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Red de Mujeres Constructoras de Paz: Muerte de reclusa vuelve a mostrar la negligencia en las cárceles venezolanas

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El reciente fallecimiento de Deisy Chirinos mientras se encontraba recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) – único centro de detención para mujeres en Venezuela -, ubicado en Los Teques, estado Miranda, dejó en evidencia las fallas del sistema penitenciario y la falta de atención médica a la que es sometida la población penal de esta cárcel, denunció la Red de Mujeres Constructoras de Paz este viernes 20 de septiembre.  

Chirinos tenía siete años en reclusión y presentaba un estado de desnutrición. Solicitó el traslado a un centro de salud semanas anteriores, pero las autoridades penitenciarias le negaron la atención. Un familiar de otra detenida informó para el medio El Pitazo que ”ella no tenía familiares ni nadie que le extendiera la mano con apoyo económico. Ella pedía que la llevaran al hospital, pero en el Inof las cosas no funcionan así”.

Este mismo familiar explicó que las autoridades del centro solo proporcionan medicamentos para dolor y fiebre, como ibuprofeno y acetaminofén, a las reclusas que presenten problemas de salud, y para que estas sean atendidas por un médico la familia debe asumir todos los gastos necesarios, así como el traslado del especialista a la cárcel. 

Ante esta situación, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que la muerte de Chirinos demostró ”violencia intracarcelaria” y reiteró la responsabilidad del Estado de resguardar la vida y respetar los Derechos Humanos (DDHH) de todas las personas bajo custodia.  ”Exigimos justicia, transparencia y medidas urgentes para garantizar que situaciones como la de Deisy Chirinos no se repitan”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció nuevamente que ”las internas del INOF enfrentan condiciones precarias y falta de acceso a servicios básicos, incluyendo atención médica adecuada y traslado inmediato a un centro de salud, en caso de ser necesario” y como muchas de ellas sufren de enfermedades crónicas o condiciones terminales, pero son abandonadas a su suerte y solo llevadas a un hospital cuando es demasiado tarde, ”solo por el interés de asegurar que se le brindó asistencia”. El OVP también recordó las denuncias de familiares por casos de violencia, maltrato y hacinamiento en el centro que ponen en riesgo la integridad y dignidad de las recluidas. 

De acuerdo a la organización venezolana, Foro Penal, hasta el 16 de septiembre se contabilizaron 226 mujeres detenidas en el país, de un total de 1834 privados de libertad confirmados por la ONG.

Despojadas de todo

En una rueda de prensa realizada el 2 de septiembre, familiares de las reclusas del Inof relataron que las detenidas han sido sometidas a torturas, y aseguraron que durante la requisa del 29 de agosto, las autoridades del Estado se deshicieron de todas las pertenencias de estas mujeres, incluyendo la leche de los niños que se hallan allí junto a sus madres, y las dejaron solo con lo que tenían puesto. ”Aunado al daño psicológico al que sometieron a las mujeres privadas de libertad, los familiares aseguraron que ahora tendrán que sacar dinero de dónde no tienen para reponer todo lo que les botaron”, denunció el OVP.

La periodista Kaoru Yonekura, publicó en la red social X testimonios anónimos de familiares que visitaron a las detenidas el 3 de septiembre, las cuales fueron desnudadas y revisadas en sus partes íntimas con el mismo guante, desde jóvenes hasta mujeres de tercera edad. 

El mal absoluto, ni dialogable ni negociable

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Servir a la soberanía popular, y a su exigencia de justicia, lo imponen las leyes universales de la decencia, cuando se miran en las víctimas y en sus humanidades lapidadas

@asdrubalaguiar

El más reciente informe de la Misión Independiente de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, cuya línea de mando encabeza Nicolás Maduro Moros y para los que ha obrado una colusión en cadena entre los titulares de los poderes públicos, es desgarrador. ¡Clama al cielo! Hace inaceptable cualquier forma de normalización, pues media el mal absoluto, a saber, “la transformación obligada de la naturaleza humana de manera que lo esencial para vivir una vida humana queda aniquilada”. Sus líderes y cooperadores, tal como lo reseña la obra colectiva Del mal radical a la banalidad del mal (2012), ven a “los seres humanos superfluos”.

