Perú, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay, solicitaron este viernes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) declarar al Tren de Aragua organización terrorista.
La declaración conjunta, impulsada por el Gobierno peruano, fue presentada este viernes 27 de junio durante la 55 Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda.
“Alentamos a los Estados miembros de la OEA a considerar la designación del Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, o a adoptar marcos jurídicos equivalentes que permitan una mayor capacidad de enjuiciamiento, el congelamiento de activos y acciones de las autoridades competentes”, señala el texto.
Los países firmantes acordaron compartir datos biométricos para combatir al Tren de Aragua, también solicitaron compartir la información sobre la inteligencia financiera, con la finalidad de mejorar la coordinación para desarticular las redes criminales transnacionales que mantiene esta organización.
En la Asamblea General de la OEA, el Perú logró condenar la actuación criminal y terrorista del Tren de Aragua. Nuestro país 🇵🇪 presentó una Declaración Conjunta, acompañada por 🇦🇷 🇪🇨 🇸🇻 🇺🇸 🇵🇦 🇵🇾, que llama a los países a adoptar medidas urgentes y concretas para luchar contra… pic.twitter.com/ALCEsqRxuU
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 27, 2025
La administración de Donald Trump, que acusa a Nicolás Maduro de cooperar con el Tren de Aragua, desde hace varios meses calificó formalmente al grupo como una organización terrorista.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Alejado de la celebración, el 27 de junio, día del periodista en Venezuela se ha convertido en una fecha para demandar la devolución del derecho a la información y la libertad de expresión, así como el cese de la criminalización del periodismo, la persecución y la exigencia de libertad plena para una veintena de comunicadores sociales actualmente encarcelados.
“El 27 de junio es un día para recordar esas condiciones en las que está trabajando el periodista en Venezuela y para exigir las garantías para poder ejercer el oficio de manera libre y segura”, dijo Marianela Balbi, directora ejecutiva delInstituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
A juicio de Andrés Cañizález, director de Medianálisis, la cifra de periodistas encarcelados es inédita en la historia contemporánea de Venezuela.
“Si uno revisa todas las declaraciones que ha habido en los últimos años en Venezuela, se dice que hay una situación de extrema gravedad con el periodismo, pero la ex ministra Mercedes Pulido de Briceño dijo en una ocasión que las sociedades nunca tocan fondo porque siempre se puede caer más bajo y ciertamente en lo que respecta a las libertades informativas en Venezuela, siempre se puede estar peor”.
Según Balbi, el ejercicio del periodismo libre e independiente atraviesa su capítulo más oscuro, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024 y la ola represiva desencadenada por el gobierno de Nicolás Maduro.
“El 28 de julio fue un antes y un después para el ejercicio del periodismo. A partir de ese momento empezó una persecución muy directa hacia las coberturas de protesta. Fue un momento crítico no solamente para la democracia en Venezuela, sino también para el periodismo”.
Balbi sentenció que a partir del 28J el espacio cívico se ha ido estrechando.
“Se coarta la libertad de expresión y asociación y el derecho a la protesta pacífica”.
Periodistas presos
De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), 20 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación se encuentran tras las rejas y al menos una docena están sometidos a procesos penales con medidas cautelares.
A la mayoría no se les ha permitido contacto con abogados privados ni con familiares y se ha vulnerado el debido proceso. Se les acusa de instigacion al odio y terrorismo sin mayores pruebas.
“Nunca como ahora habíamos tenido tantos periodistas detenidos, muchos de ellos aprehendidos simplemente por su labor reporteril, especialmente la cobertura de sucesos ha sido muy señalada”, manifestó Balbi.
La directora de Ipys expresó que las detenciones de periodistas al igual que la de otros miembros de la sociedad civil violan derechos fundamentales.
“Además están enviando mensajes de intimidación al resto de los periodistas que cada vez trabajan con más temor”.
A propósito del día del periodista, el Sntp lanzó por sus redes sociales la campana #ElPeriodismoCuenta.
“Exigimos la libertad de los colegas en un país donde se impone la censura, la autocensura y el silencio”, dijo Marco Ruiz, secretario general del Sntp en X.
Balbi sentenció que existe un patrón sostenido de criminalización de la prensa y se emplea al aparato penal para silenciar el derecho a informar.
“Tenemos que alertar en el día de hoy sobre el uso del sistema penal como herramienta de censura y cómo eso se está manifestando en las detenciones de periodistas”.
Para Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, el ejercicio de la profesión siempre ha estado amenazado, pero en esta oportunidad se quiere asfixiar la libertad de expresión.
“Hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe y dice, haciendo uso de más inteligencia que nunca para informar lo que está sucediendo”.
Desde el anonimato
La directora de Ipys expresó que posterior al 28J algunos periodistas de medios independientes optaron por no aparecer en reportajes o firmar artículos por miedo a ser aprehendidos, perseguidos o amenazados.
