“En nombre del municipio Sosa necesitamos en realidad que el gobierno nos ayude, estamos totalmente anegados. Santa Catalina, Guamito, Paso El Guamo, Puerto Nuria y las partes más bajas de Ciudad Nuria están con el agua casi a mitad de las paredes. Menudito, que es donde yo vivo, allí no quedó hueso sano. Ya no tenemos donde tener a los animalitos”, dijo José Ramón Aponte, habitante del municipio Sosa en el estado Barinas.
Muertos, heridos, damnificados, puentes caídos, casas destruidas y cuantiosas pérdidas materiales han dejado las lluvias que desde hace un mes caen Venezuela y afectado primordialmente a los estados llaneros y andinos.
De acuerdo al Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (Cigir) para finales del pasado mes de junio había caído entre 20 y 35 milímetros de lluvia en el sector andino, una cantidad similar a la de las precipitaciones en ese sector durante 1993, época en la que hubo cientos de damnificados y entonces millones de bolívares en pérdidas.
Según el Cigir es normal que en estas temporadas se produzcan fenómenos de esta naturaleza debido a ondas tropicales y los pronósticos son que el periodo lluvioso se extenderá al menos hasta septiembre.
“La tragedia que vivieron los habitantes del páramo merideño ha sido significativa, muchas casas, familias y especialmente el comercio afectado. La pérdida humana fue muy poca, pero la pérdida en hectáreas de siembra ha sido gigantesca, es triste ver como la economía de un pueblo se detiene casi por completo”, sostuvo la merideña, Alejandra Rojas.
Rojas indicó que con pico y pala los propios lugareños estaban recogiendo los escombros y el desastre dejado por las lluvias.
“Esperemos que los entes gubernamentales hagan lo correcto con las personas que quedaron sin vivienda y que los suelos vuelvan a estar fuertes. Este tipo de tragedias, si bien son naturales y no pueden evitarse, pueden enfrentarse de una mejor manera”.
Cuando el agua viola los DDHH
De acuerdo a un informe divulgado por la organización Clima 21 y Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA), los eventos meteorológicos pueden causar violaciones a los derechos humanos y por ello los Estados deben proteger y proteger a sus ciudadanos.
Según la investigación, en los últimos diez años, el 83% de los desastres desencadenados por peligros naturales se debieron a fenómenos meteorológicos y climáticos como inundaciones, tormentas y olas de calor.
De acuerdo a cifras oficiales, el fenómeno climático de “La Niña” afectó en 2022 a 14 de los 23 estados del país, causando la muerte de 82 personas entre los meses de octubre y noviembre, 26 mil familias quedaron damnificadas y 14 mil viviendas afectadas.
Las entidades más vulnerables en 2022 fueron Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Carabobo, Mérida, La Guaira, Anzoátegui, Apure y Lara.
28% del territorio nacional se encuentra expuesto a un alto potencial de inundación. Asimismo, 52,33% de la población venezolana está a merced de aludes torrenciales o deslaves.
El informe revela que no hay información pública sobre las acciones emprendidas por el gobierno dirigidas a proteger a la ciudadanía. Tampoco datos sobre causas y consecuencias de los fenómenos climáticos.
Las conclusiones del estudio arrojan que el enfoque en derechos humanos permite visibilizar la situación de grupos vulnerables tales como mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas en condición de pobreza, discapacitadas y pueblos indígenas.
Expone además que existe evidencia científica de que el cambio climático tendrá como posible consecuencia un aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos, con lo que los Estados tienen un radio de acción para actuar.
“Estos eventos nunca son sorpresa, quienes estudiamos sabemos que estos son repetitivos, que son recurrentes, antes de la tragedia de Vargas en 1999, los primeros eventos en esa zona datan de 1976, en los siete u ocho municipios afectados por Mérida recientemente hay 142 antecedentes, 70 fueron de magnitud leve, 52 moderada y 20 fueron graves”, dijo Alejandro Linayo, director del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (Cigir).
Linayo explicó que hay zonas crónicas donde los periodos de retorno suelen ser de décadas, pero las instituciones se olvidan y se comenten los mismos errores.
“Hay cosas que se pueden prevenir y otras que no, a veces el pronóstico es de días e incluso horas. Desde las etapas más primitivas de la civilización, la humanidad tiene la vocación de evitar la muerte y destrucción, a veces no es suficiente con el avance de la tecnología, si es así en los países desarrollados no ocurrieran desastres naturales”, dijo el ex presidente de Hidrocapital e ingeniero civil, José María De Viana.
De Viana puso como ejemplo la reciente tragedia por las lluvias en Texas y la del año pasado en Valencia, España.
“En ambos casos el nivel de tecnología era perfecto, se tenía tecnología madura para reducir el número de muertos, pero se juntaron imponderables, factores humanos y hasta de liderazgo político”, sostuvo De Viana.
Al mismo tiempo mencionó la tragedia del río Limón en el estado Aragua, donde murieron cientos de personas.
“Eso pasó un domingo, había tambores en Ocumare y la crecida agarró los carros en una cola en plena carretera, si hubiese pasado otro día la cifra de muertos seguramente hubiese sido menor”.
Con frecuencia se señala a las personas más vulnerables de ser responsables de su propia desgracia por ocupar zonas de riesgo, sin embargo la mayoría no construyen sus viviendas en dichas zonas de manera deliberada, la razón obedece principalmente a dinámicas urbanas de despojo, segregación y fragmentación.
