Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero, los dirigentes de Vente Venezuela que tenían más de un año asilados en la sede de la embajada argentina en Caracas, abandonaron el recinto y se encuentran en territorio de Estados Unidos.
Luego de horas de versiones encontradas sobre el hecho, el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, publicó en horas de la noche del 6 de mayo en la red social X un mensaje en el que destacó que su país celebraba el “exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas” Rubio indicó que “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense“.
“El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional. Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos”, agregó.
Posterior al mensaje de Rubio el senador por la Florida, Rick Scott, agradeció al mandatario de EEUU, Donald Trump, y a Rubio por esta acción: “Varios de los presos políticos de Maduro están libres, y sus días en el poder se acortan. Estados Unidos apoya a María Corina Machado, a Edmundo González y a estos héroes venezolanos que con orgullo defienden un nuevo día de libertad y democracia en Venezuela.
Por su parte, la oficina del presidente argentino Javier Milei expresó su reconocimiento a la “exitosa operación que permitió que los cinco venezolanos refugiados en la sede de la Embajada Argentina en Venezuela fueran extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a suelo estadounidense”.
Milei extendió su agradecimiento a todos los involucrados “y especialmente al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por su compromiso personal en esta operación, que ha hecho posible que estos verdaderos héroes recuperen finalmente su libertad” y consideró que esta acción representa “un importante paso en defensa de la libertad en la región”.
También fijó posición a través de la red social X María Corina Machado, líder opositora y coordinadora nacional de Vente Venezuela:
“Una operación impecable y épica por la libertad de cinco héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible. Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía y a 30 millones de venezolanos, y con la libertad, vendrá el cambio irreversible a una Venezuela de prosperidad, justicia y paz!”, expresó.
Un año y un poco más de incertidumbres
Los dirigentes de Vente Venezuela habían denunciado en los últimos seis meses un asedio constante en la embajada que estaba bajo la tutela del gobierno de Brasil, que, según denunciaron públicamente, incluyó atropellos físicos, mentales y emocionales, además de la falta de servicios básicos.
Durante todo este tiempo denunciaron la permanente violación de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático y la de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El pasado 20 de marzo, cuando cumplieron un año asilados, Omar González Moreno escribió: “Somos ficha de cambio para negociar, rehenes de unos secuestradores, que nos tiene al filo de la supervivencia. Esto no es fácil lo que estamos viviendo, es horrible. Lo más grave de todo es que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se ha hecho la vista gorda ante esto”.
Un par de días antes de esa declaración, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en un reporte en el que mencionó el caso de los dirigentes de Vente Venezuela.
La Misión denunció la situación de “acoso constante, incluyendo restricciones de acceso a servicios básicos ordenadas por las autoridades” y recordaron que una de esas personas (Fernando Martínez Mottola, ex asesor de la Plataforma Unitaria) falleció en su domicilio a causa de una enfermedad el 26 de febrero de 2025, después de haber podido abandonar la residencia el 20 de diciembre de 2024.
El pasado 12 de abril, la Cruz Roja Venezolana brindó asistencia sanitaria a los asilados que más de un año después por fin recibieron los salvoconductos para salir del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Gracias a la intermediación de la comunidad católica de San Egidio fue liberado el empresario italovenezolano Alfredo Schiavo, quien se encontraba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide desde hace más de cinco años.
“Había sido condenado a una larga pena de prisión por un caso con implicaciones políticas y financieras”, aseguró la organización que se dedica a la mediación o intercambio de presos.
La organización informó que luego de salir de El Helicoide, el empresario de 67 años de edad regresó a su residencia en Caracas, luego de pasar una serie de controles médicos y se tiene previsto que viaje a Italia junto a su esposa.
De acuerdo a la comunidad religiosa en la mediación para lograr la liberación del hijo de inmigrantes italianos participaron la Embajada de Italia en el país, así como el actual gobernador de Carabobo y exembajador de Venezuela en Italia, Rafael La Cava.
Schiavo fue detenido en junio de 2020 y condenado a 30 años de prisión por supuestamente estar vinculado a la operación Gedeón, como se denominó al aparente intento de invasión por las costas venezolanas hace un lustro.
Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, actualmente hay 906 presos políticos en Venezuela.
A juicio de la organización, de los más de 900 detenidos, 815 son hombres y 91 mujeres, de los cuales 901 son adultos y cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, mientras que 737 son civiles y 169 militares.
El reporte de la organización asegura que la mayoría de los considerados presos políticos fueron detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso anunció como ganador de la contienda a Nicolás Maduro sin hasta ahora mostrar al pueblo resultados desagregados.
