En todos los países, en unos más, en otros menos, existen personas desvergonzadas que hacen daño. Lamentablemente, por falta de formación ciudadana, en Venezuela hay muchos y entre ellos los fiscales y jueces se llevan la palma. Nuestro sistema judicial nunca se destacó por actuar conforme a las leyes y al debido proceso, pero generalmente las fallas habían sido por aceptar dinero de culpables de delitos, a quienes dejaban en libertad.
Muchas dictaduras son tan descaradas que, manu militare, encarcelan o desaparecen a quienes consideran enemigos. Otras apelan a fiscales y jueces corruptos para enjuiciar a opositores políticos. La de Maduro se caracteriza por llevar a los tribunales a cualquiera, sea político o que simplemente disienta de su gestión.
El trabajo de fiscales y jueces de Maduro es el de sembrar terrorismo de Estado entre los ciudadanos. La aberrante Ley contra el Odio es uno de sus caballitos de batalla. Se la aplican a cualquiera que les indique Miraflores. Tarek Saab, el usurpador fiscal general, recibe las órdenes, las transmite a los fiscales subalternos y los jueces acatan y cumplen. Periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, voluntarios que trabajan para la realización de elecciones, militares percibidos como sospechosos, familiares de personas importantes que no comulgan con el régimen o simples ciudadanos que hacen un chiste o divulgan información por las redes sociales son víctimas sometidas a desaparición forzada, encarceladas, torturadas e incluso dejadas morir por falta de atención médica.
Citar todos los casos no es posible en un artículo y ocasiona malestar en quien esto escribe, ya que mencionamos a los más conocidos y obviamos al resto. Quienes tienen más de 20 años presos por los sucesos del 11 de abril son los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Luís Molina y Héctor Rovaín; acusados sin pruebas por el asesinato del fiscal Anderson, están Rolando y Juan Bautista Guevara. Entre los defensores de derechos humanos podemos citar a Rocío San Miguel y a Javier Tarazona. En el grupo de los 20 periodistas está nuestro apreciado Roland Carreño y Ana Carolina Guaita. Entre los militares, Igber Marín, Juan Carlos Marrufo y Carla Antón Farías.
Los políticos presos están representados por Juan Pablo Guanipa, Williams Dávila y Rodrigo Cabezas, por los sindicalistas está Carlos Alberto Gómez Durán. Por diversas acusaciones que incluyen unos supuestos drones e inventados actos terroristas se encuentran presos Emerlinda Benitez y Josnar Baduel, y por el partido Bandera Roja, Alonso Meléndez.
Por Vente Venezuela, la organización política de la líder de la oposición, están detenidos alrededor de 60 dirigentes u organizadores de la pasada elección en la que resultó electo por abrumadora mayoría Edmundo González. El perdedor Maduro centró su venganza, entre otros, en Catalina Ramos, Henry Alviarez, María Oropeza, Dignora Hernández y Emill Brand.
Cuando llevaba sus hijos al colegio policías encapuchados apresaron a Rafael Tudares. Cometió el grave delito de ser yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. En días pasado El Nacional informó que la jueza Yuly Coromoto Durán Gutiérrez sentenció por diez años a las jóvenes Génesis Pabón y Rocío Rodríguez. A ellas las imputaron las fiscales Elda Contreras y Lupe Fernández por incitación al odio terrorismo y traición a la patria. ¿El delito? imprimir unas franelas con las estatuas derribadas de Hugo Chávez después de la elección del 28 de julio 2024. Según declararon las jóvenes, aceptaron un pedido que después supieron era de la policía que fabricó un falso positivo.
Lo citado son unos pocos ejemplos de los desvergonzados que son los fiscales y jueces del régimen de Maduro. Sin duda que esta situación no debe, ni puede perdurar. La justicia se impondrá.
De los 57 nombres de presos políticos que se han conocido, fueron excarcelados el pasado viernes 18 de julio, apenas una mujer figura en lista.
Se trata de Aixa Daniela Boada López, quien estaba recluida en el anexo femenino del Penal Judicial del estado Sucre desde el pasado 1 de agosto de 2024.
Boada López, estudiante de Derecho en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), fue detenida en horas de la madrugada de esa fecha por funcionarios que irrumpieron a la fuerza en el conjunto residencial Villa Acero de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
La joven de 19 años fue trasladada al comando de la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) en la zona industrial de Matanzas en Ciudad Guayana.
“En este contexto de alta opacidad, informamos que hemos identificado la excarcelación de 57 venezolanos presos por razones políticas, incluyendo una mujer y hemos verificado la liberación de nueve extranjeros”, dijo en un comunicado la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón.
