La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes, 28 de agosto, que en Venezuela todavía hay 454 personas detenidas por motivos políticos, enfatizando en los casos de adultos mayores y personas con graves patologías de salud que requieren atención médica urgente.
Mediante un reporte difundido en sus redes sociales, la ONG advirtió que 38 de los presos políticos son personas “con patologías médicas graves que no reciben atención especializada”. Además, contabiliza 18 adultos mayores “cuyo desgaste físico en reclusión es acelerado”, y siete personas “a quienes se les niega incluso el contacto con sus familias”.
La organización también alertó que los presos políticos “continúan sufriendo un encierro arbitrario que no responde a la justicia ordinaria, sino a la persecución sistemática”. Según sus conteos, 410 de los detenidos son hombres y 44 mujeres. Además, figuran en la lista de detenidos 20 extranjeros, 167 funcionarios de seguridad del Estado activos y 31 exfuncionarios, 224 miembros de la sociedad civil, 10 miembros de organizaciones civiles y dos sindicalistas.
“En medio del complejo escenario político de agosto de 2026 en Venezuela, donde las expectativas de distensión y los anuncios oficiales de excarcelaciones contrastan con la realidad de las cárceles, la persistencia de la persecución política mantiene un saldo insostenible”, añadió.
Ante esta situación, Justicia, Encuentro y Perdón exigió “el cese de esta injusticia y la libertad plena, inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos en Venezuela”.
Las personas detenidas por motivos políticos continúan sufriendo un encierro arbitrario que no responde a la justicia ordinaria, sino a la persecución sistemática. Nuestro registro sitúa el total actual en 454 presos políticos en Venezuela —compuesto por 410 hombres y 44… pic.twitter.com/ge9rzfkInN
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Durante las últimas semanas, autoridades de Colombia, Chile, Brasil, Perú y Estados Unidos desplegaron una serie de procedimientos judiciales, capturas de cabecillas y extradiciones contra miembros del Tren de Aragua. Las acciones operativas coinciden con una mayor cooperación policial internacional y con una reconfiguración estructural de la megabanda en la región.
En Colombia, el 27 de agosto, la Fuerza Pública de aprehendió en Fontibón, Bogotá, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, señalado como cabecilla de la organización en Perú y persona de confianza de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, asesinado en Las Claritas, estado Bolívar, el pasado mes de junio en una operación conjunta con Estados Unidos. La detención fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.
Asimismo, en la frontera colombo-venezolana, efectivos del los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar) y la Policía de Cúcuta arrestaron el 26 de agosto a cinco presuntos integrantes adicionales en el sector La Parada de Villa del Rosario cuando cobraban dinero de extorsiones a comerciantes locales.
Múltiples operativos en otros países
En Perú, de acuerdo con un reporte deDeutsche Welle (DW), las autoridades gubernamentales ejecutaron la expulsión de tres ciudadanos venezolanos señalados de pertenecer a la megabanda criminal, como parte de las medidas de control migratorio y seguridad sobre integrantes detectados en ese territorio.
Por su parte, en Brasil, tras operativos policiales ejecutados en junio y revelados por la prensa de ese país, la Policía Civil de Roraima confirmó que el Tren de Aragua estableció una alianza operativa con el Comando Vermelho para suministrar armas procedentes de Estados Unidos, Colombia y Venezuela a cambio de cocaína y dinero en efectivo, utilizando firmas de papel para blanquear capitales sin disputar el control territorial violento que desplegó en otros países del Pacífico.
A su vez, el 25 de agosto, en Florida, Estados Unidos, Julio César Hernández Montero acordó declararse culpable ante un tribunal federal de Miami por el secuestro y asesinato del expolicía José Luis Sánchez Valera en Doral.
Procedimientos en Chile
En el plano financiero y de sicariato de alto impacto, la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile avanzó en la Operación Tokio al formalizar en ausencia a Marcos Reyes Acosta y Willasander Tejedor Ruiz, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. La investigación estableció que la red movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante un ejecutivo bancario en Santiago y empresas fachada para enviar fondos a Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, recluso en Colombia.
