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El secuestro de una embajada

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@ArmandoMartini

Un teatro del absurdo: la embajada argentina asediada, asilados convertidos en rehenes, el oficialismo jugando al desgaste y la comunidad internacional que finge estar ciega, sorda y muda. La misión argentina en Venezuela se ha convertido en un escenario de presión y hostigamiento, mientras la diplomacia, dada a pronunciamientos solemnes y oficios pomposos cuando le conviene, opta por mutismo selectivo y sordera inexplicable.

Los perseguidos políticos están atrapados en un limbo jurídico, mientras las autoridades locales despliegan su creatividad para hacerles la vida imposible sin que, parezca una violación flagrante de los tratados internacionales. 2024 transcurrió entre advertencias diplomáticas sin consecuencias y evasivas calculadas. 2025 inicia con la misma realidad insoportable, el recinto lleva un año acorralado, en clara contravención de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Declaración de Caracas. Hostigamiento, vigilancia constante, un cerco que la convierte en prisión. Y lo más alarmante, un año de silencio internacional.

Hasta la hipocresía diplomática calla

La hipocresía diplomática, que no escatima en cartas protocolares enérgicas y declaraciones grandilocuentes, ha optado por débiles murmullos y frágiles susurros. Son venezolanos los recluidos en la embajada argentina, privados de su derecho al asilo por un régimen que se burla sin recato de la comunidad internacional. Las dictaduras no solo persiguen a sus opositores dentro de su territorio, ahora imponen su voluntad en las delegaciones extranjeras, confiadas que no enfrentarán consecuencias reales.

Este caso es un escándalo que debería sacudir a cualquier cancillería con un mínimo de pundonor por el derecho internacional. Sin embargo, la respuesta ha sido y aún es patética. Tímidos pronunciamientos, declaraciones vacías y ninguna acción concreta.

Inquietantes precedentes

No es la primera vez que una embajada es convertida en un campo de batalla por la impunidad de un régimen.

  • 1979: Irán toma por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán, reteniendo a 52 diplomáticos como rehenes durante 444 días.
  • 2019: activistas toman la embajada de Venezuela en Washington, lo que generó una respuesta inmediata.
  • 1980: las fuerzas de seguridad británicas intervinieron para liberar a rehenes en la embajada de Irán en Londres tras un asalto de militantes armados.
  • 1996: en Perú, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru asaltó la residencia del embajador japonés en Lima, secuestrando a cientos de personas, lo que desencadenó un operativo militar sin precedentes.

En todos estos casos, la reacción internacional fue inmediata. ¿Por qué ahora el mundo elige callar?

¿Qué hace falta para que este atropello genere una respuesta firme? ¿Cuántos meses más deben pasar para que se reconozca lo evidente? No es un problema diplomático menor ni un incidente aislado. Es la confirmación de que, si el mundo cede ante la arbitrariedad, ilegalidad y atropello, el derecho internacional se reducirá a ficción decorativa.

Silencio obsceno, cómplice

Es hora de que las democracias actúen, exijan justicia y presionen hasta que se entienda que no pueden secuestrar un recinto diplomático sin consecuencias. Cada día que pasa sin respuesta contundente es una rendición. Y lo que está en juego no es solo la vida de los asilados, sino el principio mismo del derecho de asilo. Un año es demasiado. El silencio ya no es solo cobardía; es complicidad.

¿Será que la diplomacia ha descubierto placer en la discreción o hay causas que no merecen atención? El silencio es una forma de tomar partido. El sigilo y la mudez escandaliza, indigna y ofende. Este vergonzoso suceso no puede ni debe convertirse en precedente aceptable. Si se permite sin secuelas, se abre la puerta para que esta práctica se normalice en cualquier rincón del mundo, erosionando principios de la justicia universal y protección de los perseguidos políticos. Lo que hoy se tolera en Venezuela, mañana se replicará en otras latitudes.

La indignación en gotas homeopáticas

Si esto ocurriera en Europa, habrían retirado a los embajadores y la condena sería unánime. Pero cuando la víctima es una nación latinoamericana y el verdugo es un régimen aliado de otros autoritarios, la indignación se administra en dosis homeopáticas, sin que nadie se atreva a llamar las cosas por su nombre.

La embajada argentina, que es territorio inviolable según jurisprudencia reiterada, es convertida en una cárcel sin barrotes. Mientras la dictadura decide quién entra y quién sale, los guardianes de la legalidad internacional apenas pestañean. Argentina se queja, sus aliados susurran, murmurando en voz baja, midiendo cada palabra como si denunciar lo obvio pudiera desatar un cataclismo.

