Solo dos días después de las elecciones presidenciales del 28 de 2024, el martes 30 de julio, fue detenido arbitrariamente Freddy Superlano, líder del partido político Voluntad Popular. A plena luz del día en Caracas se lo llevaron cuando el opositor estaba en una camioneta junto a sus acompañantes Renzo Salinas y Rafael García, quienes también fueron detenidos.
#Urgente | Freddy Superlano, diputado y dirigente de @VoluntadPopular fue detenido en Caraca,junto a dos miembros de su equipo por funcionarios encapuchados.
Alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva ola de detenciones contra líderes políticos en Venezuela. pic.twitter.com/rmCvbNydm6
Voluntad Popular recordó este 30 de julio de 2025 que ya se cumple un año de estos hechos. No solo de la detención arbitraria de Superlano, sino de la violación cotidiana de sus derechos humanos.
“Le han negado el acceso a su familia y a sus abogados, mientras lo han sometido a aislamiento prolongado en El Helicoide, el centro de tortura más grande de la región que tanto denunció Freddy mientras estuvo en libertad. Hoy, como hemos hecho cada semana desde que está secuestrado, reiteramos que Freddy Superlano es INOCENTE y que no descansaremos hasta verlo libre, junto a su esposa Aurora, sus hijas, padres y hermanos de partido”, escribieron en la cuenta en X de la tolda naranja.
El partido político también fue enfático en su llamado a la comunidad internacional para que “no dejen de hacer todo lo posible” hasta lograr la liberación de Superlano y la de todos los presos políticos en Venezuela.
“El silencio NO es una opción. Freddy, hermano: No estás solo. Cientos de venezolanos, dentro y fuera del país, seguimos luchando por ti. Pronto estaremos juntos, sanos, LIBRES para construir la Venezuela y la Barinas llena de oportunidades que tanto anhelas”, culmina el mensaje.
Superlano, coordinador nacional de VP, fue uno de los políticos de oposición que másapoyó abiertamente la candidatura de Edmundo González Urrutia. Su presencia fue notable en varios actos de campaña de 2024 para acompañar al aspirante a la presidencia y también a la líder opositora, María Corina Machado.
Al dirigente político le imputaron los cargos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.
En una conversación con Runrun.es el pasado mes de octubre, su esposa Aurora Silva confirmó que recibieron un documento en donde aparecía una supuesta orden de captura contra su esposo, pero nunca la recibió antes de ser detenido: “Solo supimos de esas órdenes de captura por una amenaza directa que tuvo de parte de Diosdado Cabello en su programa, el primero de julio de 2024, donde él dice que por su nariz había pasado una orden de aprehensión para un líder opositor nacional con iniciales FS. Ese vídeo empezó a hacerse viral y entendimos el mensaje”.
“Le piden a Dios a diario que les devuelva a su padre”
También en un video compartido por Voluntad Popular, la esposa de Freddy Superlano narró lo que es la cotidianidad con sus hijas, toda vez que ha transcurrido un año sin que puedan ver a su padre.
“Ellas están al tanto de la situación con su papá. No es nada fácil ocultarles algo a unos niños por un año. A diario lloran, rezan, le piden a Dios que les devuelva a su papá, le dicen que papi es un hombre bueno y decente. Que por qué las cosas tienen que pasar así, y preguntan si la justicia existe o no”, narró.
Silva asegura que desconoce si su esposo ha sido maltratado o torturado, pero lo presume por los testimonios de otros presos que sí han denunciado estas acciones: “Físicamente, no puedo comprobarlo, pero Freddy está sometido a una tortura psicológica, a un aislamiento prolongado, desde el día de su detención hasta la fecha. Un año sin verlo ni hablar con él, ni su abogado privado lo ha podido ver, le han negado la defensa privada”.
Añadió que aunque en ocasiones le invaden la “frustración y la tristeza” sigue firme para honrar la lucha de su esposo.
“Mis suegros lo extrañan, su familia, su gente de Barinas, sus equipos de trabajo (…) yo estoy sumamente orgullosa de él y sé que está fortalecido con Dios donde está y que sus convicciones siguen firmes. No descansaremos hasta lograr la libertad de Freddy, él es un hombre bueno y correcto”, agregó.
🗣️💔“Ellas a diario lloran, rezan, y le piden a Dios que les devuelva a su papá”.
Así describe Aurora, esposa de Freddy Superlano, el dolor familiar a un año de que la dictadura de Nicolás Maduro lo secuestrara.
En mayo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en beneficio de Aurora Silva de Superlano y de sus dos hijas.
Mediante la Resolución 38/2025, la CIDH consideraron oportuno otorgar dichas medidas debido a que la esposa y las niñas “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Ya la CIDH había emitido medidas cautelares en favor del dirigente de Voluntad Popular en agosto de 2024, a un mes de su detención.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Por Perla Trevizo, ProPublica y The Texas Tribune; Melissa Sánchez y Mica Rosenberg, ProPublica; Ronna Rísquez, Alianza Rebelde Investiga; y Adrián González, Cazadores de Fake News. Fotografía y reporteo adicional por Adriana Loureiro Fernández para ProPublica y The Texas Tribune.
Ahora que está libre, Leonardo José Colmenares Solórzano, un venezolano de 31 años, quiere que el mundo sepa que fue torturado durante cuatro meses en una cárcel salvadoreña. Dijo que los guardias le pisaron las manos, le echaron agua sucia en los oídos y lo amenazaron con golpearlo si no se arrodillaba junto a otros reclusos y les lamía la espalda.
Ahora que está libre, Juan José Ramos Ramos, 39 años, insiste en que él no es quien dice el presidente Donald Trump que es. No es miembro de ninguna pandilla ni un terrorista internacional, solo es un hombre con tatuajes, a quien los agentes de inmigración vieron montando en un auto con una calcomanía de Venezuela en la parte trasera.
Ahora que está libre, Andry Omar Blanco Bonilla, 40 años, dijo que cada uno de los días de su tiempo en prisión se preguntó si alguna vez volvería a abrazar a su madre. Se siente aliviado de estar de vuelta en Venezuela, pero le cuesta trabajo entender por qué él y los otros hombres tuvieron que pasar por ese suplicio desde un principio.
“Fuimos un grupo de personas que considero que tuvimos la mala suerte de caer en esa lista negra”, dijo.