De allí que, ante ese informe, que sigue y se acumula a los adoptados durante los años 2020 a 2023 y como descripción renovada de los círculos del infierno descritos por el Dante, cabe la consideración de un testigo de excepción, el último papa, Benedicto XVI, quien de visita los campos de concentración e inclinándose desde su interior ante las víctimas que allí sufrieron y murieron, rezaba en 2006 lo siguiente: “En un lugar como este se queda uno sin palabras; en el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios: Señor, ¿por qué callaste? ¿Por qué toleraste todo esto?”

¿Qué dicen o qué deben decir sin callar, es lo que me pregunto y provoca una honda desazón, quienes aún creen que se puede aminorar o atenuar a ese mal absoluto radicado en Venezuela, o los que han sido y son funcionales o han cohabitado y aún cohabitan con sus responsables para no enojarlos y hasta usufructuarlos?

A propósito de los eventos previos y posteriores a la elección del 28 de julio, de conjunto los ha calificado la CIDH como expresiones de “terrorismo de Estado”. La ONU es más precisa y trágicamente elocuente: “Desde octubre de 2023 se reactivó la maquinaria represiva del Estado y se intensificó su funcionamiento en anticipación al proceso electoral… se tornó masiva e indiscriminada y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo a los resultados electorales”. “Esto generó un clima de terror generalizado en la población”, añade el Informe antes de observar –en una suerte de regreso imaginario a la Alemania nazi– que “las viviendas de familias percibidas como opositoras o críticas fueron marcadas con una X”.

Sin tapujos ni tamizaciones señalan los investigadores de la ONU que “(Edmundo) González –el opositor a quien la soberanía le ha hecho entrega de un mandato irrenunciable, obviamente desconocido por sus represores– “se vio forzado a exiliarse en España por la persecución de la que fue objeto”. Y nada distinto ocurre con el presidente electo, de lo que aquéllos constatan en 2022 y 2023: “Se obligó bajo coacción a varios detenidos a firmar o filmar declaraciones en las que se incriminaban…” y “los malos tratos tuvieron por objeto extraer confesiones inventadas o declaraciones falsas”.

A los miles de víctimas del régimen militar represor instalado e investigado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se le agregan ahora 24 personas asesinadas por armas de fuego, mientras Maduro Moros se solaza ordenando detener a 2229 personas que llama “terroristas”. No le bastó e incorpora a su lista a “158 niños y niñas”, incluidos niños con discapacidad” y niñas que “fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecían detenidas”.

Los testimonios revelan el uso de fuerza letal, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, violencia sexual, “por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando en connivencia con dichos cuerpos”. “El Estado reactivó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”; “median crímenes de lesa humanidad” y una “persecución fundada en motivos políticos”; y “los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo”, es decir, se encadenaron a su línea de mando para la ejecución de los crímenes de lesa humanidad identificados.

En contra de todo esto es que insurge la mayoría determinante de los venezolanos a través del voto –de allí la exacerbación represora– el pasado 28 de julio. ¡Ya basta! es su mandato inderogable e innegociable, más allá del nombre o de los nombres de quienes los representen, sea González Urrutia o María Corina Machado. Es sagrado, moral y jurídicamente. Es invulnerable, no transable, es la línea roja que si se llega a traspasar quedarán disueltas la nación y sus valores fundantes. 

Servir a la soberanía popular y a su exigencia de justicia, lo imponen las leyes universales de la decencia, cuando se miran en las víctimas y en sus humanidades lapidadas. Los enconos, el egoísmo, la avaricia, la corrupción de la ética, las medianías, mal calzan con ese propósito. Y quienes se empeñan en traficar por los pasillos del sincretismo moral, tras el 28 de julio, deberían leer la lección de Benedicto XVI sobre lo vivido por él en su patria de origen: “Hemos experimentado cómo el poder se separó del Derecho, se enfrentó a él; cómo se pisoteó el Derecho, de manera que el Estado se convirtió en el instrumento para la destrucción del Derecho; se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo”. 

Tras más de 30 años de deconstrucción cultural y de la ética democrática, y desde cuando el covid-19 nos hace ver a los venezolanos y reivindicar el valor de la vida como don, algo muy positivo ocurrió entre nosotros. De allí la ejemplaridad icónica del 28 de julio. En lo adelante solo contarán quienes entiendan, vuelvo a Ratzinger, que “servir al Derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político”. “No hacer daño” es el principio que, a su vez, esgrime la Misión de la ONU. Es la síntesis acabada del Decálogo.

correoaustral@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Edmundo González Urrutia

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El 28 de julio es un hito que va más allá de Edmundo González Urrutia. Es la expresión de la fuerza que tiene la organización popular y su impacto en el destino de una nación

@RobertoPatino

La noche del lunes 2 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro dio a conocer la orden de detención en contra del candidato de la unidad democrática Edmundo González Urrutia, una iniciativa arriesgada en medio de la tensión que existe en Venezuela y que obligaría al exdiplomático a salir del país el pasado sábado 7 de septiembre. Esta estrategia forma parte de un camino sin retorno en la que Miraflores pretende llevar hasta las últimas consecuencias una política de represión contra los ciudadanos que escogieron la vía democrática y pacífica para el cambio político en Venezuela.

