Primero Justicia (PJ) reafirmó su compromiso con la defensa del eventual triunfo que obtuvo la oposición en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso.
“Estamos comprometidos a consolidar y defender el triunfo electoral del 28 de julio, fortalecer la unidad opositora y ejercer presión interna y externa para que se respete la voluntad del pueblo venezolano, promoviendo una agenda democrática y transparente”, expresó Primero Justicia en X.
“Tras largas horas de debate y trabajo, el comité nacional aprobó un plan político estratégico para la defensa de la soberanía popular y el fortalecimiento de la unidad democrática”, agregó el partido a través de las redes sociales.
De acuerdo a PJ, el objetivo “es mantenerse cerca de las necesidades y exigencias del pueblo y formar parte de la solución y superación de la grave crisis humanitaria que padece el país”.
El plan ideado por la cúpula del PJ contempla “fortalecer el liderazgo opositor, consolidar la estructura de toma de decisiones, innovar en la presión interna y externa, reforzar la unidad y defender la soberanía nacional, la publicación de las actas y la auditoría transparente de los resultados del 28 de julio”.
Tres semanas después de que el ex candidato presidencial y ex gobernador Henrique Capriles anunciara su renuncia a la directiva nacional de PJ, el partido aprueba el plan por “falta de unidad interna y de transparencia y rendición de cuentas de los administradores”.
En una carta publicada el pasado 23 de septiembre, el exgobernador del estado Miranda aseguró que la junta “no tiene un plan claro ni una propuesta en tiempos de tanta turbulencia e incertidumbre y el robo de la soberanía popular por parte de quienes están en el poder”.
Capriles indicó que algunos militantes han sido expuestos a bajezas por parte del exdiputado Julio Borges.
“El prioriza sus intereses particulares y tiene una larga historia en el uso pagado de redes y portales para atacar y desprestigiar a opositores, incluso a miembros de este partido”.
Este lunes, la Audiencia Nacional de España comenzará un juicio contra el exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, acusado de participar en un presunto esquema de fraude fiscal junto a su hijo Alejo.
Según la acusación, Morodo “ocultó a las autoridades fiscales españolas el supuesto cobro de 4,5 millones de euros a través de falsos contratos de asesoría legal con Pdvsa entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no ostentaba el cargo de embajador”.
De acuerdo a la investigación, parte del dinero supuestamente se blanqueó mediante un complejo entramado de sociedades, en el que también estarían involucrados otros cómplices, incluyendo a la esposa de Alejo y a dos socios venezolanos.
Uno de los socios fue Juan Carlos Márquez, a quien hallaron ahorcado en su casa de Madrid tras declarar ante la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción española pidió tres años y medio de prisión para Raúl Morodo y penas más severas para su hijo Alejo, por el cual solicitan ocho años y medio de cárcel.
Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones)
Además, la fiscal Ana Cuenca exigió multas que suman 1,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil en sus declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017.
El origen de los fondos que Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014.
También estuvo imputada la esposa de Morodo, Cristina Cañeque, y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria descubrió “graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad MS Trading, de la que ella era titular”.
El juez instructor Alejandro Abascal, a petición de la fiscal, acordó remitir esta parte a los juzgados de Plaza de Castilla para que se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador.
Lasirregularidades fueron detectadas después que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe total de 9.294.710,21 euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo, María Morodo Cañeque, a través de la UTE Grupo Lindley 2013.
Según la Encuesta Pulso de la Migración del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al menos 23,6 % de los venezolanos en Colombia asegura haber enfrentado discriminación por su nacionalidad a la hora de buscar empleo.
De acuerdo a la investigación, el 48,5 % de los encuestados indicó que no consiguen empleo debido a la falta de documentación. Los consultados indicaron que el difícil acceso a un permiso de trabajo les impide conseguir un empleo digno.
Por otro lado, el 26 % de los migrantes señaló que las ofertas que encuentran tienen baja remuneración o malas condiciones laborales.
22,6 % expresó que no cuenta con el dinero necesario para adquirir alimentos.
13,4 % manifestó que la falta de experiencia era un condicionante a la hora de ser contratado para un empleo y 8,9 % expresó no saber dónde buscar trabajo.