En paralelo, la justicia chilena fijó para el 20 de octubre el inicio del juicio contra 27 acusados por el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este viernes, 28 de agosto, se concretaron las extradiciones desde Estados Unidos y Colombia de Rafael Gámez Salas, alias “el Turko” y Alfredo Carrillo Ortiz, conocido como “el Gocho”, ambos acusados de participar en el secuestro y asesinato de Ojeda, ocurrido el 21 de febrero de 2024.
De igual forma, según reportó el diario La Tercera, la justicia chilena decretó la medida de prisión preventiva e internación provisoria para cinco miembros del Tren de Aragua capturados tras una investigación por el secuestro de un ciudadano peruano, añadiendo una nueva acción judicial contra las células dedicadas al secuestro extorsivo en ese país.
Una posible lectura: la búsqueda por congraciarse con Trump
Ronna Rísquez, periodista especializada en gobernanza criminal y autora del libro “El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, analizó la reciente ola de procedimientos internacionales contra la megabanda desde la perspectiva de la agenda política regional y la cooperación policial.
En declaraciones ofrecidas a Runrun.es, Rísquez consideró que el incremento en la persecución respondería, en buena medida, al posicionamiento del grupo dentro de la política exterior estadounidense.
Rísquez señaló que la visibilidad otorgada a la organización por la administración de Donald Trump condiciona las actuaciones de diversos gobiernos del continente, por lo que algunos estarían tratando de congraciarse con el norteamericano. “Desde que el grupo fue considerado como una especie de objetivo de criminal de Estados Unidos, muchos países se abocaron a a perseguirlos. Pero además, ahora todos tratan de congraciarse con Trump”, explicó.
Asimismo, vinculó los recientes anuncios y detenciones con la narrativa de combate al crimen organizado impulsada desde Washington para respaldar medidas migratorias y de seguridad. “Algo debe estarse moviendo desde Estados Unidos para visibilizar como que ‘ya acabamos con esto’, porque era uno de los objetivos del presidente”, explicó.
Rísquez también estableció una diferencia entre la coyuntura política de algunos países y el trabajo institucional desarrollado en el cono sur, donde destaca el caso de Chile, un país que durante años ha hecho seguimiento a las operaciones de los miembros del Tren de Aragua, especialmente tras el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. A su juicio, un elemento diferencial de la etapa actual es el avance en la coordinación entre agencias: “Muchas de estas operaciones ahora sí se están haciendo de manera conjunta, porque ya se comparte información y hay una cooperación policial para investigar al grupo”, dijo.
Finalmente, indicó que la neutralización de liderazgos no equivale al fin de la estructura delictiva en el continente. “Mataron a uno de los jefes, pero eso no significa que el grupo haya desaparecido”. Añadió que las detenciones muestran que hay miembros que siguen operando, “quizás haciendo otro tipo de de actividades”, pero no ha acabado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 28 de agosto, la abogada y activista Linda Loaiza informó que finalizó la audiencia ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en cumplimiento de la revisión ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, un proceso que se retoma 25 años después de los hechos y tras una década de retrasos judiciales.
Loaiza, a través de un comunicado afirmó que si bien el pronunciamiento de la constituye un avance relevante, aún insuficiente para considerar que existe justicia plena en su caso.
“Cuando el Estado venezolano ejecute íntegramente la sentencia de la Corte IDH podré hablar de justicia. Hasta entonces, cada avance cuenta, pero la deuda permanece y la impunidad no puede darse por superada, expresó”
La activista informó que la Corte acordó: declarar con lugar las apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y por esta víctima/querellante. Declarar la nulidad de la absolución por el delito de violación. Ordenar la celebración de un nuevo juicio y mantener la medida privativa de libertad del ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina, actualmente recluido en Rodeo II.
La abogada insistió en que su familia y ella seguirán exigiendo un proceso judicial transparente, sin interferencias y ajustado a los estándares internacionales.
“Mi familia y yo seguiremos exigiendo justicia, sin más dilaciones.”
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La Unidad de Análisis Económico de Fedecámaras presentó una evaluación especial en la que analiza el panorama y los impactos económicos para Venezuela tras los sismos del pasado 24 de junio.
El informe, elaborado con datos oficiales, encuestas sectoriales y estimaciones multilaterales, ofrece una radiografía precisa del daño físico, las disrupciones operativas y los desafíos inmediatos para el sector privado.