La orden de detención y posterior expulsión de Urrutia es una acción más dentro de lo que parece una estrategia mayor que busca imponer, por vía de la violencia de Estado y la represión, una “paz política” que el país hubiera alcanzado si se hubiera respetado la voluntad de los votantes.

Por la vía de la fuerza y con una crueldad apenas comparable con los caudillos más violentos que gobernaron al país en las horas más bajas de nuestra historia republicana, la camarilla que gobierna pretende imponer una normalidad que no existe, que la gente niega y que la comunidad internacional cuestiona. A más de un mes de las elecciones, desde todos los rincones del mundo se exige que el régimen debe publicar las actas del 28 de julio e iniciar una transición pacífica.

Este creciente aislamiento internacional y las evidentes expresiones de rechazo de los venezolanos hacia el régimen, puede ser la razón que los empujó a cometer este error.

Quienes nos gobiernan no parecen terminar de entender que más allá del fuerte y valiente liderazgo de la dupla Urrutia y Machado, lo ocurrido en las elecciones presidenciales es la expresión de un movimiento más amplio y profundo, anclado en nuestros liderazgos democráticos y populares en todo el país, una fuerza que logró ganar unas elecciones y, sobre todo, recoger, sistematizar y difundir las evidencias de ese triunfo electoral.

El 28 de julio es un hito que va más allá de Edmundo González Urrutia, a quien agradecemos su invaluable compromiso por el país en circunstancias tan complejas. Es la expresión de la fuerza que tiene la organización popular y su impacto en el destino de una nación. Amenazar a la cara más visible de esta voluntad democrática, y empujarlo al exilio, son iniciativas limitadas, predecibles, peligrosas e ineficientes para tratar de contener una decisión que ya tomó la mayoría de los venezolanos: el cambio democrático.

Sin lugar a dudas, estamos viviendo momentos complejos y dolorosos. Enfrentamos a un régimen violento que se ha atrincherado en Miraflores y que ha decidido seguir gobernando desde la violencia y el temor. Sin embargo, lo ocurrido el 28 de julio nos confirma que solo la organización popular, el trabajo coordinado de la gente, y el compromiso por la democracia son valores en acción capaces de imponerse a la violencia.

Queda un largo camino en nuestro esfuerzo por restituir la democracia en Venezuela, una ruta que debemos transitar juntos para lograr el éxito y que en enero de 2025 Edmundo González Urrutia vuelva al país y asuma la presidencia que ganó con el respaldo mayoritario de los venezolanos.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Roberto Patiño es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive | www.rpatino.com

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María Corina Machado advierte que la administración de Maduro “viola convenios de asilo diplomático”

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María Corina Machado afirmó que la administración de Nicolás Maduro “viola convenios de asilo diplomáticos”, esto en referencia a la revocatoria del beneplácito que le permitía al gobierno brasileño resguardar la embajada de Argentina, desde el 1 de agosto. Esto, después de que en la noche del 6 de septiembre, alrededor de la sede diplomática se observó la presencia de funcionarios armados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En el lugar se encuentran resguardadas seis personas del equipo de María Corina Machado. Eso llevó a la líder opositora a publicar un comunicado en sus redes sociales.

“El asilo diplomático, como principio e institución de profundo espíritu latinoamericano, ha servido para proteger a quienes son perseguidos políticos, y ha sido pilar esencial de la doctrina en materia de protección a los derechos humanos. Su convención, firmada en Caracas, es clarísima sobre su alcance y sobre su implementación. Hoy, pretende ser violada, precisamente en esta ciudad”, dijo el 7 de septiembre.

En la misiva, la ganadora de las Primarias de 2023, pidió a las naciones democráticas proteger a los asilados y emitir los salvoconductos para los miembros de su equipo:

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del comando Con Venezuela; Magalli Meda, jefa del comando nacional de campaña Con Venezuela; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela; Omar González Moreno, exdiputado y miembro de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral del comando nacional de campaña Con Venezuela; y Fernando Martínez, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Una denuncia válida

Después de un proceso de validación, tanto Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) verificaron que la denuncia de la líder de oposición es válida. De acuerdo al reglamento, el gobierno venezolano está vulnerando los convenios de asilo diplomático.