Foro Penal calcula que, desde 2014 hasta el presente, se han llevado a cabo un total de 18.334 detenciones por razones políticas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para este miércoles 7 de mayo está pautada una reunión entre Nicolás Maduro y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú en el marco del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.
“Habrá encuentros con formatos amplio y reducido, luego, por supuesto, Maduro se quedará para participar junto con otros invitados extranjeros en los actos conmemorativos”, anunció el Kremlin en un comunicado.
El asesor presidencial de Rusia, Yuri Ushakov , indicó que Putin recibirá a Maduro para firmar un acuerdo de asociación estratégica.
“El documento abarca prácticamente todos los temas clave de la agenda de las relaciones bilaterales. Venezuela es un socio fiable de Rusia en la región latinoamericana y el mundo en general”, dijo Ushakov.
La última vez que Maduro y Putin estrecharon sus manos fue en la ciudad rusa de Kazán, en el marco de la cumbre del Grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) durante octubre de 2024.
En esa oportunidad, Venezuela expuso su deseo de unirse a la agrupación, pero su solicitud no obtuvo el visto bueno de Brasil.
A propósito de la nación amazónica, Putin se reunirá este 9 de mayo con el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
“Brasil, junto con China, inició la creación del Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania. Durante la visita de Lula se discutirán las actividades brasileñas dentro de este grupo, así como la situación en Ucrania en general”, señaló Ushakov.
De acuerdo a la prensa brasileña, Lula viajará a Moscú en un intento de posicionar a su país como posible mediador entre Rusia y Ucrania.
“Eso no está sobre la mesa en este momento”, se limitó a decir el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
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La ONG Médicos Unidos de Venezuela fijó posición ante el incidente ocurrido en el Hospital Central de Maracay, estado Aragua, cuando el pasado 29 de abril un hombre de 19 años tomó como rehén a una joven médico residente del postgrado de Pediatríamientras sujetaba su cuello y la amenazaba con un destornillador para exigir atención médica para su hijo, quien estaba hospitalizado en esta institución.
Mediante un comunicado, la organización aseveró que en la reacción del joven había una “dicotomía no menos que alarmante”. Por un lado, recordaron que mientras un grupo de personas reivindica la acción “desesperada del agresor”, también han surgido “ataques y acusaciones desmedidas contra médicos, personal de enfermería, etc. que labora en instituciones en las que es el Estado el único responsable directo de su dotación y de su infraestructura y nadie más“. Por otro lado, un grupo se oponía a las acciones de este padre, “e incluso reclamaron para él una severa respuesta de los organismos de seguridad, por tratarse de una situación de rehenes”.
Ante este polvorín de opiniones, Médicos Unidos de Venezuela planteó la siguiente pregunta: “¿Quién es la víctima?”. En primer lugar, recordaron que dos semanas antes, el bebé al que hace referencia ingresó al Hospital Central de Maracay, procedente del Hospital de Niños, Dr. Jorge LIzarraga, de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, con el diagnóstico de una lesión tumoral cerebral, que no pudo ser atendida quirúrgicamente en ese centro “por no contar con cupo en la unidad de Cuidados Intensivos que requería durante el período pre y postoperatorio”. Allí comienza la espera.
“No es difícil imaginar las circunstancias que rodean a esta situación cuando vemos el video y se escucha a un padre exigiendo respuestas, y a una joven colega que, aunque sabe su vida en peligro, mantiene y llama a la calma”, refirió el comunicado.
Las víctimas
En medio de todo el panorama comienzan a surgir las respuestas, según Médicos Unidos. El bebé es la primera víctima “de un sistema público de salud que no tiene la capacidad de ofrecer soluciones, ni siquiera ante situaciones tan básicas como la atención prenatal, esquemas de inmunización o el desarrollo adecuado de nuestra infancia”.
La ONG recordó que al bebé enfermo el hospital más importante de su estado natal no lo pudo atender y debió ser trasladado con el consentimiento de sus familiares y el debido trámite hacia otra institución, en un estado distinto. En este punto la organización recordó que en este, así como otros centros hospitalarios del sistema público nacional, “existe demora en la realización de estudios paraclínicos, muchos de los cuales deben ser costeados por el propio paciente, así como una larga lista de insumos que tampoco están disponibles en nuestros hospitales y que hacen que hoy día, en Venezuela tengamos el más alto costo-bolsillo en salud, de todo el continente”.
La segunda víctima de acuerdo con la organización es el personal sanitario agredido, lo que ya ha ocurrido en otros centros de salud del país. En este caso, una médico joven residente del servicio de Pediatría del hospital. Sobre este servicio, Médicos Unidos de Venezuela recordó que otrora disponía de al menos 100 plazas para residentes en las especialidades de Pediatría y Puericultura, Cirugía Pediátrica y otras subespecialidades, pero actualmente solo cuenta con 40 residentes, para la atención de una población pediátrica que va en aumento, “mientras el recurso humano en formación merma preocupantemente”.