De acuerdo al más reciente reporte de la ONG Foro Penal previo a la excarcelación del viernes pasado, 96 mujeres estaban tras las rejas.
El viernes pasado la administración de Maduro y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron un intercambio de privados de libertad.
Trump envío a Venezuela a 252 personas que estaban en el Centro de Confinatimiento por Terrorismo (Cecot) en El Salvador a cambio de la liberacion y excarcelacion de 80 detenidos en Venezuela, entre ellos una decena de estadounidenses.
Entre los excarcelados se encuentran el dirigente político, exdiputado y exgobernador de Mérida, Williams Dávila; el exalcalde del Municipio Sifontes, Carlos Chancellor; Jordán Sifuentes, exalcalde del municipio Mejía de Sucre y dirigente de Voluntad Popular; Gregorio Graterol, dirigente de Primero Justicia en Coro; Ángel Aristimuño, dirigente de UNT; Fernando Feo, exalcalde del Municipio Tinaquillo y Ricardo Estévez, cofundador de Súmate.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un país marcado por la represión, el miedo y el desgaste de sus instituciones, el “Libro Gris” ofrece una radiografía crítica del estado de los derechos humanos en Venezuela durante el primer semestre de 2025.
Se trata del tercer informe de la serie elaborada por la iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento—precedido por el Libro Negro (enero 2024) y el Libro Rojo (febrero 2025)—, y se inscribe en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la instalación de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, pese al amplio desconocimiento de los resultados electorales.
El documento define el momento actual como una “Emergencia Democrática Compleja”: un escenario donde no solo hay represión directa, sino un colapso estructural del Estado de derecho, una sociedad empobrecida como “estrategia de control”, y un miedo generalizado que inhibe la denuncia y la acción colectiva.
Mediante fuentes abiertas, bases de datos propias y testimonios, el informe documenta patrones graves como el exilio silencioso de activistas y la militarización del aparato económico bajo un modelo autoritario con “fachada de crecimiento”.
Contexto y antecedentes
Desde el 28 de julio de 2024 y tras la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el texto alerta sobre un nuevo gobierno que no cuenta con legitimidad. El informe define este escenario como una “Emergencia Democrática Compleja (EDC)“, un concepto que trasciende la represión clásica y señala una estructura diseñada para desmantelar la democracia desde adentro.
La administración de Maduro, según el informe, “simula institucionalidad” con elecciones y leyes vacías de contenido real. Se consolida así un sistema que bloquea cualquier posibilidad de organización social, disenso o alternancia.
Espacio cívico
Durante el primer semestre de 2025, el informe documenta una “reducción extrema” del espacio cívico en Venezuela. Las manifestaciones pacíficas, según reseñan, fueron “criminalizadas, dispersadas violentamente o bloqueadas” antes de ocurrir. Se registraron al menos 42 detenciones de integrantes de organizaciones políticas y 10 contra periodistas y trabajadores de medios.
La libertad de expresión fue cercenada mediante detenciones, bloqueos digitales, cierre de emisoras y vigilancia constante. El miedo ha generado una autocensura extendida incluso entre periodistas independientes. Se reporta un aumento de casos de semiclandestinidad: organizaciones sociales y políticas se ven forzadas a operar sin presencia pública, sin sedes y sin canales abiertos de participación.
También se intensificó la persecución a defensores de derechos humanos: 16 medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH en respuesta a amenazas o detenciones. Muchos defensores han salido del país sin anunciarlo, por razones de seguridad. Esta salida forzada y silenciosa constituye una nueva modalidad de exilio, donde el costo emocional y el riesgo a las redes de apoyo son determinantes.
Además, el gobierno impulsa figuras como las “comunas” y “consejos comunales” desde una supuesta reforma constitucional, pero en la práctica funcionan como mecanismos de control político, marginando expresiones autónomas de participación ciudadana.
Actuación de grupos de civiles armados (colectivos)
La actuación de los denominados “colectivos” continúa siendo un elemento clave en la estrategia represiva. El informe señala que, lejos de disminuir, su accionar se ha adaptado y sofisticado. Aunque se muestran menos visibles en el espacio urbano, mantienen presencia activa en zonas populares y periféricas, actuando como dispositivos de control social, inteligencia vecinal, amedrentamiento y represión.
Durante el primer semestre de 2025, se documentaron casos en los que estos grupos participaron en la dispersión violenta de protestas, realizaron patrullajes armados en barrios, y coordinaron con organismos de seguridad del Estado. También fueron identificados como responsables de amenazas directas contra líderes comunitarios, sindicales y defensores de derechos humanos.