En el estudio, Fedecámaras plantea un crecimiento entre 5% y 8% en un escenario favorable; entre 4% y 5% en el escenario base; y entre 1% y 2% en el pesimista, condicionado por la restitución de servicios y la disponibilidad de financiamiento.
El informe advierte que financiar la reconstrucción con mayor presión tributaria o emisión monetaria generaría un rebrote inflacionario y desestabilizaría el mercado cambiario. A continuación las claves más relevantes del informe.
Venezuela antes de los terremotos
Fedecámaras precisó que la producción de petróleo cerró el primer semestre de 2026 por encima de los 1,18 millones de barriles diarios, sirviendo como el principal motor de ingresos para el país.
Según cifras manejadas por la organización, la inflación acumulada al cierre del primer semestre fue de 73%, registrando una desaceleración intermensual desde marzo hasta tocar un punto bajo de 6,3% en mayo. En este mes se observó una desaceleración en la emisión de bolívares.
El cierre de la brecha cambiaria persistió como un desafío macroeconómico relevante. A pesar de que en junio cerró con su valor más bajo en el año (20%), este hito se alcanzó por el incremento abrupto en la demanda de bolívares a partir del 24 de junio. Para el cierre de 2026, las cámaras empresariales preveían un crecimiento promedio superior al 10% mostrando un claro optimismo impulsado por los sectores de construcción e inmobiliario.
Impacto y respuestas
El balance oficial al 22 de julio de 2026 reportó 856 edificios afectados y 190 colapsos totales. Otras estimaciones sugieren afectaciones a un rango de entre 2.500 y 69.000 edificaciones.
El sismo provocó una fractura en el Sistema Eléctrico Nacional tras el colapso de diez torres de alta tensión en la línea Planta Centro Yaracuy, lo que restó de inmediato 600 megavatios (MW) a la red de transmisión de las regiones centro y occidente. Se desplegó un plan de recuperación para compensar los megavatios a través de fuentes alternas.
La infraestructura de extracción y exportación petrolera continuó operando sin interrupciones severas gracias a su distancia respecto a los epicentros del doble sismo. Fedecámaras reconoció que los gremios y las empresas reaccionaron de inmediato para garantizar el abastecimiento básico y el sostenimiento operativo de los canales de distribución en las zonas más afectadas.
El esfuerzo empresarial coordinado puso a disposición las capacidades logísticas privadas para el manejo de la contingencia. Según el ente, la asistencia de la comunidad internacional movilizó más de 240 millones de dólares, y el ingreso de 3.672 toneladas métricas de insumos humanitarios.
Estimaciones de reconstrucción
Las estimaciones varían según el alcance, precisa Fedecámaras. La organización sitúa los daños físicos directos en unos 6.700 millones de dólares (6% del PIB) según el PNUD, mientras que una valoración integral de activos (UNDRR) eleva la cifra a 37.000 millones de dólares, desglosados en edificaciones y redes de infraestructura.
El sismo provoca una desaceleración del crecimiento más que un decrecimiento absoluto. Se plantean tres rutas: un escenario favorable (5% – 8%) impulsado por financiamiento internacional rápido; un escenario base (4% – 5%) con restitución gradual de servicios; y un escenario pesimista (1% – 2%) debido a la falta de recursos y fragmentación institucional.
Fedecámaras advierte que “intentar financiar la reconstrucción mediante mayores presiones fiscales o emisión monetaria del Banco Central dispararía la inflación y desestabilizaría el mercado cambiario. La disciplina fiscal es vista como un requisito indispensable para la sostenibilidad”.
Además, recalca que el empresariado es clave para sostener el empleo y el suministro de bienes esenciales, pero que las acciones inmediatas deben enfocarse en asegurar corredores logísticos (especialmente el eje Caracas – LaGuaira) y activar mecanismos de microcrédito para reponer inventarios y reparar infraestructuras.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La administración de Delcy Rodríguez, tutelada por el gobierno de Estados Unidos, contemplaría la posibilidad de retirar a Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según reveló un reporte de la agencia de noticias Bloomberg.
Fuentes cercanas a las conversaciones informaron al medio estadounidense que las autoridades discuten este paso como parte de la profundización de sus nexos políticos y energéticos con Washington.