Esta médico residente no solo fue víctima de la violencia en el hecho, sino que su vida estuvo en riesgo “por decisiones que ella no toma, por la falta de insumos que ella no controla, por la desidia estructural de un sistema de salud, que ella no gerencia”. A todo eso se le suma que ella, como muchos otros, “ejercen su profesión en las peores condiciones que se puedan esperar, con un ingreso total que no roza los 160 dólares mensuales, en jornadas a dedicación exclusiva, con el péndulo de la violencia sobre su cabeza y la certeza de que está sola a merced de la inseguridad, mientras trata de salvar vidas”.
El Estado es el único responsable
Médicos Unidos de Venezuela enfatizó en quién tiene la responsabilidad de que los centros de salud públicos funcionen adecuadamente: “Es el Estado el único responsable de garantizar la correcta dotación de los hospitales en cuanto a material médico quirúrgico, áreas quirúrgicas con poder resolutivo en todas las especialidades, medicamentos, realización de estudios de rutina y especiales, insumos de limpieza, mantenimiento y mejoras de infraestructura”.
Todo esto debe darse de manera regular, en cantidades suficientes y de calidad. También, la organización sostuvo que el Estado es responsable de “asegurar las condiciones de funcionamiento suficientes, como para que cada ciudadano que acuda en búsqueda de restaurar su salud o la de los suyos encuentre respuesta oportuna y adecuada a su necesidad. Es el Estado, no los médicos o el personal del equipo de salud”.
Para finalizar, la ONG expresó que la reacción del padre del bebé no solo no resuelve la situación de su hijo, sino que además “se constituye en un crimen en sí mismo” y esto redundará en “mayor sufrimiento para la población más vulnerable”, porque sienta un precedente “que desnuda ante los ojos de todos, la tremenda inseguridad que vive el personal de salud dentro y fuera de los centros de salud, especialmente en turnos y guardias nocturnas, días feriados y fines de semana”.
“Una razón más para que nuestros médicos sigan cruzando las fronteras y cada día los enfermos tengan menos oportunidades de sanar y salvar sus vidas”, agregó.
Este lunes, 6 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que inició la Ruta Global por la Justicia. Madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos acudieron a la Embajada de la República de Colombia en Caracas para visibilizar la “grave situación de los presos políticos” en Venezuela y solicitar la mediación internacional para su liberación.
A través de su cuenta en X, el Clippve informó que durante la ruta por la Embajada de Colombia solicitaron la intermediación del presidente Gustavo Petro ante el Estado venezolano para exigir la liberación de más de 900 personas detenidas por razones políticas, incluyendo a 23 ciudadanos colombianos, muchos de ellos recluidos en condiciones inhumanas, sin acceso a atención médica, alimentos adecuados ni garantías procesales.
Según informó el Clippve en X, los manifestantes acudieron con consignas, pancartas y llamados directos al gobierno de Colombia, exigiendo justicia, solidaridad y una diplomacia activa en favor de las víctimas.
PRIMERA PARADA DE LA RUTA GLOBAL 🌎🏃♀️🏃♂️
Este lunes #6May, madre, familiares, amigos y defensores de derechos humanos acudimos a la Embajada de la República de Colombia en Caracas, dando inicio a la #RutaGlobalPorLaJusticia. Esta acción tiene como propósito visibilizar la grave… pic.twitter.com/VWkFDFrAQ9
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) May 6, 2025
Durante la actividad, hicieron también un minuto de silencio en memoria de Lindomar Jesús Bustamante, joven de 27 años que murió bajo custodia del Estado venezolano este sábado 3 de mayo en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
“Fuimos recibidos por el segundo secretario de la Embajada, John Rodríguez, quien, en nombre del embajador, acogió la comunicación y se comprometió a gestionar un espacio para escuchar directamente a las víctimas y sus allegados”, se lee en el post publicado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Aislamiento y desaparición
Aurora Silva, esposa de Fredy Superlano, denunció la desaparición de ciudadanos colombianos detenidos por razones políticas en Venezuela, lo que constituye una forma de “tortura psicológica“, similar a la que enfrentan las familias de presos políticos recluidos en El Helicoide, El Rodeo I, y otras cárceles, donde varios cumplen semanas y hasta más de nueve meses en aislamiento prolongado, como es el caso de su esposo.
Silva solicitó la interlocución directa del presidente Gustavo Petro para que esta situación sea revertida mediante “la garantía plena de los derechos humanos y la liberación inmediata de todas estas personas inocentes“.
