Desde el gobierno están decididos a que las protestas no se desborden y el desconocimiento popular a los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral la madrugada del domingo que proclamaron a Nicolas Maduro como presidente para el período 2025-2031 no traspase la raya amarilla.
Con una combinación de represión letal, detenciones masivas e intimidaciones desproporcionadas desde el Gobierno han tratado de ponerle coto a la protestas espontáneas que surgieron en todo el país desde el lunes al mediodía y han incorporado nuevas fórmulas al repertorio ya probado en 2014, 2017 y 2019.
Disparen a matar
De las 19 muertes contabilizadas desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto por Monitor de Víctimas en el contexto de las protestas, todas fueron ocasionadas por armas de fuego. Estas armas fueron disparadas por colectivos en seis casos, tres por funcionarios de la Guardia Nacional, una por policías, un caso fue mixto – funcionarios y colectivos- y en los ocho restantes los victimarios no pudieron ser determinados.
La recopilación de datos arrojó que, en la gran mayoría de casos, los tiros se concentraron en el tren superior del cuerpo. Siete murieron por heridas en el cuello, tres recibieron tiros en la espalda, dos murieron por balas en el pecho, dos en el tórax, dos en la cabeza – uno en el ojo específicamente-, y otro caso en el abdomen.
Isaías Fuenmayor, el más joven de los muertos (15 años), iba de regreso a su casa, en el sector Valle Encantado, en San Francisco, Zulia, cuando se topó con una protesta cerca del Liceo Nacional Eduardo Mathías Lossada. En la protesta fue alcanzado por una bala que perforó su vena aorta y murió desangrado antes de llegar al hospital.
Otro joven de 19 años, Luis Eduardo Roberto, recibió una bala en el ojo disparada por presuntos colectivos en la localidad de Upata, estado Bolívar. El gobernador Ángel Marcano negó la versión de los familiares en una rueda de prensa y declaró que fue producto de ‘’una confrontación entre ellos mismos, en su tiradera de piedras. Le tiraron una piedra’’, a pesar de que la familia recibió tomografías que indicaron que la bala quedó alojada en el cráneo de Roberto.
Detenciones arbitrarias
Hasta el 2 de agosto de 2024, la ONG Foro Penal Venezolano contabilizó 835 detenciones en el contexto de las protestas generadas tras las elecciones presidenciales. De esa cantidad, al menos 79 son adolescentes. Distrito Capital, Anzoátegui y Carabobo son las entidades con más detenidos a la fecha.
Desde la PNB de Boleíta, el 1 de agosto, el abogado de la organización Johan Ángel denunció que las audiencias de los detenidos se hacen de forma “telemática”. Agregó que la mayoría de ellos son adolescentes y no se les permite acceder a una defensa privada.
En declaraciones ofrecidas a Efecto Cocuyo, abogados señalaron que los detenidos también son procesados en tribunales de terrorismo.
Por su parte, EFE recogió declaraciones del abogado Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, quien denunció que no se les ha permitido que reciban visitas y, “lo más grave”, es que “en muchos casos ya se han superado las 48 horas para la presentación ante un juez”, como lo ordena la ley.
A su vez, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que al menos 75 de los detenidos fueron trasladados a las cárceles de Yare I, II y III, “donde se enfrentarán a condiciones inhumanas como el hambre, hacinamiento, violencia intracarcelaria y falta de atención médica”.
En un video que se compartió durante una alocución del gobernante Nicolás Maduro se mostró a un grupo de los recluidos en la cárcel Yare III, donde son obligados a hacer el acostumbrado saludo de los oficialistas en respuesta a la frase “Chávez vive, la lucha sigue”.
En las redes sociales se han compartido múltiples videos sobre las detenciones, algunas incluso transmitidas en vivo, donde se ve a funcionarios de seguridad irrumpiendo en edificios y viviendas buscando a personas para llevarlas detenidas.
Contra la prensa
Durante y después del proceso electoral, periodistas fueron blanco de detenciones y hostigamientos por parte de órganos de seguridad del Estado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, fue aprehendida este viernes 2 de agosto por funcionarios de la policía regional cuando estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques en el estado Miranda.
Igualmente, el SNTP denunció la aprehensión del camarógrafo de VPI Tv, Paúl León en Valera, estado Trujillo el pasado 30 de julio y de Yousner Alvarado, reportero de Noticia Digital en Barinas un día antes. Alvarado se encuentra en el Destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fue presentado e imputado por delitos de terrorismo.