De acuerdo con la publicación, la propuesta de abandonar el cartel formaría parte de los diálogos directos entre la administración del presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez. Además, señala que la Casa Blanca utiliza actualmente el alivio de sanciones y el control sobre los ingresos petroleros como herramientas clave para orientar las políticas del país.
Estas conversaciones incluirían la adquisición por parte de Estados Unidos de una participación sustancial en los campos petroleros venezolanos. Fuentes indicaron a Bloomberg que los negociadores evalúan un esquema de arrendamiento de varios yacimientos por un período de 100 años.
La estrategia responde a la denominada “Doctrina Donroe”, con la que Trump busca extender la influencia de su país en el hemisferio occidental. Bloomberg recordó que Trump describió a Venezuela como el «estado 51» y afirmó públicamente que su administración controla el petróleo de Venezuela. Este movimiento coincide además con las medidas del gobierno norteamericano para adquirir participaciones directas en empresas estratégicas de los sectores tecnológico, minero y energético global.
Una eventual salida de Venezuela de la OPEP asestaría un golpe al grupo que ayudó a fundar en 1960 a través de las gestiones diplomáticas del entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo. De acuerdo con Bloomberg, la medida profundizaría las dudas sobre la capacidad de la OPEP para influir en los precios mundiales del crudo. Funcionarios estadounidenses prevén que una alianza energética entre Washington y Caracas mermará significativamente el peso del cartel dominado por Arabia Saudita.
Aunque la producción venezolana se ubicó en 1,16 millones de barriles diarios durante julio de 2026, Bloomberg señaló que liberarse de las cuotas de la OPEP permitirá al país maximizar su extracción a largo plazo para incidir en la reducción de los costos globales del combustible. En paralelo, importantes actores privados aceleran sus operaciones en la región.
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A las afueras del Estadio César Nieves, en Catia La Mar, una fila de pequeñas carpas de acampar —comerciales y de manufactura china— marca la frontera entre los damnificados y la intemperie. El lugar forma parte de un complejo que alberga más de 1100 personas entre las instalaciones internas del estadio y sus alrededores, bajo la custodia de efectivos de la FANB y la Milicia.
En este espacio pernocta Ronny Rodas, de 62 años, quien perdió su vivienda en el Bloque 1 de La Páez tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Para él, sin embargo, el sismo fue solo el inicio de una compleja carrera por la supervivencia: es paciente con cáncer de colon en etapa metastásica.
Limitaciones de higiene personal
Rodas vive con una colostomía desde enero de 2024, cuando una obstrucción intestinal obligó a intervenirlo de emergencia. En las condiciones del refugio transitorio, mantener la asepsia de su estoma representa una lucha constante. Ante la escasez y el elevado costo de los insumos médicos se ve forzado a reciclar las bolsas de recolección, lavándolas y desinfectándolas con alcohol.
El entorno sanitario del campamento agrava su vulnerabilidad. Aunque existe una separación formal por género en los baños y en las 12 duchas habilitadas —las cuales operan únicamente entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana—, en la práctica la urgencia lleva a que todos los damnificados compartan las mismas instalaciones.
“No lo puedo hacer aquí porque no están los medios necesarios. Yo necesito un baño. Y algo donde poner todo ese material de limpieza, que esa gasa que no se me contamine para poder mantenerla sin contaminación, porque si se me contamina y se pasa para dentro, me muero”, explica Rodas.
Mientras los baños portátiles e insalubres del perímetro resultan inviables para su condición y el único baño fijo permanece cerrado, debe trasladarse hasta tres veces al día al apartamento deteriorado de un vecino en un primer piso del bloque 1 de la Páez, donde improvisa un entorno limpio con agua, gasas, guantes y alcohol.
En este espacio, los refugiados denuncian la mala calidad del agua, constante picazón en la piel y brotes de problemas gastrointestinales, situaciones acentuadas por el almacenamiento de agua potable en pipotes de plástico, en su mayoría destapados. A la falta de lavadoras —lo que obliga a los residentes a alquilar este servicio— se suma el denso mal olor que se genera cuando los camiones acuden a descargar las aguas negras.
