Inicio Blog Página 774

Las fotos de Edmundo González con los Rodríguez dejan más dudas que certezas

0

A solo 11 días del exilio de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, se avivó la polémica de su salida del país con denuncias de coacción para firmar documentos luego de las afirmaciones de Jorge Rodríguez y las imágenes que mostró del abanderado opositor.

Este jueves, 18 de septiembre, González Urrutia publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba haber firmado un documento en donde avalaba la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “bajo coacción”. 

Según González Urrutia, estando en la residencia del embajador de España, Jorge y Delcy Rodríguez, “se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir” su salida del país. “En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”, reveló González Urrutia.

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Edmundo González (@egonzalezurrutia)

Una carta, las fotos y lo que sabemos

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, mostró en una alocución televisada desde el Palacio Federal Legislativo este 18 de septiembre imágenes del momento en que el opositor revisaba el documento desde la residencia del embajador de España y lo desafió a desmentir que la haya firmado bajo coacción.

“Si en las próximas 24 horas usted no desmiente eso (que haya sido coaccionado), mostraré esas pruebas (…) En el mejor de los casos, usted es un cobarde”, señaló Rodríguez, quien afirmó tener en su poder grabaciones que mostrará si no se retracta de lo que dijo en su video.

Sobre las fotos hay varios factores a analizar. Lo primero es saber quiénes son los protagonistas. Según se puede apreciar en una de las fotos, en el lugar se encuentra Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, vicepresidenta del oficialismo. También se ve a Edmundo González Urrutia y una persona que está de espaldas, que sería el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos. 

Rodríguez también afirmó que representantes de la administración de Nicolás Maduro fueron -supuestamente- “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones.

Foto mostrada por Jorge Rodríguez del momento en que Edmundo González firma una carta que avala la sentencia de la Sala Electoral del TSJ sobre los resultados de las elecciones presidenciales

Horas después que Edmundo González y Jorge Rodríguez hicieran sus declaraciones, el abogado del opositor, José Vicente Haro, afirmó que este documento “acarrea nulidad absoluta”, dado que, según el jurista, se firmó bajo “unas condiciones de coacción”.

“Me refiere don Edmundo González Urrutia que ese es un documento que se le presentó bajo coacción, presión, apremio, en una situación de chantaje donde él no era libre de expresar una manifestación de voluntad, donde tuviera lugar a ejercer su libre albedrío (…) El documento tiene un vicio en el consentimiento, y acarrea su nulidad absoluta”, explicó el abogado.

Haro también indicó que Edmundo González Urrutia manifestó no haber consentido que se le tomaran fotos o se grabaran videos de la situación.

Por otra parte, el jurista señaló que su representado dijo que los términos y condiciones que se le impusieron eran dos, uno de ellos “conducía a la privación de libertad” debido a la orden de aprehensión.

Interrogantes que nos dejan las fotos y la carta

Jorge Rodríguez se limitó a mostrar las fotos en su alocución sin dar mayores detalles. La principal duda es por qué esta carta está redactada directamente para ser firmada, es decir, pareciera estar redactada en primera persona. ¿Realmente fue Edmundo González quien la redactó o se la presentaron así, lista para firmar, los hermanos Rodríguez?

Al saber que Edmundo González no dio su consentimiento para ser fotografiado y grabado, como dijo su abogado, hay que preguntarse: ¿Las fotos y las grabaciones que dice tener Rodríguez fueron tomadas a escondidas y con qué propósito? ¿Quién fue la persona que las tomó?

Otra cosa que hasta el momento se desconoce es si el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, sabía los detalles de la conversación entre los Rodríguez y González Urrutia donde se produjo la supuesta coacción, conocía de estas fotos, de las supuestas grabaciones y si estuvo de acuerdo con que se tomaran.

Hasta ahora tampoco está claro si la líder opositora María Corina Machado, que lideró la campaña de González Urrutia, tiene conocimiento de la firma de este documento.

Asimismo, si Edmundo González denunció que este documento fue firmado “bajo coacción”, cabe hacer la pregunta de si la Embajada de España permitió tal acción y aún más, conocer a quién beneficia este documento y por qué no se habló de él anteriormente.

