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Dinorah Figuera detalla el giro que dará la negociación política en septiembre

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Las declaraciones ofrecidas por la presidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, en una entrevista emitida por VPI donde fijan la ruta para las siguientes fases del proceso de diálogo con representantes del gobierno interino, donde se abordarán temas esenciales a nivel institucional y democrática del país.

A partir del mes de septiembre, la mesa de negociación se centrará en las garantías políticas y civiles del país. Figuera enfatizó la relevancia de este punto dentro de las conversaciones, argumentando que se trata del ejercicio directo de los derechos de la ciudadanía y de las acciones que la dirigencia debe sostener ante la sociedad.

El debate

“Ya vamos a estar el próximo mes de septiembre con las garantías políticas y civiles. Es un temazo, es un temazo muy importante que tiene que ver precisamente con el ejercicio de los derechos políticos y civiles y allí, por supuesto, nosotros tenemos en este caso mucho que discutir”, afirmó la dirigente. 

La vocera explicó que el abordaje de estos derechos implica hacer un resumen general de la estructura judicial venezolana y señaló que este eje se unirá directamente con la revisión de las instancias del sistema de justicia, incluyendo de forma prioritaria la situación del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Implicar este tema de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar, por supuesto, nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene también que ver con los derechos civiles y políticos”, puntualizó. 

Inhabilitaciones y revisiones

Dentro de la agenda fijada para septiembre, la delegación planteará la suspensión de las inhabilitaciones políticas y la derogación de instrumentos legales que limitan las acciones de los partidos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. Figuera remarcó la importancia de restituir las condiciones para la participación en los procesos electorales.

“Planteo a ustedes que sin partido no hay democracia. Entonces, nosotros estamos comprometidos a esa propuesta y sobre todo también acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político. Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, aseveró. 

En relación con el panorama normativo, indicó que se persigue la anulación de leyes específicas que restringen el “ejercicio democrático” en el país. “Un tema de justicia que estamos persiguiendo es derogar las leyes. Las leyes contra el odio, la ley contra las organizaciones no gubernamentales, la ley también del tema de los activos, otras leyes de carácter coercitiva que nos han limitado en el ejercicio democrático”, declaró Figuera.

Figuera destacó que se iniciaron pasos formales, los cuales incluyeron la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la modificación de leyes complementarias del sistema de justicia, la renovación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para la designación de magistrados y la creación de un consejo de revisión de credenciales de los postulados. 

Acompañamiento internacional

Con respecto al papel de la comunidad internacional en las conversaciones, Figuera valoró el rol que ha desempeñado la administración estadounidense en el proceso y aclaró el alcance de la participación en las mesas de trabajo del país.

“Sabemos que estamos bajo un acompañamiento de Estados Unidos en los procesos de diálogo, por lo cual hemos estado agradecidos y han sido muy respetuosos. Teníamos dudas porque para Estados Unidos no iban a estar dentro de las discusiones y que iban a servir en este caso más bien de acompañante donde le informábamos pero que no iban a ser interventores de un proceso dentro de lo que fue el proceso de diálogo”, explicó Figuera.

El proceso de negociación sigue manteniéndose sobre una agenda de cuatro puntos principales orientados a la reinstitucionalización del país: la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles, y la libertad de expresión. Todas estas conversaciones iniciadas en agosto de 2026 hablan del posible desarrollo del trabajo técnico y político continuo que lleven a una conclusión donde se contemple el resultado para el mes de diciembre. 

Colegio de Ingenieros recomienda no modificar estructuras sin estudios previos

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El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) recomendó no modificar, reparar o reforzar —sin estudios previos— las estructuras de los edificios tras los terremotos del pasado 24 de junio.

El CIV, en la vocería del ingeniero especialista en patología y recuperación de la construcción, Alfredo Urich, advirtió que estos cambios pueden desmejorar el comportamiento de las edificaciones ante futuros sismos.

Urich dijo estar preocupado por las reparaciones o los reforzamientos en edificios de la capital venezolana tras los sismos, al indicar que algunas consisten en engrosar “el triple” una columna con corazas de acero o vigas adicionales que, aseguró, modifican la construcción.

“Las reparaciones deben restituir la condición del miembro estructural afectado, no deben modificarlo cuando son cosas puntuales y un daño de alguna manera esperado, controlado”, dijo Urich.