Otros factores, como la imposibilidad de cumplir una jornada completa (6,2 %) y las responsabilidades familiares (2,5 %), inciden negativamente en la situación laboral de decenas de venezolanos en Colombia se desprende del estudio hecho por el DANE.
Pese a todas estas dificultades, más de la mitad de los migrantes venezolanos en Colombia (59,6 %) ha logrado integrarse al mercado laboral neogranadino.
De acuerdo a la encuesta, los hombres han tenido mayor suerte en el aspecto laboral, con un tasa de contratación del 74,3 %, mientras que las mujeres poseen un 45,2 %.
El estudio revela que el rechazo al país de origen se ha convertido en una de las principales barreras que dificulta la integración de los venezolanos en el mercado laboral de Colombia.
Venezolanos generan impacto fiscal en Colombia
Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que en 2022 los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia generaron un impacto económico equivalente a 529,1 millones de dólares.
La investigación revela que el impacto fiscal en 2022 de los venezolanos representó casi un 2 % del total de ingresos fiscales totales en Colombia.
De acuerdo al estudio, solo 18 % está empleado en su campo de incumbencia y un grueso de personas trabaja en el sector informal, lo que limita la generación de ingresos.
En el marco del llamado por el gobierno de Nicolás Maduro “Día de la resistencia Indígena” este sábado 12 de octubre, varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron un deterioro de las condiciones de vida de los pueblos originarios en el país.
“A lo largo de los años, se intensifican y agravan las vulneraciones sistemáticas hacia la población indígena venezolana, reflejando graves violaciones a sus derechos humanos”, escribió en sus redes sociales la ONG Fundaredes
“Los derechos a la salud, educación, vida digna, seguridad y a una economía estable han sido socavados”, añadió la organización.
“Mientras las comunidades enfrentan un ambiente deteriorado por actividades extractivas y la militarización de sus territorios, se le suma la violencia de grupos armados irregulares, el acceso restringido a la alimentación y la discriminación estructural. Nuestra población ancestral debe recibir el respeto y la protección que necesita”, agregó.
La ONG Provea sostuvo que las condiciones de vida de los pueblos indígenas han empeorado significativamente.
“Debido a la falta de políticas públicas adecuadas, el avance desmedido de actividades extractivas y el control de grupos criminales sobre sus territorios.Este deterioro ha dejado un saldo de violencia, pobreza y persecuciones que vulneran cada vez más los derechos de estos pueblos originarios”, dijo la organización.
Pobreza y exclusión indígena
“Esta crítica situación exige una atención urgente del Estado, ya que mientras sigan enfrentándose a la violencia, la pobreza y la exclusión, las comunidades originarias no tienen nada que celebrar”, expuso la ONG.
Este sábado, el gobierno de Maduro convocó a una marchapara conmemorar el Día de la Resistencia Indígena y rechazar el “genocidio” que aseguran cometió España en el siglo XV en América.
El Gobierno venezolano insiste en que España debería pedir perdón todos los días por el tratamiento a los indígenas e instó a promover canales para hacer efectivos el reconocimiento, la justicia y la reparación de lo que calificó como crímenes de lesa humanidad.
Los planos, encuadres y las coreografías de El Jockey te harán saltar de la butaca desde la primera toma. Es como si Fellini y Sorrentino hubieran tenido un hijo loco que se convirtió en jinete de carreras.
Imagínense esto: estás viendo una carrera de caballos típica y de repente Remo Manfredini, el protagonista de la película, comienza a flotar sobre su caballo como si la gravedad no existiera. Te aseguro que en varios momentos del filme te preguntarás ¿pero qué es lo que acabo de ver?
Es la forma en que el director de la película, Luis Ortega, juega con la realidad. De hecho, me recordó mucho a esas escenas surrealistas de 8 ½, de Fellini, donde no sabes si lo que ves es real o un sueño febril del protagonista.
La cinta cuenta la historia de Remo Manfredini, una leyenda del turf cuya conducta excéntrica y autodestructiva empieza a opacar su talento. En vísperas de la carrera que podría cambiar su destino y le permitirá saldar sus deudas con el peligroso mafioso Rubén Sirena, Remo sufre un accidente que lo deja al borde de la muerte. Tras escapar del hospital, deambula por Buenos Aires, sin recuerdos claros de quién es.
