Una inflación de dos cifras, crecimiento económico del 8% y mejores ingresos para Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fueron las metas económicas trazadas por Nicolás Maduro para este 2024. Pero así como la situación económica del país no mejoró el año pasado, tampoco lo hizo la de los trabajadores venezolanos -tanto del sector público como del privado- quienes siguieron padeciendo una serie de vulneraciones a sus derechos laborales.
Según el documento titulado: Los derechos humanos laborales en el Derecho internacional –de Miguel Canessa Montejo-, publicado por la Corte Interamericana (CIDH), dentro del conjunto de derechos humanos universales se encuentran los derechos humanos laborales. Estos se definen como “aquellos derechos en materia laboral consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen universalmente como titular a la persona, respetan la dignidad humana y satisfacen las necesidades básicas en el mundo del trabajo”. Estos derechos fueron incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales de 1966.
En Venezuela, el artículo 87 de la Constitución Nacional establece que toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar y que el Estado “garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho”.
El volumen número 11 de la serie “Tener Derechos No Basta” del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), especifica que existen 12 derechos humanos laborales reconocidos en instrumentos legales nacionales e internacionales. Estos son el derecho al trabajo, a la libertad, sindical, negociación colectiva, no discriminación en el empleo y ocupación, igualdad remuneración entre hombres y mujeres, abolición y prohibición del trabajo forzoso, edad mínima de admisión en el empleo, estabilidad en el empleo, salario justo, derecho a la seguridad, prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, derecho a la huelga y seguridad social.
Aunque en las leyes nacionales se contempla el respeto a los derechos laborales, la realidad dista mucho de lo que soporta el papel. El 2024 fue otro año de vulneraciones al derecho al trabajo y sueldo justo en Venezuela. Nuestro país ocupa el primer puesto como el país con el salario mínimo más bajo de Latinoamérica y el último lugar de 64 países en el Ranking Mundial de Competitividad 2023, particularmente en las áreas de desempeño económico e infraestructura.
En mayo de 2024, se anunció que Venezuela retrocedió respecto a su clasificación de 2023 en el Índice Global de Derechos de los Trabajadores a nivel mundial, y pasó a ubicarse en la lista de uno de los peores países para trabajar porque no se respetan los derechos de los trabajadores. Este índice mide el cumplimiento de los derechos laborales colectivos tales como libertad de asociación, negociación colectiva y huelga, en escalas que van del 1 al 5, siendo el 5 la peor clasificación.
Junto a Venezuela, que recibió cinco puntos en la escala de clasificación de 2024, se enlistan países como Arabia Saudita y Nigeria. Los países con una calificación de 5 son los peores países del mundo para trabajar, destacó la CSI: “Si bien la legislación puede establecer ciertos derechos, los trabajadores en la práctica no tienen acceso a estos derechos y, por lo tanto, están expuestos a regímenes autocráticos y prácticas laborales injustas”.
Derecho a un salario digno cumple 1.000 días vulnerado
El derecho a un salario justo se ubica en el noveno puesto en la lista de los derechos humanos laborales, pero ha sido la principal exigencia de los trabajadores activos venezolanos durante más de una década.
Han transcurrido casi tres años, más de 1024 días, desde el último aumento salarial en el país, el cual fue decretado el 15 de marzo de 2022, cuando se estableció en un monto de Bs. 130 que se ha mantenido hasta la actualidad. Para el momento de su anuncio la cifra era equivalente a 30 dólares mensuales, pero a finales de diciembre de 2024 representaba poco más de dos dólares y medio al mes, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), esto representa la pérdida del 91% del poder adquisitivo del salario mínimo, lo que se suma a la hiperinflación y la devaluación de la moneda.
En la actualidad, los trabajadores venezolanos solo reciben 9% de lo anunciado para el año 2022, mientras que la Canasta Alimentaria Familiar para una familia de cinco personas, supera los 493 dólares mensuales, según el más reciente reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Esto significa que una familia necesitó 189,72 salarios mínimos para para adquirir los 60 productos que conforman esta canasta alimentaria.
“El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”, de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución venezolana, pero este ha sido violentado constantemente debido al tiempo transcurrido sin un aumento salarial que permita cubrir la canasta alimentaria. Los bajos ingresos impactan sensiblemente en la calidad de vida del trabajador venezolano e interfieren en la satisfacción de una necesidad básica, como la alimentación.
La más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) que elabora la Universidad Católica Andrés Bello, arrojó que en un tercio del país persiste la inseguridad alimentaria moderada y severa. 89% de los hogares venezolanos padece inseguridad alimentaria, término que describe cuando alguien no tiene acceso o no puede comprar suficientes alimentos o suficientes alimentos nutritivos para su salud y bienestar general.
