El opositor Pedro Guanipa, director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, fue detenido este jueves, 26 de septiembre, por funcionarios de seguridad cuando se disponía a viajar a Colombia, según denunciaron sus familiares.
El hombre, de 57 años, “fue detenido de forma arbitraria y sin razón legal alguna cuando se disponía a sellar el pasaporte para trasladarse a Bogotá”, de acuerdo con el exdiputado Tomás Guanipa, hermano del detenido, que no precisó si el arresto se produjo en un aeropuerto o una frontera terrestre.
“Desconocemos su paradero y exigimos su liberación”, añadió en X el opositor.
Mi hermano @pedroguanipav fue detenido de forma arbitraria y sin razón legal alguna cuando se disponía a sellar el pasaporte para trasladarse a Bogotá, desconocemos su paradero y exigimos su liberación. https://t.co/KkEwjeZGxA
Asimismo, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, también hermano del detenido, tildó de arbitraria esta aprehensión, y aseguró que las autoridades no han ofrecido información hasta ahora.
“Exigimos se informe de su ubicación y sea liberado porque no ha cometido delito alguno”, pidió el político, uno de los dirigentes más cercanos a la líder opositora María Corina Machado, a quien el Gobierno acusa de encabezar supuestos planes golpistas.
Nuestro hermano Pedro Guanipa ha sido detenido arbitrariamente cuando salía hacia Bogotá. Exigimos se informe su ubicación y sea liberado porque no ha cometido delito alguno. ¡Dios lo acompañe! https://t.co/tVBAUBolyt
La detención se produce dos días antes de la “protesta mundial” convocada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contra el resultado oficial de las elecciones del 28 de julio.
Luego de los comicios, cuyo resultado ha sido cuestionado dentro y fuera del país, se desató una crisis política que se salda con cerca de 2.400 personas detenidas, muchas de ellas simpatizantes de la PUD, a las que el Ejecutivo y la Fiscalía califican de terroristas.
Madres y familiares de los niños y jóvenes detenidos en el contexto de las protestas poselectorales se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas, exigiendo su liberación. Durante la manifestación, entregaron un amparo solicitando que el organismo revise y atienda el caso de ocho menores recluidos en la Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, así como de siete jóvenes que se encuentran en el Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Las madres denunciaron que sus hijos han sido acusados de delitos graves como terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías públicas y asociación para delinquir sin tener ninguna prueba y tampoco se les permite una defensa privada, a pesar de que el artículo 49 de la Constitución establece: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.
Primera página del documento entregado en la fiscalía.
“Nuestros hijos son inocentes, no son terroristas y se les está violando el debido proceso”, dijeron al salir del Ministerio Público. También informaron que el documento fue recibido por el abogado Marco Delgado, adjunto del Departamento de Derechos Humanos, y que esperan que en 15 días tengan una respuesta.
#26Sep Madres y familiares de los niños detenidos en la Casa de Justicia 431, en El Cementerio, entregaron un documento en el Ministerio Público en el que exigen la liberación de los menores de edad pic.twitter.com/uXZhZyNvJ2
En el documento, detallaron los nombres y apellidos de cada uno de los detenidos y las circunstancias de su detención. Todos fueron detenidos sin una orden de aprehensión.
Madres provenientes del estado La Guaira, expresaron que a sus hijos, recluidos en Tocuyito, no les permiten visitas y a algunos ni les permiten hacer llamadas.
Tanto los niños como los jóvenes tienen más de 45 días detenidos. Sus familiares exigen que se respete el debido proceso y que se apeguen al ordenamiento jurídico venezolano.
Ángel Moisés Ramírez, de 16 años, fue detenido dentro de su casa. El joven se encontraba cuidando a su hermano y la policía se lo llevó. Lo asocian con el caso del concesionario de motos Bera, ubicado en Jardines de El Valle.
De acuerdo al testimonio de la madre, durante las protestas poselectorales el concesionario Bera fue saqueado y fueron ultrajadas algunas motos.
Ella insiste en la inocencia de su hijo, ya que la moto Bera fue abandonada afuera de su casa. Le informó a un amigo policía y el mismo le indicó que los miembros del consejo comunal tenían que denunciarlo, cuando lo hicieron, la policía se llevó el medio de transporte y también al niño, sin ninguna orden de detención.
