El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que suscribió con Venezuela “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras.
“Esta histórica transacción, más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses durante muchos años, mientras que ayuda a mantener a Venezuela en el camino hacia un enorme éxito y una gran prosperidad”, escribió Trump en Truth Social.
Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio describió el acuerdo como «una gran victoria» para ambos países. Según Rubio, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.
El anuncio ocurre un día después de que medios como Axios y Bloomberg reportaran que la Casa Blanca negociaba con el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, una participación importante en varios yacimientos petroleros del país.
De acuerdo con Bloomberg, las negociaciones las está llevando a cabo el Departamento de Defensa estadounidense con el empresario Alejandro Betancourt, sobre quien pesan demandas e investigaciones en varios países por presunto blanqueo de capitales vinculados a tramas de corrupción en PDVSA, entre ellos EEUU.
17 yacimientos petroleros
Las conversaciones se centran en hasta 17 yacimientos petrolíferos ubicados en las principales cuencas del país, lo que refleja la agresiva estrategia de Washington para consolidar su influencia sobre la infraestructura energética venezolana.
Bajo uno de los marcos que se están evaluando, Estados Unidos podría obtener un contrato de arrendamiento de 100 años sobre activos que incluyen el área de Junín en la Faja del Orinoco y campos históricos alrededor del Lago de Maracaibo.
Por otro lado, Bloomberg también informó que Venezuela está considerando abandonar el grupo de producción petrolera OPEP, del cual es miembro fundador desde 1960. EEUU ha estado en desacuerdo con la OPEP durante mucho tiempo por su influencia en los precios del petróleo.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 28 de agosto se celebró en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) un seminario llamado “Venezuela: reconstruir para transformar”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el cual buscaba crear un espacio para conocer experiencias de Japón aplicables a la recuperación del país.
Durante la jornada, autoridades académicas, diplomáticos y expertos en ingeniería evaluaron el abordaje de la emergencia ocurrida el pasado 24 de junio, compartieron metodologías de evaluación de infraestructura y ayudaron a construir una guía orientada al fortalecimiento del país bajo el enfoque “Build Back Better” (Reconstruir mejor).
“El 24 de junio marcó un momento de profunda prueba para nuestro país, pero también ha puesto en relieve la resiliencia institucional, la solidaridad inquebrantable que trasciende la frontera… Su presencia aquí, señor embajador de Japón, del representante de la Agencia de Cooperación Internacional y al representante del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, al igual que el ministro Francisco Garcés, es la prueba más clara de que la ciudad capital y Venezuela no están solos”, se expresaron las palabras de bienvenida al seminario.
En representación del Estado y de la comisión encargada a la atención de la contingencia, durante la primera ponencia, se explicó el alcance del fenómeno en el contexto sísmico global, al igual que manifestaron que el objetivo central de toda intervención debe mantenerse en el bienestar social.
“El 24 de junio ocurrió un evento sin precedente… Este evento realmente va a pasar a ser un sismo, no solo histórico para Venezuela, ya está dentro de nuestro historial de manera muy importante, sino también va a ser muy importante para la historia de la sismicidad mundial… No es un tema solo y por supuesto lo digo, porque bueno, el primer motivo de nuestra formación y experiencia es ya ver lo que pasó e intentar solucionar, sino ver cómo todo este conocimiento, cómo esta fuerza, cómo toda esta disposición institucional es eficiente en la reconstrucción de la solución de las vidas de las personas que han sido afectadas”, expresó el ministro Francisco Garcés.
🇻🇪 Te invitamos al seminario "Venezuela: reconstruir para transformar", un espacio para conocer experiencias de Japón aplicables a la recuperación del país.
El evento se realiza el viernes 28 de agosto, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de… pic.twitter.com/4aoqMWQDmJ
Durante las ponencias, los especialistas y ex becarios de JICA, detallaron la aplicación del “Protocolo unificado de inspección rápida de edificaciones”, el cual fue diseñado a partir de metodologías desarrolladas originalmente en Japón y adaptadas al entorno venezolano mediante trabajos de investigación académica. Gustavo Coronel explicó que tras el movimiento sísmico se articuló un voluntariado multidisciplinario que incluyó a más de 3 000 profesionales.
