Luis Quintero Duno se llama el arquitecto que rediseñó el antiguo mercado de Pueblo Nuevo de Paraguaná, incorporando un importante auditorio en su patio. Carlos Andrés Pérez, Aldo Cermeño y Lesme Pérez fueron las autoridades que inauguraron el recinto remodelado en 1991. Yoleida de Hernández fue su primera directora en 1992 y Giovanny Gómez quien lo hizo sede del Instituto de Cultural del Municipio Falcón en 2002.
Otros nombres, puntuales, tienen quienes lo destruyeron e hicieron casa de partido entre 2006 y 2021. En 2015 fue desplazado el techo del auditorio, lo que determinó la destrucción del recubrimiento de madera de sus paredes acabando con la acústica. Al amplio registro fotográfico de la progresiva ruina me remito.
Mediante diversas acciones se expulsó entre 2006 y 2007 del Complejo Cultural Josefa Camejo a la Fundación Cultural Josefa Camejo, la Asociación Civil Complejo Cultural Josefa Camejo, Zandantes de Paraguaná, Kirov Danza, el Taller Permanente de Teatro, la Sala de Videos Carlos Luis Fortique y al Grupo Tiquiba.
Solo una voz, alta y digna, se levantó en defensa del trabajo que esos y otros colectivos desarrollaban desde 1985: el poeta Guillermo De León Calles solicitó en 2007 a las autoridades municipales respeto y sensibilidad, en un programa de televisión conducido por Epifanio Petit y Martin Hurtado. Allí una vez más ratificada su estatura de poeta y hombre de la cultura.
En 2015 el Grupo Tiquiba lideró la recogida de más de 200 firmas de la comunidad que exigieron se devolviera a su primigenio estado a la que un día se llamó “La Casa de todos”, “La casa orgullo de Pueblo Nuevo” o “La embajada cultural de Paraguaná”.
Dos gestos definen, para mí, la dignidad del artista y del intelectual. Uno, el discurso dado por Miguel de Unamuno en 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, criticando la violencia y la falta de argumentos de los militares sublevados. Símbolo de su oposición al autoritarismo es la frase que se le atribuye: “Venceréis, pero no convenceréis”. El otro: la renuncia que hiciera Octavio Paz al cargo de embajador de México en la India ante la represión contra los estudiantes cometida por el gobierno de Díaz Ordaz en 1968. Un poeta como él no podía representar a un gobierno asesino. El riesgo que supone enfrentar el poder signa ambas intervenciones.
Nosotros apostamos a que después de las elecciones municipales de fin de mes la historia no se repita. Creemos que el Complejo Cultural Josefa Camejo debe ser “La Casa de todos” y el espacio de proyección de cultura, arte, historia, literatura, danza. Con los legados de amplitud que designan los nombres de sus salones: José Ignacio Cabrujas, Ciro Elvin Trejo, Jesús Manaure, Otoniel Salas, Eloísa Colman, Juan C. Esteves.
Ese hermoso lugar recuperado en 2022 no puede volver a caer en la desidia y la destrucción.
Invitamos entonces a los artistas de Paraguaná: pintores, poetas, narradores, cronistas, cantores… que volvieron entre 2022 y 2025 a ser parte del Complejo Cultural Josefa Camejo, a defenderlo y apoyarlo, a solicitar ante las nuevas autoridades la continuidad de programas y proyectos. Eso esperamos del Grupo Bariquía, de Juna Colina, José Roa, Jesús David Aular, Mercedes García, Jorge Gómez, Argenis Aranguren, Orlando Salero, José Barroso, Ángel Ventura, Gilmer Contín, Rómulo Peña, Cándido Borges, Glen Amaya, Miriam Mejías, Leonel Vera, Darwin Romero, Luis Colina (Wiche), Jesús Reyes, Víctor Pelayo y Juan Carlos Primera, entre muchos otros que volvieron a ser recibidos con la calidez y la hermandad de siempre.
Ser luz como Guillermo De León Calles, ser valentía como Miguel de Unamuno, ser palabra de amplitud y trascendencia como Octavio Paz. Ética y estética. Dignificar el hacer con el compromiso por la belleza. No menos podemos esperar.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que luego de transcurrido un año de las elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro continúa cometiendo atropellos contra la disidencia, entre los que se incluyen detenciones por motivos políticos.
“Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División las Américas de Human Rights Watch.
Goebertus sentenció que la administración madurista aplica la llamada “puerta giratoria”, en la que por un lado excarcela a algunos presos políticos y por la otra detiene a críticos del régimen.
“Las recientes excarcelaciones de personas que fueron detenidas arbitrariamente no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos siguen tras las rejas”.
HRW indicó en un comunicado que desde las excarcelaciones a cambio de la liberación de 252 venezolanos que se encontraban en el Centro de Confinamiento al Terrorismo (Cecot) en El Salvador, se han detenido en Venezuela alrededor de 40 personas, la mayoría vinculados a organizaciones políticas.
“Los gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”.
Goebertus expuso que luego del 28J, la ola represiva del Estado venezolano ha ocasionado encarcelamientos, desapariciones forzadas, torturas, aislamiento y malos tratos.
“Algunos detenidos han permanecido incomunicados durante meses. Entre ellos, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Jesús Armas, Enrique Márquez y Eduardo Torres”, destacó un informe de HRW.
Human Rights Watch instó a los gobiernos extranjeros a apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
Expresó que es perentorio ampliar el apoyo a la sociedad civil, a la prensa independiente y a otras personas que trabajan para promover la democracia y los derechos humanos.