Sobre la carta firmada, según parte del texto que se pudo apreciar en la alocución de Rodríguez, hay un fragmento que explícitamente señala que se trata de un documento que se trataría con confidencialidad. Por eso habría que preguntarse: ¿Por qué Jorge Rodríguez la mostró si es un documento confidencial? 

Quedan más dudas que certezas sobre las fotos y la carta que firmó González Urrutia. Solo resta a esperar alguna declaración que esclarezca los hechos o, por el contrario, se siga oscureciendo.

El Mañanero del 19 de septiembre: Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país y más noticias

0

En El Mañanero del 19 de septiembre de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela:Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país, Un ex soldado murió degollado en Caucagüita y Senado español pide al Gobierno reconocer a González Urrutia como presidente electo. 

Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país

Senado español pide al Gobierno reconocer a González Urrutia como presidente electo

Un ex soldado murió degollado en Caucagüita

CIDH ha dictado 97 medidas cautelares para venezolanos desde 2015: ninguna ha sido cumplida

Se le acaba el oxígeno a la política en Venezuela

La Conversa de ARI | Joel García: “En Venezuela todos estamos en libertad condicional”

Bolívar es la entidad con más homicidios en lo que va de 2024

“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”, Joel García, defensor de presos políticos en Venezuela. 

CIDH ha dictado 97 medidas cautelares para venezolanos desde 2015: ninguna ha sido cumplida

0

El pasado 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar en favor de Nélida Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de formación de la organización Súmate. 

La decisión se fundamenta en la “situación de gravedad y urgencia” que enfrenta, tras su detención el 26 de agosto y su experiencia de desaparición forzada. La CIDH advirtió que su situación de salud agrava el riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.

Desde 2015, la CIDH ha aprobado 97 medidas cautelares para proteger a individuos y colectivos, pero, lamentablemente, ninguna ha sido cumplida de manera formal por el Estado venezolano, según expertos en la materia. 

En 2019, se registró un notable aumento en la emisión de estas medidas, con 23 otorgadas, la cifra más alta en ocho años. Hasta septiembre de 2024, la CIDH ha emitido 11 medidas para políticos, abogados y activistas de derechos humanos considerados en riesgo, muchas de ellas tras las elecciones presidenciales de julio y la represión asociada a las manifestaciones posteriores.

El abogado Simón Gómez Guaimara, experto en derecho internacional, señala que el Estado venezolano ignora las resoluciones de la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de esta negación, las medidas cautelares actúan como un mecanismo de presión que reconoce, de manera preliminar, la existencia de violaciones a los derechos humanos.

Caso de William Dávila 

Un caso notable es el del exdiputado Williams Dávila, beneficiario de una medida cautelar desde 2017 debido a la persecución política que enfrenta. Su situación se complicó tras su arresto y posterior desaparición forzada en agosto de este año, lo que llevó a una actualización de su caso ante la CIDH.

Gómez aclara que, en la práctica, el Estado no reconoce su obligación de cumplir con las medidas cautelares, lo que se traduce en una falta de formalidad en el cumplimiento de los dictámenes de la CIDH. 

Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Carta de la OEA, buscando así desvincularse del sistema interamericano. Sin embargo, la OEA estipula que para que esta salida sea efectiva, el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, algo que Venezuela no ha logrado hasta ahora.

Función de las medidas cautelares 

Las medidas cautelares son esenciales para la protección de los derechos de las personas en situaciones de grave peligro. Según Gómez, su función es prevenir que una situación crítica se convierta en una violación irreversible. Este principio se aplica en casos de detenciones arbitrarias, donde hay riesgo para la vida o integridad de los detenidos.

La CIDH también extiende su protección a colectivos vulnerables, y aún quedan pendientes de cumplimiento varias medidas en favor de niños y adolescentes, así como de personas con enfermedades graves y comunidades indígenas.

Aunque estas medidas han tenido repercusión en los medios, la efectividad en su cumplimiento es cuestionable. Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos han observado que, en ocasiones, la presión mediática ha llevado a la liberación de algunos detenidos.

Este artículo es original de Tal Cual, puedes ampliar la información en su sitio web. 