“Nos encontramos con que no teníamos un protocolo claro y nos tocó usar el mejor juicio técnico… Tomamos esa primera evaluación que Japón nos facilitó su planilla de captación de datos, su protocolo de toma de decisiones para nuestro caso en Venezuela”, expresó el ex becario, Gustavo Coronel sobre el nacimiento de este protocolo.
Para poder organizar la recolección de información en campo y agilizar el procesamiento de diagnósticos, los ingenieros del país desarrollaron e implementaron la plataforma digital “Habitable” y esto ha permitido registrar miles de estructuras evaluadas mediante un código de etiquetado por colores (verde para estructuras habitables, amarillo para las que tienen daños moderados o no estructurales y rojo para edificaciones con riesgo severo o fallas estructurales graves).
De acuerdo con los balances y estadísticas presentados durante el seminario, la extensión de las inspecciones cubrió más de 62 000, donde cerca del 58% de las estructuras fue clasificado en la categoría verde, 23% en amarillo y 18% en rojo, localizándose la mayor proporción de daños severos en el estado La Guaira.
“Tenemos que realizar en lo inmediato 11.000 proyectos de reparación… La ingeniería venezolana tiene la capacidad hoy día de hacer rápidamente esos 5.000 proyectos… Necesariamente tenemos que pedir apoyo internacional, es parte del trabajo que tenemos que hacer, tenemos que llamar y estamos llamando a expertos internacionales”, enfatizó Francisco Garcés.
Experiencia japonesa
Los representantes de JICA detallaron sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su historia sísmica, haciendo énfasis en eventos como el terremoto de Kobe de 1995 y el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011. El representante de la asociación enfatizó que el desarrollo de códigos de construcción estrictos acompañados de incentivos financieros e inspecciones continuas resultó indispensable para salvar vidas durante estos sucesos.
“En conclusión, la preinversión es mucho más importante y siempre sale muy eficiente y económico”, aseveró la dirección de JICA y agregó que “el conocimiento del riesgo es la base de la resiliencia”.
De esta misma forma, el ponente abordó las tres fases de respuesta y acción que aplica el gobierno japonés tras un desastre sísmico: la inspección rápida de emergencia para reducir riesgos, la evaluación de daños estructurales para determinar la reparación o demolición, y la fase final de reforzamiento sísmico e innovación. También destacaron que las lecciones del pasado demostraron que el 83% de los fallecimientos en desastres de gran magnitud ocurren en los primeros 15 minutos posteriores al sismo debido al colapso de estructuras, lo que impide que los equipos de rescate lleguen a tiempo si las edificaciones no son sismorresistentes desde su concepción o reforzamiento.
Financiamiento y recursos
Por otro lado, los representantes del CAF explicaron las formas de ayuda financiera e institucional que le han estado prestando al país desde las primeras horas de la emergencia. La organización aprobó inicialmente una ayuda humanitaria de emergencia por 300 000 dólares para tareas inmediatas, como el soporte a unidades aeromédicas entre La Guaira y Caracas, el suministro de insumos médicos y la rehabilitación de centros educativos.
Posteriormente, se creó el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, el cual fue diseñado para canalizar donaciones provenientes de gobiernos internacionales, el sector privado y aportes filantrópicos. Al igual que la ejecución del fondo cuenta con el seguimiento de auditorías internacionales para garantizar la transparencia en cada proyecto financiado.
“Para poder utilizar rápidamente ese fondo, CAF destinó 1 millón de dólares como capital semilla… esos recursos serán administrados por CAF, pero las prioridades en el uso de esos recursos serán consensuadas con el Gobierno Nacional”, expresó el Director de Programa de Países del CAF, Javier Prieto.
