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Excarcelaciones de presos políticos se deben a la CPI según lectores de medios

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El pasado 16 y 17 de noviembre se produjeron las excarcelaciones de más de 160 presos políticos –de acuerdo con cifras del Foro Penal–, detenidos en el contexto de las protestas poselectorales del 28 de julio. La medida se produjo luego de que el gobernante Nicolás Maduro solicitara al Ministerio Público el 11 de noviembre «rectificar» si hay algún caso que se deba «revisar».

Días antes de la solicitud de Maduro, una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encontraba prestando asistencia penal al sistema de justicia venezolano, y visitando algunos de los recintos penitenciarios donde se encuentran presos políticos. Los funcionarios del organismo internacional se entrevistaron con familiares de detenidos por las protestas poselectorales.

Durante casi tres meses, la administración de Maduro sostuvo que los detenidos luego de los comicios presidenciales eran “terroristas”; muchos fueron enjuiciados y sentenciados.

TalCual junto a El Impulso (Lara), La Nación (Táchira), Yaracuy al Día (Yaracuy), El Tiempo (Anzoátegui), Correo del Caroní (Bolívar), La Verdad (Zulia), Runrunes (Miranda) y Radio Fe y Alegría (Apure, Carabobo y Guárico) le preguntaron a sus lectores a qué consideran se debió esta medida, que de acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, no llega solo hasta el 17 de noviembre: prometió más excarcelaciones en los próximos días.

«A su juicio, ¿las excarcelaciones de presos políticos detenidos después del 28J, ocurridas el 16 y 17 de noviembre, responden a…?» fue la pregunta que se les hizo a los lectores. La visita de una comisión de la CPI fue la opción más votada, con un total de 845 votos.

Le siguió la opción de Presión de familiares y ONG de derechos humanos, con 593 votos, y de último lugar estuvo la opción Trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, con 199.

Las consultas se hicieron entre el 20 y 22 de noviembre, a través de redes sociales (X, Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram) y también en la calle: en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros (Guárico), el Paseo Libertador de San Fernando (Apure) y Plaza Urdaneta de Naguanagua (Carabobo). 1.637 votos se recibieron.

En Anzoátegui (El Tiempo), Apure, Carabobo, Guárico (Radio Fe y Alegría) y Yaracuy (Yaracuy Al Día) los lectores que respondieron la consulta atribuyeron la decisión a las acciones de familiares y organizaciones de derechos humanos.

Desde el 29 de julio, cuando se supo de las primeras detenciones, las distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela, así como familiares de los detenidos, han realizado una serie de gestiones, vigilias, marchas y reuniones con organizaciones, nacionales e internacionales, solicitando la liberación de sus familiares.

De acuerdo con el más reciente balance del Foro Penal, en Venezuela la cifra de presos políticos es de 1.887, de estos 1.303 personas habían sido detenidas entre el 29 de julio y el 1 de agosto, en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Mientras que el 31 de julio, el Ministerio Público indicaba que había un total de 1.062 personas aprehendidas y que serían procesadas ante la justicia venezolana por su presunta vinculación «con focos de violencia en varios estados del país».

Cicpc mató a tres presuntos miembros de la banda de Wilexis

Tres presuntos antisociales muertos y un policía herido fue el resultado que dejó un enfrentamiento armado ocurrido en la Zona 6 del barrio José Félix Ribas, en Petare, la tarde del pasado domingo 10 de noviembre.

Fuentes policiales detallaron que funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hacían pesquisas en la localidad cuando fueron atacados con una granada fragmentaria. Uno de los oficiales resultó herido por la explosión. 

Luego se desató un intercambio de disparos que culminó con la muerte de Renzo Lisandro Arocha Aponte, Abraham Josué Marín y Elinson Pérez Araguayán. El Cicpc aseguró que los tres pertenecían a la banda de Wilexis Acevedo, que opera en Petare. 

Desde enero a septiembre de este año 2024, Monitor de Víctimas registró 21 víctimas por ejecución y resistencia a la autoridad en esta parroquia de Petare. Varios de los fallecidos fueron señalados por autoridades policiales como integrantes de la banda de “Wilexis”. 

Excampeón de boxeo

Este lunes 11 de noviembre, se presentaron en la morgue de Bello Monte los familiares de Abraham Marín, quien tenía 18 años. Detallaron que el fallecido practicaba boxeo desde que era un niño y ganó varios campeonatos locales. Actualmente, se preparaba en La Guaira para un torneo nacional. 

Un allegado aseguró que desde que se enteraron que frecuentaba a varios delincuentes del barrio intentaron persuadirlo para que se dedicara al deporte, pero dijo que no pudieron. Parte de su familia estaba en Anzoátegui cuando ocurrió el hecho. 

El Cicpc precisó que Abraham Marín estaba solicitado por el delito de homicidio, pero su familia aseguró que desconocía la información. 

 

Exigen garantizar adecuada gestión menstrual a mujeres detenidas

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Integrantes de grupos feministas expresaron su preocupación por el tema de la gestión menstrual en las privadas de libertad en Venezuela.