Es así como, despojado de su antigua vida, Remo empieza a reconstruirse mientras es perseguido por Sirena y sus secuaces, quienes no descansarán hasta encontrarlo.
La película explora temas como la identidad, ambición y los sacrificios que conlleva la búsqueda de la excelencia en el mundo del turf. Con un estilo visual exuberante y un guion intrigante, El Jockey fue aclamada por la crítica por sus actuaciones destacadas, especialmente las de Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó en los papeles principales.
Otras participaciones a destacar son la de los “Danieles”, es decir, Daniel Fanego (quien falleció antes del estreno de la película) y Daniel Giménez Cacho. En el caso de Fanego, hace el papel de Fanego, un gánster que tendrá como misión encontrar a Remo para llevarlo ante su jefe Rubén Sirena (interpretado por Giménez Cacho).
Y hablando de Giménez Cacho, algunas de las escenas inverosímiles que presenta la cinta de Luis Ortega recuerdan a la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, protagonizada también por el actor mexicano.
Un punto a resaltar de El Jockey es su estética visual, donde los planos de tres, las coreografías y la composición te harán recordar algunas películas de Paolo Sorrentino.
El propio Ortega escribió el guion de la cinta, acompañado de Fabián Casas y Rodolfo Palacios. Además, fue producida por Infinity Hill (productora de Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman), El Despacho, Exile Content en asociación con ViX, Dim Films, Fundación Ernesto Sábato, Pampa Films, Gloriamundi y Warner Music Entertainment. También contó con la producción ejecutiva del actor Benicio del Toro.
El Jockey que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia. Ganó el premio Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián. Representará a Argentina en los premios Goya y en los Óscar.
La cinta de Ortega es una bocanada de aire fresco que reafirma la calidad del cine argentino en el mercado internacional.
Acabo de ver El Jockey y te digo que los planos, encuadres y las coreografías te harán saltar de la butaca desde la primera toma. Es como si Fellini y Sorrentino hubieran tenido un hijo loco que se convirtió en jinete.
La decisión electoral que derrotó a la satrapía invasora instalada en Caracas contiene un mandato irrenunciable. Es un símbolo movilizador de voluntades
Así como el 23 de enero de 1958 nos dejó su espíritu y a partir de este los venezolanos accedimos a la modernidad –moríamos a los 53 años promedio y nos elevamos a los 73 en los que se nos congela luego– el 28 de julio de 2024 trajo otro espíritu, inédito. Ha sembrado un desafío, ajeno para los narcisos de la política.
La decisión electoral que derrotó a la satrapía invasora instalada en Caracas contiene un mandato irrenunciable. Es un símbolo movilizador de voluntades. No cederá para lo sucesivo, pues hace relación con la reconstrucción de la nación. ¡Y es que sin esta la república y sus gobiernos son un remedo, y la gobernanza es irrealizable!
Apalancado sobre la reunión de los venezolanos que sufren el dolor de la dispersión, vueltos diáspora en su conjunto, tal mandato resume un propósito histórico inédito. Marca un quiebre epocal, que no se agotará el venidero 10 de enero de 2025, sea cual fuere su desenlace.
Decía Mariano Picón Salas, en su Comprensión de Venezuela, que tras cada sufrimiento padecido por los venezolanos instintivamente volvíamos al pasado para invocar al Padre de la Patria y su protección. ¡Oh sorpresa! El común de los venezolanos –salvo los cortesanos de Palacio– deja atrás el pasado de oprobio y destrucción y ahora mira hacia el porvenir, de mano propia. Reclama la vuelta a la patria, como obra de la constancia. Y patria, lo decía uno de nuestros proceres civiles, Miguel J. Sanz, es saber ser libres como debemos serlo. Pero es, asimismo, respetar a nuestros mayores y a la tierra, tal como consignan las Siete Partidas de Alfonso El Sabio. Es este el único programa de gobierno y de unidad posible y realizable.
“Madre, voy a partir; mas parto en calma / Y sin decirte adiós, que eternamente/ me habrás de acompañar en esta vida / Tú has muerto para el mundo indiferente, / mas nunca morirás, madre del alma, / para el hijo infeliz que no te olvida”, rezaba Juan Antonio Pérez Bonalde en 1876. Su poema es la síntesis acabada de nuestro drama. Le da cauce al ostracismo que padecemos todos; eso sí, mientras sostengamos vivo el eco de nuestra madre, Venezuela. A ella la representa, en el imaginario, sin buscar sustituirla y honrándola al mostrarse como una mujer guía, servidora y madre sustituta, que sabe serlo para los de adentro y para los de afuera, María Corina Machado.