Cooperación internacional
En el cierre del seminario estuvo el embajador de Japón en Venezuela, Yasushi Sato, quien confirmó el compromiso del gobierno japonés de mantener el acompañamiento técnico y humanitario durante las siguientes etapas de rehabilitación y reconstrucción de las zonas más afectadas del país. Al igual que aseguró la cooperación mutua: “En esta desafiante tarea de reconstrucción, Japón quiere estar presente. Quiere estar presente compartiendo nuestro conocimiento y trabajando juntos”.
Durante su participación final, exaltó la actitud del pueblo venezolano frente a las adversidades y se refirió a los testimonios compartidos por los equipos médicos y de atención en campo enviados por su país, donde expresó:
“Ellos dicen: ‘Siempre vemos en la cara de los venezolanos una sonrisa, a pesar de la extrema dificultad en la que se encuentran. Y esa sonrisa nos anima mucho para seguir trabajando. Hemos recibido mucho más de lo que les hemos ofrecido'”.
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La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes, 28 de agosto, que en Venezuela todavía hay 454 personas detenidas por motivos políticos, enfatizando en los casos de adultos mayores y personas con graves patologías de salud que requieren atención médica urgente.
Mediante un reporte difundido en sus redes sociales, la ONG advirtió que 38 de los presos políticos son personas “con patologías médicas graves que no reciben atención especializada”. Además, contabiliza 18 adultos mayores “cuyo desgaste físico en reclusión es acelerado”, y siete personas “a quienes se les niega incluso el contacto con sus familias”.
La organización también alertó que los presos políticos “continúan sufriendo un encierro arbitrario que no responde a la justicia ordinaria, sino a la persecución sistemática”. Según sus conteos, 410 de los detenidos son hombres y 44 mujeres. Además, figuran en la lista de detenidos 20 extranjeros, 167 funcionarios de seguridad del Estado activos y 31 exfuncionarios, 224 miembros de la sociedad civil, 10 miembros de organizaciones civiles y dos sindicalistas.
“En medio del complejo escenario político de agosto de 2026 en Venezuela, donde las expectativas de distensión y los anuncios oficiales de excarcelaciones contrastan con la realidad de las cárceles, la persistencia de la persecución política mantiene un saldo insostenible”, añadió.
Ante esta situación, Justicia, Encuentro y Perdón exigió “el cese de esta injusticia y la libertad plena, inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en Venezuela”.
Las personas detenidas por motivos políticos continúan sufriendo un encierro arbitrario que no responde a la justicia ordinaria, sino a la persecución sistemática. Nuestro registro sitúa el total actual en 454 presos políticos en Venezuela —compuesto por 410 hombres y 44… pic.twitter.com/ge9rzfkInN
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Durante las últimas semanas, autoridades de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Estados Unidos desplegaron una serie de procedimientos judiciales, capturas de cabecillas y extradiciones contra miembros del Tren de Aragua. Las acciones operativas coinciden con una mayor cooperación policial internacional y con una reconfiguración estructural de la megabanda en la región.
En Colombia, el 27 de agosto, la Fuerza Pública de aprehendió en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, señalado como cabecilla de la organización en Perú y persona de confianza de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, asesinado en Las Claritas, estado Bolívar, el pasado mes de junio en una operación conjunta con Estados Unidos. La detención fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.
Asimismo, en la frontera colombo-venezolana, efectivos del los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar) y la Policía de Cúcuta arrestaron el 26 de agosto a cinco presuntos integrantes adicionales en el sector La Parada de Villa del Rosario cuando cobraban dinero de extorsiones a comerciantes locales.
Múltiples operativos en otros países
En Perú, de acuerdo con un reporte deDeutsche Welle (DW), las autoridades gubernamentales ejecutaron la expulsión de tres ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer a la megabanda criminal, como parte de las medidas de control migratorio y seguridad sobre integrantes detectados en ese territorio.