Los ataques contra la prensa en esta oportunidad vienen con la novedad de que tampoco se han librado los corresponsales extranjeros. Este viernes 2 de agosto los representantes de la Televisora Nacional de Chile Iván Núñez y el camarógrafo José Luis Tapia fueron detenidos y deportados.
El periodista español Juan Ramón Martínez Minuesa fue detenido cuando se dirigía a su hotel luego de cubrir las elecciones presidenciales. “Me secuestran y apenas me dicen que me van a llevar a España a las tres de la mañana, al final termino en Colombia sin papeles, sin móvil y bastante humillado por las autoridades”, declaró Minuesa a NTN24.
Operación tun tun
A diferencia de otros procesos electorales y manifestaciones antigubernamentales, cuerpos de seguridad del Estado han allanado residencias de líderes sociales, miembros y testigos de mesa de oposición el pasado 28J. El viernes 2 de agosto, agentes de seguridad allanaron la casa de Wilson Sierra en Bobare, estado Lara, de acuerdo a una denuncia hecha por el dirigente político, Alfredo Ramos.
Igualmente, la ONG Provea denunció la detención de la activista Rita Capriti en Turmero, estado Aragua, a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Un video aficionado dio a conocer la aprehensión del miembro de Primero Justicia, Edwar Ocariz, en la Zona II de la urbanización La Rinconada en Coche.
De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, 41 líderes políticos y sociales han sido detenidos de manera arbitraria durante el primer semestre de 2024.
La arremetida contra testigos y miembros de mesa también ha sido denunciada. En parroquias del suroeste capitalino y en Petare, vecinos aseguran que en la jornada del 30 de julio hubo visitas de uniformados y de presuntos colectivos a edificios y residencias para “ubicar” a testigos y miembros de mesa.
“Nosotros apagamos la luz y no abrimos la puerta”, relató una habitante desde El Barrio el Carpintero de Petare. Otra fuente confirmó desde Caricuao que miembros de mesa tuvieron que moverse de sus viviendas ante el alerta comunitario de que eran “blanco” de las autoridades.
Criminalización de la oposición
La ausencia de Estado de Derecho y la impunidad presentes en Venezuela desde hace varios años, como lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirvieron la mesa para la represión tras los polémicos resultados electorales y los políticos siguen en la mira de la persecución.
A las advertencias sobre supuestas órdenes de captura emitidas en contra la dirigente opositora María Corina Machado y el candidato unitario Edmundo González Urrutia se sumó la irrupción violenta este 2 de agosto en la madrugada en el comando nacional de campaña ubicado en Altamira, Caracas. Hombres encapuchados y armados sometieron bajo amenaza a los vigilantes. Rompieron puertas, se llevaron equipos y documentos y dejaron grafitis.
En esta misma jornada del 2 de agosto se conoció de la detención del excoordinador de Voluntad Popular y periodista Roland Carreño, quien fue excarcelado en octubre de 2023 después de tres años en prisión por cargos de terrorismo.
En la mañana del 30 de julio, en la urbanización El Cafetal, de Caracas, individuos armados en dos vehículos sin placa se llevaron al asesor electoral del Comando con Venezuela, Ricardo Estévez, de Vente Venezuela. Hasta el 31 de julio su familia no tenía respuestas de su paradero.
También el 30 de julio el dirigente político de Voluntad Popular Freddy Superlano fue detenido en un procedimiento similar al de Ricardo Estévez: hombres encapuchados se lo llevaron en un automóvil sin rótulos desde la urbanización caraqueña Sebucán. Su familia introdujo un habeas corpus el 1 de agosto ante el Palacio de Justicia para exigir una fe de vida, tras 48 horas de detención arbitraria y desaparición forzosa. Desde Voluntad Popular denunciaron que estaba siendo sometido a torturas para obligarlo a confesar un supuesto plan contra el gobierno. La detención de Superlano la adelantó a principios de julio el dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, quien en un programa televisado dijo que “por sus narices” había pasado una orden de detención de un opositor identificado con las iniciales FS.
En Turmero, estado Aragua, la vicepresidente de formación de Primero Justicia, Rita Capriti , fue detenida el 2 de agosto. “Le tocaron la puerta y se la llevaron”, escribió en su cuenta en X el dirigente Richard Mardo. Primero Justicia advirtió que se viola su derecho como mujer a participar libremente de la vida política.
En Barinas, Fundehullan denunció la detención de Eddy Matute, coordinador del partido Lápiz, por presuntos funcionarios sin identificación que ingresaron a su residencia vestidos de civil y sin una orden judicial.
Desapariciones forzadas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el pasado 31 de julio que manejaba información sobre al menos 11 desapariciones forzadas, una cifra que va en concordancia con la denunciada por María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, el mismo día.