Inspecciones en Caracas

El ingeniero precisó que con la ayuda de especialistas voluntarios, han realizado 11.185 inspecciones en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales un 75 % han recibido la etiqueta verde (habitable), un 13 % etiqueta amarilla (con restricciones) y 10 % roja (peligro).

Urich indicó que la mayoría de los daños encontrados en estas evaluaciones no son estructurales, sino en las paredes, por ejemplo.

Además, sostuvo que en los edificios más modernos el daño estructural es mínimo, lo que relacionó a las normativas vigentes sobre terremotos, a diferencia de aquellas construcciones de los años 50 o 60, en las que el conocimiento sobre ingeniería sismorresistente era “muy básico”.

Piden actualizar las nomas

El pasado 10 de agosto, el CIV pidió actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país, tras el doble terremoto que dejó 6.500 fallecidos y más de 800 edificaciones afectadas.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de junio pasado y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

*Con información de EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Caso de Roland González: Estado ignora su urgencia médica

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Roland González, detenido por el caso Pdvsa-Cripto, hace una semana se descompensó durante una audiencia de presentación que tuvo que ser suspendida.

De acuerdo con El Pitazo, González —de profesión abogado— fue devuelto a El Rodeo I y no se ha dado la orden para que sea trasladado a un centro médico y reciba la atención médica requerida.

El caso Pdvsa-Cripto es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela, caracterizado por el desvío masivo de fondos provenientes de las ventas de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La purga interna iniciada en marzo de 2023 sumó un total de 64 procesados, divididos entre funcionarios públicos y operadores financieros privados. Entre los político de mayor rango involucrados en la trama están: Tareck El Aissami, Joselit Ramírez, Simón Zerpa, y el exdiputado Hugbel Roa.

De acuerdo con El Pitazo, la jueza Alejandra Romero, titular del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia con competencia en asuntos asociados al Terrorismo, aseguró que emitió un oficio el viernes 14 de agosto tanto al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) como al servicio médico de El Rodeo I, para que le informen el estado de salud del detenido, pero no ha recibido respuesta.

Aunque el abogado hizo la advertencia y la petición, Romero dio comienzo a la audiencia, que se realiza vía telemática para la mayoría de los detenidos; sin embargo, a los pocos minutos de empezar, Roland González sufrió una crisis hipertensiva, lo que generó la suspensión de la audiencia.

El pasado 12 de agosto, familiares de González denunciaron su desaparición cuando recibieron la notificación que habría sufrido un infarto.

Cuatro días después, Heide Hernández, su hermano, confirmó que Roland había sufrido un infarto y que se encontraba hospitalizado en el Centro de Atención Médica Integral del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El 18 de agosto Hernández explicó desde las afueras de la sede de la Defensoría del Pueblo que él y los abogados de su hermano acudieron al organismo para exigir que permitan que González se haga un cateterismo con urgencia.

Agregó que allí los recibieron y les dijeron que harían todo lo posible para que su hermano pueda ser llevado a un centro clínico privado y ser intervenido. Sin embargo; hasta el momento, no ha ocurrido.

¿Quién es Roland González?

El pasado 19 de abril de 2024, Roland González fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Es oriundo de La Paragua, estado Bolívar, y de profesión contador público. En el pasado, se desempeñó como director de Hacienda de la Alcaldía de Piar, en el estado Bolívar, durante la gestión del dirigente político Américo De Grazia.

El Ministerio Público lo imputó formalmente como parte de la red de operadores financieros o colaboradores comerciales involucrados en el caso Pdvsa-Cripto.

Familiares y allegados políticos (como el exalcalde Américo De Grazia) sostienen que Roland González es inocente y que no formaba parte de las mafias de Sunacrip o Pdvsa.

*Con información de El Pitazo

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Cuerpos bajo los escombros: la búsqueda que llegó tarde

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Las huellas de buscar a siete familiares bajo los escombros todavía se pueden ver en las manos de Yojan Hernández. Están hinchadas, casi no puede empuñarlas; tienen rasguños, cortadas y costras que aún no han terminado de sanar. Sus pies muestran el mismo desgaste: inflamados, agrietados y llenos de un hongo que le apareció por pasar días y noches enteros —con los mismos zapatos— sumergido en la montaña de ruinas que dejó el desplome de la edificación OPP 25, en Caraballeda, estado La Guaira.

