aplicando la fórmula que mejor predique en favor de la dignidad y libertad de la persona humana, lo que no es un imposible, tampoco una quimera.
Los padres del sistema mundial que nos legara la Primera Gran Guerra del siglo XX, la Sociedad de Naciones, creyeron que les bastaban los equilibrios de poder para sostener la paz entre todos. Y fracasaron. En búsqueda de ese equilibrio, humillaron tanto a los alemanes que abrieron las puertas del infierno con el nazismo.
Tras la Guerra de 1939, la segunda, aleccionadora y que desgarró severamente la conciencia universal con las cámaras de gas, fue posible construir ―de allí el impacto de los juicios de Núremberg― una arquitectura inteligente para la gobernabilidad y la gobernanza planetarias. Así como Alemania pudo levantarse y alcanzar su modernidad y liderazgo contemporáneos asumiendo como eje vertebrador de su orden constitucional, en 1949, el respeto de la dignidad humana, Naciones Unidas la asumió desde antes como su principio ordenador, por ende, limitante de la independencia y soberanía de los Estados.
Sensiblemente, la lógica del poder en el Consejo de Seguridad con sus esferas de influencia bipolar presentes impulsó al resto de los Estados, los no potentes o receptores del poder ajeno detentado por las grandes potencias, a atrincherarse tras los muros de la vieja soberanía. Los países africanos esgrimieron su derecho a la autodeterminación.
Así, a la par que se postergó y hasta banalizó desde el mencionado Consejo, en la Asamblea General y hasta en la Secretaría General, a ese eje de equilibrio crítico que desarrolla la Declaración Universal de Derechos Humanos, al final terminaron todos en el banquillo de los acusados. Se les ha hecho responsables de los genocidios y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del corriente, que estaban llamados a prevenirlos. Una vergüenza que aún escandaliza a las generaciones del presente.
Del liderazgo a la parálisis
Debido a la pandemia y la división global, dice Guterres en 2021 que “estamos al borde del abismo y avanzamos en la dirección equivocada”. Lo repite en 2024: “nuestro planeta está al borde del abismo”, eso sí, sin referirse a lo que hace o deja de hacer la ONU al respecto y sobre el poder real o virtual que detenta. Y en 2025, otra vez señala, ante las escaladas bélicas en el Oriente Medio y dados los enfrentamientos internacionales que “se encontraban al borde del abismo o amenazaban con caer en él.”
No yerra papa León XIV, entonces, al observar y alertar, con tino y sin estridencias, que Naciones Unidas ha perdido su capacidad para el multilateralismo. Le ha exigido a la organización, a la misma ONU, que vuelva a colocar a la persona humana en el centro de la lucha contra el hambre y la construcción de la paz. Ha criticado que la ONU haya perdido fuerza para fomentar el diálogo y resolver los conflictos internacionales. E insiste, en suma, que esta o retoma el camino de la cooperación o habrá que hacerlo “mediante otros medios” que privilegien lo humano. Pone a la ONU sobre el camino del drama, del ser o el no ser.
Atrás queda, por lo visto, aquella reflexión que daba cuenta, desde el plano de la razón práctica, del esfuerzo ingente realizado en la hora luminosa que siguió al señalado Holocausto; pues así como Hanna Arendt, desde su visual de periodista describe lo ocurrido durante la guerra como la “banalidad del mal”, a su turno Jacques Maritain, reseñando el debate habido para la adopción de ese nuevo Decálogo de la humanidad que quiso ser la Declaración Universal de 1948, afirmó que: «estamos de acuerdo en los derechos, a condición de que no se nos pregunte el por qué».
En los debates sobre dicha declaración hubo, sí, discrepancias teóricas al respecto, pero se resolvieron sobre la base de consensos prácticos (nada espurios ni relativos) al aceptar todos, léase todas las culturas y religiones, que compartían una conciencia moral común. “La humanidad comparte una misma intuición práctica sobre la dignidad humana, la cual no requiere una sola escuela de pensamiento para ser aplicada”, fue la máxima acogida durante los diálogos que promovió la UNESCO.