 

Un ex soldado murió degollado en Caucagüita

Luis David Márquez, de 31 años de edad, intentó separar a dos mujeres que estaban peleando en la vía pública y recibió una cortada en el cuello de parte de un tercero, que le costó la vida.

Su hermana, quien prefirió mantenerse en el anonimato, indicó en la morgue de Bello Monte que el suceso ocurrió el pasado domingo 8 de septiembre, a las 8 de la mañana, cerca de la residencia de Márquez, en el sector 28 de junio de la parroquia Caucagüita, en el municipio Sucre del estado Miranda.

“Él sólo estaba intentando separar a estas mujeres, porque conocía a una de ellas y, de repente, vino un sujeto y lo agredió”, dijo la hermana.

Márquez falleció en una institución hospitalaria, el martes 10 de septiembre, producto de la herida, según informó su pariente. Ella agregó que una de las involucradas en la reyerta fue a ofrecer declaraciones en el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y dijo que el supuesto homicida está prófugo de la justicia.

Márquez trabajaba como fiscal de la línea de transporte colectivo “Guerrero”, en Caucagüita, y dejó huérfanas a dos niñas de 12 y 10 años.

Había cumplido servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y hace dos años pidió la baja, debido a una lesión que tuvo en las piernas y en la columna, como consecuencia del volcamiento de una tanqueta durante unos ejercicios en Amazonas.

Entre enero y julio de este año, se han reportado 10 muertes por arma blanca en el Área Metropolitana de Caracas, mientras que en 2023 se registraron 29, según datos provenientes del registro de Monitor de Víctimas.

Por otro lado, hubo 13 víctimas de enero a julio de este año a causa de riña o pelea iniciada en el sitio en el Área Metropolitana de Caracas y en 2023 se contabilizaron 26; de esta última cifra, 6 corresponden al municipio Sucre.

Monitor de Víctimas

Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país

0

Edmundo González Urrutia, quien fue abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones presidenciales, reveló este miércoles, 18 de septiembre, “toda la verdad” de su salida de Venezuela, sobre una carta que difundió el oficialismo difundió la cual fue firmada opositor, en la que supuestamente acató la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente.

Esta carta, que primero se filtró en redes sociales, fue mostrada en televisión por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020. Según el oficialista, González Urrutia “reconoció” a los cinco Poderes Públicos del país al firmar esta carta.

En una alocución televisada, Rodríguez explicó que representantes de la administración de Maduro fueron -supuestamente- “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones.

Esos interlocutores, prosiguió el chavista, manifestaron el “deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país”, por lo que solicitó a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder desplazarse al aeropuerto y tomar el vuelo hacia España, donde solicitó asilo político.

“Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de Justicia, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, la acato”, dice la misiva, que fue exhibida por Rodríguez, quien destacó la firma “voluntaria” del opositor.

Rodríguez también mostró unas fotografías en las que se le ve reunido junto a González Urrutia. En el encuentro también participó la vicepresidenta del oficialismo, Delcy Rodríguez.

“Nosotros esperamos que se acabe el chisme y que usted cumpla con lo que firmó, señor González Urrutia”, dijo Rodríguez durante su alocución.

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por El Universal (@eluniversal)

González Urrutia revela “toda la verdad”

Edmundo González publicó un mensaje en sus redes sociales donde contó “toda la verdad” sobre su salida del país y la firma de ese documento, aunque Jorge Rodríguez dijo que el opositor la firmó de forma “voluntaria”.

“El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación”, expresó González Urrutia.

Según el opositor, estando en la residencia del embajador de España, Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, “se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir” su salida del país. “En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”, reveló González Urrutia.

“En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar”, apuntó el opositor.

González Urrutia, que es reconocido como presidente electo por la oposición y varios gobiernos extranjeros, afirmó tajantemente: “Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

Por otro lado, consideró que lo que debería estar divulgando el oficialismo son las actas de escrutinio. “La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, finalizó.