Los colectivos cumplen roles duales, denuncia la agrupación de ONG: “son agentes de represión y, al mismo tiempo, operadores de asistencia oficialista en sus comunidades” (reparto de alimentos, controles del CLAP o acceso a bonos). Esto genera una dependencia forzada entre sectores empobrecidos y los brazos armados del chavismo.
La impunidad es una constante: no hay investigaciones ni sanciones por estos actos. Por el contrario, en ocasiones y de acuerdo a este informe, los colectivos reciben respaldo público por parte de voceros gubernamentales. Aseguran que su existencia es una pieza central del nuevo esquema de gobernabilidad, donde el Estado comparte y delega el control territorial con grupos paraestatales.
Derechos civiles y políticos
El informe denuncia un “patrón sistemático de violaciones a los derechos civiles y políticos” durante los primeros seis meses del gobierno. El evento electoral del pasado 25 de mayo consolidó un proceso “sin garantías democráticas”, caracterizado por exclusión de candidatos, censura, coacción y uso de recursos públicos.
En paralelo, se registraron 124 detenciones arbitrarias, incluyendo 10 de personas extranjeras, muchas sin orden judicial ni garantías procesales. Al menos 51 casos corresponden a desapariciones forzadas de corta duración. Las condiciones de reclusión son precarias, con denuncias de tortura, tratos crueles y centros de detención clandestinos.
Se documentaron también 4 muertes bajo custodia del Estado y 1 ejecución extrajudicial. En muchos casos se anula el recurso de habeas corpus, lo que profundiza la indefensión de las víctimas. Los familiares enfrentan hostigamiento, obstáculos para acceder a información y una justicia completamente cooptada.
Balance y ruta posible
En sus conclusiones, el “Libro Gris” reafirma que Venezuela atraviesa una “Emergencia Democrática Compleja” inédita en la región y destaca 10 puntos fundamentales:
Pero también, presentó recomendaciones para un “futuro gobierno democrático”, así como unas dirigidas hacia la comunidad internacional:
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Otro muerto bajo custodia del Estado se suma a la lista. Al fatídico registro se incluye desde ahora el nombre de Andrés Bravo Pariaguán de 24 años, quien estaba preso en la cárcel del Rodeo II en el estado Miranda y falleció el 20 de julio.
Bravo estaba encarcelado desde hacía cuatro años y su juicio nunca empezó. Fue detenido en el mes de julio del año 2021, en el marco del operativo de seguridad denominado Gran Cacique Guaicaipuro, que se realizaba con el fin de combatir el accionar de las bandas delictivas que operaban en la Cota 905 y sectores adyacentes.
Según testigos, Bravo regresaba a su casa luego de realizar una diligencia, cuando fue detenido por funcionarios encapuchados sin que mostraran una orden judicial y sin que estuviese cometiendo delito alguno. El colectivo de derechos humanos Surgentes denunció que en las primeras de cambio no se informó el lugar de detención de Bravo ni se le permitió comunicarse con sus familiares hasta después de su audiencia de imputación.
Surgentes también expuso que en la audiencia preliminar fue pasado a juicio, sin que se hubiesen promovido pruebas ni testigos.
De acuerdo al colectivo, el juicio inició año y medio después de la audiencia preliminar y estuvo plagado de diferimientos debido a la ausencia de órganos de prueba y supuestas enfermedades de la jueza. Después de que la jueza fue destituida en junio de 2024, el juicio debió empezar desde cero.
En medio del retardo procesal y las deplorables condiciones de reclusión, la salud de Bravo empezó a deteriorarse, contrajo tuberculosis y una infección en el sistema nervioso central.
Cuando ya se encontraba en estado de semiinconsciencia y con signos avanzados de la enfermedad fue finalmente trasladado a un centro hospitalario.
La organización Surgentes denunció que en enero de 2023, el joven José Félix Maiz murió en circunstancias similares bajo custodia del Estado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó la noche del 21 de julio que el periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto de 2024 en Valle de la Pascua, estado Guárico, fue excarcelado con “medidas cautelares sustitutivas de libertad”, entre ellas, presentación ante tribunales cada 30 días y prohibición de salida del país.
El SNTP recordó que Camero había sido imputado por delitos como terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir, cargos que calificaron como “desproporcionados y sin fundamento” y que han sido también imputados contra trabajadores de la prensa en Venezuela.
Antes de su detención, Camero era el conductor del programa radial “Sobre la noticia”, que se transmitía a diario desde el mediodía y hasta las 2:00 p.m. en la emisora Radio Talento 102.7 FM en Valle de la Pascua.