En el marco del foro “Violencia de género y mujeres privadas de libertad”, celebrado el 26 de noviembre en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela Nohelia Urbina, de Uquira, expresó que es indispensable que las mujeres detenidas cuenten con servicios básicos para gestionar su menstruación.

Urbina expresó que es necesario analizar la situación de las privadas de libertad con perspectiva de género. Destacó que no existen estudios suficientes que hablen sobre la gestión menstrual en el país y menos desde la perspectiva de las presas.

“Es necesario no olvidarnos que las detenidas merecen contar con servicios básicos”, dijo. Explicó que la pobreza menstrual extrema se presenta cuando las mujeres viven en condiciones poco saludables y esto no les permite gestionar su menstruación como es debido.

Mencionó también que la situación que viven las privadas de libertad puede llegar a alterar el ciclo menstrual, y esto es un asunto que el Estado debería atender.

De acuerdo a un reciente estudio de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, titulado “El alto precio de la desigualdad”, 34 % de las encuestadas confesaron pausa en sus actividades o privarse de espacios públicos debido a la menstruación.

ONU Mujeres define la pobreza asociada a la menstruación a la situación que se presenta cuando no se pueden pagar los productos menstruales o acceder a ellos, y tampoco se cuenta “con instalaciones de saneamiento e higiene ni la educación o los conocimientos para gestionar la salud menstrual”.

 

“Este gobierno no es feminista”

En el foro también se exigió un salario digno para las mujeres. Las integrantes de organizaciones que velan por los derechos de la mujer recalcaron que el Estado es el responsable de velar porque estos se garanticen.

Uno de los temas abordados fue el de salarios dignos y la carga de trabajo de las mujeres, la cual es superior a la de los hombres. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que las mujeres trabajan -al día- 12 horas y 49 minutos diarios, 11% más tiempo que dedican los hombres.

Sumado a esto, la participación de las mujeres venezolanas en el mercado laboral es 23 puntos porcentuales menor a la de los hombres. Sobre esta situación, Suhey Ochoa, de Pan y Rosa, recordó que el salario en Venezuela no es digno y que las mujeres deben tener un trabajo formal, “matar tigritos” y “un emprendimiento” para sobrevivir al país.

Ochoa recordó que -históricamente– las mujeres cargan sobre sus hombres las labores de cuidados y, además de ser trabajadoras, son el sostén de hogar.

 “Hasta este momento, este gobierno no tiene ni un gramo de socialista ni de feminista. Las mujeres pobres sufrimos todos los días las consecuencias de la crisis”, destacó en el marco del foro. 

Durante la actividad, también se exhibió una muestra fotográfica que refleja la lucha de los movimientos feministas del país y se recordó que las vidas de las mujeres detenidas por razones políticas ha quedado pausada. 

La inflación comenzó a acelerarse: ¿cuáles son las perspectivas?

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Tras nueve meses en los que la inflación perdió potencia los precios comienzan a elevarse a mayor velocidad en medio de una creciente inestabilidad que amenaza con extenderse y agravarse en 2025.

El Banco Central oculta las cifras, pero mediciones como la del Observatorio Venezolano de Finanzas indican que en octubre la inflación registró un salto de 9,6%, la más alta desde agosto de 2023 y más del doble de la observada en septiembre, de acuerdo a los datos de este organismo.

El incremento de los precios impacta en la capacidad de compra de un ingreso que se mantiene entre los más bajos de América Latina. En el caso de la industria manufacturera, la remuneración total de los obreros, en promedio, equivale a 223 dólares mensuales y el costo de una canasta básica para una familia de cinco miembros es de 531 dólares.

La aceleración de la inflación viene de la mano de la depreciación del bolívar frente al dólar. La administración de Nicolás Maduro ancló el tipo de cambio y la estabilidad en la cotización del dólar ayudó de manera decisiva a restarle velocidad a los precios, pero el ancla se rompió y quedó en evidencia la fragilidad de la estabilización.

En las últimas siete semanas el tipo de cambio oficial acumula un aumento de 27% desde 36,6 bolívares hasta 46,7 bolívares que se ha convertido en combustible para la inflación porque las empresas venezolanas utilizan grandes cantidades de insumos importados y por la dolarización: como los precios están en dólares, el aumento del tipo de cambio se traduce en más bolívares a pagar por cada producto.

Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, explica que hay un término técnico, el pass through, que se refiere a la facilidad con la que se transfiere el aumento en el precio del dólar a los precios de los bienes y servicios:  “En Venezuela es muy alto por la dolarización”, agrega. 

Gobierno entrampado

En el resquebrajamiento del anclaje cambiario juega un rol estelar el gasto del gobierno. A fin de disminuir la cantidad de bolívares que pueden utilizarse para comprar dólares, la administración de Nicolás Maduro recortó el gasto en partidas como pensiones, salarios e inversiones.

Pero a partir de octubre dejó a un lado la severidad en el recorte y elevó el gasto mediante bonos que entrega a los trabajadores. Como los trabajadores rápidamente gastan los bonos, en poco tiempo, el dinero culmina en la caja de comercios y empresas que buscan cambiarlo a dólares porque no hay confianza en la moneda.