“Incluso hay quienes temen desplazarse, ya sea a pautas o incluso los lugares donde viven. Cada vez más periodistas se inhiben de hacer una cobertura porque incluso son amenazadas las fuentes de información si hablan con la prensa y eso se ha convertido en el día a día del ejercicio del periodismo. Estamos viendo cada vez más casos de periodistas en el exilio, periodistas que deciden hacer coberturas, pero sin aparecer, sin firmar las notas y todo esto se desató a raíz del 28 de julio y los días sucesivos”.
Balbi expresó que se evitan tocar temas que pueda herir susceptibilidades.
“Y sobre todo en resguardo de la integridad física de los profesionales”.
Persecución a fuentes
Guía aseveró que algunas fuentes y temas son intocables porque se corre el riesgo de ser reprimidos.
“Si comentas lo que está pasando con el dólar corres el riesgo de que te detengan”.
Balbi expresó que además de perseguir a la prensa, también se hostiga a las fuentes de información.
“El caso de los economistas que están detenidos y algunos desaparecidos responde a esa política de silenciamiento y así podemos seguir sumando episodios para un capítulo negro que va a estar siempre en el recuerdo como uno de los años más difíciles para el ejercicio del periodismo”.
“Sigue un interés de los gobernantes por conculcar cada opinión que no sea anuente con lo que ellos hacen”, agregó Guía.
Cañizales dijo que después del 28J se percató de un fenómeno que hasta ahora no se había dado en la sociedad venezolana.
Miedo a informarse
“Tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones y con el miedo, pero el miedo ya no del periodista, sino del ciudadano a recibir información, miedo a informarse por temor a las represalias”.
Cañizales expresó que a raíz de improvisadas alcabalas de funcionarios en las calles donde buscan en los teléfonos de los ciudadanos contenidos que consideren contrarios al régimen madurista, algunos han optado por asumir medidas extremas.
“Gente pidiendo que las saquen de grupos de WhatsApp donde recibían información de medios independientes, para mí en este momento eso es lo más grave y creo que marca un punto de inflexión en años donde continuamente hemos registrado un empeoramiento de las condiciones de libertad de expresión”.
Confiscación de equiposy leyes para amordazar
Balbi informó que en los últimos 25 años, los medios de comunicación privados han sido prácticamente desmantelados por funcionarios del Estado.
“Otro patrón que vemos con preocupación es la intimidación a los periodistas y la agresiva forma como despojan de sus equipos de trabajo a colegas para verificar imágenes, información y hasta estados de WhatsApp”.
La directora de Ipys sentenció además que nadie está exento de ser procesado por alguna de las leyes discrecionales y restrictivas aprobadas por la Asamblea Nacional con dominio chavista para coartar la libertad de expresión y prensa.
En noviembre del año pasado, la AN aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela, la cual establece una pena de hasta 30 años de prisión e inhabilitaciones para aquellos que de alguna manera avalen sanciones internacionales contra la administración madurista.
El instrumento jurídico contempla castigos para los medios de comunicación que difundan “medidas coercitivas o restrictivas”. Las penas van desde revocatoria de la concesión hasta una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).
A esta ley se suman otras discrecionales como la del Odio, Fascismo, Antibloqueo y la llamada Antisociedad que fiscaliza el desempeño de las ONG, principales aliadas de medios de comunicación independientes en Venezuela.
Precariedad para el trabajo
Balbi también expuso que la escasez de empleos e inversiones, inflación y diáspora empresarial han hecho que el periodista se vea obligado a contar con más de un empleo para poder subsistir, incluso algunos se han visto en la necesidad de migrar a otras profesiones u oficios.
“En muchos casos, las condiciones de precariedad en las que trabajan los periodistas es bastante alarmante. El ejercicio de la profesión se desarrolla actualmente en condiciones que están condicionadas por riesgos físicos, jurídicos y también por los ataques digitales”.
Guía informó que durante el mandato chavista se han cerrado 463 medios de comunicación, incluyendo radios, televisoras, periódicos y páginas web.
“Es un reto para cualquiera”, esbozó.
Panorama incierto
“No veo claro cuál va a ser el futuro para la sociedad civil en general y por tanto no sé si esta vaya a poder tener capacidad de seguir operando en Venezuela generando o propiciando la circulación de información y eso también aplica al periodismo independiente”, asomó Cañizález.
El director de Medianálisis dijo que a la persecución a la prensa independiente se suma la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump de no proveer de recursos o financiar proyectos periodísticos en Latinoamérica.
“La combinación de estos dos factores nos coloca en un momento delicado. Creo que si las cosas no cambian, vamos a estar en un año donde el ecosistema mediático y el espacio cívico se puede reducir aún más”.
Resiliencia
Para Balbi, los periodistas venezolanos están transitando un camino de resistencia cotidiana por el derecho a informar.
“Porque los periodistas no han perdido su vocación y su sentido del deber. Cada vez somos más testigos de que en estas horas oscuras se está haciendo un gran periodismo y muestra de ello es el premio Rey de España que recién ganó la coalición de medios agrupados en La hora de Venezuela y Venezuela Vota”.