Estos son los testimonios de algunos de los más de 230 venezolanos que la administración Trump deportó el 15 de marzo a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, llamada CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Durante su encarcelamiento, el gobierno estadounidense utilizó declaraciones generales y exageraciones que ocultaban la verdad acerca de quiénes eran estos hombres y por qué fueron señalados. El presidente elogió su deportación como un logro emblemático de sus primeros 100 días en el cargo, y la presumió como una demostración de hasta dónde está dispuesto a llegar su gobierno para llevar a cabo su campaña de deportaciones masivas. Aseguró al público que con eso estaba cumpliendo con su promesa de liberar al país de los inmigrantes que habían cometido delitos violentos, y que los hombres enviados a El Salvador eran “monstruos”, “salvajes” y “lo peor de lo peor”.
Pocos casos han recibido tanta atención como el caso de los venezolanos enviados al CECOT. Fueron deportados a pesar de las órdenes de un juez federal, obligados a bajar de aviones estadounidenses y arrodillarse ante las cámaras mientras les rapaban la cabeza. La administración se negó a responder a las solicitudes para confirmar sus nombres o proporcionar información sobre las acusaciones en su contra. Mientras tanto, los deportados estuvieron retenidos sin acceso a abogados y sin posibilidad de comunicarse con sus familias. Luego, hace 12 días, fueron devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros.
Ahora que están en casa, han empezado a hablar. Entrevistamos a nueve de ellos para esta historia. Están desconcertados, asustados y enojados. Algunos dijeron que sus sentimientos sobre lo ocurrido aún estaban tan frescos que les costaba encontrar palabras para describirlos. Todos afirmaron haber sufrido abuso físico y mental durante su encarcelamiento. Sus familiares dicen que también pasaron por un infierno, se preguntaban si sus seres queridos estarían vivos o muertos, o si algún día volverían a verlos. Todos dijeron sentir alivio de estar libres. Algunos aseguran que su liberación es una prueba de que, en primer lugar, Estados Unidos no tenía motivos para enviarlos a prisión.
Blanco, por ejemplo, no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, según datos del propio gobierno. Su única infracción era haber ingresado al país de manera irregular. Había venido porque no ganaba el dinero suficiente para ayudar a sus padres y mantener a sus siete hijos, de entre 2 y 19 años, tras la quiebra del negocio familiar, en el que vendían al por mayor productos lácteos y embutidos. Llegó en diciembre de 2023 y se entregó a las autoridades migratorias en Eagle Pass, Texas, para solicitar asilo. Luego fue liberado para continuar con su proceso migratorio.
Después, Blanco se mudó a Dallas, en el mismo estado de Texas, y encontró trabajo como repartidor de comida. En febrero de 2024, acompañó a su prima a una cita de rutina con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Mientras estaba allí, decidió notificar a la agencia que había cambiado su domicilio. Al salir del edificio, un agente de inmigración lo detuvo y le preguntó por sus tatuajes. Tiene varios, incluyendo una rosa azul, un padre abrazando a su hijo detrás de los rieles de un tren y un reloj que marca la hora en que nació su madre.
Dijo que sus tatuajes representan el afecto por su familia, no una afiliación a una pandilla. Los registros muestran que los funcionarios no le creyeron y lo detuvieron. Mientras estaba bajo custodia, un juez ordenó su deportación. Sin embargo, debido a diferencias diplomáticas con Washington, en ese momento el gobierno venezolano se negó a aceptar a la mayoría de los deportados de Estados Unidos. Los funcionarios de inmigración liberaron a Blanco hasta que pudieran enviarlo a casa.
Durante los siguientes siete meses, Blanco siguió viviendo en Dallas y en ocasiones también trabajaba como mecánico. Poco después de la toma de posesión de Trump, agentes de ICE le pidieron que asistiera a otra cita y lo detuvieron. Un mes después, aunque Venezuela ya había acordado aceptar a algunos deportados, Blanco estaría en uno de los tres aviones con destino a El Salvador.
“Desde el momento en que yo tengo conocimiento que estoy en El Salvador y que voy a quedar detenido, fueron momentos de angustia”, dijo Blanco. “Fue algo impactante para mí. Fuerte, fuerte, fuerte”.
Andry Omar Blanco Bonilla y su madre, Carmen Bonilla, en su casa en Valencia, Venezuela.
Para deportar a los venezolanos, Trump invocó una ley poco conocida del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros. Declaró que todos formaban parte de una pandilla criminal venezolana llamada Tren de Aragua que estaba invadiendo Estados Unidos. En cuestión de días, CBS News publicó una lista con los nombres de estos hombresy surgieron informes anecdóticos que indicaban que no todos eran criminales, y mucho menos “salvajes”. A principios de abril, varios medios de comunicación informaron que la mayoría de los deportados no parecía tener antecedentes penales.
Los funcionarios de la administración desestimaron los informes; dijeron que muchos de los deportados eran conocidos violadores de los derechos humanos, pandilleros y criminales. El hecho de que no hubieran cometido delitos en Estados Unidos, señalaron, no significaba que no fueran una amenaza para la seguridad pública.
Cuando se le pidió un comentario para este artículo, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, calificó a ProPublica de publicación amarillista liberal, “empeñada en defender a inmigrantes ilegales, criminales y violentos que nunca pertenecieron a Estados Unidos”. Añadió: “Estados Unidos está más seguro sin ellos”.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional respaldó la declaración de la Casa Blanca. “Una vez más, los medios de comunicación se desviven por defender a los pandilleros ilegales”, declaró la portavoz en un comunicado. “Escuchamos demasiadas historias falsas y tristes sobre pandilleros y delincuentes, y no lo suficiente sobre sus víctimas”.
El hecho de que los encuentros fronterizos se hayan desplomado a mínimos históricos tras alcanzar máximos históricos durante la presidencia de Biden, sugiere que las medidas tomadas por la actual administración están surtiendo el efecto que Trump pretendía. Después de lo que vivió, Colmenares dijo que ya no cree que emigrar a Estados Unidos sea seguro.
Había sido entrenador de fútbol juvenil en Venezuela antes de partir hacia Estados Unidos. Siguió las normas y consiguió una cita por medio de la aplicación CBP One para acercarse a la frontera entre Estados Unidos y México en octubre pasado, al igual que más de 50 de los hombres deportados. En la cita, Colmenares dijo que un agente lo apartó para tomarles fotos a sus numerosos tatuajes y luego lo detuvo. Nunca puso un pie en Estados Unidos como un hombre libre.