Ronny Rodas vivía en el piso 5 del bloque 1 de la Páez; su edificio quedó inhabitable / Foto: Andrea González
Dificultades dietéticas
La alimentación en el campamento añade otra complicación a su cuadro clínico. Pese a que el Estadio César Nieves cuenta con una cocina instalada, las constantes quejas sobre la calidad de la comida gubernamental han llevado a los refugiados a depender del auxilio de diversas ONG.
Aunque Rodas agradece la ayuda recibida, la nutrición en el refugio plantea un dilema severo: su diagnóstico requiere una dieta blanda —vegetales cocidos, pollo a la plancha y jugos no ácidos— para evitar complicaciones digestivas. Sin embargo, ante la oferta predominante de alimentos fritos o pesados, se ve obligado a consumirlos para evitar una desnutrición.
Para sobrellevar los dolores derivados del avance del cáncer, recurre a dosis combinadas de 1600 miligramos de ibuprofeno y omeprazol diarios. “Sé que eso afecta los riñones, pero el dolor es inconmensurable y no lo soporto”, señala.
Ronny Rodas tiene que usar una bolsa de colostomía tras someterse a una cirugía por una obstrucción intestinal en 2024 / Foto: Andrea González
Problemas internos entre refugiados
La convivencia en el refugio ha presentado episodios de tensión. Inicialmente, la administración del campamento le asignó a Rodas una carpa compartida con un joven que atravesaba problemas de adicción a las drogas. Intentó mediar con él e incluso le ofreció sus propios recursos si los necesitaba, pero la situación escaló cuando su compañero comenzó a sustraer enseres del espacio, como ventiladores y sillas.
“El muchacho no quiso entender que esa situación que estamos viviendo todos nosotros es bastante problemática y tenemos una conmoción cerebral producto de ese terremoto, y no estamos para esos problemas”, relata.
La eventual intervención de funcionarios policiales y de la dirigencia del campamento, por orden de la diputada a cargo del área, Yeinny Pinto, culminó con el retiro del joven del perímetro para evitar un procedimiento penal.
Interior de la carpa en la que pernocta Ronny Rodas a las afueras del estadio César Nieves / Foto: Andrea González
A las dificultades médicas se suman las tensiones propias del hacinamiento y la precariedad en los alrededores del estadio. Pese a todo, Rodas mantiene la templanza: “muchos vecinos no sobrevivieron. Dios me dio la oportunidad de seguir vivo y, aunque lo perdí todo, estoy agradecido por esta segunda oportunidad”.
Las condiciones descritas en las cercanías del Estadio César Nieves distan de las pautas fijadas por el Manual Esfera y la ACNUR para asentamientos temporales de emergencia. Mientras los estándares internacionales exigen un máximo de 20 personas por sanitario, agua potable constante almacenada en recipientes cerrados y condiciones de asepsia garantizadas para pacientes con necesidades médicas complejas.
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La Asamblea Nacional aprobó el pasado 27 de agosto por unanimidad, en primera discusión, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que modifica la composición del Comité de Postulaciones Judiciales. La propuesta eleva de 21 a 23 el número de integrantes: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.
El cambio ocurre en medio del proceso para renovar el TSJ, cuya escogencia fue acordada en el primer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo entre el oficialismo y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.
¿Qué hace el Comité de Postulaciones Judiciales?
El Comité es el órgano encargado de recibir, revisar y evaluar las postulaciones de quienes aspiran a convertirse en magistrados del TSJ. Su función es elaborar la preselección de candidatos que posteriormente pasa a consideración de la Asamblea Nacional.
La Constitución lo define como un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de candidatos a magistrados del máximo tribunal y establece que debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
Por eso, la composición del comité resulta determinante: sus integrantes participan en una etapa previa a la designación de quienes ocuparán los cargos de mayor jerarquía del sistema judicial venezolano.
¿Quiénes serían los 23 integrantes?
La reforma plantea una composición de 23 miembros. De ellos, 11 serían diputados de la Asamblea Nacional y 12 representantes de la sociedad civil. La distribución mantendría la presencia parlamentaria que ya existe y aumentaría de 10 a 12 los representantes de sectores sociales.
