Hay cosas en las que no he estado de acuerdo con María Corina Machado. No es ningún secreto. Pero una cosa es discrepar y otra muy distinta es negarse a reconocer cuando alguien dice algo que merece ser escuchado. Y escuchado con atención. Esta vez, pienso que María Corina tiene razón. Vi su video completo y estoy totalmente de acuerdo con ella.
El petróleo venezolano no es propiedad de un gobierno, sea cual sea. Mucho menos de un gobierno cuya legitimidad democrática está en discusión. El petróleo pertenece a los venezolanos, no al gobierno de turno. Y si algún día vamos a reconstruir la industria petrolera —y habrá que hacerlo, porque la destrucción ha sido monumental— tendrá que ser con reglas claras, transparencia, licitaciones abiertas, seguridad jurídica, instituciones profesionales y rendición de cuentas. No debería ser tan difícil entenderlo.
Pero en la Venezuela de hoy parece que estamos pasando de un extremo al otro sin detenernos a pensar. Durante veintisiete años tuvimos a un régimen que convirtió al Estado en una finca particular. Chávez y Maduro hicieron y deshicieron con el patrimonio nacional como si fuera suyo. Empresas públicas, petróleo, electricidad, minas, tierras, dinero: todo terminó sometido al poder político, a la corrupción y al capricho de quienes mandaban.
¿Y ahora qué? Ahora tenemos un rey: Donald Trump. Se está comportando como alguien que cree que puede decidir el destino de un país ajeno porque tiene la fuerza suficiente para hacerlo. El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela es de una magnitud que debería estremecer a cualquier venezolano. Según Reuters, la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por Alejandro Betancourt, tendrá acceso durante cien años a 17 campos petroleros con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. Estados Unidos tendrá una participación del 35 % en la empresa matriz y derechos preferenciales sobre parte de la producción.
Cien años. Repítanlo conmigo: cien años. Yo estoy a favor de la inversión extranjera. Venezuela necesita capital, tecnología, conocimiento, infraestructura y empresas capaces de volver a poner a producir una industria petrolera devastada.
Pero inversión extranjera NO significa entregar el país. Y mucho menos significa entregárselo a quien tenga el mejor acceso a la Casa Blanca. Porque hay otro nombre en esta historia que resulta particularmente incómodo: Alejandro Betancourt.
Betancourt no apareció ayer en Venezuela. Se hizo conocido durante el chavismo, cuando Derwick Associates y sus socios obtuvieron contratos para construir plantas eléctricas en medio de la emergencia energética. Investigaciones periodísticas, entre ellas las publicadas por The New York Times, señalaron que fueron contratos por unos 5000 millones de dólares y que varios fueron adjudicados sin procesos competitivos de licitación. Las acusaciones sobre sobrecostos y la calidad de algunas instalaciones fueron objeto de investigaciones y disputas judiciales. Betancourt y Derwick han negado las irregularidades, aunque todos los venezolanos sabemos que aquellos negocios ocurrieron mientras Venezuela se hundía en una crisis eléctrica que terminó convirtiendo la oscuridad en parte de la vida cotidiana.
Y la oscuridad no fue solamente una metáfora. Los apagones tuvieron consecuencias humanas. Hospitales sin electricidad, pacientes dependiendo de equipos que dejaron de funcionar, tratamientos interrumpidos, personas que murieron en medio del caos. No hace falta atribuirle personalmente una muerte a Betancourt para recordar algo elemental: cuando se hacen negocios millonarios alrededor de una emergencia pública, la pregunta sobre qué se hizo, cuánto costó, qué se entregó y quién respondió por ello no puede desaparecer debajo de la alfombra.
El empresario, entretanto, ha construido una fortuna y una extraordinaria capacidad de supervivencia política. Chávez lo convirtió en uno de los llamados “bolichicos”. Después cayó en desgracia con el régimen. Más tarde apareció vinculado a sectores de la oposición. Y ahora es una pieza central de la nueva política energética de Washington en Venezuela. ¡Qué admirable capacidad para cambiar de escenario!