La Encovi 2023 también indicó que la mitad de los hogares no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria, razón por la que se clasifican en situación de pobreza extrema. A juicio de sus autores, la pobreza de ingreso sigue siendo uno de los “grandes escándalos” que padece la sociedad venezolana, pero más allá del ingreso persisten muchos esquemas de carencias que repercuten sobre la calidad de vida de los hogares.
“Bono no es salario”
El pasado miércoles 1° de mayo de 2024 se convirtió en una fecha donde las exigencias y expectativas de un incremento salarial de los sindicatos y trabajadores se esfumaron luego de que el anuncio del gobernante Nicolás Maduro sobre nuevos ajustes no incluyera ni al salario mínimo ni a las pensiones.
Maduro anunció entonces un ingresó mínimo integral indexado de 130 dólares. Este monto está integrado por el bono de Guerra Económica, establecido en 90 dólares; el bono de alimentación, fijado en 40 dólares, y el salario mínimo mensual, que se mantuvo en 130 bolívares.
De acuerdo con la administración de Maduro, el bono de Guerra Económica contempla diferentes montos, según el tipo de grupo: trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Para diciembre de 2024, los empleados públicos activos cobraban 90 dólares de bono de Guerra Económica indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela. Los jubilados del sector público percibían 91 dólares indexados a la tasa del BCV, mientras que los pensionados deben conformarse con apenas 45 dólares indexados a la tasa oficial del BCV.
En distintas protestas que se celebraron en 2024 los trabajadores reiteraron que “los bonos no son salarios”, ya que figuran como una remuneración adicional y no tienen incidencia en el pago de vacaciones, aguinaldos, liquidación o prestaciones sociales, lo que significa un evidente retroceso en derechos laborales adquiridos.
Desempleo y contratos colectivos estancados
Johnny Magdaleno, secretario general de Fetracarabobo, resaltó en declaraciones a El Carabobeño que, además de la falta de ajustes salariales, el estancamiento en la negociación de contratos colectivos y el creciente desempleo fueron otros factores que definieron un 2024 sombrío para los derechos laborales de los venezolanos.
“No hay mejoras de nada. El sector público, por ejemplo, no ha negociado más nunca un contrato colectivo desde que este gobierno dejó de hacerlo. Eso significa que el 2024 fue otro año sin discusión de convenciones colectivas”, lamentó.
El líder sindical también estimó que el desempleo en el país ronda el 60% y que en el sector privado los que reportan ganancias son los patronos, pues los trabajadores han visto cómo sus derechos quedan en veremos.
“El empleo formal en empresas privadas no ha crecido; lo que se ha visto es una subcontratación en sectores secundarios como tiendas y supermercados. Esto demuestra que las ganancias se quedan en el sector empresarial mientras los trabajadores seguimos sin avances”, alertó.
El 23 de diciembre se cumplieron tres años del retraso en la negociación y firma del III contrato colectivo para los trabajadores de la educación en Venezuela, denunció la Federación Venezolana de Maestros. Advirtieron que este estancamiento y retraso contractual “generan escenarios graves y críticos en el magisterio venezolano”.
A este panorama se suman las crecientes denuncias en redes sociales sobre el irrespeto a los turnos laborales y la precarización del trabajo en comercios de ropa, calzado, electrodomésticos y negocios de comida rápida en el país. En los reportes se denuncian que los turnos laborales son de 12 horas, sin contratos, ni días libres, con salarios que oscilan entre los $20 y los $40 semanales.
Más de 1.000 protestas en 11 meses
Las exigencias de salarios dignos y beneficios contractuales, así como por el cumplimiento establecido en la Constitución, Ley Orgánica del Trabajo y demás convenios internacionales, estuvieron entre los principales reclamos de las manifestaciones por derechos laborales que se mantuvieron en 2024. Durante los primeros seis meses de 2024 se documentaron 748 protestas en exigencia de estos derechos, cifra que equivale al 33% de las 2.383 manifestaciones registradas en ese período, de acuerdo con los datos registrados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El observatorio precisó que los principales motivos de las protestas laborales fueron salario digno ajustado a la realidad económica dolarizada del país, respeto a la libertad sindical, derecho a la asociación y manifestación pacífica, así como el rechazo a detenciones arbitrarias, amenazas y criminalización.
Los trabajadores que más protestaron en los primeros seis meses de 2024 pertenecían al sector estudiantil, con 323 protestas, seguidos del sectores salud (85) y transporte (62), registró el OVCS.
Después del mes de julio, tras la intensificación de la criminalización de la protesta y una creciente represión contra los ciudadanos redujeron las manifestaciones por derechos laborales. En agosto, el OVCS registró 15 protestas por derechos laborales, una cifra baja catalogada como “alarmante” en comparación con los índices reportados en años anteriores. Para septiembre, el OVCS documentó 43 manifestaciones por derechos laborales, en las que participaron los sectores administrativos y obreros de diversos gremios (33), seguidos del sector salud (24) y por último del sector educación (12).