“El gobierno está entrampado, porque si quiere controlar la inflación tiene que anclar el tipo de cambio, y para anclar el tipo de cambio no puede permitir que aumente la oferta monetaria, porque esa mayor disponibilidad de bolívares se traslada a la compra de dólares y presiona el tipo de cambio al alza”, dice Pedro Palma.

Para tratar de mantener el anclaje cambiario el gobierno elevó la oferta de dólares pero fue insuficiente para satisfacer la demanda. La consecuencia es que quienes no pueden comprar todos los dólares que necesitan en el mercado oficial acuden al mercado paralelo, donde el dólar no ha dejado de aumentar y mantiene una brecha de 20% respecto al tipo de cambio oficial que también impulsa la inflación.

Los próximos meses

Pedro Palma considera que “el gobierno va a tener que seguir pagando bonificaciones y aguinaldos y muy probablemente lo que sucedió en octubre se va a repetir de aquí a fin de año”.

En este contexto lo previsible es que continúe la depreciación del bolívar y la aceleración de la inflación. El promedio de las proyecciones de las 18 consultoras y bancos que Latin Focus incluyó en su informe de octubre se ubicó, en el caso del tipo de cambio oficial, en 54 bolívares por dólar al cierre del año y una inflación anual en el orden de 43,4%.

Gracias a que el gobierno está recurriendo en menor medida a la emisión de dinero para financiarse, a que el recorte del gasto -si bien se ha relajado- sigue presente en distintas áreas y a las restricciones al crédito, que obligan a los bancos a engavetar más de dos tercios del dinero que gestionan, la inflación se está acelerando pero culminará el año muy por debajo del 189% registrado en 2023.

No obstante, la inflación venezolana sigue siendo de las más elevadas del mundo y solo superada por la de Argentina en América Latina.

La incertidumbre

En 2025 no hay mayor certeza en que el gobierno de Nicolás Maduro será capaz de evitar que la moneda continúe hundiéndose y que los precios aumenten a una velocidad mayor a la de este año.

La inestabilidad política estará presente una vez que Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina no reconocen como legítima la relección de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio.

La posibilidad de mantener estable el tipo de cambio luce complicada. Las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central administra y permite pagar importaciones, cancelar deuda y respaldar la oferta de dólares se ubica en montos ínfimos.

La porción de divisas líquidas y disponibles no supera los mil millones de dólares lo que se traduce en que la oferta de dólares prácticamente depende del ingreso proveniente de las insuficientes exportaciones petroleras.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco de Inglaterra no han reconocido como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, y por tanto, el Banco Central no tiene acceso a Derechos Especiales de Giro por cinco mil millones de dólares y a barras de oro depositadas en Londres.

Pedro Palma explica que “es muy difícil” que el gobierno pueda mantener un anclaje del tipo de cambio.

“Las reservas internacionales son muy bajas, tampoco hay acceso al financiamiento de los organismos multilaterales y la posibilidad de reestructurar la deuda externa para normalizar el acceso al mercado financiero internacional se ve muy distante en 2025”, dice Pedro Palma.

Las licencias

Las elecciones turbias no son nuevas. En 2018 Maduro se reeligió por primera vez mediante unos comicios cuestionados y Estados Unidos, en ese entonces bajo la conducción de Trump, quien cumplía su primer mandato, impuso sanciones limitando las inversiones en petróleo y obligando a vender barriles en el mercado negro.

En noviembre de 2022 la administración de Joe Biden ablandó las sanciones y permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela mediante una licencia especial. En mayo de este año, emitió licencias similares a Repsol, ENI y Maurel & Prom.

Gracias a Chevron, principalmente, la producción creció desde un promedio de 684 mil barriles diarios a 877 000 barriles diarios en septiembre de este año, pero Trump, quien iniciará su nuevo período el 20 de enero de 2025, podría eliminar las licencias.

De eliminarlas, consultoras como Ecoanalítica proyectan que la producción caería en 25%, algo que golpearía la caja del gobierno: los barriles provenientes de las operaciones con licencias se venden a precios de mercado y los de Chevron van a refinerías en el sur de Estados Unidos.

Un año complicado

“Lo lógico es prever que el tipo de cambio va a continuar subiendo durante 2025, y por lo tanto, que la inflación va a ser por lo menos mayor a la de 2024”, dice Pedro Palma.

El promedio de las 18 proyecciones de Latin Focus para el tipo de cambio oficial, que incluye la de consultoras y bancos como Dinámica, Síntesis Financiera y UBS, es que al cierre de 2025 alcance 95 bolívares por dólar y, para el caso de la inflación, que acumule en el año un avance de 55%.

Hay quienes esperan una inflación muy superior a este promedio. Fitch Solutions contempla que el próximo año el incremento de los precios sea de 101% y Síntesis Financiera de 76%.

Mujeres que luchan por libertad de presos políticos también enfrentan violaciones a sus derechos

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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres de diversas organizaciones, colectivos y comités se congregaron en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela para abordar los distintos tipos de violencia y las luchas que enfrentan. 

El panel inició con las mujeres que son parte del Comité de Familiares para la Libertad de los Presos Políticos. “Estas mujeres que están dando la vida misma”, así fueron presentadas: Sol Ocariz, Yuli Roso y Melania Leal. 