 
 
 
 
 
Ver esta publicación en Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una publicación compartida por Edmundo González (@egonzalezurrutia)

Senado español pide al Gobierno reconocer a González Urrutia como presidente electo

0

El Senado español aprobó este miércoles, 18 de septiembre, instar al Gobierno de España a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros “sospechosos” de crímenes de lesa humanidad.

Una moción impulsada por el conservador Partido Popular (PP), principal partido opositor al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tiene mayoría absoluta en la cámara alta española, ha salido adelante con el apoyo de los ultraderechistas de Vox y los nacionalistas catalanes, justo una semana después de que el Congreso aprobara una proposición similar.

En defensa de la iniciativa, el senador popular José Antonio Monago acusó al Gobierno español de “complicidad” con el régimen de Maduro y “mirar hacia otro lado” al escudarse en las actas electorales para no reconocer la victoria de González Urrutia.

Además cargó contra el papel “tan vergonzoso” del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que “no es un mediador” sino que lo que hace es “facilitar la dictadura de Maduro”, descalificaciones que fueron constantes desde la bancada de las derechas.

El texto de la moción aprobada en el Senado incluye la solicitud de liberación de los dos detenidos españoles en Venezuela, acusados de pertenecer al CNI y de preparar un atentado contra Nicolás Maduro, y el reclamo de apoyo institucional para que organismos que trabajan en Venezuela puedan desarrollar su labor solidaria con la población de origen español.

*Con información de EFE

La Conversa de ARI |  Joel García: “En Venezuela todos estamos en libertad condicional”

Para el abogado defensor de presos políticos Joel García, la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido la más cruenta en los últimos 25 años.

A juicio de García, en este momento “nadie en Venezuela está a salvo, todos estamos en libertad condicional”.

El abogado hizo la afirmación este martes 17 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, la cual llevó por título El drama de los presos políticos en Venezuela. 

En el programa, que estuvo conducido por Víctor Amaya, director de TalCual y Luis Blanco, director de Runrun.es, García aseguró que en Venezuela se puede ir a la cárcel por el simple hecho de emitir una opinión en público o redes sociales, haber sido testigo o miembro de mesa el 28J, ser político, activista, periodista o colocar un estado de Whatsapp.

“No sabemos si esta conversación que tenemos ahora pueda ser considerada un acto de terrorismo”. 

Según García, esta arremetida poselectoral del régimen chavista no ha concluido y continúa con la edificación o remodelación de prisiones, imputaciones de delitos de odio y terrorismo y aumento de la cifra de presos politicos. 

Para el abogado existe una marcada diferencia entre las represiones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019 y las recientes luego del 28J.

“Más allá de lo cuantitativo, estamos viendo que desde enero de este año, a ninguna de las personas detenidas les han permitido designar defensores de confianza y el ejemplo más ferviente es el caso de Rocío San Miguel, que está presa desde febrero y sigue sin derecho a abogado privado”.

García denunció que a abogados como él ni siquiera les dan acceso a los tribunales.

“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”.

El abogado sentenció que cualquier funcionario público está obligado a denunciar tratos crueles y degradantes.

“Esa omisión es considerada un delito. El asunto es que a los defensores les prohíben denunciar cualquier irregularidad porque el resultado es declarar sin lugar y corren el riesgo de perder sus cargos incluso su libertad”,

García citó el caso de Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria del estado Anzoátegui y fue destituida e imputada por supuestamente cometer el delito de “omisión intencional” en un proceso judicial contra cuatro manifestantes.

Adolescentes desamparados

El abogado indicó que los juicios a los adolescentes tienen un carácter educativo.

“En teoría deberían estar presentes los representantes, pero ninguno ha podido participar. Los adolescentes no pueden cumplir una pena superior a 10 años y se les debe rebajar la condena si admiten su responsabilidad”.

Alertó que a los adolescentes les están haciendo audiencias masivas.

“Muchos tienen más de 45 días y no han sido acusados, los imputan de manera telemática sin especificar conductas individuales, como si se tratase de una misa colectiva. La mayoría no ha recibido visita de su familiares, no les pueden suministrar alimentación, desconocen de su salud, lo poco que saben es que están bien”.   

García sentenció que al admitir la culpabilidad al acusado debe rebajársele un tercio o la mitad de la sentencia, pero en delitos como terrorismo corresponde un tercio.  