Los familiares de los jóvenes detenidos exigen su liberación.
A Ramírez se le imputa terrorismo, incitación al odio y hurto agravado. Está detenido en el Centro de Justicia 431, en El Cementerio, Caracas.
“Mi hijo está muy deprimido. Lo único que lo mantiene con ánimo es que él escribe cartas, le ha mandado cartas a casi todos sus familiares. Yo le digo que tenga paciencia, que estamos haciendo lo que podemos para sacarlo, pero no es fácil”, expresó su mamá.
Ángel le ha dicho a su mamá que quiere salir para continuar estudiando: “Él también le mandó una carta a la directora de su escuela y le dijo que la situación no estaba fácil adentro, que le permitiera volver a estudiar cuando saliera”, agregó.
El frente de ‘Madres Unidas por la Verdad’, clama por la libertad de los niños y jóvenes detenidos. Alegan el incumplimiento del proceso, la falta de defensa privada y la falta de pruebas.
“Venía caminando y lo detuvieron”
Durante la manifestación, la madre de Jesús David Rosal, de 22 años, proveniente de La Guaira, denunció que su hijo fue detenido “cuando venía caminando”.
“Él fue detenido el 29 de julio y el 30 cumplió 25 años. Venía de casa de un amigo y vio a muchos vecinos que le dijeron ‘Jesús, métete por el aeropuerto, porque eso por ahí está feo y él le dijo ‘no, porque yo no estoy haciendo nada malo y él, que no la debe, no la teme’”, expresó.
Su madre indicó que tomó esa vía porque era la más cercana a su casa y los policías del estado La Guaira “lo agarraron, lo montaron en el convoy de la Guardia Nacional y después lo llevaron a la ZODI”, indicó.
Contó que solo pudo ver a su hijo, a lo lejos, cuando estaba recluido en el retén del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Macuto. A Rosal lo presentaron el 3 de agosto y la última vez que su madre lo vio fue el 8 y “solo por cinco minutos”.
“El 10 de agosto, de madrugada, a oscuras, lo sacaron y lo trasladaron a Tocuyito. Nadie sabía nada. Nos enteramos ese día, como al mediodía que fuimos a llevarle la comida, y el director del retén nos informó que ni siquiera él tenía conocimiento del traslado”, comunicó.
A la mayoría de los detenidos en contexto de protestas postelectorales se les ha asignado un defensor público, sin embargo, estos no ofrecen respuestas oportunas.
“El defensor que nos asignaron nunca sabe nada, nunca nos da noticias. No nos dice nada de las visitas. Estamos incomunicados”, puntualizó.
La madre afirmó que sabe que su hijo está en Tocuyito por el defensor público y viajaron hasta el estado Carabobo, pero no pudieron verlo. “Viajamos toda la semana y nada, no nos dejan que lo veamos”.
La madre de Kevin Ramos y de Jesus David Rosal denuncian que sus hijos están incomunicados en Tocuyito.
“No sabemos nada de él”
La madre de Kevin Ramos especificó los detalles del día que lo detuvieron en La Guaira. “Él fue a cobrar un día de trabajo”, ya que no tiene un ingreso fijo y se dedica al comercio informal.
“Cuando él sale de la panadería, se da cuenta de que hay un operativo y se quedó ahí, porque pensó que si corría iba a ser peor. Igual, se lo llevaron sin ninguna explicación ni nada y hasta el sol de hoy, no sabemos nada”, dijo.
Comentó que los primeros días estuvo desaparecido porque se enteraron dos días después de la detención. “Me llamaron y me dijo que estaba detenido en Macuto y me lanzo para Macuto, porque mi trabajo está cerca, y después de ahí lo trasladaron a Tocuyito”.
A Ramos, de 34 años, le imputaron en una audiencia telemática delitos como incitación al odio, daños contra la propiedad pública y privada y terrorismo.