📣 Aurora Silva de Superlano: "Acudimos a la Embajada de Colombia para exponer la violación de derechos humanos"
🇨🇴 La solicitud fue recibida por el secretario de Asuntos Políticos de la Embajada de Colombia en Venezuela.
Por su parte, Adriana Briceño, esposa del preso político Ángel Godoy, quien ya suma 118 días detenido en El Helicoide, expresó que los familiares están agotando todas las vías e instituciones posibles en busca de respuestas urgentes a sus exigencias de libertad y respeto a los derechos humanos.
Briceño subrayó que la Ruta Global por la Justicia y la Libertad busca sumar solidaridad internacional y, en particular, el apoyo del presidente Gustavo Petro para que en Venezuela se abran caminos “hacia la justicia, la dignidad y la paz para todos los que hoy sufren injustamente en prisión”.
El Clippve recalcó que este gesto diplomático representa un primer paso hacia el reconocimiento del drama humano que atraviesan los detenidos y sus familias.
El comité afirmó que “apela a la trayectoria histórica de Colombia en la resolución pacífica de conflictos, su experiencia en procesos de paz y su actual rol como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el grave deterioro del ecosistema mediático en Venezuela y el creciente clima de temor y autocensura entre periodistas y ciudadanos que buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, al menos 12 comunicadores permanecen privados de libertad, seis de ellos detenidos en lo que va de 2025, presuntamente en represalia por el ejercicio de su labor informativa, indicó la CIDH en un comunicado.
📢Comunicado de prensa: La @RELE_CIDH advierte sobre el grave deterioro del ecosistema mediático en #Venezuela y urge al Estado a respetar y garantizar la libertad de expresión y de prensa
La oficina de la CIDH informó que recibió informes “particularmente graves” sobre la desaparición forzada de Rory Branker, editor del portal La Patilla, detenido el 20 de febrero, cuyo paradero y estado de salud continúan siendo desconocidos; asimismo sobre el periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto de 2024, quien, según sus familiares, se encuentra con problemas de salud.
En la mayoría de los casos documentados, los periodistas detenidos enfrentan cargos deincitación al odio y terrorismo, en procesos que carecen de garantías judiciales, tal como lo señala la CIDH.
Además de las detenciones arbitrarias, en el transcurso del año se han reportado otras agresiones contra la prensa, incluyendo actos de “violencia en protestas, allanamientos, anulación arbitraria de pasaportes, extorsiones, obstrucción de la cobertura informativa, campañas de estigmatización y amenazas provenientes de personas que ejercen autoridad pública, particularmente desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como desde algunas gobernaciones, especialmente en los estados de Trujillo y Táchira”, alerta la relatoría.
En los primeros meses de 2025, también se registraron nuevos allanamientos y cierres de emisoras, como Criolla 100.7 FM en Bolívar, Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM en Portuguesa, y Radio Mundial 860 AM en Táchira.
Por otro lado, entre el 4 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, organizaciones de la sociedad civil documentaron al menos 79 bloqueos a sitios web de medios de comunicación, organizaciones civiles, redes sociales y plataformas con contenido crítico hacia el gobierno. Asimismo, denunciaron agresiones en línea, incluidas amenazas provenientes de cuentas oficiales de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), además de campañas de propaganda oficial y desinformación.
Patrón sistemático
La CIDH destacó que también se reportó el uso de tecnologías de vigilancia como reconocimiento facial, drones y recolección de datos a través de plataformas estatales, junto con revisiones aleatorias de teléfonos celulares en la vía pública, con el fin de controlar y disuadir la participación ciudadana.
La Relatoría señala que estas acciones “forman parte de un patrón sistemático para restringir el flujo informativo y silenciar voces críticas, consolidando un ambiente de temor generalizado”,
En respuesta, la CIDH urge al gobierno venezolano a cesar las agresiones contra la prensa y liberar a los periodistas detenidos. También, hace un llamado a la comunidad internacional a mantener una vigilancia activa sobre la situación de los derechos humanos en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. ecosistema mediático ecosistema mediático
El 28 de marzo de 2025, Leonel Moreno —creador de contenido en TikTok conocido como “Leíto Oficial”— arribó a Venezuela tras ser deportado desde Estados Unidos. Su llegada fue transmitida en medios oficiales y comentada por funcionarios como el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien aseguró que Moreno tuvo que sentarse en el último puesto del avión de la aerolínea Conviasa que llevó a los 178 deportados, “porque el resto de los pasajeros estaban muy molestos” con su presencia. Días más tarde, Moreno fue formalmente imputado por los delitos de promoción e incitación al odio y lucro por trabajo infantil.