El abogado acotó que ante estas irregularidades la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia.

“Conozco muchos familiares que han acudido y no han obtenido respuesta alguna, la Defensoría solo existe en la Constitución, es una sede, pero no conocemos más nada, es totalmente gris”.

García indicó que con lo estipulado en el nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, es suficiente para que la Defensoría del Pueblo abra una investigación de oficio.

“En Venezuela hace falta más educación en vez de construir más cárceles, se están construyendo prisiones para un sector específico de la población, un sector que siente que le fueron vulnerados sus derechos políticos por medio del sufragio”. 

El abogado informó que desde 2014, los cuerpos de seguridad del Estado han practicado más de 17 mil detenciones por razones políticas, de esas a 9 mil personas les aplicaron medidas cautelares.  

“El patrón ha sido igual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin órdenes judiciales, torturas, incomunicación y ausencia de defensa”. 

García denunció que la “Operación Tun Tun” se ha venido practicando desde hace tiempo.

“La autonomía judicial no existe, hay una cadena de mando y eso es grave porque todos los venezolanos estamos indefensos”.

El abogado indicó que pese a que no hay una suspensión de garantías, en Venezuela no existe el estado de derecho.

“Es una sociedad de barbarie, nadie está a salvo. La persecución por razones políticas está establecida como un crimen de lesa humanidad. Hablar de justicia en este país es forzar el concepto, porque no la tenemos”.  

 

 

Sicarios matan a tres obreros en fincas de Santa Rita

Hombres armados mataron el mismo día a tres obreros dentro de dos fincas que están en la zona rural del municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago. Autoridades vinculan este hecho del 3 de septiembre de 2024 con bandas que operan en el estado Zulia. 

Las primeras dos víctimas fueron identificadas como Carlos Javier Colina Colina, de 19 años, y Leonel José Peralta Graterol, de 34. Ambos recibieron unos 10 disparos, después de ser sometidos por los sicarios dentro de la finca Guadales, ubicada en el sector El Guanábano.

El tercer asesinado fue el ordeñador Juan Pablo Olivares Romero, de 58 años, quien recibió cuatro disparos en el rostro cuando comenzaba su jornada en la finca San Benito, en el mismo sector El Guanábano.

El triple homicidio se registró con menos de 30 minutos de diferencia. El hecho preocupa a ganaderos y habitantes de la zona rural de Santa Rita.

Los otros trabajadores que también cumplían con su jornada en estas fincas fueron testigos de los asesinatos e, inclusive, uno de ellos, un adolescente, fue obligado a llevar a la finca San Benito a los sicarios que asesinaron a la tercera víctima, Juan Olivares.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) atribuyó este triple asesinato, de obreros que se dedicaban al ordeño de ganado, a la banda del “Huérfano Masacre”, señalada de extorsión y abigeato.

Casi dos semanas después, el 16 de septiembre de 2024, se reportó la muerte de tres presuntos responsables de estos asesinatos, vinculados con la referida banda, en operativos liderados por funcionarios del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística (Cicpc) en zonas rurales de los municipios Miranda y Santa Rita. 

Mario José Butrón Nava, de 27 años de edad, murió en medio de un presunto enfrentamiento en el sector Simón Mesa, de Santa Rita y, menos de seis horas después, en el sector Recta de Guajiros, en el municipio Miranda, falleció Carlos Guillermo Rodríguez Romero, de 23 años. 

Ambos fueron señalados en la minuta policial como los autores de estos asesinatos que se registraron en dos fincas del sector El Guanábano, de Santa Rita.

Antecedentes en Miranda

En el mes de agosto de 2024, también se reportó otro triple homicidio en el municipio Miranda y fue vinculado con bandas de la zona, según las estadísticas de Monitor de Víctimas.

El cadáver de Óscar Campos fue encontrado, el 15 de agosto, en una zona enmontada de Santa Rita, tres días después de que perdieran su rastro. En la misma semana, fue registrado el doble homicidio de Alonzo River y Roiber Javier Chirinos, en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda.

Con estos, serían siete los sicariatos registrados en el municipio Miranda.