Yuli Roso se pronunció sobre la situación de su padre, Aldo Roso, dirigente de Voluntad Popular en la parroquia El Valle, quien se encuentra detenido desde el 4 de julio, antes de las elecciones presidenciales. Aldo fue arrestado mientras coordinaba una unidad de transporte para una concentración en apoyo a la oposición venezolana.

La hija del dirigente político explicó que su padre no se resistió en ningún momento y lo están acusando sin argumentos de terrorismo y asociación para delinquir. Además, su caso fue llevado a juicio porque lo inculparon, junto a Ricardo Albacete, de querer sabotear el sistema eléctrico en las elecciones del 28 de julio. 

“Como hija me siento muy afectada psicológicamente. Estamos al frente de esta lucha y nuestra voz no será apagada. Y sé que no estoy sola en este camino, me han acompañado todas estas mujeres y sé que no estoy sola”, enfatizó. 

Familiares de presos políticos
Yuli Roso afirmó que su padre es inocente y no merece estar detenido. Crédito: Diego Casanova.

Roso subrayó que “las mujeres son las que llevan la lucha” y enfrentan violaciones sistemáticas por parte del Estado, mientras alzan la voz en busca de la libertad de sus seres queridos.

Un reciente informe de organizaciones feministas, titulado “Violencia en Femenino, el Libro Violeta de la Represión en Venezuela”, analizó los hechos de  violencia, represión, cierre del espacio cívico y persecución perpetrados contra mujeres venezolanas en el contexto postelectoral. Se analizó el impacto tanto en las mujeres detenidas como en sus familiares, y se concluyó que las madres, esposas y hermanas que quedaron a cargo de la búsqueda de justicia y también del cuidado de otros familiares son criminalizadas y perseguidas por el Estado. 

El estudio también destacó la vulnerabilidad de las mujeres que visitan a sus familiares detenidos, ya que son sometidas a desnudez forzada, requisas invasivas y extorsiones, además del impacto económico “devastador” con el que deben lidiar para buscar recursos y mantenerse.  Asimismo, muchas de estas mujeres que tienen a sus familiares detenidos han tenido que abandonar sus trabajos para poder cumplir con las visitas y las entregas de alimentos cuando se lo solicitan. 

 

“No me permiten visitas” 

Sol Ocariz, hermana del defensor de los derechos humanos Edward Ocariz, expresó que ella dejó su vida a un lado en Anzoátegui para acompañar a su hermano. “Yo cerré la santamaría de mi casa y me vine hasta aquí para no dejar a mi hermano solo y no me arrepiento”. 

Ocariz, quien ha sido una de las caras más visibles del Comité de Familiares para la Libertad de los Presos Políticos, denunció que no le permiten las visitas. Su hermano fue detenido en Coche y está recluido en Internado Judicial de Carabobo, más conocido como Tocuyito. 

Sol manifestó que llegó el día de ayer, 25 de noviembre, a Valencia, estado Carabobo, a las 06:00 de la mañana y primero le dijeron que la visita sería a las 11:00, después le aseguraron que vería a su hermano a las 4:00 de la tarde. 

“Cuando llegué a las 4:00 de la tarde, un custodio, que no me sé su nombre, me preguntó si yo era Sol Ocariz y le contesté que sí. Después de eso, me aseguró que mi hermano tenía suspendidas las visitas porque yo había salido en los medios de comunicación y a las personas que declaran en los medios le pasa eso”, indicó. 

Pese a esta situación, durante el evento, Sol afirmó que esto no le impedirá seguir levantando su voz por los presos políticos y, aunque su hermano salga pronto, ella continuará la lucha “hasta que el último preso político salga”. 

Mujeres

“Mi hermana es inocente” 

Melanie Leal, hermana de la presa política Emirlendris Benítez, también se pronunció en el evento para afirmar que su hermana es inocente y que ha sido “torturada de todas las formas”. 

Leal contó que su hermana fue detenida en el 2018 y es acusada de ser “pirata de carretera”, cuando ella, junto a su pareja, solo estaban trasladando a dos pasajeros desde Barquisimeto hacia Barinas. 

Con lágrimas en los ojos, Melanie sostuvo que pasó un mes desaparecida y que cuando la vieron “no la reconocían”. “Mi hermana estaba temerosa y no la pudimos ni tocar porque estaba rodeada de funcionarios”. 

Ahora, Emirlendris está detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, pero antes estuvo en Zona 7 de la Policía Nacional. Durante estos años, sus familiares han exigido su liberación. Su hermana detalló que fue golpeada en numerosas ocasiones y temen por su vida. 

“A mi hermana le dieron 30 años de prisión siendo inocente y desde que está detenida ha manifestado diversos problemas de salud. Ahora tiene una hernia que no le permite caminar como ella lo hacía. Es inocente”, exclamó. 

Melanie Leal exigió la liberación de su hermana, Emirlendris Benítez. Crédito: Diego Casanova.