No hay eufemismos, esto es persecución, acoso diplomático. Y lo más grave, que las democracias lo permitan sin más respuesta que una tímida expresión de “preocupación”. ¿De qué sirven convenciones y tratados si quienes los firman lo utilizan como papel higiénico? Si el respeto a la soberanía significa dejar que el abuso se normalice, es hora de reescribir las reglas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

2024, el año con más medidas cautelares aprobadas por la CIDH para venezolanos

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Venezuela encabezó la lista de países con más medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 2024. De las 74 medidas cautelares emitidas por el organismo internacional, 27 fueron asignadas a Venezuela, lo que la sitúa como el país con el mayor número de solicitudes aprobadas. Le siguen Colombia con 14, Nicaragua con 13 y Cuba con 7. 

Estas medidas, que buscan proteger a personas o grupos en situaciones de riesgo grave y urgente, reflejan la preocupación de la CIDH por las vulneraciones a los derechos humanos en la región, especialmente en el caso venezolano, que concentró más de un tercio del total de resoluciones emitidas.

¿Quiénes recibieron medidas cautelares en 2024? 

De acuerdo al recuento de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, en el 2024 la CIDH le otorgó medidas a  a Jesús Alexander Armas Monasterios. En el documento destacan: “Activista político y defensor, quien fue detenido el 10 de diciembre de 2024, sin que hasta la fecha exista información oficial sobre las condiciones de su detención actual, ni estado de salud”.

El organismo también giró medidas cautelares en  favor de Gina Paola Mercado Núñez, detenida el 29 de julio mientras participaba en una protesta pacífica. La mujer enfrenta graves problemas de salud que no han sido atendidos. 

Arley Danilo Espitia Lara, agricultor colombiano, también figura en la lista. “Agricultor colombiano de 24 años que el 13 de septiembre de 2024 él viajó por tierra desde Cúcuta hacia Venezuela. Una vez en la frontera, en el puente de Ureña, las autoridades de migración le solicitaron su documentación y lo detuvieron”.

Otros venezolanos que recibieron la medida fueron Jorge Luis Graterol Guzmán, Eduardo Emiro Labrador; Franklin Caldera Martínez y Yuraima Martínez, hijo y esposa de Franklin Caldera Cordero; Leocenis Manuel García Osorio; Israel Moisés Crespo Sulbarán, J.D.C.C.,  y Gustavo Adolfo Torres Zambrano. 

Entre las 27 solicitudes al Estado venezolano, se subrayan otros casos como el de Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño. 

La CIDH considera que estas personas “han sido objeto de amenazas y hostigamientos, tras su participación como miembros de campaña de Edmundo González y María Corina Machado en el estado Guárico”. 

El dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, también se encuentra entre las personas a las que le otorgaron medidas, al igual que otras figuras políticas como Osmary Sánchez, Nélida Sánchez, Biagio Pilieri Gianninoto y Jesús Alfredo Pilieri Vasile, al igual que Eleanger David Navas Vida; Perkins Rocha, Ana Carolina Guaita, Freddy Superlano; Carmen Leonor García Azuaje; Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez y María Andreina Oropeza Camacho. 

La CIDH continúa con sus ojos puestos en Venezuela, después de las detenciones ocurridas en el marco de las protestas después de los resultados electorales. En 2025, ha otorgado cinco medidas. 

¿De qué sirven las medidas otorgadas por la CIDH? 

Aunque el país no está vinculado al sistema interamericano de protección, para algunos abogados, consultados por DDHH de Venezuela en Movimiento, las medidas podrían tener beneficios como el reconocimiento de estos casos a nivel internacional. 

“Es necesario exponer para que no continúen los abusos, lamentablemente en Venezuela, básicamente por la actitud del Estado frente a cualquier decisión de organismos internacionales, son francamente inoperantes. Pero esto no quiere decir que la CIDH haya fallado. El que está fallando es el Estado, quien no está cumpliendo con las sugerencias, con las instrucciones y con las solicitudes que le hacen los organismos internacionales en materia de tutelas en derechos humanos, y esto es lo que ha convertido a estas medidas en inoperantes”, indicó un abogado especialista en el tema. 