El Convenio sobre Asilo Diplomático de 1954 establece importantes garantías para las personas que buscan protección por motivos políticos. Este acuerdo, firmado en Caracas, obliga a los países signatarios, incluida Venezuela, a respetar el asilo otorgado en misiones diplomáticas extranjeras.

Uno de los aspectos claves es la protección. A su vez, La Convención de Viena establece que el asilo debe ser respetado por el Estado territorial para personas perseguidas por razones políticas.

En su artículo 22 afirma que “los locales de la misión son inviolables. “Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. 

Pero, en el artículo III, del Convenio de Asilo Diplomático de 1954, especifica que no será lícito “conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos”.

De este artículo se sujeta la administración de Nicolás Maduro para revocar el permiso: “Sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”. Sin embargo, no presentaron las pruebas de dichas acusaciones. 

Respuesta de María Corina Machado 

Ante estas acusaciones, Machado respondió de forma contundente que el asilo político a los miembros de su equipo, como la decisión del gobierno de Brasil de resguardar los intereses argentinos en Venezuela, se dieron “en estricto apego al derecho internacional”, esto con la finalidad de garantizar protección y la garantía de sus derechos humanos. 

Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, catalogó esta decisión como “decepcionante”. Y el gobierno de Argentina, emitió un comunicado alegando que se “debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones. Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional”.

Insisten que “acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano”.

El asedio por parte de los funcionarios del Estado en la Embajada de Argentina finalizó el 8 de septiembre, coincidiendo con la partida de Edmundo González Urrutia a España. 

 

Misión de la ONU ante Consejo de DDHH: “Violaciones de derechos en Venezuela son resultado de acciones planificadas”

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La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas ONU alertó, este viernes, 20 de septiembre, sobre el “riesgo de la desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto” y las graves violaciones a los derechos humanos.

En la vigésima reunión del periodo de sesiones del Consejo de la ONU en Ginebra, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, presentó el informe e hizo énfasis en el aumento de la represión en contexto postelectoral, es decir, después del 28 de julio en Venezuela.

“Estas violaciones de DDHH son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión para desalentar, silenciar y anular la oposición política”, indicó Valiñas.

Aseguró que las acciones del Estado, son una “continuación de la misma línea de conducta”, haciendo referencia a otros informes presentados por la misión.

“Reactivación de esta maquinaria represiva”, según Misión de la ONU

Valiñas habló sobre la “maquinaria represiva” del Estado venezolano y aclaró que se intensificó después de los comicios presidenciales.

“Los numerosos eventos registrados durante el periodo anterior a las elecciones confirmaron que nos encontrábamos ante una reactivación de esta maquinaria represiva. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder”, aclaró Valiñas.

A través de su documentación, la misión independiente de la ONU contabilizó a 121 personas detenidas, de forma arbitraria, solo por hacer acompañamiento, también por ofrecer sus servicios en los actos de campaña de la oposición venezolana.

Cuando presentaron el informe -por primera vez-, el 17 de septiembre, la misión destacó que después de conocerse los resultados, se encargaron de acallar a militantes de la oposición y a cualquier persona que expresó su rechazo ante los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La situación en Venezuela, sobre todo a partir del 28 de julio, se ha convertido en una de las crisis de derechos humanos más agudas en la historia reciente del país. Las graves violaciones de DD HH y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe”, alertó la presidenta de la misión.

Muertes y detenidos en contexto postelectoral

El aumento de la represión después de las elecciones, se hizo más evidente después de la muerte de algunos manifestantes y del aumento progresivo de las detenciones arbitrarias en todo el país. La misión se encargó de documentar estos hechos en su informe.

Confirmó la muerte de 25 personas después de los comicios presidenciales. Valiñas destacó: “La mayoría eran hombres de menos de 30 años de edad provenientes de barrios populares. En varios de estos casos, la misión alcanzó a documentar la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) o de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas”.

La líder de la misión puntualizó que la “operación tun-tun” es un plan preconcebido que está al servicio de las detenciones masivas. Además, precisó que la mayoría de los detenidos son de zonas populares del país y fueron identificados por funcionarios del Estado.