Mientras que el Colegio Nacional de Periodistas agregó que junto a Camero habría sido excarcelado Carlos Rodríguez, con quien el periodista compartía celda.
“Celebramos la excarcelación de uno de los nuestros, pero aún nos faltan 19 por liberar (…) Nos faltan Ramón Centeno,Carlos Rojas,Luis López,Gabriel González,Roland Carreño,Victor Ugas,Biagio Pilieri,Pedro Guanipa,Belises Cubillan,Leandro Palmar,Julio Balza,Angel Godoy,Rory Branker,Juan Alvarado,Gianni González,Nakari Ramos,Mario Chávez,Juan P. Guanipa y Carlos Marcano”, enumeró el cnp.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Al menos 145 fallecimientos registró el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en 2024, según el informe anual que presentó este lunes 21 de julio, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.
El informe investigó las “condiciones infrahumanas en las cárceles”, así como el “uso ilegal de los centros de detención preventiva y la tortura, represión y aislamiento prologando” de los presos políticos durante el período poselectoral de 2024, según destacó el OVP.
#InformeAnualOVP 149 muertos bajo custodia del Estado en 2024: el sistema penitenciario se consolida como herramienta de represión, tortura y muerte. https://t.co/NZfc1Yz7O9
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 21, 2025
De acuerdo a la investigación, 105 muertes se produjeron en cárceles y 40 enCentros de Detención Preventiva (CDP) o calabozos. 66 de las muertes que se produjeron en prisiones se debieron a la deficiente atención médica y precarias condiciones de salud, lo que equivale al 62,86% de las 105.
Hace dos años hubo 61 muertos en prisiones (31 por enfermedades), por lo que en 2024 el incremento fue de 72,13%.
En los calabozos, de los 40 decesos, 23 fueron por deterioro de la salud, ocho por causas violentas, seis presuntos suicidios y de tres no se sabe la causa.
El mayor número de fallecidos en CDP fue en el estado Zulia con 11, de los cuales 10 fueron por complicaciones de salud.
De acuerdo al OVP, desde 2017 han fallecido 560 privados de libertad debido a condiciones de salud, las principales enfermedades son tuberculosis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales.
Solo 11 estados con prisiones operativas
Según la investigación del OVP, Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión entre penitenciarios, internados judiciales, anexos femeninos y calabozos. 35 son masculinos, hay 16 anexos femeninos y existe una cárcel exclusiva para mujeres: el INOF (Instituto Nacional de Orientación Femenina) en Los Teques, estado Miranda. De los 52 recintos, 34 están operativos y el Estado ha cerrado 18.
Únicamente en 11 estados del país hay prisiones operativas, lo que representa un 47,83%.
De los privados de libertad, 20.050 son hombres y 1.969 mujeres. Hay 450 presos extranjeros, de los cuales 431 son hombres y 19 mujeres.
Presos políticos y contexto poselectoral
De acuerdo al OVP, en enero de 2024 había 250 presos políticos. En la actualidad el Foro Penal Venezolano reporta más de 800 debido a las confirmadas 57 excarcelaciones producidas a partir del viernes 18 de julio en el marco de una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos que produjo la liberación de 252 personas del Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
El informe expone que la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda se ha convertido en el “mayor centro de tortura” luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
El informe detalla las condiciones infrahumanas en ese centro de reclusión, entre ellas, que los presos permanecen en celdas solitarias de 2×2 metros, sin ventilación, en la que solo hay una cama de cemento, una colchoneta -de goma espuma- y una letrina. Los presos son sometidos a aislamiento prolongado con cero contacto físico, la alimentación no es suficiente, ni balanceada. En el lugar, la actividad física es además limitada y están propensos a contraer enfermedades bacterianas, gastrointestinales y de la piel. Denuncian además que hay presos políticos que tienen hasta 15 días continuos con diarrea, otros con hongos en los pies, con pérdida de peso y deterioro de su salud mental.
El OVP recuerda que en 2024 que tres presos políticos murieron en cautiverio: Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Alvarez y Osgual Alexander González y destacan que 22 presos políticos han muerto en prisión desde 2015, siendo 2019 y 2024 los años donde se alcanzó un mayor pico con cuatro fallecimientos, respectivamente.
La investigación también concluyó que 158 adolescentes fueron detenidos en el contexto de la represión poselectoral, muchos de los cuales transitaban por las calles o estaban en sus casas. Denuncian que durante el tiempo de reclusión los adolescentes sufrieron torturas, golpes y asfixia con bolsas lacrimógenas y que fueron obligados a grabar confesiones falsas “bajo coacción”.