Balbi expresó que el periodista tiene clara su labor de denunciar, preguntar y documentar, y que esa práctica no constituye un delito.
“El periodismo venezolano sigue haciendo un gran papel, un papel muy luminoso y que sigue con un pulso muy vital”.
A juicio de Guía, informar con propiedad es una obligación del periodista.
“Y por eso estamos dispuestos a seguir adelante. El periodismo se está haciendo con más inteligencia, con más cuidado, precisión y delicadeza, porque podrán desaparecer muchas cosas, pero la curiosidad del periodista jamás. La matrícula en las escuelas de comunicación social ha aumentado, hay cada vez más jóvenes que quieren estudiar la carrera”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Estado borrado”, publicado por la Alianza Rebelde Investiga (TalCual, El Pitazo y Runrun.es) resultó ganador de la categoría Cobertura de XV edición del Concurso Nacional de Periodismo del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).
El jurado consideró que el trabajo “revela las dificultades sistemáticas del Estado venezolano para atender las demandas ciudadanas. Este trabajo destaca por la calidad de sus datos, su diseño y la disposición de recursos narrativos variados para lograr un montaje atractivo”.
Los premios fueron otorgados este viernes 27 de junio, en el marco del Día Nacional del Periodista, durante una ceremonia donde también se celebró el foro “Claves para combatir los desiertos informativos con investigación periodística”. Los trabajos ganadores y las menciones especiales otorgadas por los integrantes del jurado en las categorías: Periodismo de Investigación, Cobertura y Periodismo Colaborativo. Desinformación y persecución digital, desprotección estatal y trata de mujeres con fines de explotación sexual son los temas abordados en las piezas periodísticas que se alzaron con los premios de esta edición.
Los responsables de la selección de los ganadores feuron Irene Benito (Argentina), Sérgio Lüdtke (Brasil), Leonardo Oliva (Argentina), Valentina Lares (Venezuela) y César Batiz (Venezuela). En la categoría Periodismo de Investigación se declaró como ganador del capítulo venezolano al trabajo “Los Ilusionistas”, una serie liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con la Coalición Informativa C-Informa (Cazadores de Fake News, Medianálisis, Probox y Efecto Cocuyo), Crónica Uno y Monitor Civil.
Sobre esta serie, el jurado argumentó: “Destaca por su exhaustividad en la búsqueda y sistematización de los datos al abordar la manipulación del poder y sus maniobras para controlar el espacio público, especialmente el de las redes sociales. Este trabajo permite establecer responsabilidades gubernamentales, así como también aquellas que recaen en las grandes plataformas tecnológicas”.
Adicionalmente, en la categoría Periodismo Colaborativo “Reconocimiento Especial CONNECTAS”, reconocieron el trabajo “Mujeres que salvan mujeres: al auxilio de víctimas de explotación sexual entre Venezuela y Colombia”, publicado en El Estímulo, TalCual, La Nación y Redsonadoras por las periodistas Rosalinda Hernández y Paula Andrea Jiménez. El jurado destacó que se trata de “un trabajo ejemplar de periodismo colaborativo entre dos reporteras desde puntos geográficos distintos, el equipo de edición y los medios que hicieron difusión, junto con organizaciones no gubernamentales aliadas en la reportería, para visibilizar un tema socialmente relevante”.
Menciones Especiales
El jurado decidió otorgar una mención especial en la categoría Periodismo colaborativo “Reconocimiento Especial CONNECTAS” al trabajo “Venezuela tiene voz”, publicado por La TV Calle y La República TV. Destacaron “la valentía de su trabajo reporteril, la innovación de su formato y su uso del periodismo colaborativo para combatir desiertos noticias locales y dar voz a los ciudadanos durante las elecciones del 28 de julio de 2024”.
Una serie de notas de cobertura que registra las víctimas de la represión postelectoral del 28J: muertos y detenidos (dirigentes políticos, activistas y periodistas), publicadas por el equipo de Monitor de Víctimas y la Alianza Rebelde Investiga (TalCual, El Pitazo y Runrun.es), recibieron mención honrosa en Categoría Cobertura. El jurado argumentó que este trabajo “resalta por su recolección y visualización de datos para dar a conocer, con sus nombres y apellidos, a las víctimas de la represión del periodo posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.
Finalmente, en la Categoría Periodismo de Investigación, el jurado otorgó mención especial al trabajo “Pagar o morir: El costo por ingresar a un quirófano público en Venezuela”, publicado por El Pitazo y CONNECTAS. Este reportaje, de acuerdo con el jurado, “es altamente conmovedor y de gran interés social, cuyo diseño y calidad estética facilitan el acceso a historias que de otro modo generan en las audiencias una natural evasión”.