Otro experto consultado para el informe de Derechos Humanos en Movimiento añadió: “En el caso de las medidas cautelares de la CIDH, tienen un impacto valioso en el reconocimiento internacional de la necesidad y urgencia de la crisis de DDHH en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto (10E) y que atraviesa una persona en cuanto a una violación de derechos humanos que está viviendo o que sería inminente; además, le indica al Estado que es un caso que está siendo observado por la comunidad internacional”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

CNE pospone para mayo comicios regionales y legislativos

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Este miércoles, 19 de febrero, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó que fue pospuesta la elección a gobernadores y alcaldes que estaba pautada para el 27 de abril.

En rueda de prensa, Amoroso indicó que a solicitud de los “diversos actores de la vida democrática del país”, han decidido que las elecciones a la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos regionales ahora se realizarán el domingo 25 de mayo. 

El presidente del CNE informó también que la segunda consulta popular para acoger proyectos de los circuitos comunales para el domingo 27 de abril de 2025.

Centro Carter vuelve a pronunciarse

Han transcurrido seis meses desde la elección presidencial del 28 de julio, y aún el CNE sigue incumpliendo las leyes electorales al no publicar los resultados desagregados por mesa de votación. 

El Centro Carter presentó este lunes, 17 de febrero, su reporte final sobre la observación técnica que hizo de las elecciones presidenciales de Venezuelas, celebradas el 28 de julio de 2024, concluyendo como ya habían denunciado en agosto que las mismas no fueron democráticas.

El organismo recordó en su informe que las elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo en un “contexto de extrema polarización entre los gobierno y la oposición, preocupaciones de larga data sobre la situación de los derechos humanos y la continua emigración de millones de venezolanos debido a la situación económica y política”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Capriles exigió a Edmundo González explicar por qué no vino el #10Ene y otras perlas

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, exigió a Edmundo González Urrutia explicar por qué no vino a Venezuela el 10 de enero a juramentarse como presidente, luego de haber afirmado en días previos que lo haría.

Durante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, Capriles afirmó que votar es un «acto de resistencia» y de reivindicación de los comicios presidenciales de 2024, donde el Consejo Nacional Electoral dio por ganador a Nicolás Maduro.

“Lo más fácil es no hacer nada, sobre todo además la cantidad de personas que están presas, la manera de buscar su libertad, de reivindicar su lucha y la de tantos venezolanos, mientras podamos presentar la cédula y votar, yo voy a votar”, insistió.

Cuestionamientos de Capriles a Edmundo González

“Yo la verdad no sé quién lo está asesorando a mi amigo Edmundo González, pero yo creo, que decir cosas y después no hacerlas, hay que explicar por qué no se hacen. No hay que seguir pensando que la idolatría o las consignas son suficientes”.

“La política necesita, no solamente subir el nivel de debate, sino llenarla de contenido, argumento. La gente merece que se le dé una explicación como yo estoy haciendo”.

Ir a votar es un «acto de resistencia»

En sus declaraciones, Capriles aseguró que, a pesar de las adversidades, la oposición sigue en Venezuela y que la voz del pueblo «se hace sentir».

“El escenario perfecto para el gobierno es que usted no haga nada, que usted de se quede en su casa, que opine en las redes (…) Quieren aprovecharse de las circunstancias y la desmotivación”.

“Votar el 27 de abril es un acto de resistencia, es un acto de decir ‘aquí estamos, seguimos en contra de este gobierno, seguimos a pesar de todas las barbaridades’. La voz del pueblo se hace sentir”, mencionó, pues para el momento de su declaración, el Consejo Nacional Electoral aún no había anunciado que posponía el evento comicial para el 25 de mayo. 

“¿Por qué adelantan una elección de la Asamblea Nacional nueve meses? Porque si usted, si el país sale masivamente a votar, pierden”.

“Ah, bueno, ¿que se la van a robar? ¿Cómo se deslegitima más a este gobierno, dejándole el camino libre u obligando a que se lo robe, que tenga que hacer la trampa, que esté la gente del mismo gobierno viendo el proceso como fue el 28 de julio?”.

“Yo quiero reivindicar el 28 de julio, ¿cómo lo reivindico? ¿en mi casa el 27 de abril, en las redes sociales haciendo una transmisión, escribiendo un mensaje en las redes sociales u organizándome cómo pueda, movilizándome como pueda y yendo a votar contra este Gobierno?”, dijo.