Tratos crueles y negativa al voto
Golpizas, encierros en celdas de castigo, exposición prolongada al sol, restricciones al agua y alimentos, desnudez forzada y aislamiento fueron algunos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes denunciados por los familiares de los privados de libertad en 2024.
Familiares manifestaron que se producen requisas violentas, tortura psicológica y que en los llamados “Tigritos” los presos pueden pasar hasta 15 días sin agua ni comida por 24 horas.
De acuerdo al reporte del OVP, solo 9,21% (1900 personas) de la población penal votó en las elecciones presidenciales del 28J, incumpliendo lo establecido en los artículos 63 y 19 de la Constitución Nacional, que rezan que el sufragio es un derecho.
Según la ONG, 42 863 privados de libertad tenían derecho a votar el año pasado.
Aumenta la cifra de heridos
En 2024 se registraron 35 heridos en las prisiones venezolanas producto de requisas, motines, represión y enfrentamientos entre reclusos, 10 más que en 2023.
17 de ellos fueron por arma blanca, siete por perdigones, cuatro por objetos contundentes, cinco por armas de fuego y dos se descompensaron debido a una huelga de hambre.
En los CDP hubo 39 heridos por represión, violencia intercarcelaria y accidentes relacionados con condiciones precarias.
También en los calabozos se produjeron ocho huelgas de hambre y en junio de 2024 se llevó a cabo una protesta general en más de 30 CDP.
En las cárceles se llevaron a cabo cinco huelgas de hambre con 50 000 personas involucradas. Además se contabilizaron siete motines y se fugaron 75 personas.
De los calabozos se fugaron 21 personas en 2024, 20 fueron hombres y una mujer.
De esa cantidad, 13 permanecen prófugos, cuatro fueron recapturados y cuatro fallecieron durante la recaptura.
De los albergues para menores se escaparon 36 hombres, de 25 no se sabe su paradero y 11 fueron recapturados.
Hacinamiento crítico
Por octavo año consecutivo, el OVP registró cifras de hacinamiento críticas, en esta ocasión con 145,85%.
Según el informe, los niveles de hacinamiento en algunos centros penitenciarios superan el 200%.
En el “Marite” en el estado Zulia el hacinamiento es de 355,5%, en el Rodeo III en Miranda es de 270%, en el Rodeo II tambien en la entidad mirandina es de 262,2%, en Puente Ayala en Anzoátegui es de 212,7%, en el Internado Judicial de Barinas es de 210,4% y en el David Viloria de Barquisimeto es de 195,3%.
De acuerdo a la investigación, la capacidad del sistema penitenciario es de 26.238, mientras que la capacidad real operativa es de 15.096. Se calcula que la población penitenciaria actual es de 22.019 presos.
Según estándares internacionales, una celda para cuatro personas debería medir 10 metros cuadrados, en Venezuela los presos disponen de menos de un metro cuadrado para moverse, sentarse o dormir.
Retardo procesal y alimentación
La investigación del OVP reveló que de los privados de libertad en Venezuela, 12 110 personas están procesadas y 9.909 tienen condenas, lo que evidencia un retardo en los tribunales. El informe detalla que existe una mayor proporción de detenidos sin sentencia firme.
Asimismo, en la investigación se denunció la escasez de proteínas, vegetales y frutas en la dieta diaria de la población penitenciaria en Venezuela. Indican que la alimentación de los presos en Venezuela se basa básicamente en harinas, arroz, granos y pasta.
En la cárcel de La Planta desde hace tres meses no comen proteínas y deben pagar hasta 10 dólares para que les suministren alimentos porque tienen suspendidas las visitas.
Los familiares de los detenidos poselectorales denunciaron que los alimentos que entregaban se los daban a los reclusos en mal estado con cabello, gorgojos y hasta uñas.
De acuerdo al informe, en promedio, los presos han perdido entre 10 y 15 kilogramos debido a la pésima alimentación.
Pranes
Pese a la denominada “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” efectuada en 2023, el año pasado el gobierno anunció la captura de 17 pranes en el Complejo Penitenciario de Oriente, “El Dorado”, lo mismo en el Centro para Procesados “26 de julio” en Guárico con 76 supuestos líderes negativos detenidos.
De las siete prisiones intervenidas el ano pasado por el gobierno, solo Tocorón y Tocuyito han sido reabiertas, principalmente para albergar a detenidos después de las protestas de las elecciones del 28J.