“Un año después de las elecciones de 2024, muchos venezolanos siguen arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia. Los gobiernos que mantienen relaciones con Maduro no deberían conformarse con liberaciones aisladas de presos; deben exigir mejoras sustanciales y duraderas en materia de derechos humanos para desmantelar la maquinaria de terror estatal en el país”, concluyó Goebertus.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un informe publicado la noche del 27 de julio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), reportó que documentó 10 incidentes de restricción, intimidación y censura contra periodistas durante la cobertura de las elecciones municipales, convocadas por el Consejo Nacional Electoral este domingo.
Los incidentes que, de acuerdo a la organización gremial afectaron “el libre ejercicio del periodismo”, ocurrieron en los estados Aragua, Bolívar, Cojedes, Lara, Nueva Esparta y Zulia. Entre los casos registrados según el SNTP hubo nueve obstrucciones directas al trabajo periodístico, como impedir el ingreso a los centros de votación.
Por otro lado, reportaron tres actos de intimidación y un caso de destrucción de material informativo durante el proceso de votación ejecutados por funcionarios del CNE y del Plan República.
“A través de la red de delegados desplegados en todos los estados del país, se constató que al menos en cinco regiones los periodistas enfrentaron obstáculos que limitaron su labor, aun cuando contaban con acreditaciones oficiales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, indica parte del informe.
En Barquisimeto, en el estado Lara, especifica la organización, periodistas de distintos medios de comunicación fueron forzados a permanecer afuera del centro de votación mientras el candidato al municipio Iribarren, Henry Falcón, votaba. “Sólo se permitió el ingreso breve y bajo control de personal militar a camarógrafos y reporteros gráficos”, precisó el SNTP.
Otro hecho se registró en Puerto Ordaz, donde los periodistas Félix Requena y Edwin Rosal fueron “objeto de hostigamiento, acusaciones infundadas y vigilanciano consentida” mientras cubrían el proceso de votación de un candidato en el Colegio Nazareth.
“Miembros de mesa les impidieron tomar fotografías del momento del voto, bajo el argumento de que solo se permite retratar a alcaldes o gobernadores y no a candidatos. Los funcionarios llegaron a grabarlos y fotografiarlos, acusándolos incluso de saboteadores, en un claro intento de criminalizar su labor informativa”, explica el SNTP.
Otra situación ocurrió en el estado Cojedes, donde a la periodista Pilar Guerra, pese a estar acreditada, le fue impedido el acceso al Liceo Creación Limoncito, centro de votación habilitado para las elecciones municipales. Según el sindicato, un funcionario del Plan República exigió su identidad para verificar su credencial. “El hecho supuso una discriminación arbitraria y nunca le fue permitido el acceso”, subraya en el informe.
En el Colegio La Salle, en Barquisimeto, el equipo del diario de El Impulso fue obligado a borrar material fotográfico. “La orden fue impuesta por un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a pesar de que la coordinadora del centro electoral había autorizado previamente el registro visual. Se trató de una acción directa de censura que se suma a una serie de limitaciones documentadas en la jornada”, especifica la organización.
El SNTP también documentó que periodistas acreditados fueron impedidos al momento de ingresar a centros de votación en los estados Aragua y Zulia.
“En la Escuela Básica Nacional Santa Rita (Aragua) y en centros como el 19 de Abril, Josefina de Acosta y Luis Beltrán Ramos (Zulia), comunicadores sociales fueron impedidos de entrar pese a tener credenciales válidas emitidas por el CNE”, reseñaron.
Igualmente en Nueva Esparta, un militar le impidió a un periodista grabar “tomas de apoyo” en las inmediaciones del centro de votación de la Unidad Educativa Colegio Madre Guadalupe, en Maneiro. “En las inmediaciones de esta escuela, y en varios centros del municipio, había patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”, destacó el SNTP.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa enfatiza que estos incidentes forman parte de un patrón de “discrecionalidad, desinformación, intimidación y censura hacia los periodistas”.
Deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela
El SNTP resaltó en el informe que las elecciones municipales ocurrieron en un contexto “más amplio de deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela”.
“La cobertura informativa se dio en un ecosistema digital afectado por bloqueos sistemáticos a medios digitales. El programa VE Sin Filtro registró entre enero de 2016 y enero de 2025 un total de 1335 eventos de bloqueos digitales, de los cuales 949 siguen activos. Estos afectaron a 134 sitios web, incluyendo 60 medios de comunicación digitales”, agrega el SNTP.
Por otra parte, califica como “amenaza latente” la judicialización de periodistas y medios “alimentada por una narrativa oficial que asocia la cobertura crítica con acciones de desestabilización, sabotaje, publicación de noticias falsaso delitos contra el orden público”.
También denunció que el Consejo Nacional Electoral excluyó a medios nacionales independientes para el proceso de acreditación para las elecciones, lo que limita la cobertura informativa en las regiones. “La medida consolida un entorno mediático cerrado y con acceso limitado a fuentes de información”, concluyeron.
“El silencio forzado, la exclusión, la censura y la intimidación no solo afectan a quienes informan: perjudican directamente la transparencia del proceso electoral y, por tanto, la calidad de la democracia”, concluye el informe del SNTP.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
A un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el entonces candidato opositor Edmundo González Urrutia difundió un mensaje en la red social X en el que denunció nuevamente el “robo del mandato popular” por parte del gobierno de Nicolás Maduro y llamó a mantener la organización ciudadana, la denuncia internacional y la preparación para un nuevo ciclo de acción cívica.
“Hoy se cumple un año desde la elección del 28 de julio de 2024. Una elección en la que el pueblo venezolano se expresó con claridad, pero cuyo resultado fue arrebatado por Nicolás Maduro. Ese robo del mandato popular ha marcado el inicio de una nueva etapa en nuestra lucha: más difícil, más peligrosa, pero también más decidida”, expresó González.