Yojan y varios de sus familiares pasaron más de un mes removiendo escombros, cavando túneles, apartando tierra, rompiendo amasijos de hierro y cabillas con herramientas rudimentarias. Usaban palas, picos, martillos, seguetas y barras; trabajaron con las manos, con lo que tenían, con la fuerza de varios hombres juntos y, al mismo tiempo, solos: sin maquinarias ni equipos especializados y sin la asistencia técnica que se necesita en esos casos. 

En las largas jornadas improvisadas, Yojan y sus familiares alumbraban con sus teléfonos para intentar ver entre las grietas lo que había entre los espacios de aire que dejó el derrumbe de la estructura. El primer rescate lo hicieron así, por una abertura mínima, y con la linterna del celular de Yojan. 

“Era un niño, lo sacamos como a un cachorro, después vinieron los otros rescates, pocos con vida, otros sin signos vitales, pero fuimos nosotros mismos, 24/7 ahí metidos. Siete fallecidos, y uno no lo conseguimos que es mi sobrino de ocho años”.

Esa sensación de abandono no fue solo de Yojan. Daniela Pereira, quien perdió a su hermano, su sobrino y su cuñada en la OPP 33, afirmó que la maquinaria pesada llegó cuarenta días después del doble terremoto, cuando la comunidad ya había removido buena parte de los escombros por su cuenta y ya habían hecho los rescates de las personas que lograron salir con vida. “Nosotros empezamos solos, la maquinaria llegó cuando sabía que ya solo quedaban cuerpos por rescatar. Aún falta que rescaten el cuerpo de mi cuñada, a mi hermano y mi sobrino lo rescataron el día 47”, dijo Pereira. 

El proceso para recuperar los cuerpos que aún permanecen bajo los escombros cambió por completo entre los primeros días de la tragedia y el día 50. La búsqueda pasó de ser comunitaria e improvisada a un operativo técnico, con procedimientos y protocolos establecidos, delimitación de las áreas, con presencia policial y personal especializado.

“Proceso minucioso”

Ronndany Terán, uno de los miembros de Protección Civil (PC) Trujillo que vino a La Guaira para apoyar en las labores de rescate, explicó que una vez que ingresan los equipos especializados a la estructura colapsada, el procedimiento se ajusta a los protocolos establecidos para estos casos.

De acuerdo con Terán, el proceso de extracción cuando se detecta un cuerpo es “minucioso”. La maquinaria va haciendo una limpieza cuidadosa y con mucha delicadeza, junto a un personal que está observando todos los detalles. Al detectar un cuerpo, la maquinaria se detiene para hacer un trabajo de arqueología, que es descubrir el cuerpo con mucho cuidado para tratar de preservarlo en su totalidad.

Luego de que descubren un cuerpo, los familiares son llamados para que hagan la identificación. En la mayoría de los casos, según comentó Terán, los parientes logran identificarlos por las prendas o joyas que llevaban puestas, tatuajes, la ropa y pertenencias con las que fueron hallados. 

Según el funcionario de Protección Civil Trujillo, al momento de la extracción, las personas deben colocarse un traje de bioseguridad para reconocer el cadáver. Una vez identificado el cuerpo, es trasladado a la morgue en bolsas especiales para continuar con el proceso legal correspondiente.

Terán comentó que, a 50 días de los terremotos, el estado de los cuerpos hallados es distinto al que muchos imaginan. Según explicó, los cadáveres que han encontrado en los pisos inferiores “están en mejores condiciones que los que encontraron días antes”. 

“La zona donde están los cadáveres —pisos bajos— no les pega el sol y tienen poco oxígeno, están como en una cápsula, aparte tienen tierra que los cubre lo que ralentiza el proceso de descomposición”, explicó.

Angels Andrade, habitante de la zona y empleada del Ministerio de Obras Públicas, confirmó que el operativo técnico para la recuperación de cadáveres —aunque llegó retrasado— es un trabajo que, si bien no ha sido rápido, tampoco puede considerarse lento porque “cada movimiento se está haciendo con mucho cuidado para entregar los cuerpos lo más completos posible”. 

Aseguró que en el lugar trabajan la Guardia Nacional Bolivariana, los bomberos de La Guaira, Protección Civil y los voluntarios de la comunidad. Según sus estimaciones, aún quedan alrededor de 30 cuerpos por rescatar en la OPP 25, un trabajo que podría extenderse por al menos 15 días más por las condiciones climáticas y del terreno.

