Este viernes 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, informó sobre un nuevo ataque militar contra una embarcación en el mar Caribe que estaba supuestamente vinculada al tráfico de drogas.
“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos», escribió Trump en la red social Truth.
El mandatario compartió imágenes de la operación, pero no aclaró si corresponden a la tercera lancha de la que habló el miércoles pasado o si se trata de una cuarta embarcación atacada en un nuevo operativo.
“Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico, con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales”, sentenció Trump.
A principios de septiembre, Trump reportó el hundimiento de una embarcación presuntamente proveniente de Venezuela con 11 personas a bordo.
Posteriormente, informó sobre otra operación contra una segunda lancha, en la que fallecieron tres personas.
Aunque no dio mayores detalles, este miércoles 17 de septiembre dijo a representantes de medios de comunicación que Estados Unidos había atacado una tercera embarcación.
Trump justificó estas acciones bajo la Ley de Poderes de Guerra y envió esta semana una comunicación al Senado alegando que los carteles del narcotráfico en el Caribe cuentan con estructuras financieras y capacidad paramilitar para actuar con impunidad, representando una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, solicitó a organismos internacionales investigar lo que calificó como ejecuciones extrajudiciales cometidas por la administración de Trump.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Rory Branker no se salvó de la persecución política que ejerce el Estado en contra de los periodistas. Aunque no firmaba notas, su labor como editor en el portal La Patilla lo convirtió en un blanco de la represión.
Rory Daniel Branker de 43 años, no recibió advertencias ni amenazas previas. Andaba tranquilo por las calles porque no le debía nada a la justicia. Sin embargo, el 20 de febrero todo cambió para él y su familia.
En horas de la tarde, Rory Branker se desplazaba junto a su pareja por la zona de Macaracuay, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los interceptaron y se los llevaron detenidos sin mediar palabras.
Cuando llegaron a Plaza Venezuela, había otro vehículo esperando a Rory. En el trasbordo, los funcionarios bajaron de la camioneta a la pareja Branker y le dijeron: “mira piérdete de aquí y cuidado con lo que digas porque todo lo que digas lo va a pagar él”, comentó una fuente cercana al caso.
Los funcionarios despojaron a la pareja de Branker de su celular. Como pudo, logró resolver para llegar a su casa y avisar a los familiares lo que estaba ocurriendo.
Al mismo tiempo que se estaban llevando a Rory detenido, funcionarios encapuchados y vestidos de negro, allanaron su vivienda y se llevaron dos computadoras, dos celulares y otros artículos personales del comunicador.
Rory Branker es periodista, editor e internacionalista. Desde sus inicios ha forjado su carrera en La Patilla, portal web fundado por Alberto Federico Ravell, quien en el año 2015 fue demandado por el segundo de chavismo, Diosdado Cabello por “daños morales” y obligado a pagar una multa de 32 millones de dólares, lo que lo obligó a salir del país.
Sin información de su paradero
Desde la detención de Branker comenzó un calvario para toda la familia y en especial para su madre, la señora Cheryl Ann Branker, quien tiene 80 años y problemas de salud por un accidente cerebro vascular que sufrió hace tres años.
Cuando el periodista cumplió una semana en desaparición forzada, Cheryl Ann difundió un video exigiendo conocer el paradero de su hijo.
“Quisiera saber dónde está mi hijo Rory Daniel Branker. No lo he visto en una semana y no sé si está desaparecido o dónde se encuentra. Esto me está matando, por favor”, suplicó.
Desde entonces, Cheryl Ann difundió videos en fechas simbólicas como el Día del Periodista, el Día de los Derechos Humanos y el cumpleaños de Rory para conocer el paradero de su hijo y también para exigir su libertad.
Los videos de la madre de Rory Branker se hicieron virales de inmediato. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, activistas y periodistas se sumaron a las súplicas de la adulta mayor; sin embargo los audiovisuales fueron totalmente ignorados por el gobierno.
🗣️Hoy se cumplen 180 días desde la detención arbitraria de Rory.
Su madre, Cheryl Ann Branker, pide nuevamente AYUDA para saber el paradero de su hijo. 180 días de incertidumbre, de silencio, de dolor. 180 días sin respuestas.
Tras casi 90 días desaparecido, el 14 de mayo, Diosdado Cabello en su programa televisivo “Con el Mazo Dando” confirmó que el periodista estaba detenido por “extorsionar a personas mediante publicación de información falsa y otros delitos más”.
“Como venganza, Ravell está moviendo sus antiguos tentáculos para montar matrices comunicacionales contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Ravell debe rendir cuentas por todo el dinero que manejó cuando estuvo al frente del Centro de Comunicación Nacional durante el interinato y debe explicar cómo vivía cuando recibía fondos de la USAID”, dijo Cabello y agregó que “Rory está cantando más que Pavarotti. El tun tun está activo”.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabiliza que actualmente en Venezuela hay 18 trabajadores de la prensa detenidos por motivos políticos.