“El país que tiene la Estatua de la Libertad nos privó la libertad a nosotros sin ningún tipo de prueba”, dijo en una entrevista dos días después de haber regresado con su familia. “¿Quién va a ir a la frontera si sabe que lo van a agarrar y meter a una cárcel donde lo van a matar?”.
Los hombres que entrevistamos dijeron que el terror que sintieron en El Salvador comenzó casi inmediatamente después de su llegada.
La policía salvadoreña subió a los aviones y comenzó a obligar a los hombres esposados a bajar a empujones, tirándolos al suelo y golpeándolos con sus garrotes. Cinco de ellos dicen que vieron llorar a las azafatas al ver esto.
“Esto les enseñará a no entrar ilegalmente a nuestro país”, les dijo en español un oficial de ICE, según Colmenares. Quiso explicarle al agente que, en su caso, eso no era verdad, pero se dio cuenta de que no tenía sentido. Bajó del avión y lo subieron a un autobús, rumbo a la prisión.
Una vez dentro de la cárcel, los guardias los desnudaron y los dejaron en bóxers blancos y chancletas. Golpearon a quienes intentaron negarse a ser rapado de la cabeza. Blanco dijo que escuchó los gritos de los otros presos y no se atrevió a resistirse. Humillado y enfurecido, hizo lo que le ordenaron: cabeza abajo, cuerpo inerte.
Los volvieron a subir a los autobuses y los llevaron a otra parte del complejo. Blanco contó que los grilletes estaban tan apretados que no podía caminar tan rápido como los guardias querían, así que lo golpearon hasta que se desmayó y lo arrastraron el resto del camino. Dentro, lo dejaron caer tan fuerte que su cabeza golpeó el suelo. Al abrir los ojos y ver a los guardias, las luces brillantes y el piso de concreto pulido, “le decía a Dios: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué?”.
Blanco fue detenido durante una cita de inmigración y enviado al CECOT, donde dice que los guardias lo humillaron y lo golpearon.
Los hombres afirmaron que las palizas que les daban los guardias eran aleatorias, severas y constantes. Los atacaban con puños y porras de madera. Los pateaban con botas de seguridad y les disparaban perdigones a quemarropa. Un hombre con el que hablamos dijo que cree que sufrirá una lesión permanente tras una fuerte patada que le dieron en la ingle.
Colmenares recordó haber visto a un hombre defecarse encima después de una paliza particularmente severa. Los guardias se rieron de él y lo dejaron allí un día, diciendo que los venezolanos no eran hombres de verdad, narró Colmenares.
Igual de cruel, dijeron los entrevistados, era el maltrato psicológico. Perdían la noción de los días porque nunca les permitían salir a ver la luz del sol. Blanco contó que cada vez que le preguntaba la hora a un guardia, se burlaban de él: “¿Por qué quieres saber qué hora es? ¿Tienes que ir a algún sitio? ¿Te espera alguien?”.
Una y otra vez, dijeron, los guardias los llamaban “criminales”, “terroristas” e “hijos de puta” que merecían estar encerrados. También contaron que los custodios les decían con tanta frecuencia que no eran nadie, y que no les importaban a nadie, ni siquiera a sus familias, que incluso algunos empezaron a creérselo.
Los entrevistados afirmaron que hicieron huelgas de hambre al menos dos veces. Dejaron de comer frijoles, arroz y tortillas, que era lo que les daban casi todos los días, para exigir el fin de los abusos y una explicación de por qué estaban presos. “No nos dijeron nada de cómo iba el proceso, qué nos iba a pasar, cuándo íbamos a ver a un juez, cuándo íbamos a ver a un abogado”, explicó Ramos.
Varios de los entrevistados contaron que consideraron suicidarse. “Yo prefiero morirme o suicidarme a seguir viviendo esta experiencia”, dijo Ramos, “a que todos los días te levanten a las 4:00 a.m. para decirte groserías, para golpearte … seguir escuchando cómo golpean a tus hermanos”.
Cuatro entrevistados contaron que un hombre empezó a cortarse a sí mismo y a escribir mensajes con su sangre en las paredes y en las sábanas: “No nos sigan golpeando”. “Somos padres de familia”. “Somos hermanos”. “Somos personas inocentes”.
Algunos se hicieron amigos entre sí. Hacían barajas con cajas de jugo, remojaban las tortillas en agua y formaban los dados con la masa. Conversaban sobre sus familias y se preguntaban si alguien sabía dónde estaban. Rezaban.
Unos tres meses y medio después de su detención, los hombres dijeron que notaron un cambio en los guardias y en las condiciones del centro. Los golpeaban con menos frecuencia y con menos severidad. Les dieron ibuprofeno, antibióticos y cepillos de dientes. Les dijeron que se afeitaran y que se ducharan. Y un psicólogo vino a evaluarlos.
Luego, poco después de la medianoche del 18 de julio, los guardias comenzaron a golpear los barrotes de las celdas con sus garrotes. “¡Todo el mundo a bañarse!”, les gritaron a los detenidos.
Esta vez, cuando Blanco preguntó la hora, un guardia se la dio. Era la 1:40 a.m.
Se permitió la entrada a fotógrafos y reporteros. Blanco se preguntó si estaba a punto de formar parte de una maniobra publicitaria. Se dijo a sí mismo que no les daría lo que querían. Nada de sonrisas para las cámaras.
Entonces, entró un ministro salvadoreño: “Se van”.
Ramos y su madre, Lina Ramos, en su hogar
En una breve entrevista telefónica, Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, negó los malos tratos a los detenidos y citó videos de los hombres, en los que salían ilesos de la prisión, como prueba de su buen estado. Se negó a comentar sobre el papel —si lo hubo— que tuvo Estados Unidos en lo ocurrido a estos hombres durante su estancia en El Salvador. Sin embargo, según los registros judiciales, el gobierno salvadoreño informó previamente a las Naciones Unidas que, si bien tenía a estos venezolanos retenidos físicamente, seguían bajo jurisdicción estadounidense.
El gobierno de Trump prometió millones de dólares a El Salvador para retener a los deportados en el CECOT.
Natalia Molano, una portavoz del Departamento de Estado, afirmó que Estados Unidos no es responsable de las condiciones de detención de estos hombres en El Salvador. Si hay quejas ahora que han regresado a Venezuela, “Estados Unidos no está involucrado en esa discusión”, añadió.