Durante varios años, “Leíto Oficial” creó contenido dirigido principalmente a venezolanos en el extranjero, donde ofrecía “consejos” para acceder a beneficios sociales en EE. UU. — basados en actividades al margen de la ley— como tener hijos para recibir ayudas, ocupar viviendas deshabitadas e incluso cometer robos menores en supermercados. Estos videos fueron duramente rechazados por venezolanos en redes, especialmente de la diáspora, al considerarlos dañinos para la imagen del colectivo migrante y promotores de conductas oportunistas o ilegales.
El caso de Leíto Oficial generó amplio rechazo social, pero también plantea interrogantes sobre el uso de la figura penal de “incitación al odio” en Venezuela.
A diferencia de otras formas de responsabilidad penal, la categoría de “incitación” requiere —según estándares internacionales— la existencia de una relación triangular entre el emisor, una audiencia activa y un grupo objetivo al que se dirige la hostilidad. Además, debe cumplir con los seis criterios técnicos definidos en el Plan de Acción de Rabat, adoptado en 2012 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que son: contexto, orador, intención, contenido o forma, alcance y probabilidad e inminencia de daño.
La comparación entre los criterios del Umbral de Rabat y varios episodios ocurridos entre 2010 y 2025 —como la imputación de Leíto Oficial, la detención del tiktoker Nelson Soto, el juicio a los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto, de Mérida, por un video satírico sobre Nicolás Maduro, y el contraste con el programa oficialista “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión— permite examinar con mayor detalle esa brecha.
La revisión de estos casos apunta a una aplicación irregular del concepto de incitación, que no siempre responde a expresiones que representen un riesgo real de violencia o discriminación. En varios los hechos que serán analizados a continuación, el Umbral de Rabat no parece haber sido considerado, lo que sugiere un posible uso de la ley contra el odio como mecanismo de control informativo.
Una brújula para distinguir “incitación al odio” de expresión legítima
El Plan de Acción de Rabat, adoptado en 2012 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), surgió tras una serie de talleres regionales sobre libertad de expresión y discurso de odio. Aunque no es vinculante, ofrece un marco reconocido para determinar cuándo un mensaje puede sancionarse penalmente como “incitación al odio”, en línea con el artículo 19 y, especialmente, el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que exige a los Estados prohibir “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.
La metodología subraya que el análisis no puede limitarse al contenido que se difunde. Debe considerar la relación triangular entre emisor,audiencia y grupo objetivo, evaluando el poder del orador, el alcance de la circulación del mensaje y la vulnerabilidad del colectivo al que se dirige. Por ello, no toda expresión irónica, satírica e incluso ofensiva y blasfema, satisface esas condiciones.
Según estos criterios, tampoco es lo mismo una declaración discriminatoria pronunciada en privado –por ejemplo, a través de un estado de WhatsApp, que tiene una audiencia limitada–, que un discurso emitido en televisión por una figura con poder político ante una audiencia amplia y polarizada, dirigido contra una comunidad o grupo específico.
Para evitar que esa prohibición afecte desproporcionadamente la libertad de expresión, el Plan introduce el Umbral de Prueba de Rabat.
El Umbral de Prueba de Rabat define el “odio” como una emoción intensa e irracional de desprecio, pero solo pasa a ser delito cuando la apología del odio se transforma en incitación: un llamado, directo o indirecto, con alta probabilidad de generar discriminación, hostilidad o violencia contra un grupo específico.
El pasado #1Dic Gerardo José Colmenares Niño, oficial agregado de la Policía del Municipio Guacaipuro, fue detenido por subir a su estado de Whatsapp un mensaje ofendiendo a la alcaldesa de ese municipio. Colmenares sería presentado ante Tribunales "por instigar al odio". pic.twitter.com/t4xolyv4eZ
El Umbral de Rabat y sus 6 dimensiones de evaluación
El Umbral de Prueba de Rabat es una herramienta compuesta por seis criterios interdependientes —contexto social y político, autoridad del orador, intención del hablante, contenido y forma del discurso, alcance y probabilidad e inminencia de daño— que busca evitar la criminalización excesiva de la libertad de expresión. Los seis elementos deben evaluarse de manera conjunta y superarse al mismo tiempo para que un discurso pueda ser limitado o restringido al considerarse “incitación al odio”.
La metodología subraya que no toda expresión ofensiva, provocadora o hiriente constituye un delito. De acuerdo con la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Discurso de Odio, “sólo debe tipificarse como delito la incitación a la discriminación, la hostilidado la violencia que cumpla los seis criterios” del Umbral de Prueba de Rabat.
Un ejemplo que puede ser utilizado para ilustrar la diferencia son las caricaturas satíricas sobre figuras religiosas, que pueden resultar polémicas y molestas para algunos creyentes, pero que están protegidas por la libertad de expresión. En cambio, cuando un líder político influyente emite ante una audiencia amplia señalamientos estigmatizantes en contra de un grupo específico, que pueden generar consecuencias reales, ese discurso podría superar el umbral y pasar a considerarse “incitación al odio”.