Los familiares de los 49 jóvenes detenidos en Tocuyito denunciaron que los mismos no tienen comunicación. Tampoco se les permite el ingreso de alimentos y medicinas. Algunas madres reciben llamadas muy puntuales en las que solo le indican que “están bien”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, urgió a aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro para que las voces de los venezolanos sean escuchadas.
En una reunión de alto nivel con cancilleres de varios países celebrada en Nueva York en el marco de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, y convocada tanto por Blinken como por la canciller de Argentina, Diana Mondino, el secretario de Estado consideró que es “crucial” sostener la presión colectiva contra el régimen de Venezuela en los meses previos a la toma de posesión presidencial prevista para enero.
“Esa es la lección del Acuerdo de Barbados, que creó las condiciones para unas elecciones competitivas el 28 de julio. A pesar de todos sus desafíos, las elecciones permitieron al pueblo venezolano expresar su voluntad en las urnas por primera vez en muchos años. El régimen puede intentar ocultar los resultados, pero el pueblo venezolano ha hablado. Ahora, nuestro trabajo es asegurar que sus voces sean escuchadas”, sentenció.
“Debemos continuar haciendo llamamiento al régimen de Maduro para que frene la represión de los manifestantes pacíficos y de los opositores políticos, libere de inmediato e incondicionalmente a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, incluyendo niños”, insistió.
El secretario de Estado recordó que el 28 de julio más de 12 millones de venezolanos “desafiaron una campaña de acoso, amenazas y violencia para votar en las elecciones presidenciales de su país”.
Recalcó que el objetivo del mundo debe ser “garantizar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano se respeten realmente” y denunció que Nicolás Maduro “está haciendo todo lo que está en su mano” para negarle a los ciudadanos ese derecho.
Recordó que el régimen se negó a hacer públicos los resultados electorales detallados, así como que hubo “manipulación” de los resultados electorales; para declarar “falsamente ganador a Maduro”.
Insta a hacer valer los derechos humanos de los venezolanos
La declaración también recoge la represión “brutal” que se ha desatado en Venezuela luego del 28 de julio contra “manifestantes pacíficos y opositores políticos”.
Destaca, entre la narración cronológica de los hechos, la orden de arresto contra el candidato de la oposición, Edmundo González, quien terminó exiliado forzosamente en España.
“Estas acciones represivas han sido posibles gracias a años de esfuerzos del régimen de Maduro por eliminar y erradicar sistemáticamente la independencia de las instituciones de Venezuela, incluido su poder judicial”, denunció Blinken, quien se refirió también a que el mundo está al tanto de estos atropellos desde hace años, “gracias a la documentación exhaustiva e imparcial de ONG internacionales, organizaciones multilaterales y regionales, y valientes periodistas locales, defensores de los derechos humanos”.
Asimismo, recalcó los esfuerzos de trabajadores electorales, ciudadanos y organizaciones como el Centro Carter, “que determinó que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y que no pudieron verificar la afirmación de que Maduro ganó; como el Grupo de Expertos de la ONU, que concluyó que el Consejo Nacional Electoral carecía de medidas básicas de transparencia e integridad; y como los grupos venezolanos de derechos humanos que han documentado detenciones arbitrarias de más de 2.000 venezolanos y la matanza de docenas de manifestantes pacíficos desde las elecciones”.
Blinken instó a los cancilleres a ratificar el compromiso de defender los derechos humanos del pueblo venezolano y de “restaurar el futuro democrático de esa nación”.
“Eso significa insistir en que Maduro entable un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela que conduzca a un retorno pacífico a la democracia. Estados Unidos y sus socios están plenamente dispuestos a apoyar este proceso”, expresó.
El funcionario de la administración Biden enfatizó que se debe seguir haciendo el llamado para que se permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión independiente establecida por la ONU de determinación de los hechos en Venezuela.
“No podemos darnos por satisfechos con solamente declaraciones conjuntas. Debemos actuar conjuntamente. Esa es la única manera de cambiar los cálculos y la conducta de Maduro”, instó Blinken.