Reconociendo el desgaste emocional que ha significado este periodo para la ciudadanía, sostuvo: “Sabemos que muchos sienten frustración, desánimo o cansancio. Lo entendemos. Esta es una lucha profundamente desigual, sin condiciones democráticas, en un terreno hostil donde enfrentarse a un régimen violador de derechos humanos significa poner en riesgo la vida cada día. Y nosotros asumimos ese riesgo por todos ustedes ¡hasta el final!”.
En la parte escrita del mensaje, González también indicó que la líder opositora María Corina Machado invitó “a todos a hacer lo que nos toca” y enumeró una serie de líneas estratégicas: “Debemos avanzar en la organización clandestina de todas las estructuras internas. Nos preparamos para la acción cívica cuando llegue el momento. […] Ustedes saben lo que tienen que hacer. Cuídense. Prepárense para defender el mandato que el pueblo les dio el 28 de julio”, precisó, dirigiéndose a los militares.
Hoy se cumple un año desde la elección del 28 de julio de 2024. Una elección en la que el pueblo venezolano se expresó con claridad, pero cuyo resultado fue arrebatado por Nicolás Maduro. Ese robo del mandato popular ha marcado el inicio de una nueva etapa en nuestra lucha: más… pic.twitter.com/cymsmIbgdi
En un video que acompaña el texto, González insistió en que “al día de hoy existe en Venezuela un mandato popular claro que exige el cambio” y destacó que esa verdad “es evidente y reluce ante el mundo entero, pero también es evidente que desde entonces nuestra lucha ha pasado a un nuevo nivel mucho más difícil y peligroso”.
Aseguró que más de 2500 personas han sido apresadas durante los últimos doce meses y que la represión se mantiene: “La excarcelación de unos viene seguida por el secuestro de otros, en esta escalada represiva que ya ha afectado directamente a miles de personas”.
También reiteró su respaldo a María Corina Machado, de quien dijo: “Su enorme presencia hace que a veces se olvide la difícil situación desde la cual sigue trabajando, sin descanso cada día”.
González finalizó su mensaje con un tono de esperanza: “A pesar de todo esto, seguimos avanzando, no hay forma de perder el terreno ganado hasta ahora. Venezuela está unida en la voluntad de alcanzar esa meta […] Gracias al coraje y determinación de nuestros ciudadanos sabemos que eso va a pasar. Y para ello seguimos trabajando todos los días, dentro y fuera del país, porque esta lucha es hasta el final, y porque la verdad conquistada el pasado 28 de julio señala el camino para que se imponga también la libertad y justicia”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
A través de un mensaje en sus redes sociales, la líder opositora María Corina Machado sostuvo que a un año de las elecciones presidenciales de 2024, la supuesta “invasión” a la que teme Nicolás Maduro no vendrá del extranjero.
“Maduro, las fuerzas que te sacarán del poder están aquí dentro de Venezuela y somos millones”, dijo la cabeza principal del partido Vente Venezuela y ganadora de la primaria organizada por la oposición.
Machado, quien fue inhabilitada para ejercer cargo público por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sostuvo que el 28 de julio del año pasado marcó un giro irreversible en la historia de Venezuela.
“Ese día cambió todo para siempre, ha quedado para la historia como el día de la soberanía popular. Esta lucha la estamos ganando y vamos a vencer. Esta es la generación mejor preparada de nuestra historia para conquistar la libertad”, sentenció Machado.
Machado aseguró que el 28J, Maduro quedó expuesto ante el mundo entero.
“Maduro perdió feo, fue noqueado y desde entonces no se puede ni se va a levantar, ya derrotado no negoció la salida que le ofrecimos sino que decidió desatar la represión más cruenta de nuestra historia, clausuró toda vía institucional y optó por pasar a otro campo de batalla”, recordó.
La líder opositora destacó que el oficialismo le declaró la guerra al pueblo de Venezuela.
“Ahora con balas, torturas, desapariciones y cárcel, hoy solo se sostienen por el terror y ese es un clavo ardiente que los consume, así como ganamos el 28J volveremos a ganar cueste lo que cueste y dure lo que dure y aquel que se interponga entre el pueblo y la libertad, el pueblo les pasará por encima”.
Machado sentenció que Venezuela está entrando en la fase resolutiva del conflicto.
“Estamos en organización clandestina dentro del país, nos prepararemos para la acción cívica el día que se requiera. Los militares saben lo que tienen que hacer, no deserten, cuídense, formen equipos de confianza extrema y prepárense para defender lo que el pueblo ordenó. La mayoría de los funcionarios policiales están comprometidos con la conquista de la democracia, sigan preparándose para actuar”, indicó.
La líder opositora dijo que, cada día, el gobierno chavista tiene menos apoyo dentro de Venezuela y también menos cómplices externos.
“Somos 30 millones junto a las poderosas fuerzas de occidente. En estos 365 días hemos defendido nuestra legitimidad ante el mundo, conseguido más aliados. Estas son las horas de la definición, no les pido paciencia, sino perseverancia, foco y disciplina, esta es una lucha espiritual y existencial. Estamos entrando en la fase resolutiva de este conflicto histórico. La hora de la liberación está al alcance de nuestras manos”.
Abstención mayoritaria
Machado aseguró que el pasado domingo 27 de julio la mayoría de los venezolanos se abstuvo de votar en las elecciones para escoger a alcaldes y concejos municipales.
“El 90 % del país rechazó la nueva farsaelectoral de Nicolás Maduro”, sostuvo.
La líder de VV indicó que Maduro se sostiene en el poder empleando mecanismos fraudulentos.