“Estas detenciones fueron masivas e indiscriminadas y se ejecutaron a partir de planes preconcebidos como la ‘operación Tun Tun’”

Niños detenidos en contexto postelectoral

Valiñas advirtió sobre los niños y niñas detenidos, ya que la misión documentó 158 menores que fueron arrestados de forma arbitraria, sin orden de aprehensión y sin pruebas.

“La misión ya ha podido documentar graves violaciones de los estándares de protección de la niñez”, dijo.

En el informe, la misión alertó sobre un registro en el aumento de casos de detenciones, las cuales podrían constituirse como desapariciones forzosas. En la misma línea, Valiñas advirtió sobre las denuncias de torturas, todas perpetradas por funcionarios de seguridad del Estado.

“La misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por los servicios de seguridad, como puñetazos, golpes con bates, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, entre otros”, añadió Valiñas. Dicho esto, hizo un llamado a la comunidad internacional a no dejar dichos crímenes impunes.

Posición de los Estados ante lo documentado por la Misión de la ONU

La Comisión Americana de los Derechos Humanos rechazó las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela y su representante aseguró que fueron el primer organismo en informar sobre lo sucedido.

“Se celebraron unas elecciones presidenciales que carecían de transparencia”, dijo. En esta misma línea, el embajador de Chile mostró su consternación ante la cifra de 25 personas muertas durante las protestas postelectorales. Comunicó que el sistema de justicia venezolano se convirtió en una “herramienta de persecución” contra la oposición.

El embajador de Perú reiteró su preocupación en los casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas en el país, además de la falta de garantías en el proceso y las restricciones en los espacios cívicos.
Por su parte, el embajador británico exigió el conteo de votos de las elecciones del 28 de julio e instó a Nicolás Maduro a detener la persecución en contra de Edmundo González Urrutia y dirigentes de la oposición venezolana.

Otros Estados rechazaron el informe presentado por la Misión de la ONU. El representante de Rusia indicó que “hay una guerra híbrida” en contra de la administración de Nicolás Maduro y aseguró que el representante del oficialismo fue electo presidente del país.

Nicaragua catalogó el informe como una “injerencista y manipuladora” de la ONU en contra de Nicolás Maduro. El representante de Cuba también expresó un argumento similar, indicó que el documento es “hostil e injerencista”.

 

Reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante la presentación del informe

Después de la presentación del informe de la Misión de la ONU, Yval Gil Pinto, ministro de Relaciones Exteriores, publicó un comunicado en el que rechazaron la documentación liderada por Marta Valiñas.

“La República Bolivariana de Venezuela rechaza, de manera categórica, la presentación, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, del informe vulgar y panfletario, redactado por una misión ilegítima, politizada e ideologizada, creada por el cartel de gobiernos del fracasado Grupo de Lima, con el único objetivo de cumplir órdenes emanadas desde Washington, para aplicar la política estadounidense de “cambio de régimen” en contra del gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó en su cuenta de Instagram.

Edmundo González admitió que no le había comentado nada sobre su salida de Venezuela a Maria Corina Machado

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Este viernes, 20 de septiembre, el líder de oposición exiliado en España, Edmundo González Urrutia, admitió que no le había comentado nada sobre su salida de Venezuela a María Corina Machado sino un día antes de pedir el asilo político. 

“Ella no lo sabía. Yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la embajada de España”, dijo González en entrevista con Reuters. 

González Urrutia insistió en que su salida de Venezuela fue bajo coacción “fueron dos días de negociaciones, 48 horas muy tensas, no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento”, dijo.

El político aseguró que desconoce quién tomo la foto que se hizo viral en donde aparecen él y los hermanos Rodríguez firmando el documento para su exilio. Cuestionó que se hayan divulgado los audios y negó conocer quién pudo haberlos grabado. 

Edmundo González aseguró que tuvo que buscar refugio diplomático después de que le advirtieran que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro “iban a por él”.

Aseguró que su salida se dio con garantías de que ni a él, su familia ni sus bienes serían atacados por el chavismo en territorio venezolano.

“Podría haberme escondido, pero tenía que ser libre para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitir al mundo lo que está pasando en Venezuela, hacer contactos con líderes mundiales”, dijo.

En la entrevista aseguró que confiaba en que “todavía era posible un traspaso pacífico del poder en Venezuela, y que él seguía siendo la persona indicada para liderarlo”.

*Con información de Reuters

Senadores proponen proyecto de ley para aumentar a $100 millones la recompensa por Nicolás Maduro

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Los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio presentaron este jueves, 19 de septiembre, un proyecto de ley para aumentar la recompensa por la captura del gobernante Nicolás Maduro a los 100 millones de dólares.