Cómo se aplica la figura de incitación al odio en Venezuela
A los pocos días de aquella llegada, la imputación formal contra Leonel Moreno, “Leíto Oficial”, incluyó “promoción e incitación al odio”, junto a otros cargos. Ese encuadre legal encaja en un patrón descrito por organizaciones de derechos humanos desde 2017: la Ley Contra el Odio suele añadirse a tipos penales amplios —terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria— en procesos rápidos y con garantías limitadas.
Sin embargo, el cargo de “incitación al odio” formulado contra Moreno —y repetido en otros procesos penales recientes— presenta inconsistencias si son evaluados a la luz de los seis criterios del Umbral de Prueba de Rabat. El análisis técnico revela divergencias en aspectos como el poder del orador, el alcance real del mensaje o la probabilidad real de daño.
A continuación se muestran resúmenes gráficos de seis casos evaluados con ese estándar, cuyos detalles se describen más adelante:
El primer caso evaluado es el del mismo “Leíto Oficial”. Moreno publicó videos que se hicieron virales en redes sociales, aunque en su mayoría no tuvieron repercusión fuera de ellas. En algunos de sus contenidos promovió el aprovechamiento de ayudas sociales en Estados Unidos e hizo apología de conductas ilícitas, pero no incluyó llamados explícitos a la hostilidad contra un grupo protegido —como los migrantes venezolanos—, ni contaba con una audiencia externa (o un tercer actor) dispuesta a ejecutar acciones en contra de esa comunidad.
Moreno era el emisor del mensaje, pero tanto la audiencia principal como el grupo objetivo coincidían: los venezolanos —principalmente migrantes— eran al mismo tiempo el público al que se dirigía el mensaje y el blanco potencial de su hostilidad. Esto implica que no se cumple la relación triangular exigida por el Plan de Acción de Rabat, la cual sí se habría dado, por ejemplo, si Moreno hubiera dirigido sus mensajes a un público estadounidense con el objetivo de incitar agresiones contra migrantes venezolanos.
La única persona directamente afectada por sus contenidos fue el propio Moreno, quien en mayo de 2023 denunció públicamente haber sido agredido físicamente por un grupo de connacionales en reacción a sus publicaciones.
Un caso similar es el de Nelson Soto, creador de contenido en TikTok que se presenta como “Hagan la diferencia”. Soto fue detenido en abril bajo el cargo de “incitación al odio” y “difusión de noticias falsas”, luego de ser deportado desde Estados Unidos a Venezuela.
En su perfil hay varios videos críticos hacia el gobierno de Nicolás Maduro y algunos contenidos con tono confrontacional —por ejemplo, uno en el que justifica la actuación policial contra “venezolanos marginales” y los califica de “basura”―. Sin embargo, aunque estas expresiones pueden resultar hostiles o provocadoras, no constituyen llamados directos a la violencia ni a la discriminación en contra de todos los migrantes y Soto tampoco es un actor capaz de movilizar simpatizantes que puedan generar violencia.
Al tratarse de un migrante venezolano que se dirige a connacionales, no se configura la relación triangular exigida por el Plan de Acción de Rabat para que exista “incitación al odio”. Los videos publicados por Soto, aunque políticamente controvertidos, están amparados por el derecho a la libertad de expresión.
El martes 4 de marzo de este año, la detención del periodista venezolano Román Camacho generó preocupación entre gremios y defensores de la libertad de prensa. Aunque fue liberado tres días después, sigue bajo investigación por los presuntos delitos de “incitación al odio, obstrucción de la justicia y difusión de noticias falsas”, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La causa de esta detención habría sido un reporte publicado por Camacho sobre el homicidio de una vocera comunal en el sector José Félix Ribas de Petare, el barrio más grande de Venezuela. No obstante, su publicación se enmarca dentro del ejercicio legítimo del periodismo: informó sobre un hecho de interés público sin estigmatizar, discriminar ni incitar a la violencia.
A la luz de los seis criterios del Umbral de Prueba de Rabat, el contenido difundido por Camacho no debe ser considerado “incitación al odio” y debe ser protegido: carece de llamados explícitos a la violencia o la discriminación, no muestra intención de incitar hostilidad, se difundió en un contexto sin probabilidad real de daño y provino de un periodista sin poder institucional y con alcance limitado solo a las redes sociales.
Aunque no se trata de un caso reciente, el proceso contra los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto es uno de los primeros registros de aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela. En septiembre de 2018, ambos fueron detenidos tras difundir un video satírico en el que paseaban un burro para denunciar la falta de equipamiento y parodiar al presidente Nicolás Maduro.