Gestión digna de cadáveres

Lo que describe el funcionario de Protección Civil coincide con las recomendaciones internacionales establecidas por Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en el manejo adecuado y digno de los cadáveres luego de catástrofes naturales. 

Considerado como un pilar fundamental de la respuesta humanitaria, los lineamientos establecidos sugieren que la recuperación de los cuerpos debe ser cuidadosa, contar con documentación e identificación precisa que les permita a sus familiares saber qué pasó con sus seres queridos. 

Los estándares señalan que la pronta recuperación de los cadáveres es prioritaria para mitigar la carga psicológica de los sobrevivientes y sus familiares. Sin embargo, familias como las de Yojan y Daniela pasaron más de seis semanas esperando por los organismos competentes para recuperar los cuerpos de sus allegados. Muchos hoy siguen desaparecidos. 

El exdirector de Protección Civil, Antonio Rivero explicó que la tardanza y las consecuencias de la recuperación tardía de los cuerpos de las víctimas tras los terremotos se puede analizar desde el punto de vista operativo y humanitario. 

Para Rivero es “sumamente doloroso, trágico y vergonzoso” la tardanza del gobierno a la hora de recuperar los cuerpos de los fallecidos. Además de que hasta el momento no ha informado la cifra exacta de desaparecidos, lo que a su juicio constituye una “grave falla gubernamental”. 

El exdirector de Protección Civil recalcó que el Estado tiene una altísima responsabilidad en el deber de rescatar y buscar personas que son señaladas como desaparecidas. Agregó que cuando se producen tantos fallecimientos por ese tipo de catástrofes naturales es “obligatorio” la recuperación de todos los cuerpos después de un fallecimiento de esa naturaleza. 

Las cifras oficiales y las estimaciones internacionales sobre las personas desaparecidas no coinciden. El 25 de junio, el gobierno informó que 157 personas no habían sido encontradas. Mes y medio después,  el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, elevó el número a 1579 desaparecidos. Por su parte, las Naciones Unidas estimó que el número de personas desaparecidas por los terremotos podría rondar los 50 000.

La ausencia de este dato ha sido denunciado por familiares que continúan buscando a sus allegados y por organizaciones de derechos humanos que advierten que sin una cifra oficial es imposible dimensionar el impacto real de la emergencia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

PADF y Rawayana lanzan campaña para apoyar víctimas de terremotos en Venezuela

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La Fundación El After y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), junto a la banda venezolana Rawayana y Brocoli Records, anunciaron hoy el lanzamiento de la campaña “De esta nos levantamos”. El programa global de recaudación apoyará la recuperación a largo plazo de las poblaciones afectadas por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela.

La movilización de recursos aprovechará la convocatoria internacional del tour ¿Dónde es el After? de Rawayana. La estrategia invita a los seguidores alrededor del mundo a transformar la asistencia a los conciertos en apoyo tangible para niños, familias y comunidades enfocadas en la reconstrucción de sus vidas.

Los fondos recaudados respaldarán iniciativas propuestas por miembros de Rawayana, Brocoli Records y Fundación El After, con el acompañamiento técnico de PADF. Estas iniciativas podrán incluir la creación de espacios seguros para niños, apoyo psicosocial, actividades culturales y deportivas, así como muchas otras acciones impulsadas por las propias comunidades para promover su recuperación y bienestar. PADF administrará y custodiará los recursos de la campaña, garantizando la máxima transparencia, rendición de cuentas y una gestión responsable de los fondos.

Un proceso largo

“La recuperación es un proceso de largo aliento que requiere esperanza y alianzas en las que se puede confiar”, afirmó Katie Taylor, Directora Ejecutiva de PADF. “Nos honra unir esfuerzos con Rawayana, Fundación El After y Brocoli Records para canalizar la extraordinaria solidaridad de personas de todo el mundo hacia iniciativas de recuperación impulsadas por venezolanos, para venezolanos. Juntos podemos ayudar a las familias a reconstruir lo que perdieron y a crear nuevas oportunidades para avanzar con dignidad.”

Fundación El After fue creada por Rawayana como una plataforma para transformar la solidaridad en un impacto social duradero. A través de esta campaña, la organización busca conectar a la comunidad global de la banda con organizaciones locales de confianza que trabajan por la recuperación de Venezuela.

