En Venezuela, la electricidad puede desaparecer durante horas y regresar convertida en otro problema. Una fluctuación puede quemar un electrodoméstico, un transformador puede permanecer días echando chispas o un tomacorriente puede convertirse en el punto de una descarga. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2025 reportó que 9 de cada 10 hogares sufren cortes recurrentes: 39 % los padece a diario durante varias horas, 35 % semanalmente y 15 % mensualmente.
Personas de Caracas, Zulia, Táchira, Lara y Mérida contaron a Runrun.es cómo las fallas eléctricas han cambiado su vida cotidiana. Sus experiencias ocurren en un contexto en el que, durante el segundo trimestre de 2026, las empresas manufactureras reportaron 214 horas sin electricidad de las 488 horas laborables del período, equivalentes a 44 % de su jornada. En Zulia, la interrupción llegó a 333 horas. Pese a los cortes, la manufactura privada creció 8,1 % durante el primer semestre, aunque perdió ritmo entre abril y junio.
Una descarga que cambió la rutina
Fabiola Pineda, de 23 años, habitante del municipio Chacao, en Caracas, no esperaba que acercarse a un tomacorriente pudiera terminar en una situación de peligro. Recuerda que una fluctuación eléctrica provocó que recibiera una descarga mientras estaba descalza.
La corriente hizo que quedara prácticamente pegada al tomacorriente. Su padre llegó rápidamente y logró ayudarla. Después del episodio fue sometida a exámenes médicos y le dijeron que estaba bien, pero la experiencia no terminó allí. Fabiola todavía recuerda el escalofrío y esa sensación extraña de sentir la corriente atravesando su cuerpo.
Desde entonces, la electricidad cambió dentro de su propia casa. Su familia comenzó a utilizar protectores para los equipos y ahora incluso los emplean cuando cargan dispositivos pequeños, como auriculares inalámbricos. Lo que antes era una acción rutinaria —conectar un aparato— ahora está acompañada por la duda de si la próxima fluctuación puede ser peligrosa.
“En Venezuela, estar en estas condiciones de tira y afloja con algo tan básico como el servicio eléctrico es agotador”, subraya.
Fabiola está a salvo, pero no ocurrió lo mismo con al menos 18 personas en Venezuela durante 2026, según lo reportado por El Pitazo el 21 de agosto que contabilizó que esos fallecimientos se produjeron por descargas, desprendimientos de cables de alta tensión y fluctuaciones de voltaje, incluida una niña de 10 años que murió en Zulia al intentar desconectar una lavadora.
El ingeniero Jorge Pérez, presidente de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV), explica que situaciones como la de Fabiola deberían poder detectarse y prevenirse antes de que una falla termine exponiendo físicamente a una persona: “Una red eléctrica segura no se mantiene reaccionando después de que ocurra una falla, se mantiene anticipándose a ella. El mantenimiento debe combinar prevención, inspección, diagnóstico, corrección y seguimiento continuo. En una red de distribución es indispensable inspeccionar postes, conductores, aisladores, transformadores, sistemas de puesta a tierra y protecciones, además de llevar registros que permitan identificar condiciones anormales antes de que se conviertan en una emergencia”.
Pérez sostiene que el mantenimiento no consiste solo en reparar equipos dañados, sino en gestionar el riesgo de manera permanente. Señala que en Venezuela se ha perdido capacidad para realizar mantenimiento preventivo y predictivo y que buena parte del personal quedó concentrado en atender contingencias. Esa transformación, advierte, ha llevado al sistema de una lógica de prevención a una cultura predominantemente correctiva: esperar a que algo falle para intervenir. Cuando ese patrón se mantiene, los riesgos se acumulan y pueden terminar afectando tanto a los trabajadores como a la población.
De acuerdo con la abogada independiente Mirna Quintana, una muerte causada por una falla eléctrica puede dejar de ser un simple accidente cuando el riesgo era conocido y podía prevenirse.
“No basta con demostrar que ocurrió una falla: hay que establecer qué sabía el Estado, desde cuándo lo sabía, qué debía hacer para evitar el daño y si tenía capacidad de hacerlo. Una denuncia previa, un reporte de la falla, una solicitud de reparación o evidencia de que una instalación llevaba tiempo en condiciones peligrosas pueden ser determinantes para demostrar una posible omisión estatal. Y si una persona debe exponerse a ese riesgo porque el servicio no responde, también pueden estar comprometidos su derecho a la integridad, a la seguridad y a recibir servicios públicos adecuados”.