La XV edición del Concurso Nacional de Periodismo recibió 45 postulaciones de periodistas y medios nacionales e internacionales: 32 en la categoría Cobertura y 13 en la categoría Periodismo de investigación. Adicionalmente, 18 de las postulaciones presentaron elementos para ser candidatos a la categoría Periodismo colaborativo, un tercer tipo de reconocimiento de este concurso promovido en alianza con la plataforma periodística para las Américas CONNECTAS.
Sobre estado borrado
El reportaje Estado borrado, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), muestra cómo el venezolano no obtiene respuesta a sus problemas más inmediatos en educación, salud y servicios públicos; menos aun son tramitadas con celeridad sus denuncias ante las autoridades policiales y judiciales. Mientras que muchos se sienten indefensos ante los abusos de las autoridades y principalmente de funcionarios que deberían darle seguridad personal.
Historias en todo el país se presentan en esta serie del reportaje que la ARI comienza a publicar a partir de este momento y que son testimonios de personas que sufren necesidades a diario debido al abandono estatal que lleva más de una década. El trabajo completo está disponible aquí.
La última actualización del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) sobre Venezuela reveló que la situación con los derechos humanos “ha empeorado”.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró este viernes 27 de junio, que persiste un patrón de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, además de una profunda crisis en el acceso a servicios básicos y derechos económicos y sociales.
Durante la presentación oral del informe sobre Venezuela, ante la Organización de las Naciones Unidas, Volker Türk mencionó con gran preocupación los hechos que están ocurriendo en el país que constituyen violaciones a los derechos humanos.
A continuación las claves más relevantes del informe:
Torturas y tratos crueles
La organización documentó 32 víctimas de tortura y malos tratos, incluidos 15 adolescentes, tras la represión postelectoral en Venezuela.
El Alto Comisionado de la ONU alertó sobre 28 desapariciones forzadas, entre ellos 12 extranjeros que no tienen acceso a asistencia consular.
“Me preocupan sobremanera las condiciones de la detención y el que se deniegue a algunas personas a la atención médica o el acceso al agua y a la alimentación”, dijo Volker Türk.
Alto Comisionado DDHH-ONU denuncia 32 víctimas de tortura y malos tratos, incluidos 15 adolescentes, tras la represión postelectoral en Venezuela.
Alerta sobre 28 desapariciones forzadas y 12 extranjeros sin acceso a asistencia consular #HRC59:
El Alto Comisionado mencionó la ola de represión que se desata en el país cuando ocurre un evento electoral. Mencionó que en las elecciones parlamentarias del 25 de mayo, las autoridades en Venezuela detuvieron a 70 personas incluidos políticos opositores y defensores de derechos humanos, acusados de pertenecer a un grupo terrorista.
Türk alertó sobre el uso de la “ley antiterrorista” para criminalizar a opositores, defensores, ONG de derechos humanos. El Alto comisionado reiteró que la legislación sobre el terrorismo “son contrarias a normas internacionales”.
Alto Comisionado DDHH-ONU alerta sobre uso de ley antiterrorista en Venezuela para criminalizar a opositores, defensores, ONG de derechos humanos (como PROVEA) y humanitarias:
El Alto Comisionado DDHH-ONU, Volker Türk, adviertió sobre restricciones a la libertad de asociación en Venezuela por la ley contra las ONG. “Muchas organizaciones han denunciado problemas. Varias se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales”.
El Alto Comisionado DDHH-ONU, Volker Türk, advierte sobre restricciones a la libertad de asociación en Venezuela por la ley contra las ONG:
Volker Türk alertó también las barreras estructurales que limitan la participación pública de mujeres y la discriminación por género. “Las mujeres siguen estando poco representadas en la vida pública”, enfatizó.
Denunció que persisten los obstáculos para que las víctimas de violencia de género y femicidio alcancen la justicia.
Alto Comisionado DDHH-ONU alerta de barreras estructurales en Venezuela que limitan la participación pública de mujeres y discriminación por género. #HRC59
Denuncia obstáculos para víctimas de violencia de género y femicidio para la justicia. Recuerda que el aborto sigue… pic.twitter.com/2VqS7KDCNW
El Alto Comisionado lamentó las falta en los avances en protección de personas LGBTQ+ en Venezuela. Alertó que tiene conocimiento sobre ataques, discursos de odio y crímenes, así como obstáculos para acceder a la justicia, violencia y discriminación ante detenciones.
El Alto Comisionado DDHH-ONU lamenta falta de avances en protección de personas LGBTQ+ en Venezuela.
El representante de la ONU destacó que Venezuela “sigue enfrentando serios retos en derechos económicos, sociales y culturales, con alta inflación y el impacto de sanciones sectoriales”
“Cortes eléctricos y escasez de agua son recurrentes, impactando desproporcionadamente a los más vulnerables. El ingreso mínimo es insuficiente para cubrir necesidades básicas, generando frecuentes protestas por salarios dignos. Se documentaron suspensiones salariales y despidos de maestros sin notificación”, dijo.