“En los últimos 50 años se hizo un esfuerzo importante para tratar de caracterizar dinámicas de prevención, la primera es definir dónde y cómo se construye, no ocupar a lo loco, porque cuando vienen eventos climáticos entonces toca comenzar desde cero, es un modelo insostenible”, indicó Linayo.
Igualmente se considera que las inundaciones producto de las precipitaciones suelen tener como efecto el aumento de enfermedades infecciosas y de la inseguridad alimentaria al destruir cultivos y matar animales.
“Hay zonas especialmente vulnerables y hay que contar con personal preparado para atender la tragedia”, aseveró De Viana.
De acuerdo al Reporte Global sobre Desplazamiento Interno (GRID) de 2022, 33 mil personas se vieron forzadas a desplazarse de sus comunidades u hogares por los desastres originados por las lluvias.
Lo que debe hacer el gobierno
A juicio de las organizaciones civiles, la gestión de riesgo tiene que ver con un antes, durante y después de los fenómenos climáticos.
En función de esa premisa la Asamblea Nacional sancionó en 2009 la Ley de Gestión Integral de Riesgos, que adjudica responsabilidad al Estado en materia de prevención y mitigación de eventos naturales.
En el parágrafo 7 del artículo 5, el instrumento legal sentencia que el Estado está en la obligación de establecer un conjunto de medidas para impedir que eventos naturales o generados por la actividad humana causen desastres, emergencias o daños.
Igualmente el artículo 13 señala al presidente de la República como principal responsable de la gerencia de gestión de riesgos y que podrá involucrar a entes de la sociedad civil o privada.
El artículo 35 reza que “el Estado a través de programas de divulgación incorporará la gestión integral de riesgos socionaturales en la educación formal”.
“A partir de Vargas se hizo un esfuerzo por identificar los problemas, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología operó un programa de investigación aplicada al tema de desastres, hicimos una modificación al sistema de Defensa Civil. El problema es que lo que se ha planteado en el marco legal no se cumple”, manifestó Linayo.
El director del Cigir aseveró que Venezuela fue un país pionero en regular un modelo de gestión del riesgo climático.
“Se hizo un estudio de la ley y el 92% del articulado no se cumple, lo mismo pasa con la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres, la cual no se cumple en un 60%. Es como un paciente que está enfermo, se hace todos los exámenes y se establece un diagnóstico, pero nunca se pasa al tratamiento”.
De acuerdo a un informe de Clima 21 y OVDHA basado en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), 93% de la población no dispone de organización propia para reducir el riesgo ante fenómenos climáticos, 95% carece de formación preventiva, 95% desconoce la existencia de algún plan de evacuación y en el 88% de los casos no se dispone de un sistema de alerta para casos de emergencia.
El estudio de la organizaciones civiles detalla que Venezuela es el único país de Sudamérica que no ha formulado un instrumento legal para la orientación de las políticas nacionales sobre preparación de la población frente a los efectos negativos del cambio climático.
El Estado venezolano no cumple con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Sendai, Japón durante marzo de 2015.
“La reducción del riesgo de desastres es una inversión rentable en la prevención de pérdidas futuras. Una gestión eficaz del riesgo de desastres contribuye al desarrollo sostenible”, reza el tratado mundial.
Según el documento, más de 1.500 millones de personas se han visto perjudicadas por los desastres climáticos, 700 mil personas han muerto, 1,4 millones sufrido heridas y alrededor de 23 millones se han quedado sin hogar.
Escasa respuesta
Sondeos hechos después de registrarse los eventos climáticos revelaron que 10% de las personas afectadas denunciaron que no habían recibido ayuda alguna por parte de organismos gubernamentales y apenas 12,7% fueron testigos de trabajos de recuperación de infraestructura vial.
Damnificados alertaron que los refugios son improvisados y no contaban con las condiciones para recibir y mantener a grupos de personas.
Por tal razón, tanto el Marco de Sendai como el informe de Clima 21 y OVDHA solicitan al Estado que establezca una política integral de gestión de riesgo y cambio climático integrada con un enfoque en derechos humanos.
“En Venezuela se entendió que el problema con los fenómenos climáticos no comienza con las lluvias”, sostuvo Limayo.
Las organizaciones igualmente piden facilitar el acceso en tiempo real a datos fiables, impartir conocimientos a los funcionarios públicos de todos los niveles, promover la cooperación entre las comunidades científicas y tecnológicas y reforzar la colaboración entre las personas a nivel local.
De Viana explicó que la Inteligencia Artificial ha aportado en el estudio de la prevención de desastres.
“La naturaleza es compleja y los niveles normales de inteligencia humana a veces no son suficientes. Hay modelos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de aprender. La IA ha aumentado nuestra capacidad de anticipar alertas, minutos pueden ser suficientes para salvar la vida de la gente y lo único que hay que tener es conectividad, podemos interpretar fenómenos complejos en tiempo real”, sostuvo De Viana.
El ex presidente de Movilnet también dijo que es perentorio la difusión en materia de prevención ante desastres climáticos en las instituciones educativas.
“Las tragedias hay que documentarlas para que los errores no se repitan. A medida que la gente sepa, la mortalidad va a descender. Hay que despolitizar la discusión de los desastres, cuanto más personas estén enteradas de lo que ocurre la capacidad de reaccionar será mayor”.
“Las personas afectadas en Mérida tienen muchas ganas de volver a levantarse”, dijo Alejandra Rojas.
“Necesitamos que los páramos meridionales vuelvan a albergar a turistas, estamos agradecidos porque ha llegado ayuda de todas partes del país, la solidaridad ha sido increíble, necesitamos gente respetuosa con los páramos y el ambiente”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