Por su parte, el Rodeo I, que fue desalojada en 2018, albergó a presos políticos que estaban en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que da el OVP al gobierno de Maduro y a los organismos internacionales destacan garantizar el acceso a la salud en los centros penitenciarios, investigar las muertes, velar por la alimentación, mejorar la infraestructura carcelaria, acabar con el hacinamiento, garantizar el acceso de organizaciones de derechos humanos a las prisiones y calabozos y liberar a los presos políticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) fijó posición en un comunicado sobre el reciente canje realizado entre el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos y El Salvador, que incluyó la excarcelación de presos políticos venezolanos y el retorno a Venezuela de 252 migrantes que estaban presos en El Salvador.
Aunque el comité celebra el reencuentro de decenas de familias, advierte que el proceso estuvo marcado por “la opacidad”, la exclusión de casos emblemáticos y la continuidad de detenciones arbitrarias.
Según el comunicado difundido por Clippve, tres días después del anuncio oficial, familiares y defensores solo lograron confirmar la excarcelación efectiva de 59 personas de las 80 presuntamente liberadas, todas bajo medidas restrictivas. Además, la organización cuestiona la falta de transparencia sobre los nombres y condiciones de las personas incluidas en el acuerdo, lo que mantiene un “preocupante manto de opacidad”.
El comité también manifiesta su “profunda preocupación ante el uso político de la vida y la libertad de los presos”, y denuncia la exclusión de mujeres, adolescentes detenidos por razones políticas y ciudadanos con condenas ya cumplidas que siguen privados de libertad. “Esta exclusión evidencia el ensañamiento del aparato represivo del Estado contra los más vulnerables, así como la falta de voluntad de poner fin a estas graves arbitrariedades y el propósito deliberado de mantener y aumentar el número de personas presas sin garantías de debido proceso”, señalan.
Asimismo, se alerta que muchos de los presos políticos permanecen en situación de desaparición forzada y algunos a punto de cumplir una año “en aislamiento absoluto”, lo que el comité califica como una forma de tortura y un mecanismo deliberado de “generación de terror”.
A pesar de algunas excarcelaciones, el comité denuncia que la persecución política continúa. “Mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúan ocurriendo detenciones arbitrarias, generando una dinámica perversa de puerta giratoria”, advierten.
En este contexto, Clippve hace un llamado al respaldo y la solidaridad internacional para exigir el cese inmediato de la “criminalización del pensamiento” disidente y la liberación plena de todos los presos políticos. “Nunca debieron estar detenidos. Su encarcelamiento responde a un patrón sistemático de persecución que configura crímenes de lesa humanidad”, concluye el comunicado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Las elecciones municipales no solo tienen un gran número de dirigentes políticos en las regiones que esperan reelegirse en sus cargos como alcaldes o concejales. Otro grupo que ya había ejercido el poder municipal busca retornar a partir del 27 de julio, fecha prevista para los comicios.
Según una revisión hecha por TalCual, 25 dirigentes que ya ejercieron como alcaldes en años anteriores fueron postulados nuevamente por partidos opositores y el Gran Polo Patriótico. Entre ellos resaltan Luis Zambrano, Henri Falcón, Gian Carlo Di Martino, Tirso Sosa y Alfredo Catalán, quienes ejercieron el poder municipal a inicios de los años 2000.
En cambio, la experiencia como alcaldes de José Salacier Colmenares León (municipio Sosa, estado Barinas) y Ángel Alveláez (San José de Guaribe, estado Guárico) se remonta a la década de los 90.
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, señala el contexto en torno al 27 de julio: un escenario de opacidad y falta de integridad electoral que viene arrastrando el país desde 2015 y que se profundizó en las presidenciales de 2024.
A ello se agregan las dificultades para tener un relevo político, debido a los problemas que enfrentan los partidos políticos, incluyendo la falta de formación e impulso a sus propios cuadros desde hace años.
“Lo que quedan son figuras políticas que han hecho carrera, han llegado unos más allá y otros más acá y permanecen en la palestra pública intentando conseguir empleo. En otras palabras están intentando ganar un cargo donde puedan seguir haciendo política y mantenerse”, menciona Alarcón.
Al escenario de las municipales se debe sumar la “decepción” que arrastra un sector importante de la población tras la elección presidencial de 2024, que representaba una opción real de cambio.
“La gente quiere cambio político, apostó a una elección para que ese cambio ocurriera y no ocurrió. La gente que hoy sigue queriendo ese cambio político está profundamente decepcionada de las elecciones porque siente que no sirven para nada. Eso no ha cambiado del 28 de julio hasta la fecha”, destaca el director del CEPG UCAB.