206 días desaparecido
El pasado 15 de septiembre, luego de 206 días sin conocer su paradero y estado de salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó que el periodista Rory Branker se encuentra detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta (Zona 7).
Según información obtenida por Runrun.es, Rory fue traslado a Boleíta dos días antes de que contactara con sus familiares. Su madre, quien pudo verlo, aseguró que “dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable”.
“En la visita que le hizo su madre pudo constatar que está más delgado y que no vio signos de maltrato o torturas, pero la memoria de Cheryl Ann Branker, producto del ACV que sufrió no puede recordar con tanto detalle todo lo que conversó con Rory”, dijo la fuente quien por temor a represalias prefirió ocultar su identidad.
La voz vinculada al caso de Rory Branker explicó que el periodista solo puede recibir visitas de su madre, padre o cónyuge, por lo que han estado hablando con organismos internacionales para que intercedan y le permitan la entrada a un hermano.
“Es una situación muy fuerte, obviamente no es que ahorita estemos alegres, pero por lo menos hay una ubicación, por lo menos pudo ver a su mamá y su mamá lo pudo ver a él, de aquí en adelante queda entender un poco más de qué es lo que está sucediendo con el caso de él”, explicó otra persona con conocimiento del caso.
En un limbo judicial
La fuente describe a Rory Branker como un hombre tranquilo, pacífico, trabajador y familiar. Aseguró que el periodista es un hombre humilde que, para tener sus cosas debía, incluso, trabajar para otros portales redactando sobre temas distintos a la fuente política.
“Rory no publicó ninguna información incómoda al gobierno. A él se lo llevan preso por trabajarle a Alberto Federico Ravell”, dijo la fuente.
A más de 200 días de la detención de Rory Branker, su caso, como el de otros presos políticos, está en un limbo judicial. Su familia desconoce de qué se le acusa formalmente, si fue presentado ante los tribunales y si recibió alguna condena.
“No hay un delito claro, su único delito fue trabajar para La Patilla”, dijo la fuente consultada por Runrun.es
Reacciones internacionales
El caso del periodista Rory Branker ha sido ampliamente denunciado por organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas, y ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Justicia Encuentro y Perdón y Un Mundo Sin Mordaza.
En abril de 2024, el senador de Estados Unidos, Rick Scott, exigió la liberación del periodista y a través de un mensaje posteado por el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, en donde denunciaban la desaparición de Branker, Scott respondió que Estados Unidos “está observando” lo que está ocurriendo en Venezuela.
El pasado 4 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del periodista y señaló que Rory Branker “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y que su vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Después de cuatro meses detenido en un centro para migrantes en Texas, el expreso político Gregory Sanabria salió en libertad
Un juez de inmigración le concedió el miércoles la solicitud de asilo quwe había pedido y ordenó su liberación su abogado.
Sanabria fue detenido en junio de este año en medio de una campaña del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para identificar y arrestar a inmigrantes venezolanos, particularmente a quienes llegaron durante los últimos tres años huyendo de la crisis política y económica en Venezuela.
El expreso político de 31 años de edad fue un activista estudiantil que participó en la ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014, y a consecuencia de eso estuvo preso cuatro años en la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Atravesando la ruta del Darién, Sanabria se trasladó a los Estados Unidos en 2022 y se entregó a las autoridades en la frontera sur, que posteriormente lo liberaron tras una entrevista de “miedo creíble”.
En el marco de su cita anual de seguimiento en Houston, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestó y desde entonces estaba detenido en un centro de Texas.
La posibilidad de que fuese deportado a Venezuela desató la condena de organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, así como de legisladores estadounidenses de ambos bandos.
“Es un respiro de tranquilidad para la comunidad venezolana y para mí, como su mejor amigo”, dijo Lennard García, también migrante y exactivista que estuvo encarcelado en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En su más reciente informe, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)sobre Venezuela denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una especie de plan de aniquilamiento de la disidencia política, el cual se tradujo en una treintena de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, exilio forzado, amedrentamiento en las calles y asfixia de la libertad de expresión lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
La Misión determinó que al menos 30 personas murieron víctimas de la represión poselectoral y miles fueron detenidas, entre ellas más de 80 personas extranjeras y familiares de perseguidos políticos .
Aunado a eso, las aprehensiones se prestaron para la extorsión y chantaje de parte de funcionarios de cuerpos militares y policiales.
La investigación de la ONU evidenció además que mujeres y niñas adolescentes, fueron objeto de violencia sexual basada en género.
También se constataron casos de tortura prolongada con aislamiento de detenidos por razones políticas en espacios reducidos, lo que constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Se acentuaron las detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas, restricciones al espacio cívico y su impacto en organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.