#EsNoticia 🇻🇪🇺🇸 Antony Blinken pide coordinación internacional para aumentar la presión al régimen venezolano
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció este miércoles 25 de septiembre sobre la situación política que atraviesa Venezuela tras el polémico resultado electoral del 28 de julio, en medio de su discurso en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Mulino, quien lleva poco tiempo en el poder, expresó que la degradación del sistema institucional en Venezuela ha ocasionado una crisis global que se ha incrementado en los últimos años y luego de las presidenciales del 28 de julio.
“Los últimos acontecimientos en Venezuela han minado aún más la mancillada institucionalidad del país. Seamos claros, adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas; querer ganar sin mostrar las actas es lo mismo que perder y no aceptar los resultados”, dijo Mulino en la ONU.
Mulino enfatizó que “es más que evidente que el actual régimen no dejará el poder ni reconocerá su derrota”, por tal razón, hizo un llamado a las organizaciones correspondientes, a que “actúen de forma enérgica contra las actitudes y comportamientos manifiestamente antidemocráticos”.
“Cuando existen casos graves de crisis institucional a lo largo del tiempo, tienen como consecuencia inmediata la deserción de sus ciudadanos. Venezuela es un ejemplo concreto”, apuntó.
“Adjudicarse un triunfo sin mostrar las actas es como querer ganar un juicio sin presentar pruebas”
El presidente de Panamá @JoseRaulMulino dice que la “degradación institucional” en Venezuela es una de las causas de la migración masiva por el Darién pic.twitter.com/j2vs9JGN4x
El mandatario panameño relacionó estrechamente “la desbandada de casi 8 millones de venezolanos”, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la crisis política y económica de Venezuela y calificó el hecho como “una verdadera tragedia migratoria a la que los organismos internacionales no le han dado una respuesta contundente y creíble a lo largo de estos años”.
Afirmó que Panamá hoy enfrenta una inmensa problemática producto de su ubicación estratégica: la inmigración ilegal por la selva del Darién que está siendo utilizada como llave de paso por cientos de miles de migrantes.
Indicó sentirse orgulloso de que Panamá sea un país de conexión al comercio mundial, pero aseguró que no permitirá que sean utilizados para el tránsito de inmigrantes ilegales con los correspondientes costos sociales, humanos y ambientales que esto supone para nuestro territorio.
“Panamá paga hoy un alto costo ambiental producto de este flujo ilegal de personas, ocasionando un daño severo a nuestra biodiversidad”, dijo el Presidente de Panamá.
Finalizó su discurso pidiendo cooperación y el apoyo de los países miembros para evitar que se use el territorio panameño como trampolín de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a la trata de personas.
Sin razón alguna, una vez más fue diferido el juicio oral y público del activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona.
La continuación del proceso prevista para el pasado martes 24 de septiembre fue pospuesta arbitrariamente.
Según voceros de Fundaredes “el tribunal generó una incidencia por falta de presencia de los órganos de prueba convocados, con el fin de no interrumpir el juicio”.
De acuerdo con lo recogido por la ONG, la nueva audiencia quedó pautada para el venidero 10 de octubre.
“Nuevamente se evidencia la inconsistencia y dilatación de un proceso penal injusto, violando de manera sistemática el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece que, una medida de coerción personal en ningún caso podrá superar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años”, se desprende de un comunicado.
“Son 1.180 días de injusta detención, condena anticipada y negación de justicia”, recordó la organización en su cuenta en X.
Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro en el estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y sujetos sin identificar.
Ante la falta de datos oficiales, el activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre laFuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año.
Varias organizaciones, nacionales e internacionales, han exigido la liberación de Tarazona. Además denunciado que ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, su salud se ha deteriorado y no le han permitido acceso a la salud.
La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) afirmó que Tarazona fue detenido de manera arbitraria, bajo “condiciones inhumanas” y con un “proceso viciado de irregularidades”.
“La criminalización contra personas defensoras incluye vulneraciones graves a las libertades fundamentales”, sostuvo.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón indicó que Javier Tarazona es “criminalizado por el Estado venezolano por denunciar la situación de derechos humanos en la frontera”.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio más de 2.400 personas fueron detenidas, e incluso, algunas -no se sabe cuántas- fueron acusadas de “terrorismo” por la Fiscalía General de la República.