 

Durante el encuentro, se conversó sobre el protocolo de seguridad en casos de discriminación y violencia de la Universidad Central de Venezuela. Gabriela Ochoa, estudiante de Psicología, relató que la discusión para el protocolo inició hace un año con el objetivo de luchar en contra de las desigualdades y proporcionar información a todo el personal de la universidad. 

Una vela por las que no están 

En el marco del 25 de noviembre, movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil se han movilizado de diferentes formas. El lunes, Uquira junto a Somos Equalia, Colectiva Negra y TransAfab se congregaron en la Plaza Francia, de Altamira, y encendieron una vela por todas “aquellas que no están”. Recordaron a cada una de las mujeres víctimas de femicidios. 

En el lugar, exigieron que estas muertes no queden impunes y que los derechos fundamentales de las mujeres sean respetados. Uquira resaltó que “nuestro manifiesto corporal es denunciar, cuidarnos y no olvidar todos estos años de violencia”. 

Mujeres
En la actividad recordaron a cada una de las mujeres víctimas de femicidio en Venezuela. Crédito: Cortesía.

Según datos de Utopix, hasta septiembre de 2024, en Venezuela han ocurrido 142 femicidios. La violencia machista no cesa en el país y el monitor indicó un aumento en los casos de femicidios frustrados, con un total de 14.

 

En Bolívar reportan aumento de femicidios contra niñas y adultas mayores

A propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ateneo Ecológico del Orinoco presentó un informe sobre la violencia de género en el estado Bolívar en el que se precisó que hasta noviembre de 2024, se han registrado al menos 25 832 casos de violencia contra mujeres, que incluyen agresiones sexuales, psicológicas, patrimoniales y físicas, así como amenazas y femicidios.

De estos casos, solo el 9% ha sido judicializado, lo que indica una preocupante falta de respuesta legal ante estas violencias, precisó la nota del Correo del Caroní. 

El estado Bolívar además destaca como el que presenta el mayor número de femicidios en la región oriental del país, acumulando un 42% de los casos reportados en lo que va del año.

Aunque la tasa de femicidio se ha mantenido constante respecto a 2023, se ha observado un aumento en los femicidios perpetrados contra niñas y mujeres mayores. Además, el informe señala un incremento del 33,44% en los casos de violaciones.

Los municipios más afectados por esta crisis son Caroní y Angostura del Orinoco, donde se concentra el 47% y el 38% de los casos de violencia contra mujeres y niñas, respectivamente. Miguel Vincenti, director del Ateneo Ecológico, explicó que estos índices son históricos y están relacionados con la alta densidad poblacional en estas áreas.

También se destacó que parroquias que anteriormente mostraban baja incidencia han visto un aumento en los delitos registrados. Un caso particularmente trágico que marcó este año fue el de violencia vicaria en San Félix, donde un hombre provocó un incendio que resultó en la muerte de sus dos hijos, incluyendo una niña de 8 años, como acto de venganza hacia su pareja. Este tipo de violencia resalta la gravedad y complejidad del problema.

Para ampliar la información, consulte el Correo del Caroní

El Mañanero del 27 de noviembre: Denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III y más noticias

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En El Mañanero del 27 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Advierten que podrían usar justicia comunal para sustentar “gobierno de facto”, “Las mujeres viven día a día la violencia en una profunda soledad”, afirman desde el Centro de Estudios de la Mujer de la UCV y los familiares denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III. 

“Las mujeres viven día a día la violencia en una profunda soledad”

Advierten que podrían usar justicia comunal para sustentar “gobierno de facto”

Madre de paciente con diabetes clama por la liberación de su hija

Denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III

“90 días de injusticias y violaciones a los DDHH”: Exigen libertad de Perkins Rocha

“El momento ha llegado, vamos a cobrar lo que es nuestro”: Primer mensaje de Machado de cara al #10Ene en 6 frases

ARI Móvil | Unión Europea realizó caminata contra la violencia hacia la mujer

 

“90 días en los que nosotros hemos tomado su bandera y seguimos exigiendo su libertad y que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. Exigimos la libertad plena, no solo para Perkins Rocha, sino para todos los presos y perseguidos políticos”, María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha. 

 

Violencia basada en género: un problema del pasado, del presente y un desafío del futuro

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“A todas y todos nos une un objetivo común: el compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo”, Magaly M. Vásquez González

La doctora y académica Magaly M. Vásquez González, redactora del protocolo de la Ucab de prevención sobre violencia de género y primera mujer en ocupar una silla en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (coherentemente aspira a “no ser la única”), acaba de ser laureada con la edición 18.° del Premio Mujer Analítica Evangelina García Prince, 2024.

Tras el saludo de rigor a la Arq. Aixa Armas, presidenta de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía; al Dr. Guillermo Fariñas, rector y demás autoridades de la Universidad Monteávila; a los miembros del Comité de Premiación 2024 Raquel García Prince, y a “las queridas mujeres y caballeros que también son reconocidos en este acto”, Vásquez González se lanzó un discurso para coger palco sobre la violencia de género y la determinación de construir un futuro más equitativo y amable. Leamos:   

Las palabras que seguidamente compartiré con ustedes tratan de conciliar diferentes facetas de mi vida profesional: abogada, profesora universitaria, académica e investigadora y las he titulado:

Violencia basada en género: un problema del pasado, del presente y un desafío del futuro

Es un honor estar aquí hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y durante el desarrollo de la campaña de los 16 días de activismo, recibiendo el Premio Mujer Analítica en su 18.ª edición.

