El primer semestre de 2026 estuvo marcado en Venezuela por el deterioro del poder adquisitivo, la persistencia de las restricciones a la libertad de expresión, un aumento de la conflictividad social y dificultades en los sistemas de salud y educación, además de la emergencia causada por los dos sismos del 24 de junio.
Así lo refleja el balance “Venezuela en cifras: lo que los datos significan en la vida diaria”, presentado este 4 de septiembre por Un Mundo sin Mordaza, que reúne información publicada por instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos, gremios, universidades y organismos internacionales.
El informe advierte que las cifras no necesariamente reflejan la totalidad de los problemas registrados durante el período. Se precisa que algunas fuentes solo habían actualizado sus datos hasta marzo o mayo, por lo que Un Mundo sin Mordaza decidió conservar esos períodos en lugar de hacer proyecciones para completar el semestre.
El balance de Un Mundo sin Mordaza reúne indicadores provenientes de distintas fuentes y advierte sobre las limitaciones para registrar la realidad venezolana en un contexto donde persisten obstáculos para documentar violaciones de derechos humanos.
El reporte evalúa la situación de varios aspectos en el país, que se resumen en las siguientes claves:
Libertad de expresión bajo presión
Entre enero y junio se registraron 65 casos relacionados con la libertad de expresión, de acuerdo con los datos recopilados por Espacio Público. El registro incluye 131 violaciones, entre ellas 27 clasificadas como intimidación y 11 como censura. Durante enero, además, fueron documentadas 25 detenciones relacionadas con estas restricciones.
La presión sobre los medios también se tradujo en el cierre de cuatro emisoras entre enero y febrero: Impacto 105.3 FM, en Táchira; Unika 92.1 FM, en Caracas; Urbana La Salserísima 94.3 FM, en Miranda; y Rítmica 104.1 FM, en Carabobo. En algunos casos, las medidas incluyeron el decomiso de equipos de transmisión.
El informe destaca que las restricciones no afectaron únicamente a periodistas. También hubo personas detenidas o procesadas por videos, mensajes y comentarios críticos publicados en redes sociales o servicios de mensajería. A esto se sumó el bloqueo de 206 sitios web que permanecían restringidos en mayo, de los cuales 65 correspondían a medios de comunicación.
La cobertura de los terremotos del 24 de junio también estuvo condicionada. IPYS Venezuela documentó al menos 12 restricciones contra la prensa, entre ellas cuatro impedimentos de cobertura, tres hechos de hostigamiento o intimidación, dos amenazas, una detención, el decomiso de una credencial y una medida institucional que condicionó la difusión de información.
Los precios subieron más rápido que los ingresos
El poder adquisitivo fue otro de los principales indicadores de deterioro. El salario mínimo legal permaneció en 130 bolívares mensuales durante todo el semestre, pero su equivalencia en dólares pasó de aproximadamente 0,44 dólares al cierre de 2025 a 0,21 dólares el 30 de junio de 2026, de acuerdo con las tasas utilizadas en el informe.
Aunque el Ejecutivo anunció un ingreso mínimo bonificado de 240 dólares para trabajadores activos —compuesto por 200 dólares del Bono contra la Guerra Económica y 40 dólares de cestaticket—, el informe recuerda que estos pagos no modificaron el salario mínimo legal. Para pensionados y jubilados se anunció una bonificación de 70 dólares.
En paralelo, el Banco Central de Venezuela reportó una inflación acumulada de 129,82% entre enero y junio y una variación interanual de 544,13%. El dólar oficial pasó de 298,14 bolívares al cierre de 2025 a 623,02 bolívares el 30 de junio, un aumento de 108,97%. El euro pasó de 351,25 a 710,10 bolívares, equivalente a un incremento de 102,17%.
La brecha entre ingresos y costo de vida también quedó reflejada en las mediciones de las organizaciones que monitorean el consumo. Cendas-FVM calculó en mayo una canasta alimentaria de 772,74 dólares para una familia de cinco personas. El ingreso bonificado de 240 dólares cubría aproximadamente 31% de ese monto, mientras que la remuneración promedio del sector privado, estimada por Fedecámaras en 283 dólares, representaba 36,62%.
Más de 1900 protestas en tres meses
La conflictividad social también aumentó durante el primer trimestre. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 1926 protestas entre enero y marzo, equivalentes a un promedio de 21 manifestaciones diarias y a un incremento de 144% respecto al mismo período de 2025.
De ese total, 721 movilizaciones reclamaron la liberación de personas detenidas por motivos políticos. El OVCS también registró 21 episodios de represión y advirtió sobre la continuidad de detenciones arbitrarias, vigilancia y uso selectivo del sistema penal contra personas que protestaban o formulaban denuncias.
Miranda y Distrito Capital concentraron la mayor cantidad de manifestaciones, con 264 y 260 protestas, respectivamente. Bolívar, Anzoátegui y Sucre completaron los estados con mayor número de movilizaciones registradas.
Salud: enfermedades y hospitales en crisis
El informe analizó el boletín epidemiológico difundido por el Ministerio de la Salud de la semana del 15 al 21 de marzo. Cabe destacar que tras casi una década de opacidad, el organismo retomó la difusión de este reporte. Para ese mes del año, se registraban 25 259 casos acumulados de malaria, 8,3% más que en el mismo período de 2025. Solo durante esa semana se diagnosticaron 1128 casos, de los cuales 899 de los 1.109 casos autóctonos correspondieron a Bolívar.