El delito de “terrorismo” es muy “amplio” en el marco jurídico del país, de acuerdo con expertos, quienes advierten que, en consecuencia, “cualquier cosa cabe” para que alguien sea señalado como terrorista.
En declaraciones ofrecidas a EFE, el abogado Joel García dijo que a los detenidos “les imputan por igual terrorismo, pero no individualizan las conductas”, lo que contraviene -dijo- uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.
Asimismo, el letrado explicó que se han realizado audiencias “masivas” en las que se lleva a cabo el proceso judicial “vía telemática” a los detenidos de “forma colectiva”.
Para García, la acusación de terrorismo es “un patrón sistemático y generalizado” contra la población “disidente” al Gobierno de Nicolás Maduro, algo que -afirmó- se vio, aunque con “más selectividad”, en las protestas antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019, pero “la diferencia” es que, durante esos años, los detenidos “podían designar defensa privada”, como contempla la ley.
Por otra parte, Joel García afirmó que a los detenidos en las protestas poselectorales los representan defensores públicos, lo que no permite “una contraparte” que “refute” las acusaciones, pues considera que funcionarios adscritos al Poder Judicial “cumplen instrucciones y no pueden hacer mayor cosa”.
Sin una defensa privada -manifestó el abogado- no se puede acceder al expediente del detenido ni refutar las pruebas acusatorias, pues -afirmó- si el defensor público hace esto puede ser “víctima de destitución” y hasta de “detención”.
Una legislación “muy precaria”
García consideró que la legislación venezolana en materia de terrorismo “es muy precaria” y “no está adaptada a los estándares internacionales”, pues se incluyen varios actos de este tipo, como “atentados contra la vida de alguien” o la “interrupción del suministro de agua” para “poner en peligro vidas humanas”, entre otros.
“El terrorismo es mucho más grave que eso. Es la subversión del orden constitucional, coaccionar a gobiernos u organismos internacionales, causar un estado de miedo constante a la población”, manifestó.
Por otra parte, el abogado recordó que la figura del juez especializado en terrorismo fue creada en 2012 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero “no existe” un marco jurídico que detalle sus atribuciones.
Asimismo, prosiguió, quienes juzgan “no son tribunales”, sino “personas” con competencia en terrorismo, por lo que esta atribución está “mal creada”, pues si el juez -expresó- se “muere”, la competencia en terrorismo también.
“Terroristas” por doquier
La administración de Nicolás Maduro señala como “terroristas” a los detenidos en protestas poselectorales, desatadas en todo el país contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora considera “fraudulento”, pues asegura que el vencedor fue su abanderado, Edmundo González Urrutia.
La Fiscalía del oficialismo también los califica como “terroristas” y los acusa de “vandalismo” y “violencia”, pese a que varias ONG y familiares de detenidos aseguraron que algunos fueron apresados en sus casas, sin ni siquiera haber participado en las manifestaciones.
La Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela dijo haber confirmado al menos 158 menores detenidos, algunos acusados por “terrorismo”, un fenómeno que el grupo “no había identificado” desde 2019, cuando inició su trabajo.
La ONG Foro Penal Venezolano actualizó este jueves 26 septiembre la cifra de presos políticos en Venezuela: 1.867.
Según el balance de la organización, de esta cifra 1.723 han sido encarcelados desde el 29 de julio de este año, fecha posterior al domingo de elecciones presidenciales.
A juicio de la ONG, es la cantidad más elevada de presos con fines políticos en Venezuela al menos en el siglo XXI.
De los detenidos, 1.673 son hombres y 230 mujeres; 1.708 son civiles y 159 militares; 1.799 adultos y 68 adolescentes.
De acuerdo a la base de datos del FPV, desde 2014 a la fecha, se han contabilizado 17.828 detenciones por razones políticas y 9.000 aún están sujetas a medidas restrictivas de libertad.
El abogado Alfredo Romero, fundador y director del FPV, denunció este martes 24 de septiembre que en una visita a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo no permitieron el ingreso de abogados.
“Compartimos con cientos de familiares que se encuentran a las puertas del centro penitenciario, donde ahora permanecen presos políticos muy jóvenes en su mayoría, por situación postelectoral. Mucha tristeza y desesperación”, dijo Romero en un video.
