En El Mañanero del 19 de septiembre de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela:Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país, Un ex soldado murió degollado en Caucagüita y Senado español pide al Gobierno reconocer a González Urrutia como presidente electo.
“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”, Joel García, defensor de presos políticos en Venezuela.
El pasado 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar en favor de Nélida Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de formación de la organización Súmate.
La decisión se fundamenta en la “situación de gravedad y urgencia” que enfrenta, tras su detención el 26 de agosto y su experiencia de desaparición forzada. La CIDH advirtió que su situación de salud agrava el riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
Desde 2015, la CIDH ha aprobado 97 medidas cautelares para proteger a individuos y colectivos, pero, lamentablemente, ninguna ha sido cumplida de manera formal por el Estado venezolano, según expertos en la materia.
En 2019, se registró un notable aumento en la emisión de estas medidas, con 23 otorgadas, la cifra más alta en ocho años. Hasta septiembre de 2024, la CIDH ha emitido 11 medidas para políticos, abogados y activistas de derechos humanos considerados en riesgo, muchas de ellas tras las elecciones presidenciales de julio y la represión asociada a las manifestaciones posteriores.
El abogado Simón Gómez Guaimara, experto en derecho internacional, señala que el Estado venezolano ignora las resoluciones de la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de esta negación, las medidas cautelares actúan como un mecanismo de presión que reconoce, de manera preliminar, la existencia de violaciones a los derechos humanos.
Un caso notable es el del exdiputado Williams Dávila, beneficiario de una medida cautelar desde 2017 debido a la persecución política que enfrenta. Su situación se complicó tras su arresto y posterior desaparición forzada en agosto de este año, lo que llevó a una actualización de su caso ante la CIDH.
Gómez aclara que, en la práctica, el Estado no reconoce su obligación de cumplir con las medidas cautelares, lo que se traduce en una falta de formalidad en el cumplimiento de los dictámenes de la CIDH.
Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Carta de la OEA, buscando así desvincularse del sistema interamericano. Sin embargo, la OEA estipula que para que esta salida sea efectiva, el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, algo que Venezuela no ha logrado hasta ahora.
Función de las medidas cautelares
Las medidas cautelares son esenciales para la protección de los derechos de las personas en situaciones de grave peligro. Según Gómez, su función es prevenir que una situación crítica se convierta en una violación irreversible. Este principio se aplica en casos de detenciones arbitrarias, donde hay riesgo para la vida o integridad de los detenidos.
La CIDH también extiende su protección a colectivos vulnerables, y aún quedan pendientes de cumplimiento varias medidas en favor de niños y adolescentes, así como de personas con enfermedades graves y comunidades indígenas.
Aunque estas medidas han tenido repercusión en los medios, la efectividad en su cumplimiento es cuestionable. Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos han observado que, en ocasiones, la presión mediática ha llevado a la liberación de algunos detenidos.
Este artículo es original de Tal Cual, puedes ampliar la información en su sitio web.
Luis David Márquez, de 31 años de edad, intentó separar a dos mujeres que estaban peleando en la vía pública y recibió una cortada en el cuello de parte de un tercero, que le costó la vida.
Su hermana, quien prefirió mantenerse en el anonimato, indicó en la morgue de Bello Monte que el suceso ocurrió el pasado domingo 8 de septiembre, a las 8 de la mañana, cerca de la residencia de Márquez, en el sector 28 de junio de la parroquia Caucagüita, en el municipio Sucre del estado Miranda.
“Él sólo estaba intentando separar a estas mujeres, porque conocía a una de ellas y, de repente, vino un sujeto y lo agredió”, dijo la hermana.
Márquez falleció en una institución hospitalaria, el martes 10 de septiembre, producto de la herida, según informó su pariente. Ella agregó que una de las involucradas en la reyerta fue a ofrecer declaraciones en el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y dijo que el supuesto homicida está prófugo de la justicia.
Márquez trabajaba como fiscal de la línea de transporte colectivo “Guerrero”, en Caucagüita, y dejó huérfanas a dos niñas de 12 y 10 años.
Había cumplido servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y hace dos años pidió la baja, debido a una lesión que tuvo en las piernas y en la columna, como consecuencia del volcamiento de una tanqueta durante unos ejercicios en Amazonas.
Entre enero y julio de este año, se han reportado 10 muertes por arma blanca en el Área Metropolitana de Caracas, mientras que en 2023 se registraron 29, según datos provenientes del registro de Monitor de Víctimas.
Por otro lado, hubo 13 víctimas de enero a julio de este año a causa de riña o pelea iniciada en el sitio en el Área Metropolitana de Caracas y en 2023 se contabilizaron 26; de esta última cifra, 6 corresponden al municipio Sucre.