También se refirió al salario mínimo establecido en Venezuela y lo calificó como “salario mínimo de hambre”.
Denunció que la salud pública en el país está desmantelada. “El 91% de hospitales de Venezuela pide a pacientes llevar su propio material para ser operados”.
Salud pública desmantelada.
Alto Comisionado DDHH-ONU denuncia que el 91% de hospitales de Venezuela pide a pacientes llevar su propio material para ser operados.
En el informe también se destacó las deportaciones irregulares de decenas de venezolanos de Estados Unidos a El Salvador. Sobre esto, el funcionario de la ONU se solidarizó con los familiares de las víctimas.
“Hago un llamado a EEUU para que respete el debido proceso, para que aplique las decisiones de sus tribunales, para salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a países donde se corre un riesgo de sufrir un daño irreparable”, comentó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.situación con los derechos humanos
En el marco del Día del Periodista en Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) lanza la campaña “El periodismo cuenta”, una iniciativa que enfatiza el reclamo frente a las detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y que exige la libertad de quienes permanecen tras las rejas por contar y opinar en un país en el que se impone la censura y el silencio.
La campaña, según destacan en la nota de prensa compartida, “resalta el valor del periodismo como herramienta para contar historias, pero también como pilar fundamental para la defensa de la democracia, como garantía de derechos, el acceso a la justicia y la construcción de memoria, es decir, como forma de tener un impacto en la sociedad”.
Puntualizan que ante la “censura, desinformación, criminalización del ejercicio periodístico y las restricciones en el acceso a la información” la campaña permitirá recordar que el periodismo libre “sigue siendo indispensable para contar la verdad“.
La campaña contará con la participación de periodistas reconocidos, medios independientes y actores de la sociedad civil “que reconocen el valor del periodismo para el desarrollo de la educación, la salud, la justicia, la participación ciudadana y otros ámbitos clave para el país”.
El SNTP instó a los ciudadanos a participar de ella compartiendo los contenidos y utilizando el hashtag #ElPeriodismoCuenta, con lo que aseguran, se está defendiendo “el derecho a saber, la libertad de expresión y el valor de quienes arriesgan su seguridad por contar lo que otros quieren ocultar“.
Súmate y alza la voz porque sin memoria no hay justicia, y sin periodismo no hay democracia. #ElPeriodismoCuenta.
El impacto del periodismo en la sociedad
El SNTP precisa que la campaña se articula en torno a cuatro ejes temáticos que resumen el impacto del periodismo en la Venezuela actual. Estos ejes son:
El periodismo para exigencia de justicia y libertad
Este eje de la campaña pone el foco en la defensa activa del derecho a ejercer el periodismo en libertad y sin miedo. Destacan que en el país informar “se ha ha convertido en un riesgo” por el riesgo de censura, hostigamiento, detenciones arbitrarias, procesos judiciales, amenazas, cierre de medios y vigilancia.
El SNTP recuerda que, al presente, hay 20 periodistas y trabajadores de la prensa están detenidos y al menos 12 están sometidos “a procesos penales con medidas cautelares”, mientras que otros han tenido que exiliarse.
“Desde este eje, alzamos la voz para exigir la libertad plena de los periodistas detenidos injustamente, el cese inmediato de la judicialización del periodismo, el fin de la censura, las amenazas, los bloqueos y los cierres de medios, así como garantías para que la prensa pueda hacer coberturas de calle, acceder a la información pública y ejercer su labor sin represalias”, claman.
El periodismo como defensa de derechos
Este eje de la campaña resalta la doble dimensión del rol de la profesión: por una parte, ejercer el periodismo “es ejercer el derecho a expresarse, a investigar, a opinar. Y, al mismo tiempo, garantiza el derecho de la ciudadanía a estar informada, a conocer lo que ocurre en su entorno, a tener acceso a datos y conocer decisiones que afectan su vida”.
El SNTP destaca que el periodismo también visibiliza las violaciones a otros derechos, “como la salud, la educación, la vivienda, la justicia, el ambiente o la alimentación”.
“Cada reportaje que denuncia una crisis hospitalaria, una injusticia legal, un abuso policial o una comunidad sin agua, es un acto de defensa de derechos colectivos. Por eso, cuando el periodismo está bajo ataque, lo que está en riesgo no es solo el derecho a informar o ser informado, sino el acceso pleno a todos los demás derechos”, advierten.
El periodismo como memoria
Este apartado de la campaña enfatiza la importancia del periodismo para ampliar la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“A través de las historias contadas, el periodismo ha logrado que abusos y violaciones no queden en el silencio. Informar, en este contexto, es una forma de reparación y el periodismo, una herramienta de resistencia frente al olvido”, indican, al tiempo que ponen de relieve el rol del periodismo en la construcción de la memoria colectiva.
“Al contar lo que pasó y hacerlo con rigor, ayuda a no olvidar y a evitar que se repita. Cuando el periodismo registra y preserva los hechos, contribuye a la verdad histórica”, enfatizan.