Lo verdaderamente extraordinario es que, mientras Estados Unidos dice estar construyendo una nueva Venezuela, uno de los hombres que prosperó haciendo negocios durante el chavismo aparece nuevamente en el centro de la mesa. ¿No era precisamente eso lo que queríamos cambiar? Y aquí la historia se vuelve todavía más incómoda:
Betancourt ha estado bajo investigación en Estados Unidos, España y Suiza por asuntos relacionados con presunto lavado de dinero. No ha sido condenado ni formalmente acusado en Suiza, y él ha negado reiteradamente cualquier conducta ilícita. El asunto ha sido documentado por medios internacionales como The Washington Post, The New York Times y El País, y los medios venezolanos Armando Info, Efecto Cocuyo, El Pitazo y Runrunes lo han investigado enjundiosamente y publicado los resultados de esas investigaciones.
La cosa se pone aun peor cuando aparece otro personaje conocido: Rudy Giuliani. En 2019, Betancourt contrató a Giuliani como abogado. El abogado de Trump desde abril de 2018… ¿casualidad? Según investigaciones periodísticas publicadas entonces, Giuliani intervino ante funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense en relación con las investigaciones que involucraban al empresario.
Ahora, años después, Betancourt no solamente está de vuelta. Está sentado en primera fila. Y tiene al Pentágono como socio. Hay algo profundamente perturbador en todo esto, porque si el argumento para cambiar Venezuela era acabar con los privilegios, ¿por qué los privilegios cambian de dueño, pero no desaparecen?
Si denunciábamos que el chavismo repartía el país entre amigos, testaferros, empresarios favoritos y operadores políticos, ¿qué nombre debemos darle ahora a un sistema en el que un empresario venezolano, cuestionado durante años por sus negocios anteriores, termina siendo el intermediario indispensable para una operación petrolera histórica respaldada por Washington? ¿Acaso no hay otra persona, al menos una?
¿Realpolitik? Puede ser. De hecho, funcionarios estadounidenses han defendido la necesidad de contar con socios que conozcan el terreno venezolano y han señalado que la experiencia de Betancourt pesó en la decisión, pese a las controversias que lo han acompañado. Pero la realpolitik tiene una peligrosa costumbre: cuando se practica sin principios, termina pareciéndose demasiado a aquello que decía combatir.
María Corina Machado ha pedido algo que debería ser obvio: que la reconstrucción petrolera de Venezuela se haga con transparencia, licitaciones abiertas, instituciones técnicas, seguridad jurídica y arbitraje internacional. No está pidiendo que se quede el petróleo bajo tierra. No está diciendo que no vengan las grandes compañías petroleras. No está rechazando la inversión estadounidense. Está diciendo algo mucho más sencillo: Venezuela no puede pasar de un dueño a otro. ¿Cómo no estar totalmente de acuerdo con ella?
Porque una cosa es sacar a Venezuela de las manos de una dictadura y otra, muy diferente, es permitir que una potencia extranjera decida cuánto vale nuestro petróleo, quién lo explota, durante cuánto tiempo y quiénes serán sus socios venezolanos. La soberanía no consiste en poner una bandera encima de un pozo. Consiste en que los venezolanos podamos decidir, mediante instituciones legítimas, qué hacemos con nuestros recursos.
No quiero que Venezuela vuelva a ser la finca de un hombre. ¿Vamos a regresar al gomecismo cien años después? No quiero que mi país sea de nadie. De ningún presidente. De ningún empresario. Ni de ningún gobierno extranjero. Y mucho menos quiero que, después de haber pasado décadas luchando para recuperar una república, terminemos descubriendo que simplemente cambiamos de amo.
Antes teníamos un dictador. ¡Ahora tenemos un rey!
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