El peso de la ideología
Pues bien, tras ser señalados los órganos de Naciones Unidas ―el Consejo de Seguridad y la Secretaría General― de omisión sacrílega responsable por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Ruanda, en 1994, y abiertamente cuestionada por su incapacidad para afrontar la pandemia universal del covid-19 como para fijar las responsabilidades internacionales por los daños del riesgo transfronterizo causado desde China, los caricaturescos saldos que deja sobre sus caminos de desviación, y dados los antecedentes, son, entre otros, la Declaración de 2020 de los jefes de Estado en la que se comprometen con 12 mandatos para “proteger el planeta, promover la paz, garantizar la justicia internacional, y mejorar la gobernanza digital”. Una verdadera aporía, ante la ausencia de autocrítica. A uno de esos jefes de Estado, Nicolás Maduro, por cierto, lo extrajo Estados Unidos de su búnker y lo encarceló en Nueva York.
En segundo lugar y para no abundar más, queda la malhadada Agenda 2030, aprobada en 2015, que, a la par de haber acelerado la deconstrucción cultural en Occidente, y en nada comprometida con la reconstitución de la democracia y el Estado de derecho, se la reconoce por sus autores como otro fracaso.
Su errada premisa fue el hacer crecer hasta el infinito los derechos humanos, hasta alcanzar a los animales; pero sin democracia ni respeto alguno por los órdenes constitucionales y la Justicia. Y luego de 15 años sin resultados, a 7 años de vencerse, los jefes de Estado, tozudamente se han comprometido a acelerar, este 2023, el compromiso con el desarrollo sostenible ―el de la deconstrucción y el del cambio climático― en medio de la guerra de nueva generación que a todos envuelve y lo hace sin ruido, salvo el que provocan las redes.
La persona humana desplazada
Si volteásemos la cara, sin volvernos estatuas de sal, cabría dar cuenta que tras décadas de esfuerzos loables y desde distintos ángulos para que se retome el único sendero susceptible de humanizar la vida en el planeta, el del respeto a la persona y el ofrecerle a la persona garantías para la tutela y protección efectivas de sus derechos fundamentales con independencia de sus Estados de adscripción, lo constatable es la burla que a la misma Humanidad le significa la Corte Penal Internacional que nació con el siglo que avanza.
Mientras que la Asamblea de los Estados Parte de la Corte ha destituido al fiscal Karim Khan por “conducta inapropiada grave”, cuya hermana, además, asesora a Delcy Rodríguez, hoy designada por el presidente norteamericano como la dictadora interina de Venezuela, esta, referida durante una década como presunta criminal de lesa humanidad en los informes de la ONU, ayer anunciaba que retiró a su país de la Corte. Lo celebró, por si no bastase, el Departamento de Estado.
Lo veraz es que el escapismo sigue dominando en la ONU, mientras el terremoto de la guerra ―he allí a Ucrania, en las puertas que dividen al mundo― sigue su curso. Se distraen en la ONU dialogando sobre “medidas globales urgentes para mejorar la calidad del aire”, en Nairobi. Y Guterres, asumiendo su barranco, como para que algo de él registre su historia, mientras, vemos a la ciencia y al ingenuo humano avanzando con celeridad, sentencia la “falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza” que observa. Esas tenemos.
Las variables que dominan sobre el vacío son otras. Avanza la gobernanza global por las plataformas sin Estado ni leyes capaces de sujetarlas; las naciones, antes agrupadas en Estados se dispersan, migran por sobre el planeta y asumen identidades varias; insurge y domina la virtualidad económica desde las finanzas y sus criptomonedas, que no plantan vides ni las podan o riegan y que es ajena a las manos callosas que vendimian y depositan los jugos en odres antes de venderlos para que sean catados y después escanciados en cada fogón familiar.
Un mundo sin árbitro
Entre tanto, repitiéndose el distanciamiento social que estrena en el planeta el covid-19, vivencia ominosa, ahora los migrantes se encierran y también distancian para salvarse; para que no los arrastren las “camisas pardas” (Sturmabteilung) o las SS (Schutzstaffel) de nuevo cuño. En distintas partes del planeta, no solo en USA, se planifican y ejecutan fríamente deportaciones en masa, previa escala en campos de concentración en los que recogen a sus miles de víctimas para hollarlas y hasta separarlas de sus hijos, los huérfanos del siglo XXI.
Eso sí, mientras el fuego envuelve a la Humanidad, diría el presocrático Heráclito de Éfeso que todo fluye y nada permanece inmóvil. Así el mismo fuego provocará la lógica de los contrarios, el equilibrio de los opuestos. Y para que esto último pueda ocurrir, otro secretario con auctoritas mundial suficiente ―no los burócratas del caso― habría de conducir el asentamiento de las capas tectónicas que trepidan y la organización de la globalización que posteriormente las asegure.