El periodismo como esperanza
Este eje de la campaña del SNTP parte de la convicción de que “mientras exista alguien que cuente la verdad, existe esperanza”. Aquí se enmarca el papel del periodismo para dar cuenta de la resistencia, las soluciones, la reconstrucción y el esfuerzo de comunidades, organizaciones y personas “que no se rinden ante la adversidad”.
“En un país donde muchas veces se impone el silencio, contar lo que pasa, sigue siendo una forma de resistencia. Y cuando ese relato incluye experiencias que apuntan al cambio, que inspiran, que muestran caminos posibles, el periodismo se convierte en motor de esperanza colectiva. Este eje reconoce al periodismo como constructor de futuro y defensor del derecho a imaginar un país distinto, más justo, más libre, más democrático. Cuando el periodismo persiste, la esperanza también”, abundan.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Mañanero del jueves 27 de junio resume los titulares más relevantes de las noticias de la jornada anterior: A partir de la detención del ex preso político Gregory Sanabria por la policía migratoria a su salida de una corte, organizaciones civiles y venezolanos en Estados Unidos levantaron la voz. Denunciaron que emboscar a los solicitantes de asilo fuera de los juzgados es una práctica consecuente y violatoria de los derechos fundamentales.
#JusticiaYLibertad#ServicioPúblico Claudia Morillo es una madre valiente que, desde 2019, carga con el peso de una historia injusta y profundamente dolorosa: Su esposo, Jhon Hader Betancurt, fue condenado a 30 años de prisión por un acto sencillo de humanidad: dar la mano y… pic.twitter.com/MY4GorUtfM
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 26, 2025
“Estamos hablando de un país (venezuela) que está poniendo en peligro la integridad de sus vecinos, ¿entonces cuál es el fin de esta organización? Lo mismo ocurre con Haití”, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos en la oea
De acuerdo al Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, 105 personas murieron durante el mes de mayo en Venezuela como consecuencia de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el boletín del OSV, del total de las víctimas, 82 eran hombres y 23 mujeres.
La organización detalló que, del total de fallecidos, 44 eran motorizados, cuyas edades estaban comprendidas entre 20 y 29 años.
Entre los fallecidos, 16 eran pasajeros de autobús, 15 peatones y 12 acompañantes de motorizados.
“Un dato constante en toda la estadística presentada en lo que va de año es la muerte de motorizados, los peatones fallecidos en su mayoría fueron víctimas de arrollamiento”, destacó la ONG.
Aunado a esto, la organización no gubernamental documentó el caso de un ciclista que murió atropellado.
“La tasa de personas fallecidas fue de 37,5 personas por cada 100 accidentes de tránsito”, indicó la ONG, la cual recoge sus datos sobre la base de notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial.
Según la ONG hubo 280 siniestros de tránsito, de los cuales 89 fueron colisiones, 63 deslizamientos de motorizados, 41 arrollamientos, 39 choques con objetos fijos, 21 vuelcos de vehículos y 27 accidentes.
“Nuevamente el factor humano influyó en la mayoría de los hechos recopilados durante mayo, como el exceso de velocidad, impericia por parte del conductor e ingesta de alcohol”, puntualizó la ONG.
De acuerdo al fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en 2024 se registraron 1.924 accidentes de tránsito en el país.
“37 % corresponde a casos de choques entre vehículos, 27 % a arrollamientos, 18% a choques contra objetos fijos y el 18 % a motivos varios”.
El funcionario chavista anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Sí, tía, no me voy a presentar a la cita porque sería como sabotearme”, le confesó Adrián* a un familiar en una conversación por Instagram.
Adrián formaba parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Venezuela, pidió la baja y decidió emprender un viaje por la selva del Darién y México que lo llevó a Estados Unidos. Se entregó a la patrulla fronteriza durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden y ahora teme ser regresado a Venezuela cuando le toque la cita con las autoridades migratorias para revisar su estatus de asilo político.
Así como el Servicio de Inmigación y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo al expreso político Gregory Sanabria al abandonar su cita con un juez de migración, Adrián teme atravesar por la misma situación y ser devuelto a Venezuela o a otro destino como El Salvador, donde la administración del presidente Donald Trump envío a más de 230 presuntos miembros del Tren de Aragua.
“un compañero que vivía conmigo fue a su corte y cuando salió lo detuvieron, lo llevaron a un centro de procesamiento. se lo están haciendo a todos los que van a las cortes, él se comunica con nosotros a través de un teléfono celular público que tienen para todos. Yo estoy en contacto con un abogado a ver qué puedo hacer, porque tampoco quiero quedar ilegal. Ya tengo permiso de trabajo, seguro social y licencia de conducir, podría perderlo todo”, dijo el ex militar venezolano.
Sanabria fue detenido la segunda semana de junio y remitido a un centro de procesamiento de migrantes en Montgomery, ubicado en Conroe, Texas.