Edmundo González Urrutia, quien fue abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones presidenciales, reveló este miércoles, 18 de septiembre, “toda la verdad” de su salida de Venezuela, sobre una carta que difundió el oficialismo difundió la cual fue firmada opositor, en la que supuestamente acató la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente.
Esta carta, que primero se filtró en redes sociales, fue mostrada en televisión por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020. Según el oficialista, González Urrutia “reconoció” a los cinco Poderes Públicos del país al firmar esta carta.
En una alocución televisada, Rodríguez explicó que representantes de la administración de Maduro fueron -supuestamente- “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones.
Esos interlocutores, prosiguió el chavista, manifestaron el “deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país”, por lo que solicitó a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder desplazarse al aeropuerto y tomar el vuelo hacia España, donde solicitó asilo político.
“Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de Justicia, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, la acato”, dice la misiva, que fue exhibida por Rodríguez, quien destacó la firma “voluntaria” del opositor.
Rodríguez también mostró unas fotografías en las que se le ve reunido junto a González Urrutia. En el encuentro también participó la vicepresidenta del oficialismo, Delcy Rodríguez.
“Nosotros esperamos que se acabe el chisme y que usted cumpla con lo que firmó, señor González Urrutia”, dijo Rodríguez durante su alocución.
Edmundo González publicó un mensaje en sus redes sociales donde contó “toda la verdad” sobre su salida del país y la firma de ese documento, aunque Jorge Rodríguez dijo que el opositor la firmó de forma “voluntaria”.
“El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza.El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación”, expresó González Urrutia.
Según el opositor, estando en la residencia del embajador de España, Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, “se presentaron con un documentoque tendría que refundar para permitir” su salida del país. “En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias.Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”, reveló González Urrutia.
“En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano.Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento.Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar”, apuntó el opositor.
González Urrutia, que es reconocido como presidente electo por la oposición y varios gobiernos extranjeros, afirmó tajantemente: “Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy.La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano”.
Por otro lado, consideró que lo que debería estar divulgando el oficialismo son las actas de escrutinio. “La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar.No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, finalizó.
El Senado español aprobó este miércoles, 18 de septiembre, instar al Gobierno de España a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros “sospechosos” de crímenes de lesa humanidad.
Una moción impulsada por el conservador Partido Popular (PP), principal partido opositor al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tiene mayoría absoluta en la cámara alta española, ha salido adelante con el apoyo de los ultraderechistas de Vox y los nacionalistas catalanes, justo una semana después de que el Congreso aprobara una proposición similar.
En defensa de la iniciativa, el senador popular José Antonio Monago acusó al Gobierno español de “complicidad” con el régimen de Maduro y “mirar hacia otro lado” al escudarse en las actas electorales para no reconocer la victoria de González Urrutia.
Además cargó contra el papel “tan vergonzoso” del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que “no es un mediador” sino que lo que hace es “facilitar la dictadura de Maduro”, descalificaciones que fueron constantes desde la bancada de las derechas.
El texto de la moción aprobada en el Senado incluye la solicitud de liberación de los dos detenidos españoles en Venezuela, acusados de pertenecer al CNI y de preparar un atentado contra Nicolás Maduro, y el reclamo de apoyo institucional para que organismos que trabajan en Venezuela puedan desarrollar su labor solidaria con la población de origen español.
Para el abogado defensor de presos políticos Joel García, la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido la más cruenta en los últimos 25 años.
A juicio de García, en este momento “nadie en Venezuela está a salvo, todos estamos en libertad condicional”.
El abogado hizo la afirmación este martes 17 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, la cual llevó por título El drama de los presos políticos en Venezuela.
En el programa, que estuvo conducido por Víctor Amaya, director de TalCual y Luis Blanco, director de Runrun.es, García aseguró que en Venezuela se puede ir a la cárcel por el simple hecho de emitir una opinión en público o redes sociales, haber sido testigo o miembro de mesa el 28J, ser político, activista, periodista o colocar un estado de Whatsapp.
“No sabemos si esta conversación que tenemos ahora pueda ser considerada un acto de terrorismo”.
Según García, esta arremetida poselectoral del régimen chavista no ha concluido y continúa con la edificación o remodelación de prisiones, imputaciones de delitos de odio y terrorismo y aumento de la cifra de presos politicos.
Para el abogado existe una marcada diferencia entre las represiones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019 y las recientes luego del 28J.
“Más allá de lo cuantitativo, estamos viendo que desde enero de este año, a ninguna de las personas detenidas les han permitido designar defensores de confianza y el ejemplo más ferviente es el caso de Rocío San Miguel, que está presa desde febrero y sigue sin derecho a abogado privado”.
García denunció que a abogados como él ni siquiera les dan acceso a los tribunales.
“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”.
El abogado sentenció que cualquier funcionario público está obligado a denunciar tratos crueles y degradantes.