“¿Qué ha pasado entre el 28 de julio de 2024 y hoy? Ese día el 70% del país votó por Edmundo González, y hoy, el 90% le dijo no a Maduro. El pueblo habló con claridad hace un año y ha vuelto a hablar con su silencio hoy (domingo)”, señaló Machado.
Al igual que el pasado 25 de mayo, en los comicios para escoger gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional, los centros electorales en la mayor parte de Venezuela mostraron escasa concurrencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 28 de julio de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. A pesar de un contexto de persecución política y cierre del espacio cívico, millones de venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de una transición democrática.
Un año después de las elecciones presidenciales, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que esa manifestación de voluntad ciudadana fue respondida con una nueva oleada represiva, marcada por violaciones a los derechos humanos y una creciente deriva autoritaria del Estado.
En un informe que cubre el periodo entre enero de 2024 y julio de 2025, WOLA sistematiza hechos y patrones represivos a partir del monitoreo constante del contexto venezolano. Entre los hallazgos más graves se destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento judicial, muertes bajo custodia y allanamientos ilegales.
El informe también señala que, tras las presidenciales de 2024, se convocaron nuevos procesos electorales que tampoco cumplen con estándares democráticos mínimos. En paralelo, el gobierno ha impulsado un modelo de Estado Comunal que sustituye el orden constitucional y debilita la separación de poderes bajo un discurso de “democracia protagónica”.
A pesar de un entorno cada vez más hostil para el activismo, con censura digital, leyes contra las ONG y criminalización del trabajo de la sociedad civil, persisten expresiones de resistencia ciudadana. Para WOLA, Venezuela atraviesa un momento crítico que requiere una respuesta firme por parte de la comunidad internacional.
La política de persecución por motivos políticos no ha cesado
Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la represión en Venezuela no solo persiste, sino que se ha intensificado con nuevos métodos. El informe de WOLA advierte que el gobierno de Nicolás Maduro “ha profundizado un aparato de persecución política y control social que alcanza el umbral de prácticas de terrorismo de Estado”, mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y hostigamiento sistemático contra voces disidentes.
La represión se intensificó en el período inmediatamente posterior a las presidenciales y fue de carácter masivo, dirigida especialmente contra dirigentes opositores, sus familiares y personas percibidas como contrarias al régimen. “Con el paso del tiempo, los métodos de la represión han variado, pero el ataque contra la población civil en el marco de una política para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición o a quienes son percibidos como oposición, continúa”, sostiene el documento.
Se ha consolidado un entramado legal para cerrar el espacio cívico
El cierre del espacio cívico en Venezuela se ha vuelto más sofisticado y estructural. El informe denuncia la existencia de un “marco normativo orientado a restringir gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política”. A las leyes ya vigentes que criminalizan la disidencia —como la Ley Contra el Odio y la Ley Contra la Delincuencia Organizada— se suman nuevas normativas y proyectos legislativos que apuntan a consolidar una arquitectura legal de control autoritario.
Entre ellas destaca la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada por la Asamblea Nacional, y otras aún en discusión, como el proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. “Estos instrumentos ampliarían aún más las facultades estatales para controlar y sancionar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, particularmente en contextos de crítica al poder o movilización ciudadana”, explica WOLA.
Según el informe, esta batería legal “profundiza el cierre del espacio cívico en el país” y constituye un elemento clave de la estrategia del Estado para neutralizar cualquier forma de organización independiente.
Elecciones posteriores al 28 de julio debilitan la confianza en el voto
Lejos de enmendar las irregularidades del proceso presidencial de 2024, el gobierno venezolano ha continuado utilizando los eventos electorales como mecanismos para afianzar su poder. WOLA advierte que las elecciones regionales y legislativas de mayo de 2025, así como las municipales previstas para el 27 de julio, “se celebran sin condiciones mínimas de transparencia, equidad y legalidad”, lo que ha agravado la crisis de legitimidad institucional.
“El Estado continuó instrumentalizando los procesos electorales para consolidar su poder”, señala el informe. Esto se ha traducido en tácticas como la imposición de resultados incontrastables, la división artificial de la oposición y el desconocimiento de mandatos constitucionales y recomendaciones internacionales.
Este uso del sistema electoral como herramienta de control, en lugar de mecanismo de participación, “debilita la confianza ciudadana en el derecho al sufragio como herramienta de cambio democrático”, advierte WOLA.
La reforma constitucional busca impulsar Estado Comunal
WOLA alerta que el impulso del Estado Comunal representa una amenaza directa a los principios democráticos y al sistema de soberanía popular basado en el sufragio universal.
Aunque es presentada como una vía para el empoderamiento ciudadano, la propuesta comunal “avanza en realidad hacia la centralización autoritaria del poder”, señala el informe. El modelo sustituye instituciones representativas por estructuras paralelas controladas por el Ejecutivo, restringe la participación a quienes comparten la ideología oficial y elimina garantías básicas de pluralismo y rendición de cuentas.
“La posible reforma constitucional que ha planteado Nicolás Maduro para el 2026 apunta a consolidar este modelo”, advierte WOLA, al tiempo que denuncia que este diseño político es “profundamente excluyente, clientelar y antidemocrático”.
Persiste y se agrava la emergencia humanitaria compleja
El informe de WOLA denuncia que persisten “la privación prolongada de bienes y servicios básicos, la falta de información oficial sobre indicadores económicos clave y la persecución contra expertos que monitorean la crisis”.
A esta situación estructural se suma una disminución crítica en el financiamiento internacional para la asistencia humanitaria. Esto amenaza con desmantelar la ya frágil red de apoyo que sostiene a comunidades vulnerables en el país. WOLA subraya que “sin considerar esta emergencia estructural, no es posible comprender plenamente las barreras para la participación política ni el alcance del malestar ciudadano”.