Detenciones masivas
Durante las protestas postelectorales de 2024, las autoridades reconocieron que habían detenido a más de 2.220 personas, sin embargo la Misión solo pudo documentar 243 aprehensiones (202 hombres y 41 mujeres), lo que constituye un sub registro de la realidad en vista de la nula transparencia de datos oficiales y el impedimento a una investigación imparcial.
Luego de la toma de posesión presidencial del pasado 10 de enero de 2025, la Misión de la ONU documentó hasta 84 detenciones (67 hombres y 17 mujeres) de políticos de oposición, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de opositores. Entre los arrestos, destacan los de dos adolescentes de 17 años, uno de los cuales fue excarcelado el 11 de junio de 2025.
Por su parte, durante los días previos y posteriores a las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025, la Misión documentó 42 detenciones (34 hombres y 8 mujeres), la gran mayoría entre el 21 y el 23 de mayo, relacionadas con supuestas conspiraciones.
En lo concerniente a Niños, Niñas y Adolescentes, la Misión pudo documentar 220 casos de detenciones, entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 (187 niños, 22 niñas y 11 NNA cuyo género no ha podido identificarse).
Destacaron los casos de violencia selectiva contra el concejal y dirigente político Jesús Armas cuando salía de un café en Caracas el 10 de diciembre de 2024 y el director de Espacio Público, Carlos Correa, interceptado por una camioneta sin identificación el 7 de enero de 2025. En ambos casos las personas encapuchadas que los secuestraron no presentaron identificación.
El “escape” de la embajada argentina
Tras casi 14 meses de encierro, el 6 de mayo de 2025, las personas que permanecían en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas huyeron del país, de acuerdo a una información emitida por el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio se trató de un rescate, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello argumentó que la salida había sido el resultado de una negociación. En una rueda de prensa, las cinco personas que abandonaron la sede diplomática aseguraron que su salida había sido el resultado de una “operación estratégica”.
Ninguno con defensa privada
Desde el momento de su aprehensión, las personas detenidas fueron impedidas de ser asesoradas por abogados de su confianza. Las víctimas fueron presentadas en los tribunales por funcionarios de la defensa pública. El informe señala que los abogados públicos siguen sin cumplir con su mandato de garantizar una defensa técnica efectiva e independiente. Según fuentes consultadas por la Misión, los defensores públicos han recibido la instrucción expresa de no realizar ningún acto procesal en favor de sus clientes.
Incomunicados
De acuerdo a la Misión de la ONU, numerosas personas detenidas luego de las protestas por las elecciones presidenciales de julio de 2024, que fueron trasladadas a Tocuyito, no tuvieron contacto con el mundo exterior por aproximadamente dos meses. Las visitas se realizaron bajo condiciones estrictas, con una duración limitada de entre 10 y 20 minutos, y sin contacto físico, ya que las personas detenidas y sus familiares estaban separados por un vidrio. Al menos 19 personas privadas de libertad en el centro de Rodeo I estuvieron incomunicadas desde el 15 de diciembre de 2024 por un periodo de tres meses, luego de protestar por las condiciones de detención.
Extorsión para salir
Al menos cinco personas alegaron haber sido víctimas de algún tipo de extorsión para evitar ser detenidas o ser liberadas sin enfrentar cargos. Los montos exigidos oscilaron entre $1.000 y $50.000, según información recibida de las personas afectadas y sus familiares. En un caso investigado, los familiares de un detenido pagaron $3.500 al encargado de una sede de la DGCIM para liberarlo. Se conocieron casos de ciudadanos extranjeros que para evitar su detención han tenido que pagar sumas de entre $5.000 y $10.000. También se documentaron extorsiones de carácter sexual contra mujeres a cambio de no ser detenidas o mejorar sus condiciones en los calabozos o cárceles.
Detenciones de familiares
La Misión de la ONU identificó un patrón sostenido y sistemático de detenciones de familiares de personas opositoras. Las aprehensiones responden a una política de represión orientada a generar miedo y control social. Los familiares son detenidos como forma de represalia o presión hacia el perseguido político. El objetivo es tratar de silenciar la disidencia y desincentivar la denuncia de violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia. Tudares fue detenido en los días previos a la juramentación de Maduro. Desde entonces ha permanecido incomunicado y sin que su familia haya recibido información oficial sobre su paradero. Igualmente está el caso de la periodista Ana Carolina Guaita, quien fue detenida el 20 de agosto de 2024 por funcionarios del SEBIN en Maiquetía. La Misión constató que su detención estuvo directamente vinculada con la participación política de su madre, Xiomara Barreto, dirigente del partido COPEI, en la campaña presidencial de 2024. Según documentó la Misión de la ONU, el jefe de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira, Andrés Goncalvez, ofreció liberar a Guaita a cambio de la entrega voluntaria de su madre.