“Esa omisión es considerada un delito. El asunto es que a los defensores les prohíben denunciar cualquier irregularidad porque el resultado es declarar sin lugar y corren el riesgo de perder sus cargos incluso su libertad”,
García citó el caso de Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria del estado Anzoátegui y fue destituida e imputada por supuestamente cometer el delito de “omisión intencional” en un proceso judicial contra cuatro manifestantes.
Adolescentes desamparados
El abogado indicó que los juicios a los adolescentes tienen un carácter educativo.
“En teoría deberían estar presentes los representantes, pero ninguno ha podido participar. Los adolescentes no pueden cumplir una pena superior a 10 años y se les debe rebajar la condena si admiten su responsabilidad”.
Alertó que a los adolescentes les están haciendo audiencias masivas.
“Muchos tienen más de 45 días y no han sido acusados, los imputan de manera telemática sin especificar conductas individuales, como si se tratase de una misa colectiva. La mayoría no ha recibido visita de su familiares, no les pueden suministrar alimentación, desconocen de su salud, lo poco que saben es que están bien”.
García sentenció que al admitir la culpabilidad al acusado debe rebajársele un tercio o la mitad de la sentencia, pero en delitos como terrorismo corresponde un tercio.
El abogado acotó que ante estas irregularidades la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia.
“Conozco muchos familiares que han acudido y no han obtenido respuesta alguna, la Defensoría solo existe en la Constitución, es una sede, pero no conocemos más nada, es totalmente gris”.
García indicó que con lo estipulado en el nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, es suficiente para que la Defensoría del Pueblo abra una investigación de oficio.
“En Venezuela hace falta más educación en vez de construir más cárceles, se están construyendo prisiones para un sector específico de la población, un sector que siente que le fueron vulnerados sus derechos políticos por medio del sufragio”.
El abogado informó que desde 2014, los cuerpos de seguridad del Estado han practicado más de 17 mil detenciones por razones políticas, de esas a 9 mil personas les aplicaron medidas cautelares.
“El patrón ha sido igual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin órdenes judiciales, torturas, incomunicación y ausencia de defensa”.
García denunció que la “Operación Tun Tun” se ha venido practicando desde hace tiempo.
“La autonomía judicial no existe, hay una cadena de mando y eso es grave porque todos los venezolanos estamos indefensos”.
El abogado indicó que pese a que no hay una suspensión de garantías, en Venezuela no existe el estado de derecho.
“Es una sociedad de barbarie, nadie está a salvo. La persecución por razones políticas está establecida como un crimen de lesa humanidad. Hablar de justicia en este país es forzar el concepto, porque no la tenemos”.
Hombres armados mataron el mismo día a tres obreros dentro de dos fincas que están en la zona rural del municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago. Autoridades vinculan este hecho del 3 de septiembre de 2024 con bandas que operan en el estado Zulia.
Las primeras dos víctimas fueron identificadas como Carlos Javier Colina Colina, de 19 años, y Leonel José Peralta Graterol, de 34. Ambos recibieron unos 10 disparos, después de ser sometidos por los sicarios dentro de la finca Guadales, ubicada en el sector El Guanábano.
El tercer asesinado fue el ordeñador Juan Pablo Olivares Romero, de 58 años, quien recibió cuatro disparos en el rostro cuando comenzaba su jornada en la finca San Benito, en el mismo sector El Guanábano.
El triple homicidio se registró con menos de 30 minutos de diferencia. El hecho preocupa a ganaderos y habitantes de la zona rural de Santa Rita.
Los otros trabajadores que también cumplían con su jornada en estas fincas fueron testigos de los asesinatos e, inclusive, uno de ellos, un adolescente, fue obligado a llevar a la finca San Benito a los sicarios que asesinaron a la tercera víctima, Juan Olivares.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) atribuyó este triple asesinato, de obreros que se dedicaban al ordeño de ganado, a la banda del “Huérfano Masacre”, señalada de extorsión y abigeato.
Casi dos semanas después, el 16 de septiembre de 2024, se reportó la muerte de tres presuntos responsables de estos asesinatos, vinculados con la referida banda, en operativos liderados por funcionarios del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística (Cicpc) en zonas rurales de los municipios Miranda y Santa Rita.
Mario José Butrón Nava, de 27 años de edad, murió en medio de un presunto enfrentamiento en el sector Simón Mesa, de Santa Rita y, menos de seis horas después, en el sector Recta de Guajiros, en el municipio Miranda, falleció Carlos Guillermo Rodríguez Romero, de 23 años.
Ambos fueron señalados en la minuta policial como los autores de estos asesinatos que se registraron en dos fincas del sector El Guanábano, de Santa Rita.