Me han precedido en los 17 años anteriores y son también reconocidas en este acto destacadas mujeres que desde sus distintas posiciones han dejado un importante legado, al igual que las organizaciones a las que se ha conferido el “Premio Evangelina García Prince” y los caballeros merecedores del “Reconocimiento Masculino Mujer Analítica en honor del Dr. Román José Duque Corredor”. A todas y todos nos une un objetivo común: el compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Imagínense que en ese mundo las niñas no sueñan con ser princesas sino con ser presidentas, que en él las mujeres no se ven limitadas por roles preestablecidos, sino que pueden alcanzar su máximo potencial, que en ese mundo la igualdad de género es una realidad y no una utopía. Ese es el mundo que queremos construir. Ahora ¿cómo lo construimos?

Es indudable que “la educación es esencial para construir una sociedad igualitaria” y que en materia de igualdad de género ha habido avances significativos, sin embargo, como lo ha advertido ONU Mujeres, aún queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, de allí la importancia de las medidas que se adopten para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5 de la agenda 2030 de Naciones Unidas, conforme el cual debe promoverse la “igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas”.

Una de las responsabilidades que en la actualidad ejerzo tiene que ver con esa premisa: la Cátedra de Estudios de la Mujer “Teresa de la Parra”, cuya creación impulsamos en la UCAB y que se suma a otras iniciativas que evidencian el compromiso de la institución con el ODS 5, como el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual, primero en ser aprobado por una universidad venezolana; el decreto rectoral sobre la Política de igualdad de género y la colección de Estudios de la Mujer “Evangelina García Prince” (por esas coincidencias del destino en este acto también se entrega el premio que lleva el nombre de esa extraordinaria feminista venezolana).

Como lo ha recordado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la igualdad y la no discriminación son principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que para garantizar de manera eficaz que todas las personas, sin distinción, puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos, es preciso, primero, una comprensión exhaustiva de las estructuras, las políticas y los estereotipos sociales, así como de las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria.

En el mismo sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que la igualdad de género es un elemento esencial para generar economías prósperas y un planeta más sostenible, admitiendo que nos enfrentamos a un desafío crítico: una brecha de género de 360 000 millones de dólares anuales para 2030, por lo que para revertir esta tendencia, identifica cinco áreas clave a afrontar de manera conjunta: 1) invertir más en las mujeres; 2) poner fin a la pobreza; 3) implementar financiamiento con perspectiva de género; 4) pasar a una economía y una sociedad del cuidado verdes; y 5) apoyar a las feministas creadoras de cambios.

Sostienen Gema del Socorro García Luján Ávila y Silvia Albareda-Tiana que, además de los avances en términos de políticas de igualdad, promoción de la perspectiva de género en la educación, investigación y la participación de las mujeres en roles académicos y de liderazgo, también se han identificado desafíos persistentes, como las brechas de género en ciertas disciplinas y la necesidad de abordar y eliminar la violencia de género en el entorno universitario (Igualdad de género y desarrollo sostenible. Avances y desafíos en la Agenda Mundial y en la Universidad, Feminismo/s 43, January 2024, 213-243).

En relación con algunas de esas desigualdades afirma la colaboradora experta de Amnistía Internacional Dolores Liceras (17 de septiembre de 2024), que en todo el mundo, las mujeres ganan 77 centavos, pero los hombres ganan 1 dólar por un trabajo de igual valor, por lo que si no hacemos nada, se necesitarán 257 años para cerrar la brecha salarial mundial. En la Unión Europea, las mujeres ganan de media un 12,7 % menos por hora que los hombres y en España, el salario medio de las mujeres es un 18,7 % inferior al de los hombres. En Venezuela, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, solo 37,3 % de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, versus 62,7 % de los hombres pero estos “reciben en promedio 7,7 % más remuneración que las damas, aunque en algunos sectores la brecha puede ser aun mayor, como por ejemplo en empleos del hogar o doméstico, donde la diferencia a favor de los hombres es de 40,8 %, o el área de profesionales científicos o intelectuales, donde las mujeres ganan 33,6 % menos que sus pares varones”, ello evidencia las brechas salariales en razón de la desigualdad de género, producto de la baja inserción laboral de las mujeres, pocas horas de trabajo por responsabilidades de cuido, “techo de cristal”, discriminación para cargos altos, desvalorización de los empleadores, discriminación en “ámbitos masculinos” autominusvaloración y “protecciones” legales discriminatorias (https://www.proyectoencovi.com/documentos-encovi-ucab y https://elucabista.com/2024/03/13/encovi-2023-propone-acciones-para-superar-la-vulnerabilidad-y-desigualdad/).