Quintana explica que la Constitución reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado y que la Ley Orgánica de la Administración Pública contempla la obligación de reparar los daños atribuibles a su funcionamiento. Esto permite que los familiares de una persona fallecida reclamen una indemnización, siempre que logren demostrar el perjuicio y su vínculo con una falla u omisión estatal.
Entre el peligro y la interrupción cotidiana
Catalina Inciarte, de 30 años, quien vive en el sector El Marite de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, está acostumbrada a los apagones. En su zona, los cortes pueden prolongarse entre seis y ocho horas todos los días. Pero hubo una situación que le hizo mirar el sistema eléctrico de otra manera: el transformador ubicado en su cuadra permaneció durante cinco días echando chispas.
El olor a cable quemado se extendió por la calle y la respuesta de Corpoelec llegó al quinto día. Mientras tanto, Catalina continuaba viviendo debajo de una infraestructura que mostraba señales visibles de peligro.
Las fluctuaciones también han afectado su vivienda: ha tenido que cambiar dos veces un mismo tomacorriente porque explota y su nevera se ha dañado tres veces. La electricidad puede desaparecer durante horas, pero cuando vuelve tampoco existe la certeza de que llegue en condiciones seguras para los equipos.
“No hay tregua para nada”, resume Catalina.
En el sector San Benito, municipio Guásimos, Táchira, Andrea Guerrero, de 25 años, también organiza su vida alrededor de los horarios de los apagones. La electricidad puede irse desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde o desde las 5:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche. Las interrupciones afectan incluso su alimentación porque utiliza una cocina eléctrica.
Andrea trabaja en una tienda de ropa. Cuando se va la electricidad, el establecimiento queda oscuro y los bombillos recargables apenas duran una hora. La falta de luz significa además perder clientes. Ha tenido que reparar electrodomésticos dañados por las fluctuaciones y una vez sintió una corriente eléctrica leve. No resultó herida, pero el episodio mostró cómo una falla que comienza afectando equipos puede terminar exponiendo físicamente a las personas.
El exconcejal del municipio Libertador del Distrito Capital e ingeniero industrial, Jesús Armas, señala que la confiabilidad del sistema eléctrico depende de que exista mantenimiento antes de que aparezcan las fallas.
“Cuando tú enseñas para dar electricidad hay varias variables que tomas en cuenta. Una de esas es la confiabilidad, que es la capacidad del sistema de entregar el servicio. El primer mantenimiento es el preventivo, ese ocurre cuando se cambia una pieza porque cumple su vida útil y debería estar calculado a través de manuales de operaciones y luego está el mantenimiento correctivo y que este ocurre solo cuando hay una eventualidad. En Venezuela se perdieron ambas. Desde hace mucho tiempo el Sistema Eléctrico Nacional se repara luego de fallas mínimas, pero no se atiende el profundo deterioro y ahí se pierden los márgenes de seguridad”, dice.
Armas advierte que ese deterioro no se resuelve con medidas domésticas: “Todo equipo eléctrico necesita holgura para garantizar que no se rompa, ni aunque se usen protectores de cuidados domésticos porque los voltajes bajos y altos son sinónimo de peligro para todos, hasta para lo externo, que es la calle”.
Un poste que echaba chispas
Graciela Núñez, de 27 años, residente del sector Los Chorros, en Mérida comenta que durante una de las fluctuaciones recientes relacionadas con los problemas posteriores al doble terremoto del 24 de junio, el poste de su calle comenzó a echar chispas.
La escena la puso nerviosa. Los vecinos recomendaban encerrarse en sus casas y apagar los electrodomésticos mientras esperaban una respuesta de Corpoelec, a la que habían llamado. Según Graciela, tampoco tenían certeza de que la empresa acudiría, porque les dijeron que tendrían que pagar ellos mismos el trabajo.
La posibilidad de que una comunidad tuviera que asumir el costo de una reparación de una infraestructura que representaba un peligro le pareció indignante. El problema finalmente fue solucionado, pero aquel momento de pánico quedó en su memoria.
La preocupación tenía además un antecedente cercano. Su mamá, en ese entonces de 50 años, Reina Labarca, ya había sufrido un accidente al quemarse la mano mientras desconectaba un aire acondicionado de 220 voltios justo después de un bajón eléctrico.