Previamente, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que 25 estudiantes de la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES), sede Catia, estaban desaparecidos tras denunciar que el día de las elecciones presidenciales, 28 de julio, los obligaron a emitir un voto asistido a favor de Nicolás Maduro.
Para el miércoles 31 de julio, la ONG confirmó que cuatro de los 25 estudiantes estaban detenidos en la Dirección de Investigación Penal de la PNB en Maripérez, en Caracas.
Ese mismo día, Provea publicó un comunicado en el que denunció que han surgido amenazas del Ministerio Público de Venezuela contra el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, quienes han denunciado los asesinatos, detenciones, desapariciones y violaciones a los derechos de los ciudadanos “bajo la política de la represión”.
Patrón de delación
Organizaciones no gubernamentales han advertido que en estas protestas espontáneas se ha promovido desde el Estado la institucionalización de la delación. Prueba de ello son las declaraciones del gobernante Nicolás Maduro el pasado 30 de julio, en las que pidió “dar información detallada” sobre los “fascistas”, como calificó a las personas que participaban en manifestaciones.
VenApp, una plataforma supuestamente independiente en la que se canalizaba atención a reportes de servicios públicos y de salud agregó una función denominada “guarimba fascistas”. En esa opción, los usuarios podían añadir nombre, apellido y geolocalización de personas que, según su criterio, estaban “alterando el orden público, dañando algún patrimonio, cerrando vías públicas, desinformando o atacando personas”.
De esa forma, el gobierno le encomendó a sus simpatizantes la tarea de “vigilar” y aunque en X los usuarios comenzaron a denunciar la aplicación y fue eliminada de la App Store y Play Store la militancia del PSUV comenzó a hacer pública otras vías para denunciar a personas que publiquen contenido en contra de la administración de Nicolás Maduro o que asisten a las manifestaciones.
Esas vías son grupos de Telegram y otra aplicación, que según Cazadores de Fake News se comenzó a mencionar en la campaña presidencial 2024, llamada CC200. Ambas opciones tienen el mismo fin: denunciar y brindar información sobre personas que mantengan una línea de pensamiento contrario al chavismo.
Defensores de derechos humanos han alertado sobre la instrumentalización de la delación y lo peligroso que resulta que las tareas de inteligencia queden en manos de los ciudadanos y la información se emplee para perseguir y amedrentar a cualquier persona que haga la labor de informar y opinar.
Te estamos observando
Desde el inicio de las protestas el 29 de julio, usuarios en redes sociales han reportado un incremento notable en la presencia de patrullas, funcionarios y alcabalas en todo el país.
Este fenómeno se evidenció en una reciente publicación de la cuenta oficial de Instagram de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se muestra un video en el que funcionarios detienen a personas, en lo que han denominado la operación ‘Tun Tun’.
Este patrón represivo fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, en una publicación en su cuenta de X. La organización denunció el secuestro de Deysi Peña, fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal, estado Miranda. Reseñaron que Peña estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques y “la abordaron y la subieron a la patrulla de la policía regional”.
Más adelante, señalaron que estaba recluida en el módulo de Policía Nacional Bolivariana de la Cortada del Guayabo y que fue detenida por publicar fotografías de la marcha del 30 de julio en Carrizal.
En X, los usuarios también comenzaron a denunciar el aumento excesivo de alcabalas a lo largo del país. En Barquisimeto, una usuaria aseguró que le estaban revisando el teléfono a las personas dentro de los carros. Reportes compartido previamente a la prensa indicaban que los funcionarios revisaban los teléfonos de las personas que andaban en la calle el día 31 de julio.
El guapo soy yo
El mandatario Nicolás Maduro ha dado un paso al frente, ha querido demostrar su control del aparato represivo y no ha querido dejar en manos de subalternos, ni siquiera del ministro del Interior o el ministro de la Defensa, la vocería de la represión y el amedrentamiento.
El miércoles 31 de julio Maduro se tomó un selfie con la Guardia Nacional Bolivariana donde le dio su espaldarazo a la acción represiva. “Recorriendo las calles de #Caracas me encontré con nuestra digna #GNB combatiendo el #fascismo y el terrorismo. ¡Máxima Moral! ¡Garantizaremos la Paz Nacional”, publicó Maduro en su cuenta X.
Pero además le puso su cara a la estrategia disuasiva implementada por el gobierno para poner fin a la ola de protestas sucedida después del anuncio del CNE. “No habrá perdón, ni contemplaciones”, dijo un muy exaltado Maduro frente a una multitud en Miraflores y agregó que “todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo. Van 1200 capturados y vamos por 1000 más”.