Si la brega de la nación tuviese como límite intelectual el 10 de enero y una toma de posesión, la de Edmundo González Urrutia, por la que al cabo habremos de luchar solos como siempre, o acompañados por el “mundo indiferente”, otra vez perderíamos el rumbo. Venezuela se nos alejaría más allá del tiempo y el tiempo enterraría nuestra “Vuelta a la Patria”.
Limitarnos a lo temporal e inmediato sería tanto como darle mayor significación a dicho hito que al vejamen recién irrogado al símbolo de Caracas, a su Ávila majestuoso, por los alabarderos del terrorismo palestino. En esa cadena de montañas, a través de las que caminaran los indígenas venidos desde Margarita y conducidos por la madre de Francisco Fajardo para encontrarse con sus parientes, antes de que se fundase la villa de San Francisco, aquellos han izado su bandera invasora.
Ayer, no más, en la cima del “cerro El Ávila” –al que le canta la posteridad con la letra de Ilan Chester: “Voy de Petare rumbo a la Pastora / contemplando la montaña que decora mi ciudad”, fue arriado el tricolor del “hijo de la panadera”, nuestro Precursor, don Francisco de Miranda. Se escupió la memoria de Alonso Andrea de Ledesma.
La vuelta a la patria madre es, pues, el hilo conductor que al igual que a Ulises nos permitirá alcanzar como este a nuestra Ítaca, conjurando los cantos de sirena. Y es que está a la orden del día y como problema global que casi se nos sobrepone, el de las guerras en las puertas que nos separan del Oriente y las situaciones humanitarias e impostergables a resolver de los migrantes, a los que se suman los 8 millones de almas nuestras; que inciden gravosamente y de conjunto sobre las realidades económicas, sociales y políticas, sobre todo culturales y religiosas en los países de acogida.
Ciertamente que las migraciones y las murallas, como la muralla de los chinos o el limen de los romanos, vienen desde tiempos primitivos, distantes. El expresidente Sanguinetti recordaba, recién, que en las Américas no hay pueblos originarios, pues llegaron desde Corea por Alaska nuestros llamados indígenas y en el presente, a esas migraciones hoy se las distorsiona, politizándolas.
Pero la exigencia venezolana, que a buen seguro es la misma que se están haciendo los ucranianos víctimas de la guerra de agresión rusa, responde a su ser y existencia; es, como hemos de creerlo para no perdernos en el camino, la de luchar por nuestro derecho a no emigrar, a volver a la patria.
Cuidémonos, sí, de que tras la liquidez moderna y la experiencia sin límites que proponen las grandes revoluciones posmodernas, la digital y la de la inteligencia artificial, median inevitables tendencias hacia la deslocalización y a dar por muerto al tiempo. Todo es virtual e instantáneo en el siglo XXI. Mas solo la patria, repito, procura cultura raizal y en ella anidan los afectos que nos curarán contra la enfermedad del adanismo. Es la única que nos dota de valor agregado y nos permite, al salir de nuestras fronteras, participar con talante propio del sincretismo intercultural que le da vida y cimientos a toda civilización como la nuestra, la del Occidente amenazado.
El Comando con Venezuela presentará el próximo martes 15 de octubre ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio
Por medio de sus redes sociales, el Comando con Venezuela resaltó que en audiencia con la OEA se presentarán las pruebas de la victoria del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
Sería la primera vez que la oposición ofrece un informe detallado ante un organismo internacional para exponer el por qué considera que González Urrutia fue el vencedor de los comicios del pasado mes de julio.
La plataforma unitaria digitalizó el 80% de las actas y las subió a un portal en internet.
Centro Carter en la OEA
Previamente, la asesora senior del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, Jennie Lincoln, dijo en la OEA que hubo falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Lincoln criticó la negativa del gobierno de Maduro de publicar resultados disgregados mesa por mesa o mostrar las actas de votación del 28 de julio.