Durante los meses que pasó en el CECOT, Ramos dijo que encontró consuelo en la Biblia, el único libro disponible. Contó que se sintió particularmente atraído por el Libro de Job, un hombre rico a quien Dios puso a prueba al quitarle todas sus posesiones. A pesar de sus pérdidas, Ramos afirmó que Job “nunca renegó de Dios”. Agregó que Job “tenía mucha fe”.
Así era como Ramos, extécnico telefónico, veía su tiempo en El Salvador: una prueba divina que había superado con fe. Los siete largos meses que le había llevado migrar de Venezuela a Estados Unidos, que implicaron caminar a través de la peligrosa selva del Darién, parecían fáciles en comparación con su estancia en la prisión.
En cuanto su familia y sus vecinos supieron que regresaba a su casa en Guatire, a las afueras de Caracas, juntaron 20 dólares para ayudar a su madre, Lina Ramos, a decorar la casa y a preparar una comida con pollo, arroz y plátanos.
Saber que su madre había marchado y luchado por su liberación, que nadie se había olvidado de él ni de los otros hombres que habían estado detenidos con él, dijo, “fue el mejor recibimiento que pudimos tener”.
Pero las secuelas de lo que pasó aún persisten. Ahora, según dijo, cuando intenta leer la Biblia nota que le falla la vista en el ojo izquierdo. Cree que fue causado por una paliza en particular, una de muchas, en la que los guardias lo golpearon repetidamente a la altura de las orejas y en la cabeza después de que intentara bañarse fuera del horario establecido. Dijo que actualmente no tiene dinero para ver a un médico. Llegó a su casa solo con la ropa que llevaba puesta.
Ramos está seguro de que encontrará una solución. Tiene fe.
Colaboraron en esta historia: Diseño y desarrollo de Zisiga Mukulu; Edición de foto de Cengiz Yar; y Traducción de Wendy Selene Pérez.
Testimonios impactantes: Los venezolanos deportados por la administración Trump y recluidos en una prisión de El Salvador afirman haber sufrido maltrato y abusos físicos durante su encarcelamiento.
Luchando con la libertad: En sus primeros días en libertad, algunos de los hombres venezolanos siguen tratando de entender por qué fueron seleccionados para la deportación y viendo cómo salir adelante.
Afirmaciones generales, exageraciones: Trump y funcionarios de su administración han hecho numerosas afirmaciones sobre los hombres deportados a El Salvador, muchas de las cuales no han resistido el escrutinio.
El Mañanero de Runrun.es del lunes 30 de julio resume los titulares de las noticias más relevantes de las últimas jornadas: a un año de las presidenciales del 28 de julio y de la represión que se desató el día después y que aún persiste, los relatos del temor, la resiliencia y la resistencia describen a un país con una emoción contenida, pero latente.
“Estamos en organización clandestina dentro del país, nos prepararemos para la acción cívica el día que se requiera. Los militares saben lo que tienen que hacer, no deserten, cuídense, formen equipos de confianza extrema y prepárense para defender lo que el pueblo ordenó. La mayoría de los funcionarios policiales están comprometidos con la conquista de la democracia, sigan preparándose para actuar”, aseguró María Corina Machado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La noche de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, miles de votantes permanecieron a las puertas de sus centros y grabaron en video la lectura de cada acta, en la mayoría de los casos favorables a Edmundo González Urrutia. Durante unas horas, esos videos —un ejercicio distribuido de vigilancia colectiva que incomodó al poder— con cientos de escenas casi idénticas, firmadas con la voz de funcionarios que leyeron los resultados, marcaron el punto más alto de una movilización electoral ciudadana que venía creciendo semanas antes de la cita electoral.
Esa efervescencia tuvo un alto costo. Tras la proclamación de Nicolás Maduro, estallaron protestas con víctimas mortales, detenciones arbitrarias y una campaña de acoso estatal en línea. En pocos días se instaló un silencio cauteloso que, un año después, todavía condiciona la conversación pública.
Para entender cómo aquella euforia digital —que permitió documentar, compartir y fiscalizar el proceso electoral— se transformó en un clima de persecución y miedo, conviene reunir las voces que acompañaron cada etapa: ciudadanos que subieron actas, especialistas que rastrearon los datos y defensores de derechos humanos que denunciaron los abusos.
Sus relatos trazan la conquista de ese espacio de participación, muestran hasta dónde se perdió y apuntan los caminos que aún quedan para reactivarlo.
El auge de la conversación y la organización ciudadana
“La gente no solo fue capaz de compartir información de calidad, sino también de rechazar la mentira, la propaganda, la manipulación”, afirma el periodista Luis Carlos Díaz. Desde su mirada, el entusiasmo que marcó el período preelectoral fue un fruto de la resiliencia comunicacional acumulada durante más de una década de activismo digital en Venezuela.
Ese entusiasmo preelectoral también se reflejó en la conversación en redes sociales y pudo documentarse mediante análisis de datos.
La organización Cazadores de Fake News analizó gráficamente la conversación electoral que hubo en X del 4 al 12 de julio. El análisis constató que los mensajes de los simpatizantes del candidato opositor Edmundo González Urrutia superaron, de manera orgánica, a la conversación favorable al oficialismo, a pesar de que esta última estaba siendo impulsada, en gran parte, por militantes del PSUV, medios afines al oficialismo, empleados públicos e incluso redes militares.
#LaHoraDeVenezuela | Así se ve la conversación en X sobre los candidatos presidenciales 2024
Descargamos más de 2.1 Millones de tweets con menciones a los nombres de usuarios de 11 candidatos presidenciales y usamos Gephi para mapear la conversación electoral en X del 4 al 16 de… pic.twitter.com/oAgOsiiGCV
— Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) July 17, 2024
Rafael Uzcátegui, director del centro de pensamiento Laboratorio de Paz explicó que, en un ejercicio por mantenerse informados durante el proceso electoral, los venezolanos construyeron redes para compartir contenidos en espacios de confianza. Fue precisamente la existencia de estas redes lo que permitió que documentaran los resultados electorales desde los propios centros de votación. “La gente tuvo su propia verdad antes de que se divulgara la supuesta verdad oficial”, explica.