El 2026 arrancó con un giro inesperado: el 3 de enero se produjo la captura de Nicolás Maduro y su inmediato traslado a New York para enfrentar cargos por corrupción y narcoterrorismo. Cinco días después del hecho —que generó gran conmoción en todo el país— el Gobierno Nacional encabezado por Delcy Rodríguez, bajo la tutela de los Estados Unidos, ya hablaba de la liberación de “un número importante de presos políticos”.
El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, en cadena nacional presentó las venideras liberaciones como un “gesto unilateral para afianzar la paz y la convivencia pacífica” en el país.
El 13 de enero, el titular de la Asamblea Nacional aseguró que más de 400 presos habían sido excarcelados. Aunque prometió una lista con los nombres, hasta el momento no ha sido difundida.
La cifra de excarcelaciones anunciada por Rodríguez contrastaba ampliamente con las registradas por el Foro Penal Venezolano, organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad. A finales de enero, la ONG informó que solo había podido constatar la liberación de 297 personas.
Febrero: la Ley de Amnistía
El 19 de febrero de 2026 fue aprobada por la Asamblea Nacional la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, la misma prometía otorgar el perdón a los ciudadanos procesados o condenados por cometer delitos políticos en Venezuela desde el año 1999.
El 20 de febrero, en rueda de prensa, directivos del Foro Penal analizaron en detalle la Ley de Amnistía y advirtieron que el instrumento presentaba vacíos críticos que mantenían vivo el engranaje represivo en Venezuela.
El 22 de febrero, Alfredo Romero, presidente de la ONG, recordó que desde el anuncio de Jorge Rodríguez solo se habían materializado 448 excarcelaciones.
Para el 23 de abril, el Foro Penal expuso en un publicación de X que desde el 8 de enero se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 (24,21%) han ocurrido en el marco de la Ley de Amnistía.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la discrecionalidad con la que operaba la Ley de Amnistía, al excluir a personas acusadas o imputadas por violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, corrupción, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como a quienes hubiesen promovido o instigado sanciones e intervenciones extranjeras.
Dos meses después de la promulgación de la Ley, a Delcy Rodríguez se le quitaron las ganas de seguir dando amnistía: “Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo Rodríguez, en horas de la noche del 23 de abril.
según cifras oficiales, la Ley de Amnistía benefició a 7654 personas, entre ellas 247 que estaban privadas de libertad y más de 7400 bajo medidas cautelares.
Reactivación del proceso
Seis meses después de la eliminación de la Ley de Amnistía, las liberaciones de los presos políticos se reactivaron tras el primer ciclo de diálogo entre el gobierno tutelado por los Estados Unidos y una fracción de la oposición dirigida por Dinorah Figuera.
La tarde del viernes, Delcy Rodríguez informó a través de un comunicado el “otorgamiento de medidas cautelares alternativas” a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban detenidas.
En el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Rodríguez ratificó que continuará “apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República”.
Hasta el momento, el Foro Penal informó que han podido corroborar la excarcelación de 73 personas: 55 hombres y 18 mujeres.
Alfredo Romero precisó que 24 militares fueron excarcelados, pero quedan 141 militares tras las rejas. El director del Foro Penal insistió en que aún quedan más de 300 personas privadas de libertad por motivos políticos.
Delcy Rodríguez: 1.046 detenidos han regresado a sus hogares tras acuerdos
La vicepresidenta encargada aseguró este sábado, 15 de agosto, que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.
“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.
La cifra publicada por Rodríguez coincide exactamente con la que posteó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ayer.
“1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar”, manifestó el secretario.
Dirigentes opositores, activistas y ONG han reiterado que las excarcelaciones deben avanzar hacia la libertad plena de todas las personas consideradas presos políticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) informó que las protestas en Venezuela aumentaron casi 180 % en el primer semestre de 2026, un aumento del 179,8 % respecto al mismo período del año pasado.
De acuerdo con el informe divulgado en redes sociales, se contabilizaron 3.495 protestas en el primer semestre de 2026, equivalente a 20 manifestaciones diarias en promedio.
La conflictividad social documentada durante el primer semestre de 2026 mantuvo una amplia cobertura territorial, con manifestaciones registradas en prácticamente todo el país.
Entre los estados que concentraron más protestas están: Distrito Capital (462), seguido por Miranda (414), Sucre (274), Bolívar (265) y Lara (263). La elevada incidencia registrada en estas entidades responde, en buena medida, a la convergencia de factores políticos, institucionales, económicos y demográficos.