Durante su participación en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el pasado 2 de octubre, Lincoln mostró varias actas físicas que le fueron enviadas por la coalición opositora.
“El sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSUV, los partidos políticos de oposición y todos los ciudadanos y testigos electorales de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial”, dijo Lincoln en la plenaria.
“No hubo ni una sola democracia en el mundo que reconociera la mamarrachada de Elvis Amoroso“, dijo la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado en una entrevista reciente.
“Permitir que Maduro siga en el poder es perder el enorme potencial energético de Venezuela, nadie, en sano juicio, va a traer inversiones petroleras mientras el régimen se mantenga en el poder. Todo el mundo sabe que Maduro es inviable en el corto, mediano y largo plazo económica, social y políticamente; y es allí donde nosotros tenemos que actuar”, agregó.
Las denuncias sobre detenciones arbitrarias ocurridas en medio de la represión postelectoral –que se desató cuando miles de venezolanos protestaron por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron la victoria a Nicolás Maduro– han sido una constante de los últimos dos meses. Y los políticos opositores están en la mira.
Desde el pasado 28 de julio, las fuerzas de seguridad del Estado han arrestado a más de 70 actores políticos. El grupo más afectado lo conforman los más cercanos a la líder de la oposición y de su partido Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, quienesse volvieron punto clave de la represión del Estado.
El 4 de octubre, la tolda azul denunció la detención del coordinador de Formación de VV en el estado Anzoátegui y director de campaña en El Tigre – Anzoátegui-, Renny Rodríguez. Tan solo un día antes, la organización hizo eco del arresto del coordinador de organización en la parroquia Nicolás Pulido, estado Barinas, Javier Ramírez, por funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana, cuando regresaba de su trabajo.
De acuerdo al Comité de Derechos Humanos de VV, Ramírez fue presentado por presuntos delitos de terrorismo, sin notificar a sus familiares ni abogados privados.
En la misma semana, el 30 de septiembre, también reclamó la detención por cuerpos de seguridad de Julio Itriago, coordinador de Vente Venezuela en el municipio Anaco, estado Anzoátegui, y denunció el arresto arbitrario de Milciades Ávila, jefe del equipo de protección de Machado, y Edwin Moya, miembro de dicho equipo.
Ávila ya había sido detenido una primera vez el 17 de julio, 11 días antes de los comicios presidenciales, pero fue liberado el día siguiente con régimen de presentación cada 30 días.
Detenidos, aliados y exiliados de Vente Venezuela y aliados de María Corina Machado
Directiva nacional perseguida
La persecución de Machado y su equipo por parte del Estado venezolano inició mucho antes de las elecciones presidenciales, desde principios de 2024 con arrestos a militantes de VV, no mucho después de haber ganado las Elecciones primarias de la Plataforma Unitaria en octubre de 2023.
Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del Comando con Venezuela, y Dignora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela, fueron privados de libertad el mismo 20 de marzo, luego de que el fiscal general Tarek William Saab, ordenara la aprehensión de los nueve dirigentes del Comando Nacional de VV, a quienes vincularon con una supuesta conspiración contra el Estado.
Hernández padece de una urticaria crónica severa de origen desconocido y presenta angioedema. El 16 de septiembre, sus familiares pidieron al gobierno una medida humanitaria que le permita recibir tratamiento médico en casa y, el 8 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de VV exigió atención médica para ella.
Ambos políticos fueron recluidos en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, considerada como uno de los centros de tortura más grandes de América, según organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DDHH).
El resto de la directiva: Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales del Comando y coordinador de asuntos internacionales de VV;Omar González Moreno, jefe del Comando en Anzoátegui y secretario político de VV; Humberto Villalobos, coordinador nacional electoral de VV;Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de VV; y Magallí Meda, jefa del comando nacional de Campaña, se mantienen refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. También está Fernando Martínez Mottola, ingeniero, experto en telecomunicaciones y una figura importante de la oposición.
Los seis se mantienen a la espera de que el gobierno de Maduro les otorgue el salvoconducto que los deje salir del país para asilarse en la nación sureña. Sin embargo, desde que Argentina y Venezuela cortaron relaciones –el presidente Javier Milei apoyó el supuesto triunfo del opositor Edmundo González– a la sede diplomática le han aplicado cortes de electricidad y agua, y hay una continua vigilancia de presuntos cuerpos de seguridad alrededor del recinto.