“Para nosotros, la música siempre ha sido una forma de unir a las personas”, expresó Beto Montenegro, vocalista de Rawayana. “Esta gira se ha convertido en una oportunidad para reunir a miles de personas cada noche. Queremos que esa energía se transforme en esperanza para Venezuela. Si cada persona que ha cantado nuestras canciones puede ser parte de la reconstrucción de una comunidad, este movimiento se convierte en algo mucho más grande que un concierto.”

Oportunidades para reconstruir el futuro

“Fundación El After nació de la convicción de que la solidaridad no debe terminar cuando desaparecen los titulares”, señaló Andrés “Fofo” Story, miembro fundador de Rawayana y de Fundación El After. “Junto a Rawayana, Brocoli Records y PADF estamos creando una forma para que personas de todo el mundo puedan acompañar a Venezuela y transformar su solidaridad en oportunidades duraderas para los niños, las familias y las comunidades que hoy necesitan reconstruir su futuro.”

PADF aporta más de 60 años de experiencia en asistencia humanitaria y desarrollo en América Latina y el Caribe, trabajando junto a organizaciones locales para responder a emergencias y fortalecer la resiliencia de las comunidades. A través de esta alianza, PADF brindará supervisión fiduciaria y asesoría técnica para garantizar que cada aporte genere el mayor impacto posible.

Las personas interesadas pueden contribuir directamente a través del sitio web de la campaña y seguir sus avances en el sitio web y la cuenta de Instagram de Fundación El After.

Al menos 603 niños, niñas y adolescentes murieron en los terremotos del 24J

Una investigación periodística está reuniendo y verificando un registro amplio de niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La otra réplica: vacíos y certezas sobre la infancia y adolescencia después del terremoto en Venezuela, un trabajo de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas, consolidó, hasta este 19 de agosto, 2.318 registros únicos, de los cuales 603 fueron verificados como menores de edad fallecidos. Equivalen al 9,4 % de los 6.438 fallecidos que aparecen en el último reporte oficial: 603 niños y adolescentes, vidas con nombre y apellido, ocultas en esa cifra que no distingue edades ni mucho menos identifica a quienes están detrás de cada número.

La cifra de fallecidos no incluye a otro grupo de niños y adolescentes con una categoría no analizada en esta investigación: aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados y llevados a la morgue de Los Silos, pero no fueron reclamados por familiar alguno. “Son 40 cuerpos que fueron inhumados este miércoles 19 de agosto”, aseguró una empleada de esta morgue improvisada. Los cadáveres permanecían en la única cámara frigorífica operativa en el lugar. “Los jefes ordenaron que la cava fuera solo para los niños, para que se conservaran y los familiares los pudieran identificar”, continuó. Las urnas de los niños fueron llevadas en carrozas, decoradas con globos, al cementerio La Esperanza, en La Guaira. En el procedimiento participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y empleados de una funeraria de Caracas. Sus historias quedarán sin conocerse. A falta de identificación, de cada uno quedó apenas un código.

Los datos del especial periodístico, dispersos entre plataformas ciudadanas, registros oficiales, testimonios familiares y reportes periodísticos, permiten aproximarse a una dimensión de la tragedia que las cifras oficiales no reflejan. Y no es un registro cerrado: el trabajo permanece abierto a nuevas verificaciones, correcciones y hallazgos. Asimismo, el especial interactivo ofrece una herramienta de búsqueda que sirve de fuente documental a familias, periodistas e investigadores que necesiten identificar a niños, niñas y adolescentes fallecidos en los terremotos. En una siguiente etapa se incorporarán niños localizados y los que continúan desaparecidos.

La investigación comenzó con 5.866 registros. Una revisión manual, nombre por nombre, permitió descartar 3.548 duplicados y adultos que habían sido incorporados de manera incorrecta en las plataformas consultadas. El resultado fue una base de datos consolidada de 2.318 menores de edad afectados, cuyos registros están en proceso de verificación.

Hasta el 19 de agosto se verificaron 801 registros, lo que permitió confirmar que 603 corresponden a menores fallecidos. Cada uno de estos 603 casos se contrastó con al menos dos tipos de fuentes independientes. Además, hay 21 casos en los que las familias tienen casi la certeza de que sus seres queridos permanecen entre los cuerpos aún no recuperados. Si estos casos se incorporaran al total, la cifra llegaría a 624 menores fallecidos, 1 de cada 4 de los registros de la muestra consolidada.

