Un nuevo índice global advierte que Venezuela y Haití son las naciones más expuestas al cambio climático en América Latina y el Caribe y las que tienen menos capacidad financiera para hacerle frente.

La advertencia fue publicada por el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima21, en su portal web, a propósito de los hallazgos de un reciente estudio internacional elaborado por el Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Escuela de Clima de a Universidad de Columbia y la Fundación Rockefeller. Este índice clasifica a 188 países según su vulnerabilidad ante los riesgos climáticos y su capacidad económica para responder a ellos.

Venezuela fue el país de América Latina y el Caribe peor clasificado en el ranking. Ocupó el puesto 181. Los otros países que están en una peor situación en cuanto a vulnerabilidad frente al cambio climático son Burundi, Malawi, Palestina, Zambia, Angola, Eritrea y Guinnea-Bissau. La proyección para el año 2050 en cuanto al escenario de nuestro país frente al cambio climático es “pesimista”, según este índice.

Según el informe, Venezuela figura entre el 30% de los países más vulnerables del mundo debido a su posición geográfica y la gravedad de los riesgos climáticos que enfrenta. Sin embargo, la situación se agrava al considerar que el país no cuenta con los recursos financieros ni el respaldo institucional para implementar políticas de adaptación o mitigación efectivas.

El estudio atribuye esta incapacidad a factores como el elevado endeudamiento externo y la falta de acceso a mercados financieros internacionales. Esta condición limita seriamente la posibilidad de obtener fondos para programas climáticos y debilita la respuesta nacional ante los eventos extremos que, con el aumento de las temperaturas globales, serán cada vez más frecuentes.

Para el Observatorio de Ecología Política este resultado indica que Venezuela no tiene acceso suficiente a financiamiento para la adaptación climática y que tenemos alto riesgo climático, así como a un “mayor peligro de exposición a eventos como terremotos, conflictos, inundación en zonas costeras”. A esto se le suman “debilidades en términos de gobernanza”.

“Todas estas variables proyectan que el país se enfrenta a una doble vulnerabilidad: es muy sensible a los cambios climáticos y, al mismo tiempo, tiene una capacidad de respuesta muy limitada por falta de recursos”, recalcan.

Otros países del continente que también están en la “zona roja” de riesgo son Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia.

Alerta reiterada

Desde Clima21 señalan que estos datos se suman a los alertados en informes anteriores, como el ND-GAIN de la Universidad de Notre Dame y el Índice de Riesgo Climático Infantil de Unicef que ya advertían sobre la severa exposición del país a los efectos del cambio climático y su impacto desproporcionado en grupos como niñas, niños, mujeres, comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables.

“La creciente vulnerabilidad climática en Venezuela pone en riesgo la vida, la salud, la economía y la capacidad de desarrollo de millones de personas”, alertó el Observatorio. La organización también criticó la “preocupante inacción gubernamental, la falta de voluntad política, un enfoque excluyente y la ausencia de capacidad técnica para elaborar políticas públicas eficaces y sostenibles”.

Finalmente, Clima21 hizo un llamado urgente a la ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones a exigir al Estado acciones concretas en materia de adaptación climática y justicia ambiental, así como a fortalecer la resiliencia local desde las comunidades. “Sin una respuesta estructurada, la emergencia climática seguirá agravando la crisis social y de derechos humanos en el país”.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió en diciembre de 2024, en el marco de la presentación del  Borrador Final del Segundo Reporte Académico de Cambio Climático, que las consecuencias de este fenómeno para el país “serán severas en el corto plazo”.

Algunos de los efectos del cambio climático ya visibles en el país e identificados en el reporte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales son un aumento de la temperatura de +0.22°C por década desde 1980, con proyecciones de mayor calor y sequía. Una reducción del 20% en precipitaciones anuales, que afecta cuencas clave y el suministro de agua en el país, pero también a la par un aumento de los eventos lluviosos extremos: entre 2000 y 2019 se contabilizan al menos veinte eventos de desastres naturales por inundaciones. Para 2030, se prevé que 40% de la población sufrirá inseguridad alimentaria moderada y 20% de inseguridad alimentaria grave.

Y sin marco de DDHH para gestión de riesgos

A propósito de las fuertes lluvias que cayeron en el mes de junio sobre los estados andinos y que causaron situaciones de emergencias en estados como Mérida, Runrun.es consultó a varios expertos, quienes alertaron que el país no posee un marco de derechos humanos en cuestión de riesgos ante eventos climáticos.

De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos aprobada por la Asamblea Nacional, el Estado es responsable en materia de prevención y mitigación de eventos naturales.

Un informe divulgado por la organización Clima 21 y Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA), los eventos meteorológicos pueden causar violaciones a los derechos humanos y por ello los Estados deben proteger y proteger a sus ciudadanos.

Según la investigación, en los últimos diez años, el 83% de los desastres desencadenados por peligros naturales se debieron a fenómenos meteorológicos y climáticos como inundaciones, tormentas y olas de calor.

De acuerdo a cifras oficiales, el fenómeno climático de “La Niña” afectó en 2022 a 14 de los 23 estados del país, causando la muerte de 82 personas entre los meses de octubre y noviembre, 26 mil familias quedaron damnificadas y 14 mil viviendas afectadas.

Las entidades más vulnerables en 2022 fueron Distrito Capital, Miranda, Zulia, Aragua, Carabobo, Mérida, La Guaira, Anzoátegui, Apure y Lara.

Y aunque 28% del territorio nacional se encuentra expuesto a un alto potencial de inundación y 52,33% de la población venezolana está a merced de aludes torrenciales o deslaves, el informe revela que no hay información pública sobre las acciones emprendidas por el gobierno dirigidas a proteger a la ciudadanía. Tampoco datos sobre causas y consecuencias de los fenómenos climáticos.

Venezuela es el único país de Sudamérica que no ha formulado un instrumento legal para la orientación de las políticas nacionales sobre preparación de la población frente a los efectos negativos del cambio climático. El Estado venezolano no cumple con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Sendai, Japón durante marzo de 2015. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.