Según Crónica Uno, la Dgcim los imputó inicialmente por “promoción e instigación al odio agravado”. El 31 de octubre, el Ministerio Público reclasificó los cargos como “vilipendio al presidente” e “instigación pública” y los dejó en libertad condicional bajo medidas cautelares. La CIDH incluyó el episodio en su Informe Anual 2018, señalando que la detención constituía una forma de criminalización de la sátira y recordando al Estado venezolano su obligación de garantizar la libertad de expresión.
A la luz de los seis criterios del Plan de Acción de Rabat, el contenido no presenta llamados a la violencia, intención de incitar hostilidad ni probabilidad real de daño, por lo que tampoco supera el umbral requerido para considerar que se trata de un caso de “incitación al odio”.
¿Qué ocurre cuando las expresiones de odio provienen del poder?
El uso del Umbral de Prueba de Rabat no se limita a la evaluación de discursos de particulares; también ha sido diseñado para analizar declaraciones de figuras con poder estatal y determinar si ciertos discursos cruzan la línea entre crítica y hostilidad, transformándose en “incitación al odio”.
“Damn you, State of Israel!” – A protester holds up a sign with the iconic quote from the Bolivarian revolutionary Hugo Chávez during pro-Palestine demonstrations in Havana, Cuba. pic.twitter.com/Tg5Jy7YZSz
Un discurso idóneo de citar en esta investigación es una alocución pública del fallecido expresidente Hugo Chávez realizada el 2 de junio de 2010, cuando condenó en términos agresivos el ataque del ejército israelí contra la Flotilla de la Libertad —una misión humanitaria con destino a Gaza— calificando al Estado de Israel como “terrorista y asesino” y añadiendo la frase: “Maldito seas Estado de Israel. Maldito seas”.
Criticar —o incluso maldecir— a una nación puede resultar ofensivo, irresponsable o diplomáticamente cuestionable; sin embargo, está protegido por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las orientaciones del Plan de Acción de Rabat confirman que tales declaraciones, aun si resultan irrespetuosas o incitadoras, no se dirigen a personas o colectivos definidos por características protegidas como religión, etnia o raza.
Al apuntar contra un Estado y no contra un grupo amparado por esas garantías, el mensaje queda expresamente excluido de la definición de “discurso de odio” recogida por la ONU en el Plan de Acción de Rabat. En consecuencia, esta declaración en particular no puede calificarse como delito de “incitación al odio” y, por tanto, no debería ser objeto de sanción penal —a diferencia de declaraciones posteriores, en las que el mismo mandatario se refirió explícitamente al pueblo judío, un grupo protegido por el derecho internacional.
Otro caso que puede ser examinado bajo la misma metodología es el programa “Con el Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello, figura central del oficialismo y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
“Con El Mazo Dando” es transmitido en horario estelar por Venezolana de Televisión, dura cerca de cuatro horas y se replica ampliamente en redes sociales, por lo que tiene alcance nacional, el mayor entre todos los casos analizados. El espacio no solo se transmite los miércoles en la noche, sino que el propio Cabello suele mostrar a grupos de funcionarios militares, policiales y de inteligencia que están viendo el programa en tiempo real, lo que evidencia su alcance regular entre estos cuerpos.
El discurso de Cabello, apoyado en lenguaje despectivo contra sus adversarios, regularmente señala a opositores, periodistas y organizaciones civiles como enemigos de la nación; la reiteración de nombres y apodos frente a una audiencia que incluye agentes de seguridad incrementa la visibilidad de los señalados y la posibilidad de represalias.
En este contexto, varios criterios del Umbral de Rabat parecen cumplirse: existen antecedentes de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y víctimas mortales durante protestas recientes; el emisor es altamente influyente y reincide en difundir rumores y mensajes estigmatizantes; y su audiencia posee capacidad real de ejecutar medidas coercitivas, por lo que también se cumple una relación triangular: Cabello como emisor, cuerpos de seguridad y militantes oficialistas como audiencia activa y militantes de oposición y grupos ciudadanos —como los “Comanditos”— como grupo objetivo.
Solo falta la existencia de llamados directos y explícitos a la violencia para que “Con el Mazo Dando” alcance plenamente el umbral de “incitación al odio”. De producirse, el programa se convertiría en el ejemplo más claro de discurso punible entre los casos analizados.
El límite borroso de la incitación al odio en Venezuela
En Venezuela, la figura de “incitación al odio” se aplica mediante la “Ley Contra el Odio”, una norma que no define con precisión el concepto. Espacio Público señaló en 2018 que la ley “castiga el discurso de odio, pero no lo define”, mientras Provea advirtió que sus términos amplios permiten sanciones de hasta veinte años y otorgan a las autoridades un margen discrecional amplio.