Una política exterior contradictoria: Estados Unidos frente a la crisis venezolana
WOLA advierte que, aunque persiste un consenso bipartidista en Estados Unidos que reconoce el carácter autoritario del gobierno venezolano, la política exterior hacia Venezuela ha variado entre administraciones y presenta contradicciones.
En el caso de la administración Donald Trump, se combinan “posturas distintas” que responden a intereses enfrentados: contener la migración mediante deportaciones y, al mismo tiempo, contrarrestar un gobierno alineado con intereses opuestos a los de EEUU. La reciente revocación de licencias petroleras “no debe ser analizada en el vacío” ni asumirse como la única medida eficaz contra el chavismo, pues su impacto debe evaluarse con “evidencia verificable”.
Medidas como el fin de programas de cooperación, el cierre de vías de regularización migratoria y los vuelos de deportación masivos “afectan a la población venezolana que ha estado sometida a un gobierno autoritario y contribuyen al cierre del espacio cívico”.
Durante el gobierno de Joe Biden las licencias petroleras produjeron “resultados mixtos”, al facilitar negociaciones que derivaron en el Acuerdo de Barbados. Sin embargo, su aplicación se dio bajo un marco “opaco” que favorece la corrupción, y tras el incumplimiento del acuerdo, se volvieron a restringir.
WOLA insiste en que las sanciones sectoriales han profundizado la crisis económica y humanitaria, y que la imposición de aranceles a las exportaciones petroleras puede limitar el acceso a insumos clave, afectando directamente a la población.
La organización también alerta sobre la reducción de la cooperación internacional y la contradicción entre el discurso pro-democrático de EEUU y su trato a la migración forzada: el endurecimiento de políticas migratorias y las deportaciones “agravan la situación de vulnerabilidad” de quienes huyen de la emergencia y la persecución en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Acabo de terminar de leer el último libro de Francisco Suniaga, “El Pacificador”. Al llegar al final, tuve una mezcla de sentimientos que fueron desde el no querer que se acabara, como suele sucederme cuando el libro que leo me atrapa, pasando por la vergüenza conmigo misma de no saber quién realmente era un personaje de nuestra historia de la envergadura de Pablo Morillo, como la gran admiración por la magnífica prosa de Francisco, que cada vez se supera a sí mismo. He leído (¿o debería decir “me he comido”?) todos sus libros y este, este es la joya de la corona.
Debo confesar, como dije antes, que del general Pablo Morillo sólo sabía de la reunión entre él y el libertador Simón Bolívar en Santa Ana, Trujillo, en diciembre de 1820. Lo estudié en el colegio como un acontecimiento significativo en la historia de las guerras de independencia de América Latina, porque representó un intento de diálogo entre dos figuras clave en un contexto marcado por el conflicto y la inestabilidad política, donde ambos líderes estaban conscientes de que la prolongación de la guerra traía consigo devastadoras consecuencias para la población y el territorio. Por ello, la necesidad de encontrar un camino hacia la paz fue un factor determinante para llevar a cabo la reunión.
También sabía que ésta se había llevado a cabo, contradictoriamente, en la misma casa donde Bolívar había lanzado el infame decreto de guerra a muerte, que era propiedad de un comerciante de origen escocés, de nombre Jacobo Antonio Roth y que ambos habían pernoctado en la misma casa. Pero más allá, me reprocho no saber más. Por ejemplo, nunca supe que Morillo había llegado a Venezuela en 1815 (yo creía que había venido sólo para la firma del armisticio) ni que había luchado en la batalla de Trafalgar, ni de su participación activa en los conflictos de la época, donde despegó su carrera militar, gracias a su capacidad táctica y de liderazgo. Hijo y nieto de campesinos, no era usual, si no era particularmente bueno, que ascendiera rápidamente en el escalafón militar. Y por eso Fernando VII lo escoge: era él el indicado para enfrentarse a la fuerte ola de movimientos independentistas en América Latina, con la misión de restablecer el control español sobre las colonias rebeldes.
El general se ganó el apodo de “Pacificador” debido, primero, porque pacificar las colonias era su misión, la que enfocó en un principio en restablecer el orden y la legalidad en las zonas bajo su mando. Sin embargo, con el devenir de los acontecimientos, este título es contradictorio con las medidas represivas que adoptó, que generaron descontento y resistencia entre la población local.
La prosa de Suniaga se explaya y es una delicia en sus descripciones sobre cómo veía un español nacido en el siglo XVIII la “Tierra Firme”, como nos llamaban. Desde los detalles que componen la naturaleza, hasta los comportamientos humanos de los mantuanos hasta los todavía esclavos. Por ejemplo, hay un párrafo sobre los mantuanos que es maravilloso:
“Derrotado repetidas veces en los casos, había terminado por admitir como cierto algo que le habían dicho sólo ocurría en Caracas: los blancos mantuanos eran todos primos hermanos entre sí, en algún grado. Al principio lo había creído una triquiñuela para aspirar a alguna titularidad o ventaja. Estaba equivocado. En efecto, todos eran descendientes de un puñado de conquistadores y primeros pobladores, cruzados entre sí a lo largo de trescientos de años y sus lazos formaban un nudo gordiano consanguíneo imposible de desanudar”.
Llama a la reflexión que las impresiones de entonces siguen actuales, tan actuales que dan miedo… ¿será que siempre seguiremos en lo mismo? ¿Continuaremos detrás de quienes nos deslumbran y no de quienes nos iluminan?