Por su parte, en Brasil, tras operativos policiales ejecutados en junio y revelados por la prensa de ese país, la Policía Civil de Roraima confirmó que el Tren de Aragua estableció una alianza operativa con el Comando Vermelho para suministrar armas procedentes de Estados Unidos, Colombia y Venezuela a cambio de cocaína y dinero en efectivo, utilizando firmas de papel para blanquear capitales sin disputar el control territorial violento que desplegó en otros países del Pacífico.
A su vez, el 25 de agosto, en Florida, Estados Unidos, Julio César Hernández Montero acordó declararse culpable ante un tribunal federal de Miami por el secuestro y asesinato del expolicía José Luis Sánchez Valera en Doral.
Procedimientos en Chile
En el plano financiero y de sicariato de alto impacto, la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile avanzó en la Operación Tokio al formalizar en ausencia a Marcos Reyes Acosta y Willasander Tejedor Ruiz, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La investigación estableció que la red movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante un ejecutivo bancario en Santiago y empresas fachada para enviar fondos a Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, recluso en Colombia.
En paralelo, la justicia chilena fijó para el 20 de octubre el inicio del juicio contra 27 acusados por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este viernes, 28 de agosto, se concretaron las extradiciones desde Estados Unidos y Colombia de Rafael Gámez Salas, alias “el Turko” y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “el Gocho”, ambos acusados de participar en el secuestro y asesinato de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.
De igual forma, según reportó el diario La Tercera, la justicia chilena decretó la medida de prisión preventiva e internación provisoria para cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras una investigación por el secuestro de un ciudadano peruano, añadiendo una nueva acción judicial contra las células dedicadas al secuestro extorsivo en ese país.
Una posible lectura: la búsqueda por congraciarse con Trump
Ronna Rísquez, periodista especializada en gobernanza criminal y autora del libro “El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, analizó la reciente ola de procedimientos internacionales contra la megabanda desde la perspectiva de la agenda política regional y la cooperación policial.
En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, Rísquez consideró que el incremento en la persecución respondería, en buena medida, al posicionamiento del grupo dentro de la política exterior estadounidense.
Rísquez señaló que la visibilidad otorgada a la organización por la administración de Donald Trump condiciona las actuaciones de diversos gobiernos del continente, por lo que algunos estarían tratando de congraciarse con el norteamericano. “Desde que el grupo fue considerado como una especie de objetivo de criminal de Estados Unidos, muchos países se abocaron a a perseguirlos. Pero además, ahora todos tratan de congraciarse con Trump”, explicó.
Asimismo, vinculó los recientes anuncios y detenciones con la narrativa de combate al crimen organizado impulsada desde Washington para respaldar medidas migratorias y de seguridad. “Algo debe estarse moviendo desde Estados Unidos para visibilizar como que ‘ya acabamos con esto’, porque era uno de los objetivos del presidente”, explicó.
Rísquez también estableció una diferencia entre la coyuntura política de algunos países y el trabajo institucional desarrollado en el cono sur, donde destaca el caso de Chile, un país que durante años ha hecho seguimiento a las operaciones de los miembros del Tren de Aragua, especialmente tras el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. A su juicio, un elemento diferencial de la etapa actual es el avance en la coordinación entre agencias: “Muchas de estas operaciones ahora sí se están haciendo de manera conjunta, porque ya se comparte información y hay una cooperación policial para investigar al grupo”, dijo.
Finalmente, indicó que la neutralización de liderazgos no equivale al fin de la estructura delictiva en el continente. “Mataron a uno de los jefes, pero eso no significa que el grupo haya desaparecido”. Añadió que las detenciones muestran que hay miembros que siguen operando, “quizás haciendo otro tipo de de actividades”, pero no ha acabado.
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Este viernes, 28 de agosto, la abogada y activista Linda Loaiza informó que finalizó la audiencia ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en cumplimiento de la revisión ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, un proceso que se retoma 25 años después de los hechos y tras una década de retrasos judiciales.
Loaiza, a través de un comunicado afirmó que si bien el pronunciamiento de la constituye un avance relevante, aún insuficiente para considerar que existe justicia plena en su caso.
“Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada, expresó”
La activista informó que la Corte acordó: declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por esta víctima/querellante. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. Ordenar la celebración de un nuevo juicio y mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II.
La abogada insistió en que su familia y ella seguirán exigiendo un proceso judicial transparente, sin interferencias y ajustado a los estándares internacionales.
“Mi familia y yo seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones.”
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La Unidad de Análisis Económico de Fedecámaras presentó una evaluación especial en la que analiza el panorama y los impactos económicos para Venezuela tras los sismos del pasado 24 de junio.
El informe, elaborado con datos oficiales, encuestas sectoriales y estimaciones multilaterales, ofrece una radiografía precisa del daño físico, las disrupciones operativas y los desafíos inmediatos para el sector privado.
En el estudio, Fedecámaras plantea un crecimiento entre 5% y 8% en un escenario favorable; entre 4% y 5% en el escenario base; y entre 1% y 2% en el pesimista, condicionado por la restitución de servicios y la disponibilidad de financiamiento.
El informe advierte que financiar la reconstrucción con mayor presión tributaria o emisión monetaria generaría un rebrote inflacionario y desestabilizaría el mercado cambiario. A continuación las claves más relevantes del informe.
Venezuela antes de los terremotos
Fedecámaras precisó que la producción de petróleo cerró el primer semestre de 2026 por encima de los 1,18 millones de barriles diarios, sirviendo como el principal motor de ingresos para el país.
Según cifras manejadas por la organización, la inflación acumulada al cierre del primer semestre fue de 73%, registrando una desaceleración intermensual desde marzo hasta tocar un punto bajo de 6,3% en mayo. En este mes se observó una desaceleración en la emisión de bolívares.
El cierre de la brecha cambiaria persistió como un desafío macroeconómico relevante. A pesar de que en junio cerró con su valor más bajo en el año (20%), este hito se alcanzó por el incremento abrupto en la demanda de bolívares a partir del 24 de junio. Para el cierre de 2026, las cámaras empresariales preveían un crecimiento promedio superior al 10% mostrando un claro optimismo impulsado por los sectores de construcción e inmobiliario.
Impacto y respuestas
El balance oficial al 22 de julio de 2026 reportó 856 edificios afectados y 190 colapsos totales. Otras estimaciones sugieren afectaciones a un rango de entre 2.500 y 69.000 edificaciones.
El sismo provocó una fractura en el Sistema Eléctrico Nacional tras el colapso de diez torres de alta tensión en la línea Planta Centro Yaracuy, lo que restó de inmediato 600 megavatios (MW) a la red de transmisión de las regiones centro y occidente. Se desplegó un plan de recuperación para compensar los megavatios a través de fuentes alternas.
La infraestructura de extracción y exportación petrolera continuó operando sin interrupciones severas gracias a su distancia respecto a los epicentros del doble sismo. Fedecámaras reconoció que los gremios y las empresas reaccionaron de inmediato para garantizar el abastecimiento básico y el sostenimiento operativo de los canales de distribución en las zonas más afectadas.
El esfuerzo empresarial coordinado puso a disposición las capacidades logísticas privadas para el manejo de la contingencia. Según el ente, la asistencia de la comunidad internacional movilizó más de 240 millones de dólares, y el ingreso de 3.672 toneladas métricas de insumos humanitarios.
Estimaciones de reconstrucción
Las estimaciones varían según el alcance, precisa Fedecámaras. La organización sitúa los daños físicos directos en unos 6.700 millones de dólares (6% del PIB) según el PNUD, mientras que una valoración integral de activos (UNDRR) eleva la cifra a 37.000 millones de dólares, desglosados en edificaciones y redes de infraestructura.
El sismo provoca una desaceleración del crecimiento más que un decrecimiento absoluto. Se plantean tres rutas: un escenario favorable (5% – 8%) impulsado por financiamiento internacional rápido; un escenario base (4% – 5%) con restitución gradual de servicios; y un escenario pesimista (1% – 2%) debido a la falta de recursos y fragmentación institucional.