La diferencia es relevante porque, aunque los diputados seguirían representando 11 de los puestos, la sociedad civil tendría una mayoría de 12 integrantes. El debate, sin embargo, no se centra únicamente en cuántos representantes tendría cada sector, sino en si los parlamentarios pueden integrar el comité en primer lugar.
El artículo 270, en el centro de la controversia
El abogado constitucionalista Rafael Badell Madrid sostiene que la incorporación de diputados es inconstitucional. Su argumento parte del artículo 270 de la Constitución, que señala que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
Badell Madrid sostiene que, además del texto constitucional, la Exposición de Motivos y el Diario de Debates respaldan una interpretación según la cual el comité debe estar compuesto exclusivamente por representantes sociales.
(1/2) Es inconstitucional que los diputados de la Asamblea Nacional formen parte del Comité de Postulaciones Judiciales.
De acuerdo con el artículo 270 de la Constitución, su Exposición de Motivos y el Diario de Debates, el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado… pic.twitter.com/uHmGjjIrRt
Perkins Rocha, abogado y dirigente político, coincide con esta interpretación. Afirma que ningún parlamentario debería integrar el órgano, independientemente de que sean 11 diputados o una cantidad menor.
Para Rocha, la composición debería reservarse a integrantes cualificados de la sociedad civil, como profesores universitarios especializados en Derecho, miembros de academias y representantes de colegios profesionales.
No siguieron el consejo y lo que aprobaron en 1era discusión ES INCONSTITUCIONAL… No por el hecho de que en otros tiempos se había hecho de esta manera (2094,2010,…) debe repetirse el error que en este momento es injustificable dada la incertidumbre sobre cual será el órgano… pic.twitter.com/0QZW5YR3Ej
¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos?
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, también cuestionó la reforma y sostuvo que la Asamblea Nacional modificó la legislación del TSJ en contradicción con la Constitución.
Acceso a la Justicia planteó la misma objeción. La organización considera que los diputados son funcionarios públicos y, por tanto, no pueden ser considerados representantes de la sociedad civil para efectos del artículo 270 constitucional.
La organización recordó además que la reforma apenas fue aprobada en primera discusión. Por ahora, el proyecto modifica la composición del comité, pero todavía debe pasar por una segunda discusión, en la que podría cambiar su contenido.
#AlertaLegal El día de hoy #27ago, en sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional (AN) unánimemente aprobó en primera discusión la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
La reforma busca modificar el artículo 65 de la ley, a fin de cambiar la composición… pic.twitter.com/iT3wEOVwW5
El debate ocurre mientras el país avanza hacia la renovación del TSJ. En ese escenario, la discusión sobre quiénes integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales no es un asunto meramente administrativo: define quiénes tendrán participación en la etapa inicial de selección de los magistrados del máximo tribunal venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 28 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Durante una sesión extraordinaria convocada por el Parlamento para este jueves, 27 de agosto, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que la discusión se realizó para modificar el artículo 65 de esta ley, relacionado con el Comité de Postulaciones, el cual pasa a 23 miembros: 11 de la Asamblea Nacional y 12 de la sociedad civil.
“En esas listas de las ONG solo están los que pagan, contra eso tenemos que ir porque es una forma de mercantilización de la justicia, del preso como un producto. Contra eso debemos ir con toda nuestra fuerza”, Jorge Rodríguez, presidente de la AN oficialista.
Lo que rompe en las redes
El Hospital del McDonald’s de Caraballeda cerró sus puertas este jueves, 27 de agosto, luego de 2 meses de atención gratuita a víctimas de los terremotos del 24 de junio en La Guaira. El centro atendió un promedio de 150 pacientes diarios con un equipo voluntario de 80 profesionales.
📢El llamado “Hospital McDonald’s” de Caraballeda cerró sus puertas este jueves, luego de 2 meses de atención gratuita a víctimas de los terremotos del #24Jun. El centro atendió un promedio de 150 pacientes diarios con un equipo voluntario de 80 profesionales
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) August 27, 2026
Azuquita pa’l café
Alonso García es un niño que padece cáncer que logró cumplir su sueño de ser bombero por un día en las instalaciones del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, recorriendo las instalaciones, conociendo de cerca las unidades y compartiendo de primera mano con los efectivos, quienes lo recibieron con los máximos honores.