El proyecto de ley, titulado STOP MADURO, por sus siglas en inglés, espera que la Administración para el Control de Drogas (DEA) aumente la recompensa ofrecida en el 2020 durante el gobierno del expresidente Donald Trump, que para ese año se estableció en 15 millones de dólares.

“La recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando bienes incautados que ya están siendo retenidos de Maduro, funcionarios del régimen de Maduro y sus co-conspiradores”, explican los senadores en un comunicado de prensa publicado en la página web de Scott.

Según la Fiscalía del Sur de Florida y sus socios federales, las incautaciones de activos suman aproximadamente $450 millones de dólares.

“Mi Proyecto de ley STOP MADURO aumentará la recompensa máxima por información que conduzca al arresto y condena de Maduro a 100 millones de dólares, utilizando bienes incautados en lugar del dinero de los contribuyentes estadounidenses para poner fin a la tiranía causada por este narcoterrorista”, señaló Rick Scott.

Por su parte, el senador Marco Rubio consideró que el gobierno estadounidense “debe hacer más para detener al narco-dictador Nicolás Maduro”. En ese sentido, dijo que pidió a la Interpol que emita una alerta roja para facilitar esto. “Maduro es uno de los conspiradores más corruptos del régimen venezolano y ya es hora que rinda cuentas por sus crímenes”, sentenció Rubio.

A su vez, el congresista Mario Díaz-Balart recordó que durante casi dos meses, tras las elecciones presidenciales en Venezuela, “el régimen de Maduro solo ha intensificado su brutal represión”.

“Según informes, las detenciones arbitrarias, la tortura y la persecución políticamente motivada se han intensificado bajo el régimen opresivo de Maduro”, agregó Díaz-Balart en sus declaraciones.

VIDEO | Dignora Hernández cumple seis meses detenida, familiares exigen su liberación

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Este viernes, 20 de septiembre, se cumplen seis meses de la detención de Dignora Hernández, la secretaria política nacional del partido Vente Venezuela que lidera María Corina Machado.

A través de un video difundido en la plataforma Youtube, la madre y la hermana de la dirigente política, piden al gobierno de Nicolás Maduro una medida humanitaria que le permita a Hernández recibir tratamiento médico en su casa. 

“Mi hermana Dignora padece de una urticaria crónica severa de origen desconocido. Nos preocupa que en los últimos días esta crisis alérgica se haya intensificado”, dijo la hermana de Hernández. 

La familia de Hernández hizo un llamado de atención a los organismos competentes “señores permitan que Dignora continúe con su exámenes médicos, permitan que las atenciones y los cuidados los reciba en su casa, con su familia”.

Recordaron que la medida humanitaria que piden se trata de un derecho humano.

“Como familia hoy nos sentimos desprotegidos sin saber a donde ir ni a quien acudir, no queremos que la situación de Dignora empeore”, imploraron.

El partido Vente Venezuela a través de su cuenta en X, también exigió la liberación de de Dignora Hernández y Henri Alviarez quienes “se encuentran en El Helicoide, criminalizados por ejercer derechos políticos. Exigimos libertad para todos los presos políticos”, afirmaron.

“Auxilio, por favor”

El pasado 20 de marzo. En un video difundido en redes sociales quedó evidenciado cuando funcionarios armados de la Policía Nacional Bolivariana DIP, se la llevaron a la fuerza. 

“Auxilio, por favor”, fue el grito desesperado de Dignora que estremeció a todo el país. Desde entonces, sus familiares y abogados solo saben que está detenida en el Helicoide, en Caracas. 

Ese mismo día, el fiscal Tarek William Saab, informó la detención de Hernández argumentando que estaba involucrada en una nueva trama de conspiración contra el Estado.  

En declaraciones de Saab a los medios de comunicación, explicó que lograron obtener dos videos “reveladores” en donde Emil Brand Ulloa, coordinador estatal de Vente Venezuela en Barinas, confesó que tenían planes para “desestabilizar el país”. 

En el video mostrado por Saab aparece Ulloa diciendo que Magaly Meda y Henry Alviárez, ambos del comando de Vente Venezuela, dan instrucciones para que inicien las acciones «desestabilizadoras para forzar la habilitación de María Corina Machado». 

Dignora Hernández es licenciada en Educación. Fue diputada suplente por el estado Monagas en la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021 en las elecciones parlamentarias de 2015, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y por el partido Cuentas Claras.