La diáspora también fue clave. Venezolanos en todo el mundo esperaban el cierre de mesas para revisar actas, compartirlas y compararlas. Este compromiso fue aún más significativo si se considera que, a pesar de que más de 7 millones de venezolanos forman parte de la diáspora, solo 69.211 personas fueron habilitadas para sufragar en el exterior.
La exclusión del voto migrante consolidó la necesidad de que quienes estaban fuera del país se implicaran en la verificación ciudadana y el relato colectivo del proceso.
La plataforma resultadosconvzla.com, puesta en marcha el 30 de julio como un repositorio centralizado por la oposición de las actas originales que los mismos ciudadanos estuvieron escaneando por varios días, terminó de cohesionar ese proceso. Cada nueva carga de actas generaba hilos colaborativos en los que ciudadanos las contrastaban con los resultados escuchados en vivo en sus propias comunidades, mientras analistas y estadísticos cotejaban los totales.
“Esto nació desde lo más profundo del sentimiento ciudadano de justicia”, recuerda Giusseppe Gangi, activista digital y creador del portal macedoniadelnorte.com. Sin esa colaboración, dice, no habría sido posible construir el archivo ciudadano más amplio de una elección en Venezuela.
🗳️🇻🇪 Resultados por partidos políticos a nivel nacional tras revisar la totalidad de las 25.073 actas.
Ante la aparición en línea del archivo con miles de actas escaneadas, la primera reacción del gobierno fue deslegitimarlas. Voceros oficiales alegaron que presentaban “firmas planas” o “metadatos corruptos” y otras desinformaciones que fueron desmontadas sucesivamente por iniciativas de verificación de hechos, medios de comunicación y activistas digitales como el mismo Gangi.
“Buscar desacreditar las actas por metadatos o firmas demuestra lo poco que tenían a su favor”, dijo Gangi, recordando que éstas eran legítimas, pues provenían del papel que las máquinas del CNE imprimieron en los centros de votación y fueron escaneadas, de forma colaborativa y en red, por los propios venezolanos organizados.
La campaña de miedo para callar la protesta
La misma noche del 28 de julio comenzó a apagarse el entusiasmo de la fase preelectoral y fue convirtiéndose en miedo.
Tras el anuncio oficial que ratificó a Nicolás Maduro, miles de personas se movilizaron para denunciar las inconsistencias entre los resultados divulgados por el CNE y los conteos de cierre verificados por observadores en cada centro de votación. Las manifestaciones se multiplicaron y, en varios puntos, testigos reportaron la presencia de grupos armados progubernamentales cuya actuación dejó heridos y víctimas mortales.
Los días siguientes al proceso electoral, la respuesta estatal derivó en el despliegue de la llamada “Operación Tun Tun”: una campaña de detenciones masivas acompañada de vigilancia y delación. Debido a esta campaña, más de dos mil personas fueron arrestadas en todo el país, en muchos casos de forma arbitraria y sin pruebas claras. Así comenzó una estrategia de intimidación destinada a sofocar tanto la protesta en las calles como la conversación en línea.
“Después del 28 de julio se siente un silencio dentro de Venezuela, pero no es por apatía, sino por miedo”, aseguró la politóloga Ana Milagros Parra. Según ella, el castigo por opinar a través de contenidos digitales —como los videos que publica regularmente en sus redes sociales— ya no se limita al escrutinio digital: también puede significar cárcel o tortura.
Muchos venezolanos sufrieron la consecuencia de esta campaña, detenidos e imputados por presuntos delitos de incitación al odio o terrorismo por tan solo publicar estados de WhatsApp, tuits críticos o estampar una franela con una imagen incómoda para el poder.
Aunque piensa que expresarse sigue siendo posible, Parra cree que el riesgo es alto: “Expresarse a salvo en Venezuela implicaría que no hubiera un aparato represivo que persiguiera a los disidentes”, aseguró.
Terrorismo de Estado.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH denuncia escalada de la represión en #Venezuela tras elecciones del 28J y advierten sobre el uso de la VenApp para la persecución:
Rafael Uzcátegui considera que la campaña —en la que circularon videos intimidatorios, amenazas públicas y criminalización para inhibir la expresión ciudadana— representa una forma de terrorismo de Estado. “No se puede normalizar lo que está mal. La gente debe seguir dándole nombre y señalando los abusos”, sostiene.
Uno de estos abusos quedó claro tras la publicación de una investigación digital que demostró la vinculación de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con la administración de grupos de Telegram dedicados a la delación digital. En uno de estos canales se alentaba a los usuarios —la mayoría funcionarios policiales— a denunciar a manifestantes, en muchos casos sin aportar ninguna prueba adicional a fotografías y ubicación.
En el canal circuló, por ejemplo, un cartel de “se busca” con la fotografía de un periodista venezolano, actualmente en el exilio. El mensaje ofrecía una recompensa por información sobre su paradero y le atribuía, sin evidencia, haber “pagado a menores de edad” y “vender droga a los motorizados” que protestaban en las calles.
Valentín Ruíz, periodista de Monitor Civil y parte del equipo que investigó el caso, advierte que con este tipo de métodos “se dinamita la acción colectiva para instalar un régimen del terror mediante el uso de la misma sociedad”, una estrategia que calificó como “maquiavélica”.
En CC200, la aplicación de organización electoral del PSUV, se compartió el enlace a un grupo en Telegram donde la DAET estaba centralizando las delaciones enviadas por ciudadanos en todo el país.
La “guerra cognitiva” como justificación del control informativo
Entre el inicio de la campaña electoral, el 4 de julio de 2024 y la toma de posesión de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, se documentaron al menos 79 bloqueos a sitios web y servidores DNS, incluyendo medios de comunicación, ONG y verificadores de datos. A estos se suman otros cinco sitios bloqueados previamente en 2024, según datos de la organización VE sin Filtro.
A la fecha, más de 60 medios de comunicación independientes permanecen bloqueados por varios proveedores de internet, y persisten las restricciones de acceso a X (Twitter) y la aplicación de mensajería instantánea Signal. Este cerco digital permanente es una pieza fundamental de una política estatal que busca moldear la conversación pública incluso más allá del período electoral.
Andrés Azpúrua, director de Conexión Segura y Libre, asegura que el bloqueo de prácticamente todo el ecosistema de medios independientes del país no solo afecta a voces opositoras, sino a todos los venezolanos, independientemente de su afinidad política.