Alarcón considera que en estas elecciones “todos aquellos que no son gobierno pueden terminar consiguiendo es una cuota mínima”, cuestión que ciertamente afectará a aquellos liderazgos que esperan retomar el Poder Municipal.
Promesas y ataques en las municipales
En la campaña electoral, que inició el viernes 11 y se extenderá hasta el 24 de julio, las organizaciones políticas y sus candidatos se han decidido por campañas sectorizadas apelando a sentimientos como “La Casa no se entrega”, en referencia a dejar el municipio en manos del oficialismo, o el “Gente que resuelve” apoyado por el Gran Polo Patriótico y actividades gubernamentales.
En los “casa por casa” y recorridos por sectores populares las promesas se repiten de lado y lado: mejorar servicios públicos y de salud, ya sean gestiones nuevas o repitientes, garantizar seguridad, apoyar proyectos de gestión de viviendas o deportivos. De lado quedan propuestas para el auto financiamiento de las gestiones municipales, prevención y atención por afectaciones climáticas, mayores espacios culturales, unificación de impuestos municipales o aprobación de ordenanzas municipales en favor de la diversidad.
Bajo el lema “El Hatillo no se hereda ni se entrega”, Alfredo Catalán (UNE) busca sumar votos con promesas sobre la “voluntad” para resolver problemas de servicios básicos como el agua, garantizar la seguridad y eficiencia municipal, además de “rescatar el concepto del gentilicio hatillano”.
Catalán también se ha pronunciado directamente contra el alcalde Elías Sayegh, a quien ha señalado de querer seguir en la gestión municipal “a través de un engatusado arácnido que no es hatillano”.
Víctor Hugo Figueredo, inscrito por Derecha Democrática Popular a la Alcaldía de Lechería, ha apelado a los votantes a “defender genuinamente nuestra ciudad” el próximo 27 de julio. Además ha acusado al candidato a la reelección, Manuel Ferreira, de “no estar defendiendo la casa que nombra. Él está defendiendo un puesto”.
“Luego de más de dos décadas de amenazas pareciera que algunos factores pretenden lograr sus objetivos, y no lo permitiremos (…) Nuestra meta es recuperar lo que Lechería fue en su momento, un bastión opositor del país y la ciudad para la vida”, ha dicho también en referencia a los señalamientos de la dirigencia del PSUV.
Del lado oficialista, Hugo Martínez –quien aspira nuevamente a la Alcaldía de Guatire– se ha plegado al eslogan de ser “gente que resuelve” y “escucha a las comunidades”.
“Quiero hacer un llamado, que nos reunamos y vean lo que estoy planteando, que participen en su posición, no importa si son opositores. Yo estoy haciendo un llamado al zamorano, al guatireño, vamos a avanzar juntos por el municipio”, ha dicho Martínez.
Mientras que Gian Carlo Di Martino ha señalado en sus actividades de campaña que “Maracaibo merece gestión, dignidad y revolución verdadera”.
“Entrando en las casas nos hemos dado cuenta que existen muchas necesidades, a nivel de salud, a nivel de vivienda, hay que enfocarnos en la humanización y la reconstrucción social. Entre todos tenemos que recuperar Maracaibo y convertirla de nuevo en la primera ciudad de Venezuela”, ha dicho.
Participación en veremos
A juicio del director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, la participación en estas elecciones municipales “no va a ser muy distinta” a la expresada en los comicios regionales y parlamentarios de mayo.
“Aunque no puedes meter a todas las candidaturas que no son gobierno en el mismo pote, porque unas son oposición y otras no lo son, la gente no hace diferencias. Al final del día, para la gente todos los que están participando, y repito puede haber errores en la apreciación colectiva, son personas que se rindieron, entregaron las elecciones presidenciales y no están luchando. Entonces la tendencia a apoyar esas candidaturas termina siendo muy baja”, destaca Alarcón.
Por otra parte, resalta, esta ha sido una campaña floja “que aunque apela a la racionalidad con frases como ‘La casa no se entrega’ (Fuerza Vecinal), la realidad es que eso genera poca emocionalidad en la gente porque siente que lo más importante ya lo perdió”.
“Aunque no puedes meter a todas las candidaturas que no son gobierno en el mismo pote, porque unas son oposición y otras no lo son, la gente no hace diferencias. Al final del día, para la gente todos los que están participando, y repito puede haber errores en la apreciación colectiva, son personas que se rindieron, entregaron las elecciones presidenciales y no están luchando. Entonces la tendencia a apoyar esas candidaturas termina siendo muy baja”, destaca Alarcón.