Si revisamos la representación de las mujeres en los parlamentos, nos encontramos con que, tras las elecciones y nombramientos verificados en 2023, la proporción mundial de mujeres parlamentarias alcanzó el 26,9 %, siendo el continente americano, al 1° de enero de 2024, la región con la mayor representación de mujeres con el 35,1 % del total de parlamentarios en la región. Estas cifras ratifican la vigencia de la Resolución sobre la Participación de la Mujer en la Política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, entre cuyos fundamentos estaba la preocupación “porque las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.

Otra de las vías para lograr esa igualdad, además de la educación, es la adopción de leyes y políticas que garanticen los mismos derechos para hombres y mujeres, uno de los cuales es el acceso a la justicia. A estos efectos, y por impartir quien les habla asignaturas relacionadas con la materia, no puedo dejar de referirme al empleo de estereotipos de género en la investigación penal, particularmente en los casos de violencia sexual, como uno de los tipos de violencia basada en género, en el entendido de que esta constituye una violación de derechos humanos.

Los estereotipos de género “se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”; entre estas violaciones se incluye “no investigar, perseguir y condenar la violencia sexual contra las mujeres, creyendo que las víctimas de la violencia sexual estaban de acuerdo con los actos sexuales, ya que no se vestían ni se comportaban “modestamente”. Los estereotipos de género erróneos son una causa frecuente de discriminación contra las mujeres. Es un factor que contribuye a la violación de un amplio abanico de derechos, como el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al matrimonio y a las relaciones familiares, al trabajo, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la participación y representación políticas, a un recurso efectivo y a no sufrir violencia de género (Estereotipos de género. El ACNUDH y los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Recuperado en fecha 5 de julio de 2024).

En el Informe de la CIDH del año 2011 relativo al “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”, (Cit. por. INECIP, Primer Boletín. Herramientas jurisprudenciales para el litigio con perspectiva de género, Grupo de trabajo Feminismos y Justicia Penal, p. 4), se señalaba que “las instituciones judiciales reproducen con frecuencia estos patrones socioculturales en sus actuaciones. Policías, fiscales, jueces, abogados y otros funcionarios judiciales se ven afectados en su actuación judicial por estereotipos, prácticas y presunciones, restando valor a actos de violencia sexual. Por ejemplo, pueden examinar un caso de violencia sexual centrándose en el historial y vida sexual de la mujer, la supuesta provocación de los hechos por parte de la víctima y su no virginidad. La CIDH considera que dar cabida a estos estereotipos al interior del poder judicial es una forma de legitimar y promover la impunidad”.

Un caso emblemático en el que la existencia de un marco normativo discriminatorio y el uso de estereotipos en la valoración de sus declaraciones y el juzgamiento de su caso facilitó la revictimización de una mujer víctima de violencia de género y la impunidad al no haberse sancionado al agresor, es el Caso López Soto y Otros Vs. Venezuela. Como se señala en el Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Sentencia de 26 de septiembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas) la Corte concentró su análisis en:

i) el desarrollo de los componentes del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para mujeres víctimas de violencia; ii) la falta de marco legal especializado e inexistencia de reglas orientadoras para los operadores; iii) el marco normativo en materia penal que establecía un trato desigual no justificado; iv) visibilizar, reconocer y rechazar la utilización de estereotipos de género perjudiciales durante la investigación y el juzgamiento de este caso; v) los aspectos que condujeron a la revictimización de Linda Loaiza a raíz del trato inadecuado a su condición de víctima de violencia contra la mujer por parte de las autoridades… (p. 8).

Es claro que “las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas las mujeres en función a su sexo, roles y estereotipos asignados históricamente, reflejan la importancia de contar con una protección de carácter especial (Pensando en género: marco conceptual para la administración de justicia con enfoque de género, Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Perú, 2019, p. 48), lo cual sigue constituyendo uno de los principales desafíos para los Estados si efectivamente se quiere erradicar la violencia de género, pues esta puede tener su origen no solo en el acto del agresor “sino también en la ineficacia o inacción institucional, donde la falta de procedimientos adecuados, prácticas que no son acordes al respeto de los derechos humanos, garantías procesales, integridad psicofísica, o al respeto a la vida privada y familiar, agravan aun más la situación de violencia padecida por las mujeres” (Medina, Graciela. La violencia contra las mujeres en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Actualidad Jurídica Iberoamericana, 1, 2014, p. 51.)

A menudo pensamos en golpes y agresiones físicas, pero la violencia de género va mucho más allá. Incluye cualquier acto que, basado en el género, cause o pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer. Desde el acoso callejero hasta el control económico, pasando por la violencia psicológica y sexual, todas estas formas de violencia tienen un denominador común: el poder y el control. Las raíces de este problema son profundas y complejas. Se encuentran en la desigualdad de género, en los roles de género estereotipados y en una cultura que normaliza la violencia.

El impacto de la violencia basada en género es devastador. Las mujeres que la sufren experimentan una amplia gama de consecuencias, desde lesiones físicas hasta trastornos mentales como la depresión, la ansiedad e incluso la muerte. Como lo informa ONU Mujeres, en 2023 cada 10 minutos, una mujer o una niña muere a manos de su pareja o de un familiar. Estas estadísticas se siguen repitiendo en 2024. Recientemente reportaba la ONG Utopix que, desde inicios de 2024 y hasta septiembre de este año, hubo en Venezuela al menos 142 feminicidios, y solo en el mes de septiembre se computaron 17, destacando esta ONG que tales datos son un “subregistro”, por cuanto las cifras pueden “ser aun mayores”.