Ante esto, el presidente argentino, Javier Milei, exigió el respeto a la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”, un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático desde 1961.
Todo esto ocurrió incluso durante el lapso en el que Brasil asumió la custodia de la Embajada, entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre.
El vocero oficial del Comando de Campaña y abogado de Machado, Perkins Rocha fue el último de la directiva nacional en ser capturado y trasladado a El Helicoide el 27 de agosto. Su esposa, María Constanza Cipriani, denunció que no le permitieron visitarlo y que la secretaría del Tribunal Tercero de Control de Terrorismo negó su solicitud de asignar al abogado Omar Mora Tosta como defensor privado de Rocha, ”(…) lo que se traduce a una violación del artículo 127, parágrafo 3, del Código Orgánico Procesal Penal”, dijo en un tuit.
Coordinadores regionales tras las rejas
El jefe del Comando de Campaña de VV en Vargas, Juan Freites, fue capturado por presuntos agentes del Sebin a principios de 2024. Lo arrestaron el 23 de enero en el estado Vargas, cuando salía de casa para viajar a Caracas y participar en un evento político. Su madre, Graciela Martínez, declaró que al momento del arresto de su hijo, este sufría una crisis asmática.
El mismo día, fueron detenidos en Yaracuy y Trujillo, Luis Camacaro y Guillermo López, respectivamente, ambos jefes del Comando en sus estados.
Dos meses más tarde, el 8 de marzo fue aprehendido el coordinador regional de VV en Barinas, Emill Brandt, a quien el Ministerio Público (MP) le imputó presuntos delitos de conspiración, asociación para delinquir, violencia de género (física) y ultraje a funcionario. La detención de Brandt coincidió con la visita a Barinas de María Corina Machado.
Brandt volvió a ser visto el 20 de ese mes en un video difundido por la Fiscalía, cuando el coordinador regional confesó que ONG extranjeras financiaban a la líder opositora para generar actos de violencia y ”hacer cometer hechos de sangre”. Estas palabras fueron seguidas por la orden de arresto de la directiva nacional de VV.
▶️ El FGR @TarekWiliamSaab, hizo público un video con las declaraciones de Emil Brandt Ulloa, quien ofrece detalles de un plan para generar violencia en el país.
— Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) March 20, 2024
La líder de la tolda azul rechazó las acusaciones y las calificó como una mentira. ”El régimen quiere cerrar el camino al cambio, a la libertad en paz (…)”, dijo para luego reafirmar su confianza en Brandt por haber sido presuntamente torturado para declarar.
En su momento, la líder de la oposición aseveró que las detenciones y órdenes de captura contra miembros de su equipo buscaban aislarla.
Luego del 28 de julio, la persecución continuó. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) privaron de libertad el 6 de agosto a la joven abogada y coordinadora del Comando de campaña en Portuguesa, María Oropeza. Ingresaron a su propiedad en Guanare, Portuguesa, a la fuerza y sin orden judicial.
El hecho fue grabado por Oropeza en un live de Instagram donde los funcionarios forzaron la puerta a golpes. Tras 10 días de los eventos, se conoció que le imputaron presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio.
Actualmente, los cinco se encuentran recluidos en El Helicoide.
Miembros perseguidos y aprehendidos
Más de 40 miembros de VV han sido privados de libertad, incluidos coordinadores de Campaña en municipios y parroquias, miembros del equipo de comunicaciones, organización, activismo, coordinadores juveniles, entre otros.
Gabriel Ismael González, periodista del equipo de comunicaciones del Comando, fue capturado por el Sebin el 17 de junio en la plaza Altamira del municipio Chacao, Miranda. VV reclamó que el joven ”fue presentado a escondidas ante el Tribunal Segundo de Control, sin acceso a defensa privada”. Sus abogados argumentaron que ”cubrir periodísticamente un evento no es delito” y exigieron su liberación.
A Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Joven en Bolívar, lo arrestó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Lo presentaron en tribunales de Ciudad Bolívar y trasladaron a Caracas. No pudo asistir a su graduación y recibir su título de médico cirujano en la Universidad de Oriente (UDO). Sus padres recibieron la imposición de batas por él.
Y estos son solo algunos de los casos.