La ONG señaló en el informe que las protestas relacionadas con los derechos civiles y políticos predominaron durante el primer trimestre, particularmente las exigencias de libertad para presos políticos, el respeto al debido proceso y el restablecimiento de las garantías democráticas.
📌 3.495 protestas durante este semestre ⭕️ 1.749 protestas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) y 1.746 protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP) lo que marca una tendencia en la espiral de… pic.twitter.com/VogU4AVYAU
Estas demandas estuvieron “estrechamente vinculadas al nuevo escenario político derivado de los acontecimientos del 3 de enero”, cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro durante una operación militar, y al proceso de transición “bajo el tutelaje” de Washington, según el Ovcs.
En los primeros seis meses de 2026 se produjeron protestas para exigir derechos económicos y sociales. Trabajadores del sector público tomaron las calles para demandar salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las contrataciones colectivas y la restitución de derechos laborales.
Los servicios públicos también fueron reclamados en el primer semestre de este año. Según el observatorio los venezolanos exigieron el acceso regular a servicios públicos de calidad, atención oportuna en salud, vivienda digna y justicia, demostrando que las demandas estructurales derivadas de la emergencia humanitaria compleja permanecen sin respuestas efectivas.
En el tiempo analizado, el Ovcs documentó 46 protestas reprimidas y acciones como “tratos crueles, amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y el despliegue de dispositivos de control para impedir el desarrollo de las protestas”.
La organización advirtió de que estos casos documentados “reflejan la continuidad de mecanismos de control e intimidación que limitan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) negó que en el país se estén produciendo secuestros de niños luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio. La aclaratoria fue hecha el 13 de agosto, durante una transmisión radial del organismo policial.
En el programa participó la comisaria general Miyogla Herrera, jefa de la División de Trata de Personas, quien llamó a la calma y explicó que las versiones sobre supuestos secuestros de menores corresponden a “rumores sin fundamento“.
Herrera rechazó “la acción de personas inescrupulosas que, de manera irresponsable, difundieron publicaciones afirmando que se estaban robando y secuestrando niños y jóvenes durante la emergencia sísmica”.
La funcionaria exhortó a la población a verificar la información en fuentes oficiales antes de compartirla, para evitar generar pánico o falsas alarmas en medio de la emergencia que atraviesa el país tras los terremotos.
La respuesta del Cicpc llega cincuenta días después del doblete sísmico que sacudió a La Guaira, cuando los rumores sobre secuestros circularon en los primeros días del desastre, coincidiendo con las labores de rescate y el traslado de sobrevivientes hacia hospitales y albergues.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La reciente excarcelación de un grupo de presos políticos en Venezuela generó una ola de reacciones dentro y fuera del país, desde celebraciones cautelosas hasta denuncias de uso político del proceso.
La tarde de ayer, el gobierno de Delcy Rodríguez informó a través de un comunicado el “otorgamiento de medidas cautelares alternativas a la privación de libertad.
Aunque el gobierno presentó las liberaciones como parte de un “gesto humanitario”, distintos actores advierten que las medidas no representan una solución estructural al problema de la detención arbitraria.
Reacciones a la liberación de los presos políticos
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio expresó a través de su cuenta en X que la reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela “es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”.
El secretario aseguró que desde el 3 de enero, se han liberado 1.046 venezolanos.
Rubio afirmó que a medida que continúan avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitoreando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas.
The recent release of over 130 political prisoners in Venezuela is a crucial step for the nation's reconciliation process. Since January 3rd, 1,046 Venezuelans have been released.
As we continue to advance the three-phase plan, the United States continues to closely monitor the…
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, celebró que varias familias puedan reencontrarse con sus seres queridos.
“No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”, insistió Figuera.
Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia.
El expreso político Juan Pablo Guanipa celebró las liberaciones y manifestó que “cada persona que vuelve a casa es un alivio inmenso para una familia que ha sufrido demasiado”, pero recalcó que “no basta” y que “no puede quedar nadie atrás.
“Que salgan TODOS. Sin excepción, sin dilaciones y con prontitud. Venezuela necesita cerrar para siempre la puerta de los centros de tortura”, posteó Guanipa.
Por su parte, la abogada Blanca Rosa Mármol escribió que “el excarcelamiento por cuenta gotas refuerza la imagen perversa del régimen”.
El excarcelamiento por cuenta gotas refuerza la imagen perversa del régimen.