El observatorio destacó que, a pesar de los riesgos, las manifestaciones continúan siendo una herramienta vital para exigir cambios y visibilizar las diferentes problemáticas que afectan a los ciudadanos venezolanos. En octubre, documentaron 13 protestas para rechazar los bajos salarios, el pago fraccionado de aguinaldos y el no cumplimiento de las contrataciones colectivas.
Para noviembre, la cifra de protestas vinculadas a la exigencia de derechos laborales fue 64 de un total de 249 manifestaciones, ocupando así el tercer lugar de derechos más exigidos en el mes. Por su parte, trabajadores del sector educación rechazaron la suspensión de salarios bajo la acusación de dualidad de cargos, “por laborar simultáneamente en instituciones educativas privadas y adscritas al Ministerio de Educación”, según el OVCS.
Condiciones de trabajo precarias
El artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo señala que el trabajo se debe llevar a cabo “en condiciones dignas y seguras, que permitan a los trabajadores y trabajadoras el desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando”.
Además de paupérrimos ingresos, la agenda de manifestaciones laborales registrada en los últimos meses también da cuenta de las precarias condiciones laborales en la que los trabajadores venezolanos deben cumplir con su faena diaria: falta de electricidad e insumos médicos y precariedad en la infraestructura.
El sector salud es uno de los más afectados. De acuerdo con el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), para el cierre de 2024, los hospitales públicos en Venezuela presentaban un desabastecimiento de 37,4 % en insumos y en medicinas. La encuesta expone que los insumos que más escasean son los inhaladores para el asma, analgésicos mayores y antihipertensivos.
Mientras que “más de la mitad” de los maestros están “por debajo de la línea de pobreza”, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Y a la baja remuneración se suma que las condiciones de trabajo no son las más óptimas.
“Los docentes en Venezuela enfrentan grandes obstáculos para ejercer su profesión. Salarios irrisorios, falta de seguridad social y condiciones precarias en infraestructuras educativas limitan su capacidad”, dijo la organización a través de X, antiguo Twitter, al tiempo que afirmó que, a pesar de esto, “continúan con una labor clave: formar a las futuras generaciones”.
Los profesores universitarios de Venezuela son, asimismo, los peores pagados del continente. Según el OBU , el profesor que “mejor salario” percibe obtiene apenas 27 dólares mensuales. La infraestructura de las casas de educación superior del país también se han deteriorado y los profesores han perdido progresivamente beneficios, como el acceso seguros privados con coberturas óptimas para atender cualquier situación de salud.
Desigualdad laboral
Las desigualdades de género en la distribución del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, son profundas y persistentes en Venezuela, con una participación laboral significativamente menor de las mujeres en comparación con los hombres.
La participación de las mujeres venezolanas en el mercado laboral es 23 puntos porcentuales menor a la de los hombres. Esto evidencia una significativa brecha de género en la participación en actividades laborales remuneradas, según el más reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), basado en la encuesta Encuesta de Uso del Tiempo 2023 (EUT).
En términos del tiempo total de trabajo, remunerado o no, el informe expone que las mujeres trabajan, en promedio, 12 horas y 49 minutos diarios, 11% más tiempo que dedican los hombres, lo que revela una carga desigual en las responsabilidades laborales y domésticas.
Otro dato alarmante es que un total de 88,7% de las venezolanas mayores de 10 años hacen trabajo doméstico no remunerado tanto dentro como fuera del hogar, mientras que solo 60,7% de los hombres lo hacen. Estas cifras representan 28 puntos porcentuales de diferencia.
Las mujeres ganan un 7,76 % menos que los hombres en Venezuela, aunque la brecha es mayor en todas las ocupaciones cualificadas, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) del año 2023, publicada en marzo de 2024 por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Este panorama evidencia las vulneraciones al derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
Panorama desalentador
En 2025, la economía experimentará una mayor inflación que la registrada este año, según proyectaron expertos durante el foro “Perspectivas Económicas: Retos y Oportunidades para la Economía Venezolana”, realizado en el marco del XXVIII Congreso de Actualidad Económica de la Escuela de Economía de la UCAB.
Por su parte, el economista José Guerra alertó en un video difundido en sus redes sociales que solo en diciembre de 2024 el precio del dólar aumentó 22%, lo que inmediatamente se traslada a los precios y genera mayor inflación, y, en paralelo, contribuye a una “mayor destrucción del salario y de la pensión”.
“El Banco Central no tiene cómo parar la devaluación. La economía no está funcionando bien, y para que haya una solución a la crisis económica se necesita una solución a la crisis política”, advirtió, al tiempo que consideró que Venezuela necesita políticas sociales, para lo cual se requiere financiamiento externo.