“Aunque no estés de acuerdo con lo que dicen, necesitas distintas perspectivas para estar realmente informado”, subrayóAzpúrua.
Una de las vías utilizadas para justificar este cerco ha sido la narrativa de una “guerra cognitiva”, según la cual potencias extranjeras y medios de comunicación intervienen para desestabilizar al gobierno de Maduro. Ese argumento, repetido por varios voceros del oficialismo, ha servido como un escudo contra el trabajo de periodistas, observadores y verificadores que documentaron las irregularidades del proceso electoral en tiempo real.
Ewald Scharfenberg, periodista y cofundador del medio de periodismo de investigación Armando.info, también bloqueado en Venezuela, interpreta el concepto de la “guerra cognitiva” como un argumento cínico y manipulador. “Busca aplanar el terreno estableciendo la idea de que todos mienten por igual, y que, por lo tanto, nadie merece credibilidad”, afirmó.
Adicionalmente, la etiqueta de “guerra cognitiva” sirve no solo para justificar la censura, sino también como arma retórica para desacreditar a quienes refutan la versión oficial, incluso frente a pruebas exhaustivas como las actas electorales digitalizadas y publicadas por la oposición.
“Para un sistema que se funda sobre la mentira, como lo es el régimen venezolano, la verdad siempre resulta subversiva”, sostuvo Scharfenberg.
La importancia de documentar
Las consecuencias del control informativo impuesto se evidencian en historias concretas que exponen la importancia del trabajo de documentación y divulgación de incidentes por parte de periodistas y defensores de derechos humanos, pues la desinformación estatal puede borrar víctimas y diluir responsabilidades.
El caso del asesinato durante las protestas postelectorales del joven Aníbal José Romero Salazar, conocido por sus amigos como “Pimpina”, es muestra de ello.
En una rueda de prensa ante medios internacionales, Nicolás Maduro presentó el caso como una “fake news”, mostrando el video de otro joven que hablaba y confesaba haber fingido su muerte. Posteriormente, Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de la ONG Provea, publicó en X el nombre completo de Romero Salazar, de 27 años, reiterando que sí había sido asesinado pese a la negación oficial, y señaló que había testigos que aseguraban que funcionarios de la División de Asuntos Estratégicos (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon cuando él cayó.
El joven se llamaba Aníbal José Romero Salazar de 27 años.
Testigos afirman que dispararon funcionarios del DAET de la PNB
Por más de media hora impidieron fuera trasladado al hospital Pérez Carreño.
Hasta la fecha, la muerte de Romero Salazar y la de muchas otras personas asesinadas durante las protestas se mantienen bajo negacionismo gubernamental. Incluso, voceros del gobierno se han referido a todos los asesinados como militantes del oficialismo, ocultando que la mayoría eran personas que protestaban contra los resultados divulgados por el CNE, que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
“Pareciera que hay una firme política desde el Ministerio Público de generar impunidad frente a los asesinatos que ocurrieron en el marco de la represión a las protestas después del 28 de julio de 2024”, expresó Alvarado.
“Pimpina” sí fue asesinado: negacionismo de su muerte es desinformación gubernamental
Aníbal José Romero Salazar, conocido como “Pimpina”, fue asesinado en Antímano, Caracas. Un joven distinto fue presentado ante medios internacionales en rueda de prensa por Nicolás Maduro… https://t.co/IqXFpyF4uMpic.twitter.com/OIKNuaFFio
Frente a esta estrategia de negación y encubrimiento, los informes y registros de organizaciones de derechos humanos se han vuelto herramientas cruciales para reconstruir los hechos y preservar el recuerdo colectivo sobre lo sucedido. Rafael Uzcátegui destaca que “estos informes no solo sirven para la denuncia inmediata, también son un ejercicio de memoria”.
Sin embargo, la represión ha forzado a muchos venezolanos al silencio. Alvarado alerta que “hay personas encarceladas que exigen a sus familias que no sigan denunciando sus casos”, producto del miedo sembrado tras liberaciones condicionadas o amenazas directas.
A pesar de ello, el esfuerzo por documentar y visibilizar persiste como la única vía para evitar que las violaciones queden en el olvido y, en gran medida, es posible gracias a la denuncia ciudadana que, incluso con miedo y ciertas cautelas, continúa alzando la voz tanto en espacios públicos como en las redes sociales.
Cómo reconstruir la conversación
Un año después del 28J, los desafíos se acumulan.
Luis Carlos Díaz identifica tres ejes a reconquistar: mantener la producción de contenido pese a la falta de financiamiento a medios y organizaciones en Venezuela, vencer el miedo a expresarse y reconstruir referentes confiables en redes sociales. “Siento que en Venezuela hemos perdido el ecosistema que había de articulistas de opinión”, señaló como un ejemplo. “Ahora necesitamos generar comunidades de referencia”.
También insiste en no subestimar acciones como compartir un reportaje o verificar una denuncia.
“Eso combate la desinformación y fortalece espacios donde la democracia todavía puede respirar”, dijo.
La lección que deja el primer aniversario del 28J es clara: solo una ciudadanía activa, crítica e informada puede enfrentar la propaganda, la manipulación de redes sociales y los vacíos de información. El reto es devolver el cauce al debate en línea para que la posverdad no se apodere de la memoria colectiva.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Un nuevo informe de Crisis Group para América y el Caribe devela cómo la minería ilegal y la búsqueda desenfrenada del oro se convirtió en un engranaje de violencia, corrupción, crisis humanitaria y destrucción de frágiles ecosistemas en el sur de Venezuela.
De acuerdo con el documento, aunque las autoridades de gubernamentales han allanado minas de oro ilegales en el sur de Venezuela, “explotan las minas para su propio enriquecimiento o permiten que grupos armados lo hagan a cambio de una parte de las ganancias”.
Advierte el reporte de Crisis Group que la minería ilegal descontrolada es impulsada por el aumento del precio del oro, lo que fortalece a las “bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a élites corruptas”.
A continuación, en forma de claves, los hallazgos más importantes de este informe de Crisis Group.
Arco Minero: oro y poder criminal
Desde que se formó el Arco Minero (2016), el gobierno venezolano delegó el control de minas de oro en Bolívar y Amazonas a empresas estatales y grupos ilegales, incluyendo guerrillas colombianas como el ELN y disidentes de las FARC, que se han convertido en actores centrales en esta economía ilícita, de acuerdo con lo que se denuncia en este informe.