Romero denunció que la mayoría de los familiares, algunos provenientes de otros estados de Venezuela, se mantienen a las puertas de la prisión, en vista de que tampoco les dejan ver a sus afectos.
El Foro en Tocorón
La misma situación fue denunciada por Romero en la cárcel de Tocorón.
“En las puertas de Tocorón. No me permitieron la visita ni entregar las designaciones. Nos dicen que las visitas están prohibidas. Aquí nos informan que hay 948 personas privadas de libertad”, indicó Romero.
Las protestas de la crisis poselectoral dejaron al menos 25 muertos y más de 2.400 detenidos, de acuerdo a cifras oficiales.
De acuerdo a Foro Penal, antes del 28 de julio, los privados de libertad por motivos políticos eran casi 300.
El Centro para los Defensores y la Justicia documentó que, después del 28 de julio, la represión hacia los defensores de los derechos humanos aumentó y, durante el mes de agosto, se registraron 134 ataques.
En su informe “Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos”, destacan que agosto es el segundo mes del año con más ataques hacia los activistas y defensores.
Señalan que “preocupa el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento, las amenazas y las detenciones arbitrarias en contra de las personas defensoras de los derechos humanos”.
Intimidación y hostigamiento
En el balance, advierten que las características más comunes de los ataques son la intimidación y el hostigamiento. Los hechos están acompañados de campañas de estigmatización, “donde las personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas, desestabilizadoras, entre otros”.
Se registraron 56 casos de hostigamiento e intimidación y 47 relacionados con la estigmatización.
El documento señala que estos hechos evidencian la difícil labor de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela. “Las medidas represivas del Estado siguen afectando gravemente el derecho a defender y exigir derechos, afectando la operatividad y la seguridad de las personas, quienes no pueden realizar su trabajo sin temor a represalias”.
Organizaciones de DDHH son las más atacadas
El informe indica que las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos son las más atacadas. De acuerdo al balance, durante el mes de agosto, 96 ataques estuvieron dirigidos a estas organizaciones, representando el 72 %.
“Mientras que 38 ataques fueron individualizados en contra de personas defensoras de los derechos humanos”, esto representa un 28 %, según lo documentado.
Entre los casos más destacados, el Centro para los Defensores y la Justicia citó a la organización PROVEA y los nuevos señalamientos en contra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Amnistía Internacional y Control Ciudadano.
Los responsables
Dentro del informe también señalan a los responsables de estas campañas de intimidación y hostigamiento. El monitoreo de la organización indicó que 48 de las agresiones fueron perpetradas por medios de comunicación tanto tradicionales como digitales que pertenecen al Estado.
Un total de 40 fueron realizadas por funcionarios públicos, quienes usaron sus redes sociales, o declaraciones en medios de comunicación gubernamental, para estigmatizar e intimidar. Según lo citado en el informe, 29 de los hechos fueron responsabilidad de las Instituciones Públicas, mientras que nueve fueron cometidas por otros actores afines al gobierno y ocho por organismos de seguridad del Estado.
Lógica del “enemigo interno”
En el contexto postelectoral crecieron los ataques a los activistas y defensores, esto bajo una lógica del “enemigo interno”, esto se continúa manifestando a través de patrones de ataques dirigidos a “neutralizar mediante el miedo la labor de quienes protegen derechos en el país”.
En el informe añade que las agresiones de la integridad física y moral aumentaron, mientras que el hostigamiento es el principal patrón de ataque registrado.
Vigilancia
Por parte de los actores estatales y no estatales incrementó la vigilancia hacia los defensores y organizaciones dedicadas a los derechos humanos. Agregan que la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad es un tipo de mecanismo que “tiene un efecto disuasorio e inhibidor en las organizaciones y sociedad civil, quienes, al poder ser víctimas de seguimiento, tienen temor de seguir realizando sus actividades”.
El informe “Situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos”, entre sus conclusiones, destaca que “la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continúa bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa de Venezuela”.
Además, hacen un llamado al Estado a tomar los correctivos necesarios para revertir esta política y sus efectos.