Por eso los invito a leer al Pablo Morillo de Suniaga, una figura compleja dentro de la historia militar y política de España y sus colonias. Su papel como el “Pacificador” refleja tanto la lealtad a una monarquía en crisis como los desafíos que enfrentó en un continente en transformación. Su legado, lleno de matices, invita a una reflexión sobre el impacto de sus acciones en la historia de Hispanoamérica, la transición hacia la independencia y lo que hemos hecho con ella.
El 28 de julio de 2024 no solo marcó la fecha de las elecciones presidenciales más emblemáticas en la historia contemporánea de Venezuela. Para muchos ciudadanos —activistas, periodistas, dirigentes políticos o testigos de mesa— esa fecha partió sus vidas en dos. Lo que vino después fue una ola represiva que trastocó sus rutinas, forzó sus silencios y limitó sus derechos.
Hoy se cumple un año de la fecha después de la cual hablar, informar, participar o incluso documentar se convirtió en una actividad de alto riesgo. Adriana Pichardo, dirigente política; Yendri Velásquez, activista de derechos humanos; una periodista que pidió anonimato; un testigo electoral y un ciudadano perseguido comparten cómo cambió su día a día y sus vidas tras esa fecha. Sus voces trazan una radiografía íntima del miedo, la censura y la resiliencia.
Este no es solo un relato sobre represión, sino también sobre la reinvención forzada de quienes se niegan a callar. Desde la clandestinidad, el exilio o el anonimato, siguen contando lo que pasa.
El insomnio de Valentina
Hace un año que la calma y el sueño profundo se esfumó de las noches de Valentina. Desde el 28 de julio de 2024, no duerme bien. Luego de conocer los resultados de las elecciones presidenciales en las que ella participó como testigo de mesa del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, tuvo una vida errante entre las casas de hermanos, primos, sobrinos y la suya, en donde no se atrevía a encender las luces del porche ni a pasar más de una semana por temor a que vinieran por ella, tal como había sucedido con tantos de sus compañeros y vecinos en su pueblo, en la región central de Venezuela, que terminaron tras las rejas por haber colaborado con la oposición en aquellos comicios.
Durante los primeros meses después de las elecciones, Valentina solo asistió a una manifestación en Caracas, en donde permaneció mientras se quedaba en el apartamento de un familiar. Pero la esperanza se le disolvió con el transcurrir de las semanas trashumantes que vivió, en las que veía cada vez más difícil que el supuesto fraude electoral se comprobara y que Miraflores cambiara de mando.
“Uno no quiere perder la esperanza, pero, me da hasta dolor decirlo, pero es que yo no veo que pase nada. O sea, pasan cosas internacionalmente, pero no son lo suficientemente fuertes para luchar contra estos criminales. Entonces, perdemos la esperanza”, cuenta Valentina resignada, como si se le fuera el aire con un solo suspiro.
Aunque hoy está más tranquila que los meses posteriores a las presidenciales, cuando la persecución llevó a la cárcel a más de 2000 personas, su mente no descansa. La angustia de aquellos días le hizo acudir a terapias grupales online que le permitieron escuchar a mucha gente –ella nunca se atrevió a hablar– y entender que el miedo que la atravesaba era compartido. No estaba sola.
A finales de enero de 2025, Valentina regresó a su residencia de manera definitiva y tomó medidas rígidas para resguardarse: restringió sus salidas solo a lo necesario, decidió que únicamente iría a hacer compras y mercado en un taxi, dejó atrás todos los grupos de Whatsapp del partido, y borró –todavía borra compulsivamente– conversaciones de todo tipo en su teléfono a pesar de que nunca se lo lleva cuando va a la calle. También bloqueó en sus redes y su móvil a quienes tenían alguna especie de vínculo con el chavismo o de quienes sospechaba, y dejó de dar likes o hacer comentarios en los post políticos. Ese silencio digital es uno de los que más le ha costado. Dice sentir que todo lo tiene “atarugado”, mientras palpa con los dedos de su mano derecha su cuello como si le doliera.
Sus mayores temores la asaltan cuando su hija veinteañera, que se gana la vida con un teletrabajo, sale con sus amigos. “A la gente joven que se la quieren llevar como sea. Esa es una lucha que tengo conmigo misma, porque no la puedo limitar tanto. Cada vez que se va, tengo que tragarme eso, porque me da miedo la inseguridad, que ha vuelto, y me da pánico que se enamoren de ella y la metan presa como le pasó a un conocido nuestro que estuvo detenido unos meses y perdió como veinticinco kilos”, asegura.
Valentina no tenía pensado abandonar el país, pero sabe que si continúa en Venezuela no va a recuperar la calma perdida. Por eso intentó hacer los trámites para obtener un parole humanitario e ingresar a Estados Unidos. Luego vinieron las políticas migratorias de Donald Trump, que prácticamente proscribieron la nacionalidad venezolana, y le obligaron a cambiar de planes.
Ahora, Valentina mira hacia el futuro próximo a través de un nuevo destino en donde la aguardan amigos y familia. Lo hace con la seguridad de quien ya tiene todo planificado. “Yo creo que yo voy a llegar y la primera noche voy a dormir profundo”, pronuncia para luego soltar una corta risotada. “Ojalá sea así”, continúa. “Mi esperanza está cerca. Nos vamos pronto”.
Clandestinidad forzada
Un retroceso en los derechos civiles y democráticos vivió la coordinadora política nacional encargada del partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Como dirigentes políticos estamos muy tristes porque nos han obligado a mantenernos en la clandestinidad y nos han quitado la posibilidad de hacer algo que acostumbrábamos, que era tener contacto directo con la gente, escuchar sus inquietudes y debatir en público, ese cara a cara lo hemos perdido”, expresa.