“A pesar del manto de legalidad que el Arco Minero le da a la industria minera, la producción formal de oro en Venezuela aún tiende a depender de la compra de oro a minas no reguladas, la mayoría de las cuales están controladas por grupos armados no estatales, y a través de empresas propiedad de individuos investigados por corrupción. La transparencia en los contratos y los datos de producción sorprende por su ausencia”, se describe.
Se afirma que la minería ilegal en Bolívar y Amazonas ha convertido al oro en una fuente de poder para grupos armados, guerrillas y redes criminales que controlan con violencia los territorios rurales. En medio del “colapso económico” y la crisis política de Venezuela, el alza global del precio del oro ha hecho más codiciados los yacimientos, mientras miles de mineros artesanales trabajan bajo dominio de estos actores.
Alertan, por otra parte, que aunque el gobierno asegura combatir la minería ilegal, “pactos informales entre militares y guerrillas colombianas” han permitido su expansión, y organizaciones criminales venezolanas siguen adentrándose en la selva en busca de oro.
Grupos irregulares en alianza con el Estado
El informe abunda en cómo los grupos criminales o guerrilleros funcionan en alianza tácita con fuerzas del Estado, imponiendo control territorial, violencia y secuestro en zonas mineras. Esta colusión ha transformado pueblos remotos en “autoridades criminales” y zonas de amenazas constantes hacia las comunidades indígenas.
“Una forma en que esta alianza beneficia a los grupos armados colombianos es que las guerrillas parecen recibir un aviso previo de las ofensivas estatales, lo que les da tiempo para reubicarse y de esa manera evitar enfrentamientos con los militares. Cuando las fuerzas venezolanas se preparan para adentrarse en las densas selvas que rodean las minas de oro, según informaron fuentes a Crisis Group, los grupos guerrilleros colombianos a menudo alertan a los mineros que trabajan con ellos sobre las inminentes incursiones”, denuncia el informe.
Crisis Group menciona que, en algunos casos, los militares entregan entregado las minas confiscadas a nuevos grupos y precisa que en el estado Amazonas, a alias Jhon 40, comandante de la facción disidente de las FARC Acacio Medina, “se le permitió explotar una mina y empezó a vender oro a un precio fijo por debajo del precio del mercado a las fuerzas estatales”.
A juicio del grupo internacional, el Estado venezolano “ha demostrado su incapacidad o falta de voluntad para frenar las acciones de los grupos armados y criminales que explotan las riquezas minerales de Venezuela, coaccionan y aterrorizan a la población local, destruyen el tejido social de las comunidades indígenas y generan un daño ambiental probablemente irreparable”.
Impacto humanitario
Niños menores de diez años trabajando en las minas, casos de esclavitud moderna y distintas formas de explotación laboral (servidumbre doméstica involuntaria), trata laboral, trabajo forzoso infantil, esclavitud sexual y explotación sexual comercial de niños fueron reportadas a Crisis Group por ONG venezolanas.
La organización reporta igualmente el reclutamiento “desenfrenado” de jóvenes por parte de la guerrilla, incluidos adolescentes indígenas de entre trece y quince años, para que trabajen en las minas, cobren extorsiones, ejecutan a mineros que incumplen órdenes de los cabecillas y trafiquen drogas través de las fronteras.
Destrucción ambiental
Las poblaciones indígenas y rurales enfrentan desplazamientos, contaminación del agua, expansión de la malaria y la destrucción del ecosistema en zonas protegidas como el Arco Minero y parques nacionales
Se denuncia que las actividades mineras ya se han adentrado en más de la mitad de las áreas protegidas bajo el régimen de administración especial en la Amazonía venezolana. El reporte indica también que casi 30 ríos del sur del país están afectados por la minería ilegal, un aumento de 106% en seis años.
“Acabaron con el nacimiento del Río Orinoco; ahora los garimpeiros [mineros itinerantes de Brasil] están allí”, señaló un observador a Crisis Group al reportar que la minería a cielo abierto ha llegado incluso a la montaña en la que nace el río Orinoco.
Esta investigación también recoge las últimas cifras disponibles sobre el impacto en la Amazonía venezolana por la minería ilegal: “Más de 22 000 hectáreas fueron arrasadas dentro de los Parques Nacionales Caura, Canaima y Yapacana entre 2017 y 2020, según las últimas cifras disponibles, en gran parte para dar paso a la minería ilegal de oro”.
Acciones urgentes y necesarias
Para Crisis Group es “crucial” poner fin a la violencia y a los abusos contra los derechos humanos relacionados con la minería ilegal en Bolívar y Amazonas, así como limitar la destrucción ambiental que causa.
Aunque reconocen que existen “pocas soluciones significativas” si no hay un cambio en la manera en la que el gobierno actúa en el sur del país, sí consideran necesario que los países del hemisferio, sobre todo los vecinos que comparten territorio en la Amazonía, “así como otros gobiernos extranjeros y actores clave en los mercados del oro” presionen a la administración de Nicolás Maduro “para que ponga fin a estas prácticas depredadoras y permita que las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria asistan a las comunidades en riesgo en Bolívar y Amazonas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Este 29 de julio se cumple un año del estallido de las protestas poselectorales en Venezuela, cuando miles de ciudadanos —principalmente de comunidades populares— salieron a las calles para rechazar el resultado electoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.
La ONG Provea recordó que aquel día “los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular”. Las manifestaciones se extendieron por Caracas y otras regiones del país, en una jornada marcada por una violenta respuesta estatal.
Según datos de la organización, “el número de asesinados, en apenas cuatro días de protestas, se elevó a 25 personas”, una cifra alarmante si se compara con las más de 150 jornadas de protestas registradas en 2019, en las que murieron menos de 60 personas.
Provea también documentó que hasta el 1 de agosto de 2024 “se registraron 100 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad”, atendidas en hospitales públicos de Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara y Miranda. Entre el 29 de julio y el 13 de agosto, “2.400 personas fueron arrestadas”, lo que equivale a un promedio de 150 detenciones diarias.
Para la organización, “la respuesta estatal a las protestas post-electorales marcó un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos” y dio paso a “la intensificación de una oleada represiva que aún se mantiene mediante prácticas de terrorismo de Estado como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y el empleo de tecnologías para el control social de la población”.