El activista oriundo del estado Táchira y militante del partido Voluntad Popular fue arrestado en octubre de 2014 por funcionarios venezolanos y posteriormente llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ubicado en El Helicoide, Caracas, donde según consta en registros fotográficos, fue golpeado. Fue liberado en junio de 2018 luego de un motín de presos políticos a raíz de torturas perpetradas por funcionarios policiales.
Según expuso su abogado Juan Molina a medios estadounidenses, Sanabria no ha cometido delito alguno, ni posee infracción dentro de los Estados Unidos, además se ha presentado rutinariamente a la corte para todos sus controles.
A juicio de Molina, actualmente Sanabria no está en proceso de deportación y si un juez ordena su salida inmediata de territorio estadounidense apelará.
Exprisionero político venezolano Gregory Sanabria, que denunció torturas en el Helicoide, se presentó voluntariamente a una audiencia de deportación en Texas, Estados Unidos y resultó detenido. Ahora, el congresista Mario Díaz-Balart advirtió que, si es devuelto a su país, corre… pic.twitter.com/HlwxO4cRVx
En una entrevista a NTN24, Anthony Sanabria, hermano de Gregory, declaró que este le dijo queprefería morir antes de ser deportado a Venezuela.
“Es realmente devastador ver que incluso una persona que ha sido detenida, secuestrada y torturada no puede tener la protección que necesita”, dijo Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus.
“Es un caso sin duda emblemático y que preocupa mucho porque es un solicitante de asilo y corre el riesgo de deportación. Este es un caso que contraviene lo expuesto en la Convención Contra la Tortura, su libertad y seguridad pueden verse comprometidas al momento de ser retornado a Venezuela”, añadió Laura Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para America Latina (WOLA por sus siglas en inglés).
“Potencialmente criminales”
Para Javier*, otro venezolano en Estados Unidos con petición de asilo, para la actual administración de Trump, toda persona que ingresó por la frontera con México es considerada un criminal.
“Y si tiene menos de dos años en el país, que creo no es el caso de Sanabria, le pueden hacer una deportación exprés sin derecho a juicio ni abogado”, añadió.
Oliver*, quien entró con parole a Estados Unidos y posteriormente solicitó asilo, calificó como una especie de “trampa” la detención de migrantes venezolanos al momento de abandonar la corte después de haber comparecido ante un juez.
“La estrategia consiste en que el fiscal pide la desestimación del caso de asilo y el juez acepta, entonces, desestima el caso pero no ordena deportación ni detención. Y el fiscal, actuando en coordinación con los efectivos de ICE, aprehenden a la persona cuando está en la calle, esto sucede regularmente cuando la persona va sin abogado. El asunto era que antes cuando la persona no tenía un caso fuerte de asilo, esta aceptaba que se desestimara y después apelaba al Estatus de Protección Temporal (TPS), pero ahora que lo quitaron nos retiraron la escalera y quedamos agarrados de la brocha”, explica contrariado.
🇺🇸 | Así fue la detención de un migrante tras presentarte a la corte de migración en Estados Unidos: ICE lo esperó afuera para posteriormente arrestarlo. pic.twitter.com/Jfoo1Mz0ZV
Mónica* está en Oregon, uno de los estados santuarios en Norteamérica. Atravesó el Darién con su hijo pequeño y cruzó la frontera después de tres meses esperando en México por la cita del CBP One, una aplicación móvil creada por la administración de Biden para programar citas a fin de presentarse en puntos fronterizos en procura de solicitar asilo u otra alternativa de permanencia. Ella tomó la decisión de salir de México porque considera que es un país peligroso y más para una mujer con un menor de edad.
“Por supuesto que voy a acudir a una corte si me llaman para una comparecencia ante un juez, de lo contrario, estaría cometiendo un delito, expondría mi caso y las razones por las que estoy solicitando asilo. Las primeras citas suelen para verificar que en efecto te encuentres en territorio estadounidense, en el caso de una negativa siempre hay la opción de apelar”, comenta.
Según contó en el estado donde se encuentra no se ha enterado de la primera deportación. “Ni siquiera he visto patrullas de ICE, aquí está prohibido que si la policía te detiene se comuniquen con ICE”.
Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, expuso que el caso de Sanabria es la demostración más fehaciente de que la administración de Trump no está revisando los casos detalladamente.
“Eso solo indica el desprecio que siente el gobierno de Trump por los venezolanos”, opinó.
“Lo que estamos viendo es un profundo sentimiento antinmigrante, unas políticas que resultan discriminatorias, específicamente contra los venezolanos. La discrecionalidad tiene unos límites y no debe convertirse en arbitrariedad, las leyes contemplan el derecho a asilo y el principio de no devolución, en WOLA hemos reclamado el hecho de que una persona sea deportada a otro país donde no tiene vínculo alguno, si cometió un delito en Estados Unidos, debe ser investigado y procesado bajo las leyes estadounidenses”, agregó Laura Dib.