“Se me eriza la piel cuando empieza el festín de fluctuaciones”, cuenta Graciela.
El sociólogo y activista en derechos humanos Rafael Uzcátegui considera que las fallas eléctricas terminan afectando derechos que van mucho más allá del acceso al servicio.
“Cuando una persona tiene que cambiar lo que come porque no puede refrigerar sus alimentos, reorganizar su trabajo según las horas en que tiene luz, dejar de utilizar determinados equipos o reorganizar toda su vida alrededor de una posible descarga o la ausencia del suministro eléctrico, ya no estamos hablando solamente de una falla de un servicio público, estamos hablando de que hay un impacto que se extiende a otros derechos como la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, la seguridad personal y en definitiva lo que los defensores de derechos humanos llamamos el derecho a una vida en condiciones dignas”, afirma.
Uzcátegui señala que esa adaptación cotidiana no debería convertirse en una forma de normalizar la precariedad o de liberar al Gobierno de su responsabilidad. Además, sostiene que la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico reconoce el derecho de los usuarios a obtener un suministro de energía eléctrica oportuno y de calidad, mientras que, en el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vincula los servicios esenciales con el derecho a una vivienda adecuada, donde las personas puedan vivir con seguridad, paz y dignidad.
Si no bajo el breaker, no estaría vivo
Francisco Gómez, de 32 años, quien vive en el municipio Crespo, en Lara, relata que su relación con las fallas eléctricas está marcada por un episodio que todavía recuerda como una situación en la que pudo haber muerto.
Hace algunos años, mientras se bañaba, una fluctuación provocó una falla en su aire acondicionado y el equipo estuvo a punto de explotar. Francisco vivía solo y recuerda, además del peligro, cuánto le había costado comprar ese aparato.
Todo ocurrió rápidamente: alcanzó a bajar el breaker de su vivienda y cree que esa decisión evitó que la situación terminara peor.
Desde entonces tomó precauciones que antes no tenía. Utiliza protectores eléctricos y, después de cada bajón, espera alrededor de media hora antes de volver a conectar los equipos. También considera que quienes pierden electrodomésticos y otros bienes por fallas del servicio deberían recibir algún tipo de indemnización por parte del Estado.
Francisco, que además realiza trabajos eléctricos, cuenta que tampoco se siente completamente seguro cuando debe intervenir una instalación. Sus vecinos han reportado situaciones en las que la electricidad llega con demasiada fuerza y otras en las que llega con bajo voltaje. Para él, ambos extremos representan un peligro. Por eso, cuando trabaja con electricidad, lo hace con nerviosismo y precaución.
“A la electricidad hay que tenerle respeto”, revela Francisco.
La electricidad como fuente permanente de inseguridad
Fabiola sobrevivió a la descarga que recibió de un tomacorriente; Catalina convivió durante cinco días con un transformador que echaba chispas; Andrea organiza su rutina alrededor de los apagones; Graciela todavía recuerda el poste que obligó a los vecinos a encerrarse y el accidente que sufrió su madre al desconectar un aire acondicionado; mientras que Francisco aún baja el breaker y espera antes de volver a conectar sus equipos. En todos estos casos aparece una misma consecuencia: la electricidad dejó de ser un servicio cotidiano y pasó a ser una fuente permanente de inseguridad.
Para la psicóloga Alexandra Torres, experiencias como estas pueden modificar la percepción de seguridad y hacer que espacios o acciones cotidianas sean asociadas al peligro: “Estos relatos pueden generar una respuesta de estrés agudo porque el sistema de alarma del organismo queda activado después de percibir una amenaza real e inesperada. Clínicamente pueden aparecer hipervigilancia, ansiedad, sobresaltos, pensamientos recurrentes sobre lo ocurrido y conductas de evitación o control. No significa necesariamente que exista un trastorno, pero si estas respuestas persisten pueden interferir con la vida cotidiana y requerir atención psicológica. Por eso, un espacio que antes se percibía como seguro puede empezar a asociarse con peligro, incluso después de que físicamente ya no exista la amenaza”.
Torres sostiene que el cambio en las rutinas es una consecuencia relevante porque muestra cómo un evento puntual puede modificar la percepción de seguridad y la relación con actividades cotidianas. Las medidas de protección pueden ayudar a recuperar el control, pero cuando la preocupación se vuelve constante o desproporcionada, deja de ser solo una precaución y puede convertirse en una respuesta de ansiedad que merece atención.
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