Hoy, hace un año, los habitantes de las comunidades pobres de Venezuela se arrojaron a las calles de las principales ciudades del país para exigir respeto a la voluntad popular, en medio de unos comicios catalogados como fraudulentos tras la divulgación de resultados por parte… pic.twitter.com/DPYww7e0HL
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aporta, a través de su Unidad de Psicología Padre Luis Azagra (UPLA), jornadas de bienestar psicológico a poblaciones de zonas con falta de atención psicológica como Antímano, Caricuao, La Vega, Montalbán, el Paraíso y Catia.
Diego Santoyo, psicólogo de la UPLA explicó al ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual que el objetivo de la unidad es atender las diversas necesidades psicológicas de distintas poblaciones como niños, niñas, adolescentes, estudiantes universitarios, entre otros. Este año, las iniciativas están dirigidas a personas de la tercera edad y a cómo ayudarlas a llevar un envejecimiento saludable con distintos hábitos físicos y psicológicos.
Diego Santoyo, psicólogo de la unidad de Psicología Padre Luis Azagra de la Extensión Social de la UCAB / Foto: Yaya Andueza
Vulnerabilidades de las personas de la 3era edad en Venezuela
Envejecer, conlleva cambios físicos y mentales que aquejan a las personas. Aceptar estos cambios y adaptarse a ellos suelen ser la principal dificultad de las personas mayores.
Pero más allá de esta condición natural, Josuaris Mardegi, coordinadora del área clínica, indicó que esta población en Venezuela “puede presentar distintas situaciones y condiciones de vida que significan retos y que se pueden hacer más complejos debido, por ejemplo, a la situación actual del país, a nivel económico y familiar”
Dentro de estas situaciones, estos expertos mencionaron cómo la migración ha provocado la separación física del vínculo afectivo de los adultos de la tercera edad con sus familiares. Esto, a su vez, ha generado que muchas de estas personas estén en total soledad sin ningún familiar de su núcleo cerca.
Josuaris Mardegi, coordinadora del área clínica de la unidad de Psicología Padre Luis Azagra de Extensión Social de la UCAB / Foto: Yaya Andueza
Del mismo modo, Diego Santoyo resaltó que esta situación de soledad hace a estas personas especialmente vulnerables a otras dificultades del entorno como la inestabilidad económica del país. “Los adultos mayores que quedan aquí haciendo vida, por lo tanto muchas veces se encuentran en condiciones de vida bastante precarias”.
¿Qué hacer para mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad?
En el ámbito psicológico a mediano y corto plazo los expertos de la UPLA destacaron que es importante generar el acercamiento y la vinculación de estas personas mayores en soledad con otras personas que sigan cercanas en su vida. Por otro lado, desde el punto de vista físico cognitivo, los expertos comentaron sobre la importancia de promover ejercicios mentales de manera cotidiana.
La UPLA en estos casos, organiza actividades lúdicas, académicas, con cierta dificultad para que estos adultos mayores puedan ir realizando semanalmente y de ese modo mantener la plasticidad cerebral y la agilidad, previendo enfermedades asociadas al envejecimiento como el Alzheimer.
Ya que estas actividades se desarrollan con un grupo grande, Diego Santoyo aseguró que lo más importante de esta iniciativa es que “estos grupos terminan generando una especie de comunidad interna” que sirve de contención emocional, compañía y apoyo.
“He encontrado compañía aquí”
El camión de información de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrun.es y TalCual culminó la cobertura de la jornada conociendo la percepción de las personas mayores.
Saide Yamaui y Yajaira Montoya, participantes de la jornada de salud mental de la unidad de Psicología Padre Luis Azagra de Extensión Social de la UCAB / Foto: Yaya Andueza
Yajaira Montoya, tiene 73 años. Es docente jubilada desde hace 25 años. Montoya no tuvo hijos y desde que enviudó por la muerte de su esposo vive sola. Mientras está en el Camión de Información compartiendo su historia agradece a los líderes de trabajadores de la UPLA por toda la atención prestada.
“Los muchachos son muy atentos, son muy cordiales, nos buscan la vuelta. He encontrado compañía aquí. Me parece interesante porque tiene uno con quien compartir, que está viviendo más o menos la misma situación”, expresó.
Nelson Piñero, activista de derechos humanos y militante del partido opositor Encuentro Ciudadano, fue trasladado arbitrariamente al centro de reclusión Sesma, en la cárcel de Tocuyito, según denunció este lunes, 28 de julio, la Fundación Familia S.O.S Libertad.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, la fundación defensora de los derechos de los presos políticos alertó que se trata de “un nuevo caso de violación a los derechos humanos en Venezuela”, pues este traslado se concretó sin informar a los familiares de Piñero.
Y no solo se trata del traslado arbitrario, sino que también, según la denuncia de Familia S.O.S Libertad, los familiares de Nelson Piñero se trasladaron hacia el Sesma y los custodios les notificaron “que deberán esperar hasta tres meses para poder visitarlo”, lo que deja al activista en aislamiento.
“Esta situación está pone en evidencia el sufrimiento que enfrentan no solo los detenidos, sino también sus seres queridos, quienes están desinformados y angustiados por su estado”, alertó la organización.
La organización Libertas Venezuela también condenó la situación de Piñero: “Este caso refleja una vez más cómo el régimen usa el sistema judicial como arma de persecución política, castigando a quienes piensan distinto”, señaló.
Nelson Piñero fue detenido el 21 de noviembre de 2023 en su casa en Valencia, estado Carabobo, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). No tenían orden de allanamiento y se lo llevaron solo por publicar mensajes críticos a la gestión de Nicolás Maduro en redes sociales.
El 24 de febrero de 2025, el partido político Encuentro Ciudadano denunció que Piñero fue condenado a 15 años de prisión. “Nuestro dirigente Nelson Piñero, quien lleva más de un año injustamente privado de su libertad,fue condenado a 15 años de prisión por el Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo, Luis Ovalles, simplemente por informar a través de las redes sociales”, denunció la organización política en ese momento.
Hoy denunciamos un nuevo caso de violación a los derechos humanos en Venezuela. Nelson Piñero, detenido desde el 21 de noviembre de 2023, ha sido trasladado arbitrariamente al centro de reclusión SESMA ubicado en Tocuyito, sin informar a sus abogados y a sus familiares, esto es… pic.twitter.com/RL64v2DIBy
— Familia S.O.S Libertad (@FliaSOSLibertad) July 28, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