 

Críticas a la oposición

Capriles criticó a las fuerzas de la oposición al considerar que se demuelen a sí mismas,

“Pareciera que las fuerzas opositoras, democráticas, son más eficaces demoliéndose a sí misma y a sus propios líderes que a la fuerza del gobierno. No podemos seguir demoliéndonos ni canibalizándonos. Eso tiene cansado al venezolano”.

“Eso suma a la desmotivación, a la desmoralización y a la desesperanza. Para alcanzar el cambio político, y ha sido siempre mi posición, hay que sumar la intolerancia o las calumnias, el perder el respeto por el pensamiento de otro. Si yo hablo de cambiar un gobierno que no es democrático, la oposición tiene que cambiarla con una profunda convicción democrática”.

*Las declaraciones de Capriles fueron hechas un día antes que el CNE anunciara que las elecciones fueron pospuestas hasta el 25 de mayo

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La ruta por la libertad de los presos políticos que recorrerán familiares del 24 al 28 de febrero

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A casi seis meses de los controvertidos resultados electorales que desencadenaron protestas en todo el país y dejaron miles de presos políticos, los familiares de quienes continúan detenidos por motivos políticos iniciarán una ruta por diversas instituciones del Estado para exigir justicia y libertad.

A través de su cuenta en X (antiguo Twitter), el Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció que esta movilización comenzará el 24 de febrero y se extenderá hasta el 28 del mismo mes. 

En un comunicado, la organización declaró: “Recorreremos diversas instituciones del Estado venezolano para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y demandar acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

La primera parada será en el Palacio de Justicia, donde los familiares exigirán transparencia y celeridad en los casos, así como el fin de los juicios que califican como “injustos” contra quienes están detenidos por razones políticas. 

En reiteradas ocasiones, los familiares han denunciado que no se les permite contar con abogados privados, a pesar de que este derecho está garantizado en la Constitución. Además, han señalado que tanto las audiencias preliminares como los juicios se llevan a cabo bajo coacción y sin pruebas suficientes para sustentar las condenas. 

La segunda estación será el 25 de febrero en Defensa Pública, en donde se solicitarán “garantías efectivas para que cada preso político tenga acceso a una defensa legal adecuada y equitativa”, afirman en la misiva. 

Esta iniciativa busca visibilizar la situación de los presos políticos y presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y justicia.

Un llamado al defensor del pueblo 

Durante el recorrido, los familiares visitarán también  la Defensoría del Pueblo, un organismo creado tras la aprobación de la Constitución de 1999, cuya función es garantizar la ética y la transparencia del Estado, así como defender los derechos de las personas que se sientan vulnerados.

No es la primera vez que los familiares acuden a este organismo en busca de ayuda. En múltiples ocasiones han presentado solicitudes formales para exigir visitas y denunciar las condiciones de reclusión que consideran injustas. Sin embargo, hasta ahora, no han obtenido una respuesta efectiva por parte de la institución.

“Estamos agotando todas las vías posibles ante el Estado. No descansaremos hasta obtener una respuesta y ver a nuestros familiares en libertad”, declaró Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una entrevista concedida a RunRun.es. 

Esta visita forma parte de los esfuerzos continuos para presionar a las instituciones y lograr la liberación de quienes permanecen detenidos por motivos políticos, así como para visibilizar las irregularidades en el proceso judicial y las condiciones de detención.

La cuarta parada será en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, dicho organismo tiene la potestad de velar por las condiciones de reclusión dignas de todas las personas privadas de libertad. 

Los familiares se dirigirán a esta instancia para exigir que se cumplan las normativas internacionales. El Estado venezolano está adscrito a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, cuyas normas no cumple de acuerdo al documento divulgado por la ONU y ocho instancias más. 

Dentro de la ruta, el último escalón es el Ministerio Público, organismo liderado por el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab. 

“Instaremos investigaciones imparciales y profundas sobre casos de abuso, tortura, muerte bajo custodia y persecución política, así como la libertad plena y la garantía de los derechos humanos”, describieron en el comunicado. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

#EnchufaDÍN | Felicita a Ricardo Molina por su nuevo cargo

Aunque andaba un poco perdido, Ricardo Molina siempre aparece y, esta vez, en el nuevo período presidencial de Nicolás Maduro, vuelve como ministro. 

Este lunes, 17 de febrero fue designado como Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo para, según Maduro “fortalecer aún más los movimientos en defensa de nuestros ecosistemas y avanzar en planes de mitigación contra el cambio climático que afecta al planeta tierra”.