El Ministerio también confirmó seis casos humanos de fiebre amarilla, tres de rabia humana y tres casos de fiebre hemorrágica venezolana. Estos últimos se distribuyeron entre Barinas, con dos casos y dos fallecimientos, y Portuguesa, con un caso. El boletín registró además 10 672 mordeduras sospechosas de rabia, 19% más que en el mismo período de 2025.
La Federación Médica Venezolana, por su parte, estimó que 90% de los hospitales públicos se encontraba desabastecido y en condiciones de abandono. La organización señaló que la red estaba integrada por 301 hospitales y que solo alrededor de 15 habían recibido mejoras parciales. El propio informe aclara que se trata de una estimación gremial y no de una inspección individual de todos los establecimientos.
Los terremotos de junio profundizaron las dificultades. La Organización Panamericana de la Salud evaluó ocho centros sanitarios: tres presentaban daños estructurales y los ocho requerían apoyo externo inmediato. En el Hospital Dr. Rafael Medina Jiménez, en La Guaira, se perdió 67,6% de la capacidad de camas, mientras que el Hospital Vargas-IVSS llegó a atender a 96 pacientes en un área con capacidad para ocho.
La educación también perdió capacidad
La crisis alcanzó al sistema educativo. La Federación Venezolana de Maestros denunció la suspensión de las nóminas de más de 50.000 docentes y estimó un déficit nacional de 250.000 educadores, especialmente en Matemáticas, Física y Química. El impacto, según el informe, se traduce en materias sin profesores, cursos fusionados y reducción de las horas de clase.
En Distrito Capital, la representación gremial señaló que al menos la mitad de los 890 planteles presentaba fallas de infraestructura o servicios básicos. Tras los terremotos, Unicef informó que 432 escuelas de Caracas habían sufrido daños que dificultaban la continuidad educativa.
La situación también se reflejó en las universidades. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes registró 145 incidentes entre enero y marzo y señaló que el salario base del escalafón docente más alto había descendido a aproximadamente 1,1 dólares mensuales en marzo.
Prisión política y violencia contra las mujeres
La violencia de género y la prisión por motivos políticos permanecieron entre las situaciones documentadas durante el semestre. El monitor de femicidios de Utopix registró 34 posibles femicidios consumados o en grado de frustración entre enero y marzo, aunque la organización advierte que su registro se construye a partir de noticias y publicaciones en redes sociales y, por tanto, constituye un subregistro.
Para el 17 de junio, Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba 554 personas privadas de libertad por motivos políticos: 486 hombres y 68 mujeres. Dentro de ese grupo había 41 personas con enfermedades graves sin atención médica adecuada, 19 adultos mayores, 18 casos documentados de desaparición forzada, 23 personas extranjeras y 28 venezolanos con doble nacionalidad.
La aplicación de la Ley de Amnistía también mostró diferencias entre los registros oficiales y los de organizaciones independientes. La Asamblea Nacional informó que 8616 personas habían recibido algún beneficio, aunque solo 314 estaban encarceladas; las otras 8.302 ya estaban fuera de prisión y recibieron el levantamiento de medidas cautelares. Justicia, Encuentro y Perdón verificó 218 liberaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley.
Los terremotos expusieron la vulnerabilidad del país
Los sismos del 24 de junio constituyeron uno de los acontecimientos centrales del semestre. Transparencia Venezuela registró magnitudes de 7,2 y 7,5 y reportó, al 30 de junio, 1943 personas fallecidas y 10 571 heridas. La cifra oficial de fallecidos según el último balance oficial (finales de agosto 2026) supera las 6000 personas.
De los rescates realizados por equipos organizados, 5380 ocurrieron durante las primeras 48 horas de los terremotos.
El informe también documenta las dificultades para acceder a maquinaria especializada. Según testimonios recogidos por medios el alquiler de una retroexcavadora podía alcanzar 500 dólares diarios, mientras que un equipo especializado tipo jumbo podía costar hasta 1200 dólares, sin incluir traslado ni logística.
La capacidad de respuesta sísmica también aparece como una de las principales alertas. Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de Los Andes, señaló que Venezuela llegó a contar con entre 250 y 300 estaciones sismológicas, pero estimó que para el 30 de junio Funvivis tendría solo entre tres y cinco estaciones operativas. Transparencia Venezuela, además, informó que el organismo tardó aproximadamente cuatro horas y media en publicar su primer reporte sobre los terremotos.
El deterioro ambiental también tiene impacto económico
El balance incluye además indicadores sobre la situación ambiental. El Observatorio de Ecología Política de Venezuela reportó que un incendio ocurrido en enero afectó 27,06 hectáreas del Parque Nacional Henri Pittier, en Aragua. En marzo documentó un derrame petrolero en el Golfete de Coro, Falcón, que se extendió por más de 40 kilómetros y afectó varias comunidades. Pescadores consultados por El Diario señalaron que el derrame limitó su actividad.
El informe también recoge datos sobre el Arco Minero del Orinoco, que Provea ubica en aproximadamente 111 843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar y en territorios vinculados con 11 pueblos indígenas. Aunque Radio Miraflores informó sobre la participación de 1500 mineros en la consulta pública de una nueva Ley de Minas, el informe señala que no localizó un registro público que demostrara la realización de consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas potencialmente afectados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