Como corolario de toda la situación, la Corte Suprema de Estados Unidos le permitió al gobierno de Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen.
Durante su segundo mandato, Trump ha alcanzado acuerdos para deportar extranjeros a El Salvador, Panamá, Costa Rica y más recientemente a Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo y uno de los más pobres.
Según Los Angeles Times, a quienes se les envió al país africano, se les notificó apenas 16 horas antes.
A juicio de Dib, cada día se cierra más la frontera estadounidense.
“Ya van alrededor de 6000 deportaciones de venezolanos, se cancelaron el parole humanitario, el CBP one, el TPS y se puso en práctica una Ley de Enemigos Extranjeros que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial”.
La “cuota del millón” de Trump
Así como Nicolás Maduro prometió llenar las cárceles venezolanas con una cuota de 2 000 detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, anunció que iban a deportar a un millón de personas luego del primer año de gobierno de Trump.
“La meta de Trump es dejar a la mayoría de los venezolanos sin estatus para poder deportarlos porque ellos tienen una cuota que cumplir y porque no quieren venezolanos en Estados Unidos, estamos todos en un mismo caso, no están cazando como si fuésemos presas”, dijo Ferro.
La directora del Venezuelan American Caucus informó que actualmente el porcentaje de rechazo de solicitudes de asilo en Estados Unidos supera el 90%: “El solo hecho de pedir asilo te da la protección de no deportación, están eliminado los casos admisibles o no para dejarlos sin esa protección”.
Dib aseguró que la tasa de concesión de refugio es baja.
“Y eso es a nivel mundial. En Estados Unidos hay cerca de 600 000 venezolanos con TPS y 117 000 que ingresaron con parole humanitario. En enero, el gobierno estadounidense suspendió el programa de reasentamiento de refugiados, así como la posibilidad de pedir asilo en la frontera”.
Según WOLA, hasta diciembre de 2024, había 132.272 venezolanos con casos de asilo pendiente, la tasa de reconocimiento de asilo para venezolanos durante el año fiscal 2024 fue de 64,4% y los venezolanos admitidos como refugiados en el periodo fiscal 2021-2023 fue de 1340.
Dib apuntó que el año pasado, Estados Unidos financió más del 53% del plan de respuesta humanitaria para Venezuela y este 2025 tan solo ha financiado 4,4% de ese plan.
“La gente va a seguir saliendo de Venezuela, pero lo va a hacer en una situación de mayor vulnerabilidad y sin programas para su recepción en países de acogida como Colombia. El impacto de la revocación de las licencias petroleras deja a la gente a merced de economías ilícitas y grupos armados, no basta con ver el impacto de la migración venezolana en Estados Unidos, sino a nivel regional”, advirtió.
Entre la ambigüedad y silencio
Para Ferro es llamativo que el liderazgo opositor en Venezuela no haya efectuado mayor pronunciamiento en torno al caso de Gregory Sanabria.
“Algunos tuvieron que pronunciarse, pero lo cierto es que no tenemos representación política, somos una diáspora absolutamente vulnerable, víctimas de la xenofobia, el racismo y la discriminación”.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) donde expone que si Sanabria es devuelto a Venezuela su vida estaría en grave peligro.
“Me preocupa cada vez más el creciente número de casos en Estados Unidos de personas que han huido de regímenes opresivos y están siendo detenidas con miras a una posible deportación”, expuso en la misiva.
Ferro indicó que, al igual que Sanabria, hay otros expresos y perseguidos políticos venezolanos que están en centros de procesamiento o detención en Estados Unidos.
“Lo que pasa es que no son notorios como Gregory, pero igualmente corren el riesgo de ser deportados. Eso es un claro ejemplo de que a la administración de Trump no le importa la situación de Venezuela”, dijo.
A juicio de Ferro, Trump se saltó el debido proceso cuando envió a más de 230 personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
“Se están cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos y civiles todos los días”, denunció.
Asesorarse es la vía
Para Laura Dib, de WOLA, lo más razonable es que cada persona solicitante de asilo en Estados Unidos se asesore legalmente.
“Para ello hay servicios gratuitos porque el temor a ser detenidos a pesar de tener protección internacional es válido y creo que es importante buscar asesoría jurídica, antes de una eventual deportación”.
Oliver* no sale a la calle sin sus documentos y los tiene siempre al día.
“Estoy en permanente contacto con mi abogado, él tiene una programa en Youtube y suelo verlo, estoy pendiente de mi caso en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés). En el caso de una negativa, algunas personas pueden pedir una salida voluntaria e irse a un tercer país”, expresó.
Para Javier*, quien tiene siete años aguardando por la resolución de su caso de asilo político, durante el mandato de Trump la incertidumbre es la norma.
“Entiendo que actualmente están convocando a quienes recién acaban de pedir asilo y a los que tienen mucho tiempo esperando, veremos qué nos depara el futuro a nosotros”, manifestó.
*Nombres cambiados a petición de los entrevistados
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