Alarcón insiste en que la participación se verá de forma diferente en los municipios, entre otras razones, “por el carisma de los candidatos, la estima que expresa la gente, pero en términos generales la gente no siente que haya razones para salir a votar en masa o defender estas posiciones que se disputan hoy día”.
La lista
En la lista de exalcaldes que buscan un nuevo periodo, 11 fueron inscritos por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. El resto pertenecen a Un Nuevo Tiempo o partidos como Derecha Democrática Popular, habilitado desde las presidenciales, o Unión Nacional Electoral.
Al igual que con alcaldes reelectos o nuevas propuestas, en estas postulaciones se evidencia el quiebre de la Alianza Democrática y la dupla Un Nuevo Tiempo – Unión y Cambio, así como la conformación de nuevas alianzas con partidos judicializados como la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez o el Copei en manos del diputado Juan Carlos Alvarado.
Víctor Hugo Figueredo, postulado por Derecha Democrática Popular a la alcaldía de Diego Bautista Urbaneja (Anzoátegui). Fue alcalde entre 2008 y 2013.
Pedro Martínez, postulado por el PSUV a la alcaldía de San José de Guanipa (Anzoátegui). Fue alcalde entre 2008 y 2017.
Alcides Martínez, postulado por 14 partidos a la alcaldía de Santos Michelena (Aragua). Fue alcalde entre 2013 y 2017.
Luis Zambrano, postulado por 19 partidos a la alcaldía de Sucre (Aragua). Fue alcalde entre 1995-2000 y luego entre 2008 y 2013.
José Salacier Colmenares, postulado por 16 partidos a la alcaldía de Sosa (Barinas). Fue alcalde entre los años 1992-2000.
Ángel Alveláez, postulado por 13 partidos a la alcaldía de San José de Guaribe (Guárico). Fue alcalde entre 1995 y 2004.
Henri Falcón, candidato unitario opositor a la alcaldía de Iribarren (Lara). Fue alcalde entre 2000 y 2008.
Alfredo Catalán, postulado por UNE a la alcaldía de El Hatillo (Miranda). Fue alcalde entre los años 2000 y 2008.
José Rodríguez, postulado a la alcaldía de Carrizal (Miranda) por nueve partidos. Fue alcalde entre los años 2002 y 2017.
Hugo Martínez, postulado por el PSUV a la alcaldía de Zamora (Miranda). Fue alcalde entre los años 2017 y 2021.
Fredis Rondón, inscrito por cinco partidos a la alcaldía de Pueblo Llano (Mérida). Fue alcalde entre los años 2013 y 2017.
Tirso Sosa, candidato unitario a la alcaldía de Punceres (Monagas). Fue alcalde entre los años 2000 y 2008.
Freddy Serrano, inscrito por el PSUV a la alcaldía de Villalba (Nueva Esparta). Fue alcalde entre 2013 y 2021.
Francisco Bellorín, inscrito por 15 organizaciones políticas a la alcaldía de Andrés Eloy Blanco (Sucre). Fue alcalde entre los años 2004 y 2008.
José Luis Torrealba, inscrito por el PSUV a la alcaldía de Campo Elías (Trujillo). Fue alcalde entre los años 2004 y 2021.
Giovanny Parra, inscrito por el PSUV a la alcaldía de Peña (Yaracuy). Fue alcalde entre los años 2008-2013.
Carlos Puerta, inscrito por el PSUV a la alcaldía de José Antonio Páez (Yaracuy). Fue alcalde entre los años 2004-2017.
Samuel Contreras, inscrito por el PSUV a la alcaldía de Baralt (Zulia). Fue alcalde entre los años 2017-2021.
Lucía del Carmen Mavarez, inscrita por el PSUV a la alcaldía de Semprún (Zulia). Fue alcaldesa entre los años 2008-2017.
Wilmer Ariza, inscrito por el PSUV a la alcaldía de Catatumbo (Zulia). Fue alcalde entre los años 2017-2021.
Rosiris Orozco, inscrita por nueve partidos a la alcaldía de Jesús Enrique Lossada (Zulia). Fue alcaldesa entre los años 2008-2013.
Yurani del Carmen Pino, inscrita por el PSUV a la alcaldía de Valmore Rodríguez (Zulia). Fue alcaldesa entre los años 2017-2021.
Gian Carlo Di Martino, inscrito por el PSUV a la alcaldía de Maracaibo (Zulia). Fue alcalde entre los años 2000-2008.
Yldebrando Ríos, inscrito por ocho partidos a la alcaldía de Almirante Padilla (Zulia). Fue alcalde entre los años 2008-2017.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