Pichardo dijo que gracias a la tecnología han podido reinventarse y trazar nuevas estrategias y novedosas formas de hacer política: “Hoy los debates son mucho más profundos que hace un año, mucho más de fondo y humanos, porque todos estamos viviendo la tragedia de la persecución, de la separación de la familia y de los amigos, tenemos miedo por las personas que nos rodean, porque en cualquier momento pueden ser víctimas del régimen”.
Pichardo pasó a ocupar la coordinación de VP de manera momentánea debido al encarcelamiento dos días después del 28 de julio del exdiputado y candidato a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano.
“El 28 de julio fue una fecha que definitivamente cambió la vida a los venezolanos, y en particular, a la dirigencia política. Previamente, ya habíamos vivido momentos difíciles, pero estábamos enfocados en una lucha cuyo único objetivo es retomar la democracia y liberar a Venezuela de un régimen opresor y violador de derechos humanos”, expresó.
Pichardo expuso que antes de las presidenciales, la dirigencia política tuvo la oportunidad de recorrer toda Venezuela.
“Pudimos hablarle a millones de venezolanos, tener contacto directo, levantar el espíritu libertario y reanimar la esperanza. En cada ciudad, pueblo y caserío que visitamos la gente nos acompañó llena de entusiasmo, con una voluntad intransferible de alcanzar la libertad y de ganar en el proceso electoral del 28 de julio, en donde salimos airosos por más de cuatro millones y medio de votos de diferencia. Pero lamentablemente el régimen no respetó y tomó la peor decisión, que fue robárselo y lanzar al brazo armado a la calle en contra de los ciudadanos”, lamentó.
Pichardo aseveró que luego de esa fecha la ola represiva trascendió a la dirigencia política: “Estamos hablando de que en la actualidad hay 1.000 venezolanos presos de todas las edades, sexos, creencias y sectores del país”, recordó.
A pesar de la realidad autocrática que vive Venezuela, Pichardo tiene esperanza.
“Todo esto nos ha conducido a una oposición democrática real, depurada y más unida que nunca. Estoy segura de que habrá un mejor mañana para todos cuando logremos materializar el triunfo y la voluntad popular expresada el 28 de julio”, confía.
“Se llevaron, junto a mi pasaporte, mi paz absoluta”
Antes del 28 de julio de 2024, Yendri Velásquez ya sabía lo que podía pasarle a un activista de derechos humanos en Venezuela: amenazas, vigilancia y hostigamiento eran parte del terreno cotidiano. Como coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, había estado al frente de protestas frente a instituciones públicas, de denuncias sobre discriminación estatal y de campañas para visibilizar la exclusión que aún sufren personas LGBTIQ+ en procesos como el Registro Electoral.
“Siempre hubo funcionarios que solicitaban datos personales, tomaban fotos, vídeos, cuando incluso hacíamos presentaciones ante medios de comunicación de datos o denuncias”, relató Yendri Velásquez al contar sobre vivencias previas al 28 de julio con su activismo en el observatorio.
Pero fue después del 28 de julio cuando la represión escaló. Ese día, se celebraron elecciones presidenciales cuyos resultados —según el Consejo Nacional Electoral— daban la victoria a Nicolás Maduro. Las protestas en rechazo a esos resultados se multiplicaron en todo el país, y con ellas vino una ola de represión contra testigos de mesa, periodistas, dirigentes políticos y activistas como él.
El 3 de agosto de 2024, Yendri se disponía a viajar a Ginebra, Suiza, para participar en una reunión de Naciones Unidas sobre discriminación. Nunca llegó a abordar el vuelo. Cuenta que una funcionaria de Migración le notificó que su pasaporte estaba anulado y debía acompañar a un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Ella en ese momento me solicitó, de manera bastante violenta, mi teléfono. Yo pude avisar a compañeros y compañeras sobre lo que estaba sucediendo. Después de ahí no volví a tener teléfono durante todo el día”, narró.
Velásquez estuvo varias horas detenido entre el aeropuerto y una sede de la Dgcim. Allí, según su testimonio, fue esposado, encapuchado e interrogado de forma violenta: “Viví cosas que me persiguen hasta el día de hoy. Tuve la suerte de lograr salir sin pasaporte. Yo siempre digo que ese día ellos se llevaron junto a mi pasaporte, mi paz absoluta”.
En ningún momento le informaron por qué su pasaporte fue anulado ni por qué lo detuvieron. Según cuenta, el interrogatorio giró en torno a presuntas vinculaciones con figuras de la oposición como María Corina Machado, algo que niega: “Ha estado muy claro públicamente que no pertenezco a partidos políticos en la actualidad, ni mi labor está vinculada a temas electorales”.
Por el contrario, desde el Observatorio de Violencias LGBTIQ+, Yendri Velasquez fue promotor de la participación de las personas de la comunidad en las elecciones para que pudieran votar y que se inscribieran en el Registro Electoral, sin dejar de lado las denuncias de discriminación hacia las personas trans, a quienes no se les reconoce su identidad.
Y aunque nunca le dieron motivos, Yendri cree que aquel incidente fue una consecuencia de haber denunciado arbitrariedades y asesinatos ocurridos durante las protestas poselectorales: “Creo que por cometer ese pecado, que para ellos es un pecado, de hablar y denunciar los abusos que estaban cometiendo, es que terminó en esa situación en la que terminé”.
Luego de eso, Yendri se fue del país. Califica su salida como una “imposición” y no como una decisión. “Es una imposición del Estado, hecha a través de la persecución, del hostigamiento, la desaparición, de la tortura y el terror que sembraron”, remarcó.
Desde Colombia, donde se encuentra actualmente, Yendri intenta reconstruir su vida mientras enfrenta los retos del exilio: la falta de documentos, la búsqueda de protección y regularización. Pero además enfrenta la tristeza cotidiana y el miedo que no ha dejado de estar presente.