El partido Primero Justicia recibió con esperanza las recientes excarcelaciones y exigió libertad plena de todos los presos políticos.
No obstante, enfatizó que la dirigencia no caerá en conformismos mientras sigan existiendo cientos de venezolanos y extranjeros, civiles y militares, tras las rejas por el solo hecho de pensar distinto.
“Cada venezolano que sale de una celda injusta y vuelve a reencontrarse con su familia es una buena noticia para todo el país”, señaló Yajaira Castro de Forero, vocera del partido aurinegro.
El abogado Julio Borges celebró la noticia, pero expresó que aún falta que muchas personas sean liberadas.
Recibimos con alegría y esperanza la noticia sobre las excarcelaciones de presos políticos. Aún faltan muchos amigos de lucha que están en la cárcel.
Estas liberaciones merecen un reconocimiento al trabajo de @Dinorahfiguera y toda la comisión de la @AsambleaVE, quienes han…
El dirigente opositor Edmundo González Urrutia manifestó que los excarcelados nunca debieron estar detenidos.
A través de su cuenta en X, exigió que todos los presos políticos deben ser liberados y que queda la tarea permanente de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades.
Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos.
Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada —lo he vivido—. Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el entorno informativo de esta nueva mesa de diálogo entre el oficialismo chavista y sectores de la oposición venezolana hay una razonada expectativa en torno a una evolución positiva de estas conversaciones y la apertura de condiciones políticas que permitan una transición a la democracia. Particularmente porque esta vez están tuteladas e impuestas por los Estados Unidos, un mediador que está exigiendo resultados.
En el equipo de la oposición se ha asentado la impresión de que la imposición de la disuasión a través de la fuerza que ha impuesto Estados Unidos luego del 3 de enero, ha compelido al chavismo a replegarse, exigidos por la necesidad de sobrevivir políticamente. Parece estar presente la exigencia de concretar en no mucho tiempo acuerdos a partir de importantes concesiones mutuas.
Las conversaciones avanzan en torno a temas fundamentales para el oxígeno del ejercicio democrático, como la libertad de expresión -en particular los efectos tóxicos de la Ley del Odio-. Parecen fundamentarse consenso en torno a cambios fundamentales, estructurales, en la composición de un nuevo Tribunal Supremo Justicia, una instancia que siempre será medular en torno al soporte legal y la hoja de ruta de la causa democrática.
Excarcelaciones más allá de la agenda
Dentro del paquete de temas de conversación, por cierto, se había informado de manera deliberada que se apartaría el debate sobre los presos políticos, argumentando que estas instancias tienen ya sus canales para la negociación, y que es necesario que cese el vicio en torno al menudeo de nombres para atenuar las exigencias en el debate, como ya ha sucedido antes. Desviando el foco sobre los acuerdos que pueden ser considerados estructurales en materia institucional.
El régimen anunció la liberación de 131 prisioneros políticos, un proceso el propio Marco Rubio celebró y lo valoró como “un importante paso en el camino a la reconciliación del país”. Rubio anota que, desde el 3 de enero, “se han liberado mil cuarenta y seis presos políticos”. Sus declaraciones le otorgan respaldo a la ejecución del diálogo paritario, y la liberación de presos políticos es todo un termómetro para calibrar el interés en ceder espacios
Para hacer realidad este proceso, el liderazgo de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular rompe otra vez filas-desandando, de alguna manera, lo avanzado en tras el Acuerdo de Panamá- y responde al llamado promovido por Washington. Una tentación de la cual fue imposible sustraerse. Estos partidos argumentan que esta es una iniciativa a la cual hay que darle alguna respuesta en la búsqueda a la apertura democrática, y que eventualmente todos los esfuerzos suman. El equipo político que ha acudido a dialogar con la cúpula chavista a instancias de Estados Unidos ha dejado saber a María Corina Machado que están abiertos a articular estrategias. En este momento, sin descartar aproximaciones tácticas en función intereses concretos más adelante, María Corina Machado ha decidido tomar una categórica distancia de esta operación política que la ha excluido.
La variable tiempo
En las entrañas de la Plataforma Unitaria, Acción Democrática y la Causa Radical, en particular, han sido los partidos que han tomado distancia de la iniciativa, exigiendo obediencia a lo acordado en Panamá.
El chavismo acuda a esta nueva iniciativa del diálogo presionado por varios frentes, ejecutando un retroceso de carácter superviviente que le está produciendo un enorme daño a la leyenda del movimiento revolucionario. El desgaste se pronuncia aún más. Los recogen con elocuencia los últimos estudios de opinión.