Fedecámaras advierte que “intentar financiar la reconstrucción mediante mayores presiones fiscales o emisión monetaria del Banco Central dispararía la inflación y desestabilizaría el mercado cambiario. La disciplina fiscal es vista como un requisito indispensable para la sostenibilidad”.
Además, recalca que el empresariado es clave para sostener el empleo y el suministro de bienes esenciales, pero que las acciones inmediatas deben enfocarse en asegurar corredores logísticos (especialmente el eje Caracas – LaGuaira) y activar mecanismos de microcrédito para reponer inventarios y reparar infraestructuras.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La administración de Delcy Rodríguez, tutelada por el gobierno de Estados Unidos, contemplaría la posibilidad de retirar a Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según reveló un reporte de la agencia de noticias Bloomberg.
Fuentes cercanas a las conversaciones informaron al medio estadounidense que las autoridades discuten este paso como parte de la profundización de sus nexos políticos y energéticos con Washington.
De acuerdo con la publicación, la propuesta de abandonar el cartel formaría parte de los diálogos directos entre la administración del presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez. Además, señala que la Casa Blanca utiliza actualmente el alivio de sanciones y el control sobre los ingresos petroleros como herramientas clave para orientar las políticas del país.
Estas conversaciones incluirían la adquisición por parte de Estados Unidos de una participación sustancial en los campos petroleros venezolanos. Fuentes indicaron a Bloomberg que los negociadores evalúan un esquema de arrendamiento de varios yacimientos por un período de 100 años.
La estrategia responde a la denominada “Doctrina Donroe”, con la que Trump busca extender la influencia de su país en el hemisferio occidental. Bloomberg recordó que Trump describió a Venezuela como el «estado 51» y afirmó públicamente que su administración controla el petróleo de Venezuela. Este movimiento coincide además con las medidas del gobierno norteamericano para adquirir participaciones directas en empresas estratégicas de los sectores tecnológico, minero y energético global.
Una eventual salida de Venezuela de la OPEP asestaría un golpe al grupo que ayudó a fundar en 1960 a través de las gestiones diplomáticas del entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo. De acuerdo con Bloomberg, la medida profundizaría las dudas sobre la capacidad de la OPEP para influir en los precios mundiales del crudo. Funcionarios estadounidenses prevén que una alianza energética entre Washington y Caracas mermará significativamente el peso del cartel dominado por Arabia Saudita.
Aunque la producción venezolana se ubicó en 1,16 millones de barriles diarios durante julio de 2026, Bloomberg señaló que liberarse de las cuotas de la OPEP permitirá al país maximizar su extracción a largo plazo para incidir en la reducción de los costos globales del combustible. En paralelo, importantes actores privados aceleran sus operaciones en la región.
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A las afueras del Estadio César Nieves, en Catia La Mar, una fila de pequeñas carpas de acampar —comerciales y de manufactura china— marca la frontera entre los damnificados y la intemperie. El lugar forma parte de un complejo que alberga más de 1100 personas entre las instalaciones internas del estadio y sus alrededores, bajo la custodia de efectivos de la FANB y la Milicia.
En este espacio pernocta Ronny Rodas, de 62 años, quien perdió su vivienda en el Bloque 1 de La Páez tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Para él, sin embargo, el sismo fue solo el inicio de una compleja carrera por la supervivencia: es paciente con cáncer de colon en etapa metastásica.
Limitaciones de higiene personal
Rodas vive con una colostomía desde enero de 2024, cuando una obstrucción intestinal obligó a intervenirlo de emergencia. En las condiciones del refugio transitorio, mantener la asepsia de su estoma representa una lucha constante. Ante la escasez y el elevado costo de los insumos médicos se ve forzado a reciclar las bolsas de recolección, lavándolas y desinfectándolas con alcohol.
El entorno sanitario del campamento agrava su vulnerabilidad. Aunque existe una separación formal por género en los baños y en las 12 duchas habilitadas —las cuales operan únicamente entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana—, en la práctica la urgencia lleva a que todos los damnificados compartan las mismas instalaciones.