El dolor de renunciar a la firma
Un año después del 28 de julio de 2025, la sombra del miedo sigue marcando la labor periodística en Venezuela. Así lo confirma una reportera consultada para este trabajo, quien pidió mantener el anonimato por seguridad. Desde las presidenciales, cuenta, cubrir la fuente política se tornó “mucho más complejo”.
Para documentar las protestas poselectorales y sus consecuencias, se adoptaron estrictos protocolos de seguridad. “Se estableció no ver presencialmente a las fuentes, a menos que no fuese para lo estrictamente necesario, y que las coberturas en las calles las hicieran los periodistas con más experiencia, eso me incluyó a mí”, relata. Las notas eran revisadas con minuciosidad por varios periodistas, incluso fuera del equipo editorial.
Gracias a trabajos previos, contaba con contactos en comunidades que le permitieron seguir informando sin exponerse directamente. Así pudo documentar detenciones en zonas populares que no estaban siendo visibilizadas.
Una de las medidas de seguridad más difíciles ha sido renunciar a firmar sus trabajos: “Tengo muchísimo dolor porque todas las notas que escribí del 28 de julio hasta acá son notas fantasmas. Al final el periodista es su nombre, y yo no podré decir que escribí tal o cual nota, al menos en el corto o mediano plazo, porque eso me pone en peligro”.
El uso de VPN se convirtió en una herramienta cotidiana para protegerse del rastreo de direcciones IP. Y el cerco a los periodistas va más allá de lo legal y lo técnico, pues el acceso a las fuentes también se ha complicado.
“Nos hemos encontrado con la situación de que no hay especialistas a quienes consultar. La mayoría tomó la decisión de no declarar por miedo (…) No hay politólogos que te declaren, ni expertos electorales. Cuando algunos se lograron ir del país comenzaron a responder. Pero aún, un año después, nos encontramos con fuentes que prefieren no declarar (…) me frustro muchísimo”, expresó.
Algunos expertos sólo vuelven a hablar una vez que han salido del país. Otros, especialmente en Estados Unidos, temen exponerse públicamente por la política migratoria restrictiva del gobierno de Donald Trump. A esto se suma la reducción de fondos internacionales para medios venezolanos: “Eso me hizo perder fuentes de trabajo y que se redujeran los salarios en los trabajos en los que aún persisto”.
A pesar del desgaste, de que el cambio ha sido “del cielo a la tierra” y de los riesgos, sigue firme: “Soy además gremialista y defiendo los derechos de los periodistas. Recordemos que hay 19 periodistas presos por informar y otros por pensar distinto. Creo que es importante mantener la lucha y el trabajo de informar al país (…) sigo escribiendo, tratando de cuidarme muchísimo, blindando la información, pensando qué y cómo lo escribo, cómo lo contrapeso”, abunda.
A su juicio, hay un aprendizaje de ejercer bajo condiciones tan limitantes: “Nos hemos vuelto periodistas más cuidadosos, acuciosos, más obligados a hacerlo mejor”.
Querer resguardar los votos tuvo un precio
En materia política *Carlos, cuyo nombre fue modificado para proteger su identidad, nunca había sido demasiado activo, aunque, como tantos venezolanos, tenía la aspiración de que cambiaran las cosas. Muchos jóvenes de su generación sólo han conocido gobiernos revolucionarios. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, Carlos apenas tenía 5 años.
“En mi pueblo -ubicado muy cerca de la frontera con Colombia- no se habla abiertamente de política, porque uno no sabe quién puede estar escuchando. Pero en privado, al menos en mi círculo cercano, habíamos decidido votar por el cambio”, asegura Carlos.
Esa noche del 28 de julio de 2024, junto a unos amigos, fue al centro de votación para estar presente en la auditoría ciudadana, atendiendo el llamado opositor de cuidar los votos. “Estábamos esperando los resultados, cuando llegó un grupo armado en dos camionetas. Se bajaron de los vehículos, colocaron como una granada de humo, luego lanzaron un mortero al cielo y después dispararon hacia las personas de la comunidad. Hubo perdigones, tiros y varios heridos. Todos nos encontrábamos en el centro de votación tranquilos; había niños y personas de la tercera edad celebrando y compartiendo”, contó.
Al día siguiente llegó una comisión del CICPC a la casa de algunos de los heridos entre los que estaba Carlos: una bala rozó su mano. “Tuve miedo y crucé la frontera el mismo 29 de julio. Citaron a mis familiares y fueron amedrentados durante varios días para que yo fuese a rendir declaración. No sabían que podría suceder ya que esos días estaba muy fuerte la situación”, dijo.
Carlos permaneció casi dos meses fuera del país. A su regreso debió comenzar desde cero. El negocio familiar que tenía dedicado a la confección de ropa prácticamente desapareció porque en ese tiempo no pudieron hacer nada y su mamá debió ayudar con el mantenimiento de la familia.
Hoy intenta reconstruir su vida, volver a establecer relaciones y clientes que le permitan rearmar su emprendimiento. “No ha sido sencillo porque la situación del país también está más difícil que el año pasado, pero uno no se puede echar a morir. Toca volver a empezar tantas veces como sea necesario”.
A pesar de que la situación tuvo momentos de calma y la represión de las primeras semanas luego de las elecciones de 2024 bajó de intensidad, ni la persecución ni la detenciones arbitrarias han desaparecido. Según datos de Vente Venezuela, durante la semana previa a las elecciones municipales, al menos 40 personas pertenecientes a su organización fueron detenidas y seis organizaciones internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la agudización de la política de represión y persecución sistemática y sostenida contra defensores de derechos humanos en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
