La elección presidencial de Venezuela del 28 de julio, lejos de resolver el conflicto político, se convirtió en un hito de “alteración del orden constitucional”, marcado por obstáculos, durante todas sus etapas, lo que impidió que fuese un proceso justo, competitivo y transparente. Incluso se desarrollaron acciones represivas para silenciar a la disidencia y generar miedo en la ciudadanía, que califican como “terrorismo de Estado”.

Estas conclusiones forman parte del informe “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentado por Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe advierte que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos impiden considerar que la reelección de Nicolás Maduro tenga legitimidad democrática. De hecho, el documento concluye que el caso Venezuela es un ejemplo claro de cómo no basta con la participación electoral para considerar a un régimen democrático, sino que requiere también la defensa de los derechos humanos  y un Estado de derecho.

“Es consistente en todos los testimonios que hemos recabado que 2024 es un hito. A partir de allí, el miedo se recrudeció, el despliegue intimidatorio se masificó a través de persecuciones dirigidas, muchas de ellas a periodistas, pero también hacia la sociedad en su conjunto, en un tono aleccionador. A marzo de 2025, hay una suerte de normalización del silencio y un temor muy alto”, explicó Vaca, al ser consultado por La Hora de Venezuela. 

Dos cosas llaman la atención del relator en el marco del control y la represión. “Una es la dimensión digital de la censura, que tiene que ver desde la inspección de celulares, revisión de conversación de chat y a partir de ello apertura de causas de orden criminal contra personas y periodistas”. La otra, “la cancelación de pasaportes, una medida de retaliación que hace más difícil la vida de personas que ya están en una situación vulnerable”. 

El terror como respuesta

El informe se centra en las acciones del Estado venezolano en tres etapas: previo a la realización de la jornada electoral, el propio día de la elección y las acciones post electorales, protagonizadas por la protesta popular y la cruda represión de los organismos de seguridad. 

Como muestra de la persecución política en el periodo pre electoral, el documento incluye las inhabilitaciones administrativas que sufrió la propia María Corina Machado, siendo la candidata ganadora de la elección primaria de la oposición; el obstáculo para inscribir una  candidatura opositora alterna, como fue el caso de la académica Corina Yoris, y la discriminación que impidió el voto de venezolanos en el exterior, estimado en 5,5 millones de posibles electores.

El informe habla sobre las detenciones arbitrarias y el amedrentamiento a personas vinculadas a la oposición venezolana, previo y durante la elección presidencial de julio, donde fueron detenidos al menos 50 dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales e integrantes de las mesas de votación. 

Así mismo, el documento explica que las autoridades electorales venezolanas prefirieron privilegiar la opacidad, en lugar de cumplir con el proceso de auditoría y respaldo con que cuenta el sistema automatizado, lo que trajo como consecuencia la protesta ciudadana. “La percepción de fraude en la ciudadanía desencadenó cerca de 300 manifestaciones espontáneas”. 

La CIDH hace hincapié en las acciones que definen como “terrorismo de Estado”.  “Una característica distintiva de este pico represivo es que las más altas autoridades venezolanas y las fuerzas de seguridad contribuyeron a alimentar el clima de terror con sus declaraciones y publicaciones en redes sociales”. 

Esta referencia es directa hacia la llamada Operación Tun Tun, liderada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Este operativo dejó al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas dos mil detenciones arbitrarias, que incluyó niños, niñas y adolescentes, el registro de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.

Ante el escenario expuesto en el informe, Pedro Vaca reconoce el duro panorama para el periodismo venezolano. “Yo lo resumiría en sobrevivir”, dijo.

“Hoy identificamos que hay más desincentivos para hacer periodismo que incentivos para hacerlo y un ambiente de miedo generalizado, deliberado, que tiene espejos en detenciones de periodistas, detenciones forzadas, unos cuestionamientos estigmatizantes por parte de quienes tienen el poder público, además de un componente de sostenibilidad. Esto demanda unos niveles muy altos de compromiso y unos sacrificios enormes. Ojalá el periodismo venezolano pueda enfrentar este desafío”. 

Para la CIDH, la vía para restablecer el orden constitucional en Venezuela pasa por la publicación de las actas de votación y permitir un escrutinio independiente, la liberación de los presos políticos, así como el cese de las detenciones arbitrarias como herramienta de persecución y represión política. 

 

 

 

 

 

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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país