Para llegar a estos datos, los equipos de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas cruzaron información de 11 plataformas ciudadanas de búsqueda, dos plataformas oficiales de personas atendidas en hospitales, reportería de campo, entrevistas telefónicas a decenas de familiares y procesos de verificación digital en fuentes consideradas confiables.

Entre los fallecidos cuya edad pudo confirmarse, los casos se concentran especialmente entre los 9 y los 19 años. La víctima más pequeña identificada tenía apenas 7 días de nacida. 

La dimensión familiar de la tragedia también sale a la luz: 266 de los 603 menores fallecidos no murieron solos, sino junto a un hermano, un primo u otros integrantes de su familia. La investigación identificó 120 grupos familiares afectados. Entre los casos documentados está el de Marianita Hernández, quien perdió a 7 de sus 13 nietos y a 2 de sus 7 hijos.

Los testimonios recopilados revelan además las dificultades que han enfrentado las familias. De los 125 familiares que hablaron expresamente sobre la respuesta estatal, 120 describieron la ayuda como nula, tardía o negligente. En numerosos casos, fueron los propios vecinos quienes participaron en la recuperación de los cuerpos entre los escombros. 

Una búsqueda permanente

Ante la imposibilidad de publicar una lista completa de menores fallecidos por razones de protección de identidad, “La otra réplica” incorpora un buscador que permite consultar los registros por nombre o apellido. La herramienta convierte la investigación en un punto de referencia para quienes quieran comprobar si su familiar menor de edad está en la base de datos. Y ofrece un correo electrónico (laotrareplica@gmail.com) para quienes deseen contribuir con este esfuerzo de documentación, aportando información sobre niños y adolescentes afectados por los terremotos en Venezuela.

El valor de los datos está precisamente en ese proceso de comprobación. En una tragedia marcada por información fragmentada y el vacío oficial, el especial establece una ruta de búsqueda basada en el cruce de fuentes y en la verificación caso por caso.

“La otra réplica” forma parte del proyecto Los niños del terremoto y puede consultarse en https://www.lavidadenos.com/la-otra-replica.

«Antes de ser una cifra, eran niños con una vida», resume el especial. Ahora, sus nombres, historias y datos forman parte de un registro que busca preservar esa memoria y servir como guía para seguir encontrando las respuestas que todavía faltan.

Para más información, puede escribirse a Albor Rodríguez (La Vida de Nos) y Ronna Rísquez (Monitor de Víctimas): alborrodriguez.lvn@gmail.com y ronnarisquez@gmail.com 

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

ONG piden priorizar designaciones de nuevas directivas del TSJ y el CNE en el diálogo

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Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron este miércoles, 19 de agosto, que el nuevo diálogo en Venezuela entre el gobierno y la Asamblea Nacional 2015, facilitado por Estados Unidos, “se traduzca en hechos concretos y verificables”.

Mediante un comunicado, difundido por la ONG Provea en sus redes sociales, las organizaciones llaman a priorizar la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No hay razones técnicas ni legales que justifiquen postergar la renovación del CNE hasta diciembre, cuando la legislación vigente permite hacerlo en un plazo cercano a dos meses”, agregó el comunicado, donde indicaron además que octubre es una fecha posible “si hay voluntad política”.

En el texto, las organizaciones defensoras de DDHH también alertaron que posponer la agenda electoral “profundiza la desconfianza ciudadana tras años de promesas incumplidas”, por lo que reiteraron su llamado a establecer “condiciones reales para participar, organizarse, informarse y protestar sin represión”.

Para las ONG, este nuevo proceso de diálogo tiene una oportunidad histórica de “convertir los acuerdos en una ruta concreta hacia elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales libres, competitivas y verificables”.

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Excarcelan a tres militares que estaban en Ramo Verde

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Los militares Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica de Montesinos fueron excarcelados este miércoles 19 de agosto, de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).

Los uniformados fueron acusados en 2024 de traición a la patria y vinculados a la causa denominada “Brazalete Blanco” un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, quien actualmente espera por un juicio por supuesto narcotráfico, terrorismo y manejo de armas de guerra en Nueva York, Estados Unidos.

El trío de militares se encontraban recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda norte, señaló la ONG en la red social X.

Los tres fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros 30 militares vinculados también a supuestas acciones criminales contra el gobierno de Maduro.

“Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, escribió la organización no gubernamental.

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