Círculo de confianza y otros dirigentes acorralados
Las detenciones no se limitaron al partido de Machado, sino que se extendieron a actores políticos clave de su círculo de apoyo más cercano. Ese es el caso de Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, a quien persiguieron y acorralaron, a plena luz del día, unos funcionarios encapuchados el 30 de julio en el este de Caracas.
A Superlano se lo llevaron junto a su sobrino, Renzo Salinas, y su transportista, Rafael Enrique García. Los dos jóvenes fueron liberados, pero el exdiputado continúa en El Helicoide mientras su esposa, hijas, familiares y abogados exigen una fe de vida.
El 8 de agosto se conoció la desaparición forzada de Américo de Grazia, exdiputado y exalcalde del municipio Piar, estado Bolívar, luego de salir hacia un hospital de Caracas por una infección en los pulmones. Su familia logró averiguar que se encontraba retenido en El Helicoide, junto a Carlos Chancellor, dirigente de La Causa R y exalcalde de Sifontes, estado Bolívar, arrestado el mismo día en Anzoátegui – por segunda vez en su vida- y traslado a esa sede del Sebin.
Un día más tarde, funcionarios no identificados secuestraron en una camioneta plateada a Williams Dávila Barrios, dirigente de Acción Democrática (AD) y exgobernador de Mérida, cuando salía de una vigilia por los presos políticos en la zona de Los Palos Grandes, estado Miranda. Se conoció que el 14 de agosto fue trasladado de emergencia a un hospital por su grave estado de salud, tras seis días de su detención.
Biaggio Pilieri, coordinador Nacional del partido Convergencia, sufrió el mismo destino junto a su hijo, Jesús Pilieri – más tarde liberado-, cuando cuerpos de seguridad del Estado lo persiguieron el 28 de agosto, tras la movilización ”Acta mata sentencia”, convocada por Machado.
A Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia (PJ), que también se encontraba en la mencionada movilización, lo persiguieron y logró escapar, pero a su hermano, Pedro Guanipa, vicepresidente de Primero Justicia en Zulia y jefe del despacho de la Alcaldía de Maracaibo, lo arrestaron arbitrariamente el 29 de septiembre, cuando se disponía sellar su pasaporte y trasladarse a la capital de Colombia, Bogotá.
La detención de Pedro es considerada por varios dirigentes políticos como un chantaje para que Juan Pablo, uno de los colaboradores más cercanos a Machado, se entregue a las autoridades. Se trata de la aplicación del Sippenhaft, una táctica de castigo nazi identificada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se arresta o amenaza a los familiares de una persona considerada un objetivo político.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le concedió medidas cautelares – y amplió en dos casos- a los cinco dirigentes e incluyó a Guanipa en la lista el 9 de octubre.
El exilio
Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) salió de Venezuela el 7 de septiembre y fue asilado en España, en lo que consideran diversos países latinoamericanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) como un “exilio forzado” tras firmar un documento ”bajo coacción” donde reconocía la victoria de Maduro en los comicios.
En entrevista con Reuters, González Urrutia insistió en que “un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”.
Este 2 de octubre, el Centro Carter único organismo independiente que estuvo en las elecciones presidenciales- presentó ante el Consejo Permanente de la OEA las ”actas de votación originales”, documentos que representan de acuerdo a Machado ”la prueba física de la victoria de Edmundo González”, quien se posicionó por encima de Maduro con un 67% sobre 31% de votos.
El mismo mes, el periodista y videógrafo del equipo de Machado, Luis Gonzalo Pérez, escapó del país hacia Colombia tras recibir amenazas por parte de funcionarios del gobierno en contra de su integridad física, su libertad y la de su familia, así lo declaró en un video compartido en su cuenta de Instagram el 19 de septiembre. Se mantuvo en resguardo tras darle cobertura a las protestas postelectorales del 29 de julio para medios internacionales.
Hoy se mantiene en el exilio. ”Lamentándolo mucho, en Venezuela no existe la separación de poderes, no existe el debido proceso, no existe el respeto a los DDHH, no existe la institucionalidad. Hay más de dos mil detenidos en mi país (…), en el exilio postelectoral nos encontramos más de 18 profesionales de la prensa. Estamos atravesando una situación en donde no se respetan nuestros derechos (…)”.