Maduro, durante su programa semanal instruyó a Molina a “construir los nuevos movimientos en defensa de nuestros parques, ríos y lagos y, así encabezar la batalla por mitigar el cambio climático que ya es una realidad trágica”.

Las gestiones de Ricardo Molina -en años anteriores- frente a ministerios y viceministerios, han pasado con más penas que glorias. Su trayectoria se ha visto empañada por presuntos hechos de corrupción cuando estuvo al frente del Ministerio de Hábitat y Vivienda. 

Molina también es reconocido por ubicar a parientes en cargos relacionados con la construcción de casas de interés social, aún cuando no tenían experiencia para ello. 

Considerado como persona de confianza de Maduro, en 2017 fue sancionado por el Gobierno de Canadá por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Ricardo Molina

Edmundo González tras informe final del Centro Carter: Se debe respetar voluntad de los ciudadanos

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Edmundo González Urrutia  celebró este martes el informe final del Centro Carter, que participó como observador, y respaldó su llamado a las autoridades del país a permitir una revisión “transparente” de los resultados.

En un mensaje compartido en la red social X, el exembajador, quien fue el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, destacó la recomendación general del Centro Carter a las autoridades de demostrar “respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos, permitiendo una revisión” que sea también “independiente”.

“El  informe no deja ninguna duda sobre la evidencia de todas violaciones cometidas antes, durante y después del proceso electoral. Por los casi 8 millones de venezolanos que votaron por nuestra propuesta de cambio, esto es ¡hasta el final!”, escribió González Urrutia, quien ayerrecibió en Ginebra, Suiza, el Premio al Coraje en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia.

En el discurso que dio en el marco de esa ocasión,  pidió al mundo no permanecer indiferente a la lucha en Venezuela.

“La comunidad internacional no puede mantenerse indiferente. La lucha del pueblo venezolano no es solo una lucha por su voluntad, sino por mantener la estabilidad democrática en todo el continente”, aseguró González Urrutia en el discurso de recepción del galardón, también concedido a María Corina Machado, aunque ella no pudo viajar a Suiza para recibirlo.

“Los comicios del 28 de julio no pueden considerarse democráticos”

El Centro Carter, que desplegó en Venezuela a 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, concluyó en su informe final publicado el pasado 17 de febrero que, debido a la “extraordinaria negativa” del CNE de “cumplir su función más básica de informar con precisión de los resultados”, estas elecciones “no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”.

La organización estadounidense sin fines de lucro, cuyos equipos visitaron 68 centros de votación el día de los comicios, asegura haber sido testigo de “un claro sesgo a favor del presidente en ejercicio” durante el proceso.

Además, según el Centro Carter, las autoridades fueron “incapaces” de cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática: tener un organismo electoral imparcial y transparente, un registro de votantes completo y no discriminatorio, libertad de campaña para partidos y candidatos, libertad de prensa y competencia libre, entre otros requisitos. 

El Centro Carter destacó que, además de la ausencia de transparencia en el anuncio de resultados y “la aparente falsificación del resultado, las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varios compromisos fundamentales”.

La recomendación general del Centro Carter es que las autoridades muestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos al permitir un proceso independiente y transparente. 

Con información de EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

Trump evalúa revocar licencias a Chevron para operar en Venezuela

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Este martes, 18 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que está considerando suspender la licencia que permite a la petrolera Chevron operar en Venezuela y aseguró que no entiende por qué el país recibe “miles de millones” por esa operación.

En una rueda de prensa desde Mar-a-Lago (Florida), Trump aseguró que su Administración está examinando esa exención que permite a Chevron operar en Venezuela pese a las sanciones. “¿Por qué hicieron eso, por qué ir al enemigo y darles miles y miles de millones?”, se preguntó el mandatario.

“Estamos teniendo discusiones dentro de nuestro propio gobierno. Es un poco temprano, pero no comprábamos (petróleo) de ellos, pero cuando (Joe) Biden llegó, por la razón que sea, comenzó a comprar petróleo allí, pese a que tenemos más oro líquido que nadie. Le pagaron una fortuna a Venezuela”, añadió.

“Lo estamos examinando muy en serio, pero solo llevo aquí tres semanas”, insistió Trump a una pregunta sobre si mantendrá la licencia que permite a Chevron operar pese a las sanciones económicas impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.

La licencia de Chevron ha sido cuestionada también por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por ser una importante fuente de financiación en dólares para el Gobierno de Maduro, que Washington no considera el vencedor legítimo de las elecciones de julio de 2024.

*Con información de EFE