Antecedentes en Miranda
En el mes de agosto de 2024, también se reportó otro triple homicidio en el municipio Miranda y fue vinculado con bandas de la zona, según las estadísticas de Monitor de Víctimas.
El cadáver de Óscar Campos fue encontrado, el 15 de agosto, en una zona enmontada de Santa Rita, tres días después de que perdieran su rastro. En la misma semana, fue registrado el doble homicidio de Alonzo River y Roiber Javier Chirinos, en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda.
Con estos, serían siete los sicariatos registrados en el municipio Miranda.
¿Favorece el tiempo a Nicolás Maduro en el contexto actual? A primera vista, parece que el paso de los días tiende a estabilizarlo. Miraflores impone su ley usando la fuerza, castigando a los inconformes y promoviendo el asedio ciudadano. Las protestas populares cuestionando los resultados anunciados por el CNE son reprimidas. Las calles retornan a la tranquilidad. La cotidianidad se impone. El chavismo trata de pasar la página. La gente se retira a sus dominios personales.
Sin embargo, aquel que se anime a ampliar el lente y trate de figurarse sobre cómo será el desarrollo de la vida institucional venezolana en el mediano plazo, quizás pueda terminar concluyendo que la circunstancia actual no es sostenible. Bajo esa óptica, el tiempo favorecería entonces a María Corina Machado. Esa falla de origen que el chavismo considera un detalle, podría terminar generando nuevos problemas de gobernabilidad.
Es complejo figurarse por cuánto tiempo puedan durar los efectos institucionales y un status quo producto de un resultado electoral tan discutible, tan precariamente expuesto y explicado, que ha dejado a tanta gente insatisfecha dentro y fuera de Venezuela.
Si nos atenemos a la pulsión de la vida nacional en las últimas décadas, tendríamos que convenir en que se trata de una situación contranatura. Se acaba de celebrar una elección que lo decretó ganador, pero lo cierto es que el de Maduro es un gobierno rodeado por una sociedad descontenta.
Tal circunstancia aumenta el riesgo de que, para hacerse respetar, la censura aumente, se penalicen más derechos constitucionales, se naturalicen más vejaciones cotidianas y se endurezcan selectivamente los procedimientos penales y policiales. Si la situación es tan inusual, y el tiempo de las masas y las mayorías ha terminado, el gobierno necesitaría infundir más miedo para hacer valer su autoridad.
Esta llegada a la zona “Nicaragua” no tendría que ser, por cierto, un punto definitivo y sin retorno, o una circunstancia estática. El modelo chavista seguirá siendo el mismo; puede que la oposición siga ganando alcaldías como la de Baruta o Lechería. Tal y como ha hecho en el pasado, el gobierno revolucionario podría posteriormente abrir un compás de apertura o ensayar un repliegue para descomprimir, con jornadas de solidaridad e invitados extranjeros, como ya lo ha hecho otras veces, una vez concluida la tarea de extirpar aquellas zonas de la oposición que le están estorbando.
Desde hace mucho, incluso en los tiempos de Hugo Chávez, el ciudadano promedio se había acostumbrado a que en la presidencia mandara el candidato más votado. La soberanía nacional y el fundamento del voto eran garantías que la población ejercía desprevenidamente, y que se daban por descontadas en el país.
El propio ejercicio del voto entraría a partir de este momento, si todo sigue como va, en una dimensión de suspenso con reservado pronóstico. Si termina de consolidarse el panorama político impuesto de 28-J, es muy probable que amplísimas capas de la población se desvinculen de las citas electorales que organiza el chavismo, y la militancia revolucionaria, en total minoría, se apropie totalmente del mapa nacional del poder.
Siendo tan palpable en las calles el anhelo de cambio político, antes y después de la celebración de las elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro ofrece evidencias de tener un total control de la situación. La dureza de sus procedimientos represivos, y la naturalidad con los cuales han sido aplicados, han ahogado hasta el silencio la furia ciudadana e inhibido por completo cualquier asomo de disidencia interna.
Después de todo, en eso, precisamente, consisten las dictaduras: en algún momento del desarrollo de su hegemonía, el cuerpo del estado se divorcia de los intereses de la sociedad, porque tiene otros, e impone las cosas por la fuerza con niveles variables de intensidad y dureza. El régimen chavista sabe imitar los modelos liberales, pero se mostrará despótico y arbitrario cuando sienta amenazada su presencia en el poder, como acaba de suceder en las elecciones.
María Corina Machado tiene la popularidad y el capital político intactos, y sigue estando dentro del juego, evaluando pasos a seguir y tomando decisiones. Sería un error subestimarla, o suponer que va de salida. La marcha de Edmundo González Urrutia, sin embargo, duplica sus niveles de exposición y le hacen más empinada la cuesta.
En este marco, el oxígeno para hacer política parece que se agota.