Esa amplitud normativa crea un entorno de incertidumbre: periodistas, activistas y usuarios de redes sociales extreman precauciones ante la posibilidad de que opiniones controvertidas sean tipificadas como delito grave, lo que debilita garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. En la práctica, el riesgo de procesos penales funciona como disuasivo y favorece la autocensura.
La ONU enfatiza que los Estados deben evitar difundir desinformación o incitar al odio y, al mismo tiempo, proteger la libertad de expresión. Ajustar la legislación venezolana a los seis criterios del Plan de Rabat —que exigen evaluar contexto, intención, alcance y probabilidad de daño— permitiría distinguir con claridad entre discursos verdaderamente peligrosos y expresiones o críticas legítimas, reduciendo así el uso de la figura de “incitación al odio” como herramienta de censura o persecución política.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“El Eternauta” se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Al momento de escribir esta columna, la serie argentina se posiciona como la tercera más vista en toda la plataforma de Netflix. Y aunque aquí en Argentina disfrutamos de un feriado puente por el Día del Trabajador, tuve la suerte de comunicarme con Orianna Cárdenas, la talentosa actriz venezolana que da vida a “Inga” en esta producción dirigida por el aclamado Bruno Stagnaro.
De Valencia a Buenos Aires: una actriz en ascenso
Orianna nació en Valencia (Venezuela) y lleva siete años construyendo su carrera en tierras argentinas. Su pasión por la actuación comenzó desde la escuela, formándose posteriormente en diversos talleres y seminarios que pulieron su talento natural.
Cuando le pregunté sobre la experiencia de trabajar con un director de la talla de Bruno Stagnaro (responsable de obras maestras como “Okupas”, “Pizza, birra, faso” y “Un gallo para Esculapio”), Orianna asegura que “fue un sueño hecho realidad. Él es un ser humano increíble, muy enfocado en dar su 100% en cada pequeño detalle y muy dulce persona. Me brindó la oportunidad de darle un poco de mí a Inga, y por eso siempre le estaré agradecida”.
Un casting que cambió su vida
El camino hacia “El Eternauta” no fue sencillo. Como toda producción de tamaña magnitud, Orianna atravesó un riguroso proceso de selección que recuerda con emoción. “Fue largo pero bonito. Me enfoqué en disfrutar el proceso, sin saber genuinamente si quedaría o no para el papel. Recuerdo haber estado en un antiguo trabajo y que me llamaran… Recuerdo que se me fueron las piernas y empecé a llorar de felicidad cuando me dijeron ‘¡felicidades, tienes el papel, serás Inga!'”.
Compartiendo set con las leyendas argentinas
Trabajar junto a figuras de la talla de Ricardo Darín, Carla Peterson, Ariel Staltari y Darío Subiotto podría intimidar a cualquiera. Sin embargo, Orianna encontró en ellos no solo compañeros sino una familia:
“A veces lo pienso con detenimiento, y no me lo creo. Todos y cada uno de los actores/actrices compañeros fueron muy dulces, me enseñaron muchas cosas y me hicieron sentir en familia todo el tiempo”.
El legado de “El Eternauta” según Orianna
Al despedirnos, Orianna compartió una reflexión profunda sobre lo que esta historia apocalíptica le dejó:
“Algo que me dejó El Eternauta es una poderosa reflexión sobre la resiliencia humana frente a la adversidad. En definitiva, El Eternauta es un testimonio de la valentía y la esperanza, que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar la luz. Aferrándome a eso, y poniendo un tantito de emoción al mensaje: por favor, jamás dejes de soñar y creer que es posible. A pesar de las adversidades. A pesar de la falta de esperanza. Si puedes”.
Aunque no puede adelantar mucho acerca de sus próximos proyectos, no tengo dudas de que seguiremos disfrutando del extraordinario talento de Orianna Cárdenas, que gracias a su personaje de “Inga” está dando de que hablar no sólo en Argentina sino en todo el mundo.
El Eternauta
Basada en la legendaria historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, esta adaptación de Bruno Stagnaro reinterpreta un clásico que es mucho más que ciencia ficción: es una poderosa alegoría sobre la resistencia, la solidaridad y el coraje frente a fuerzas aparentemente invencibles.
La primera temporada de la serie se estrenó el pasado 29 de abril en la plataforma Netflix. Y en las últimas horas, Ricardo Darín, quien personifica a Juan Salvo, anunció que la serie tendrá segunda temporada.
En lo personal ver las calles y lugares de Buenos Aires por donde habitualmente caminamos, lleno de nieve radioactiva o siendo atacada por “Cascarudos” es una verdadera locura. 100% recomendada.