Es cierto que el sólo ejercicio de este boxeo de sombra puede prolongar las posibilidades del chavismo, que dialogando se reciclan argumentos y se gana tiempo, y que puede maniobrar en estas conversaciones esperando la llegada de una costa electoral en el calendario de los Estados Unidos que permita cambios en la conducta del gigante del norte. Pero lo cierto es que, en este momento, delegaciones del chavismo y la oposición están conversando “en serio”. sobre apertura política, marcos para la inversión privada, obtención recursos internacionales confiscados para la república, administración de ayudas sociales, sanciones internacionales, pactos electorales viables, garantías para todos los actores políticos, pase lo que pase.
Esta realidad puede abrir caminos, pero introduce nuevos elementos de discordia entre las facciones de la oposición venezolana. Se profundiza el memorial de agravios y faltas a la palabra empeñada que cada corriente del campo democrático le tiene a la otra, acumuladas con el paso de los años. Las relaciones entre los dirigentes fundamentales de la oposición venezolana siguen fundamentadas en la desconfianza. Lo que acaba de ocurrir, ciertamente, no ayuda.
Buscando la coherencia perdida
La dirigencia que conduce esta operación política -Primero Justicia y Voluntad Popular, luego de una proposición de Washington- argumenta que esta tentativa tiene tiempo siendo considerada por los Estados Unidos, que fue informada en su oportunidad a Machado con el objeto de buscar soluciones, y que, en cualquier caso, las puertas siguen abiertas para encontrar caminos de cooperación en el corto, mediano y largo plazo. El acuerdo de Panamá ha sido un saludo a la bandera. Esto es lo que, con toda razón, ha enfadado a Machado.
La oposición en su conjunto no está ofreciendo particulares muestras de coherencia estratégica, pero todo indica que cabe esperar por la operación política que al menos ha comenzado a evidenciar fundamentos y cierta claridad de objetivos. Los dirigentes de la oposición saben que enfrentan a un adversario astuto pero debilitado. Los dirigentes de PJ y VP afirman que no se están negando posibles acuerdos de carácter ulterior con Machado.
Sin negar la eventual trascendencia que pueden traer consigo las concesiones de un movimiento amenazado como el chavismo, no debe perderse de vista que acaso se galvanizarán acuerdos con un equipo negociador adversario que sigue expresando las fuerzas moderadas del rodrigato, y no necesariamente todo el volumen de la voluntad de la revolución bolivariana como movimiento.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) oficializó que el Registro de Información Fiscal (RIF) deja de tener fecha de vencimiento.
La medida fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.435 mediante la Providencia SNAT/2026/00084, que derogó la normativa previa (SNAT/2024/000121) y entró en vigencia de forma inmediata.
Durante años, el RIF impreso incluía una fecha de caducidad —generalmente de tres años— que obligaba a los contribuyentes a renovarlo periódicamente. Con la nueva providencia, el Seniat establece que el número de RIF asignado a cada ciudadano o empresa es único, permanente y no pierde validez con el tiempo.
El superintendente Román Maniglia explicó que la eliminación del vencimiento responde a “revisiones técnicas y legales exhaustivas” que concluyeron que la fecha de expiración era una condición “poco relevante” y generaba trámites innecesarios.
¿Por qué ya no se vence?
Que el RIF ya no tenga fecha de vencimiento obedece a tres razones principales; la primera, es la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos anunciada por el Gobierno para eliminar la burocracia, agilizar procesos y reducir plazos en la gestión pública.
La renovación del RIF cada tres años para personas naturales y jurídicas se convirtió en un trámite sin impacto real en la identificación fiscal del contribuyente.
El número de RIF funciona como un indicador fiscal permanente, similar al número de cédula por lo que, según el ente, ya no requiere actualización por vencimiento sino solo por cambios en los datos del contribuyente.
Cabe recalcar que as exigencias para los contribuyentes con RIF no han cambiado. Se mantiene la obligación legal de emitir y exigir factura o comprobante fiscal por cada venta o prestación de servicio.
Falta por definir
El Seniat aún no ha publicado el texto sustitutivo con las nuevas pautas técnicas para desarrolladores y proveedores de sistemas de facturación. Se espera que estas reglas se aclaren en las próximas semanas.
Mientras tanto, la recomendación es mantener el RIF actualizado y seguir las comunicaciones oficiales del organismo.