La violencia de género también tiene un impacto en la sociedad en su conjunto, ya que limita las oportunidades de las mujeres y reduce su capacidad para participar plenamente en la vida social y económica. A este respecto es importante traer a colación que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), contempla que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para: “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; (artículo 5, a).

Siendo imposible desprenderme de mi condición de abogada, no puedo dejar de mencionar la abismal distancia entre lo que las leyes prometen y lo que las mujeres viven. Aunque la igualdad ante la ley es un derecho reconocido, la realidad cotidiana pinta un cuadro muy distinto. Las mujeres siguen enfrentando barreras sistémicas que limitan sus oportunidades. Ya hacíamos mención a las diferencias salariales y a la subrepresentación política, lo que se extiende a todos los puestos de poder. Los datos son claros: las mujeres siguen siendo una minoría en los espacios de toma de decisiones y su historia, invisibilizada. La brecha de género es el reflejo de una realidad persistente y compleja, complejidad que se agrava cuando se intersecciona o cruza con otras categorías sociales como la raza, la clase, la orientación sexual, la discapacidad y la edad, generando múltiples capas de opresión y por tanto mayor vulnerabilidad a la violencia, la exclusión social y la pobreza.

Considerando todo este panorama, es imperativo expresar mi profunda gratitud por estar aquí, por lo que he podido lograr y por las personas que me han apoyado en este camino. Ser mujer, madre, haber recibido educación y tener la posibilidad de influir en otros, como docente, investigadora y en tantas otras actividades, es un privilegio inmenso. Sin embargo, esta posición no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de generaciones de mujeres que lucharon por allanar el camino.

Hace apenas 4 meses destacaba el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, en la oportunidad de contestar mi discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que era la primera mujer penalista en ingresar a esa corporación. Pues bien, agradezco la oportunidad de haber sido la primera pero no quiero ser la única.

El enfoque tradicional del derecho penal y la criminología centrados, respectivamente, en el estudio del delito y el delincuente, había reforzado una visión masculina y violenta del crimen, lo que podría explicar el bajo número de referentes femeninos en la doctrina penal. Si bien esta situación ha cambiado favorablemente pues las mujeres están cada vez más presentes en congresos y conferencias académicas, evidenciando sus roles de docentes e investigadoras, ello sin hablar del representativo número de mujeres que ocupan cargos en el sistema de justicia tanto en Venezuela como en otras latitudes, aún persisten obstáculos y desafíos que requieren un análisis profundo y una acción transformadora, como, por ejemplo, en un ejercicio de sororidad, la creación de redes de mujeres profesionales y académicas que visibilicen sus trabajos; incrementar los referentes femeninos que permitan a las nuevas generaciones encontrar modelos a seguir y se sientan inspiradas a desarrollar una carrera en este campo; fomentar las investigaciones con perspectiva de género y promover la educación en igualdad de género como prioridad en todos los niveles educativos.

Las jóvenes son una fuerza imparable en la lucha contra la violencia de género. Su perspectiva única, su conexión con las nuevas tecnologías y su energía juvenil las convierten en agentes de cambio fundamentales. A través de la educación, la sensibilización y la organización, están desafiando los roles de género tradicionales y promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Las redes sociales se han convertido en un poderoso aliado para visibilizar las experiencias de las mujeres y generar conciencia sobre esta problemática. Además, muchas jóvenes están liderando movimientos y colectivos feministas, inspirando a otras a alzar la voz y trabajar por un futuro más igualitario. Es perentorio incluirlas en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas, con lo que se garantizaría que sus necesidades y perspectivas sean escuchadas y atendidas. Asimismo, es fundamental invertir en programas educativos que promuevan la igualdad de género y la prevención de la violencia desde una edad temprana. De esta manera, las jóvenes podrán crecer en un entorno libre de estereotipos y discriminación, y construir un mundo más seguro para todas.

Cada una de nosotras tiene un papel fundamental en esta lucha. Podemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestros círculos sociales, como queda evidenciado en la pluralidad de campos en los que se desenvuelven las mujeres que hoy recibieron el “Reconocimiento Mujer Analítica”. Podemos denunciar la violencia, apoyar a las víctimas y educar a quienes nos rodean. Nos corresponde asumir el liderazgo inspirando a otras mujeres y a hombres a unirse a esta causa. No permitamos que la violencia nos defina. No permitamos que el miedo nos paralice. Juntas, podemos crear un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia, donde sus derechos sean respetados y donde puedan alcanzar su máximo potencial.

Los hombres, y por ello celebro que  se haya instituido un “Reconocimiento Masculino Mujer Analítica”, tienen un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género, en mi propia historia, varios han sido determinantes, al confiar en mí ofreciéndome oportunidades y valorando mi esfuerzo, ellos pueden ser aliados desafiando los estereotipos de masculinidad y promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Ese es el desafío.

¡Muchas gracias!

Caracas, 26 de noviembre de 2024