“No lo puedo hacer aquí porque no están los medios necesarios. Yo necesito un baño. Y algo donde poner todo ese material de limpieza, que esa gasa que no se me contamine para poder mantenerla sin contaminación, porque si se me contamina y se pasa para dentro, me muero”, explica Rodas.
Mientras los baños portátiles e insalubres del perímetro resultan inviables para su condición y el único baño fijo permanece cerrado, debe trasladarse hasta tres veces al día al apartamento deteriorado de un vecino en un primer piso del bloque 1 de la Páez, donde improvisa un entorno limpio con agua, gasas, guantes y alcohol.
En este espacio, los refugiados denuncian la mala calidad del agua, constante picazón en la piel y brotes de problemas gastrointestinales, situaciones acentuadas por el almacenamiento de agua potable en pipotes de plástico, en su mayoría destapados. A la falta de lavadoras —lo que obliga a los residentes a alquilar este servicio— se suma el denso mal olor que se genera cuando los camiones acuden a descargar las aguas negras.
Ronny Rodas vivía en el piso 5 del bloque 1 de la Páez; su edificio quedó inhabitable / Foto: Andrea González
Dificultades dietéticas
La alimentación en el campamento añade otra complicación a su cuadro clínico. Pese a que el Estadio César Nieves cuenta con una cocina instalada, las constantes quejas sobre la calidad de la comida gubernamental han llevado a los refugiados a depender del auxilio de diversas ONG.
Aunque Rodas agradece la ayuda recibida, la nutrición en el refugio plantea un dilema severo: su diagnóstico requiere una dieta blanda —vegetales cocidos, pollo a la plancha y jugos no ácidos— para evitar complicaciones digestivas. Sin embargo, ante la oferta predominante de alimentos fritos o pesados, se ve obligado a consumirlos para evitar una desnutrición.
Para sobrellevar los dolores derivados del avance del cáncer, recurre a dosis combinadas de 1600 miligramos de ibuprofeno y omeprazol diarios. “Sé que eso afecta los riñones, pero el dolor es inconmensurable y no lo soporto”, señala.
Ronny Rodas tiene que usar una bolsa de colostomía tras someterse a una cirugía por una obstrucción intestinal en 2024 / Foto: Andrea González
Problemas internos entre refugiados
La convivencia en el refugio ha presentado episodios de tensión. Inicialmente, la administración del campamento le asignó a Rodas una carpa compartida con un joven que atravesaba problemas de adicción a las drogas. Intentó mediar con él e incluso le ofreció sus propios recursos si los necesitaba, pero la situación escaló cuando su compañero comenzó a sustraer enseres del espacio, como ventiladores y sillas.
“El muchacho no quiso entender que esa situación que estamos viviendo todos nosotros es bastante problemática y tenemos una conmoción cerebral producto de ese terremoto, y no estamos para esos problemas”, relata.
La eventual intervención de funcionarios policiales y de la dirigencia del campamento, por orden de la diputada a cargo del área, Yeinny Pinto, culminó con el retiro del joven del perímetro para evitar un procedimiento penal.
Interior de la carpa en la que pernocta Ronny Rodas a las afueras del estadio César Nieves / Foto: Andrea González
A las dificultades médicas se suman las tensiones propias del hacinamiento y la precariedad en los alrededores del estadio. Pese a todo, Rodas mantiene la templanza: “muchos vecinos no sobrevivieron. Dios me dio la oportunidad de seguir vivo y, aunque lo perdí todo, estoy agradecido por esta segunda oportunidad”.
Las condiciones descritas en las cercanías del Estadio César Nieves distan de las pautas fijadas por el Manual Esfera y la ACNUR para asentamientos temporales de emergencia. Mientras los estándares internacionales exigen un máximo de 20 personas por sanitario, agua potable constante almacenada en recipientes cerrados y condiciones de asepsia garantizadas para pacientes con necesidades médicas complejas.
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