Excarcelacionesopacas
El proceso de excarcelación luego de la represión poselectoral estuvo marcado por la falta de transparencia en cuanto a cifras oficiales, las medidas cautelares restrictivas y el hostigamiento hacia las personas beneficiadas. Al menos tres personas excarceladas fallecieron después de su detención como consecuencia del deterioro de su salud. Según datos oficiales del Ministerio Público, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, se produjeron 2.006 excarcelaciones, incluidos niños, niñas y adolescentes. Pese a que las comunicaciones oficiales cesaron en marzo de 2025, las excarcelaciones esporádicas y de forma individual continuaron.
De acuerdo al Foro Penal Venezolano, del 16 de noviembre de 2024 al 17 de marzo de 2025 un total de 1.399 personas fueron excarceladas, cifra inferior a la proporcionada por las autoridades.
Casas clandestinas
La Misión de la ONU denunció la práctica de utilizar casas de seguridad o lugares clandestinos de detención. En al menos cuatro casos, se obtuvo información de que las personas detenidas fueron llevadas a casas clandestinas donde sufrieron malos tratos o tortura al inicio de su detención. Según un informante, el concejal Jesús Armas fue trasladado a una casa clandestina en una urbanización de Colinas de Santa Mónica. Allí permaneció atado a una silla durante tres días, siendo asfixiado con bolsas plásticas mientras lo interrogaban.
Bloqueo al habeas corpus
El bloqueo y rechazo sistemático a la recepción del habeas corpus ha sido una constante en este gobierno. En el periodo posterior a las elecciones presidenciales, la Misión documentó al menos 22 casos en los que los recursos de habeas corpus no fueron recibidos o tramitados.
Cama de Adolfo, El Tigrito y Saturno
Puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría, privación forzada de sueño a través de iluminación y música con volumen alto las 24 horas del día fueron algunas denuncias recibidas por la Misión de parte de los detenidos
De acuerdo a la Misión de la ONU, las técnicas fueron aplicadas deliberadamente para quebrar la resistencia de las víctimas e inducir confesiones forzadas o acusaciones fabricadas contra terceros.
En el centro penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón, la Misión documentó el uso de una celda de castigo conocida como la “cama de Adolfo”, se trata de un espacio no más grande que la caja de una lavadora, aproximadamente de un metro cuadrado similar a la bóveda, sin ventilación, iluminación y oxígeno adecuado.
También en Tocorón, la Misión incluyó en el informe a los “Tigritos”, otras celdas de castigo donde los presos pueden estar de pie, pero no pueden desplazarse. Se estima que hay al menos tres en el plantel y las personas solo reciben alimentos dos veces a la semana.
Por su parte, los investigadores constataron la presencia de una celda en “Tocuyito”, estado Carabobo, llamada “Saturno”, donde los detenidos son atados de las manos a un tubo por un tiempo indefinido.
No se puede denunciar
La Misión de la ONU documentó impunidad e ineficacia institucional, la cual impide a las víctimas de violencia sexual y basada en género acceder a mecanismos efectivos de denuncia, protección y reparación.
Las barreras incluyen miedo a represalias, revictimización en el proceso penal, falta de independencia judicial e inexistencia de rutas institucionales seguras para las mujeres en detención o para sus familiares.
Según el informe, en ninguno de los casos documentados por la Misión desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se ha tenido conocimiento de que se hayan iniciado investigaciones diligentes, imparciales e independientes.
Ataque a los periodistas
La Misión de la ONU también pudo documentar el patrón de represión contra periodistas, trabajadores de la prensa, así como comunicadores y creadores de contenidos en plataformas digitales, restringiendo el espacio cívico y la libertad de opinión y expresión. Se dieron al menos 18 casos nuevos de detenciones a periodistas en el ejercicio de sus funciones durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las detenciones son consideradas arbitrarias, al no existir órdenes de captura o no haberse producido en flagrancia. Igualmente la Misión registró testimonios de detenciones y agresiones físicas a periodistas mientras cubrían las protestas postelectorales en distintas regiones del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 19 de septiembre, los familiares de los presos políticos acudieron a la Embajada de Italia, en Caracas para pedir la libertad plena de todos los detenidos por motivos políticos en Venezuela.
En el cierre de la segunda Ruta Global por la Justicia, los activistas denunciaron el permanente trato cruel, inhumano y degradante en contra de los presos políticos y sus familiares.
Ante la sede diplomática pidieron el respaldo a la campaña “Canonización sin presos políticos“, que busca que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sea una celebración de fe, paz, justicia y verdad.
Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ofreció un balance sobre la Ruta Global por la Justicia. El activista denunció que los manifestantes fueron hostigados durante los cinco días que duró la actividad.
“En todas las actividades siempre hay presencia policial, obstaculizan las protestas simbólicas y nos graban sin consentimiento. Esto ya es algo abusivo y recurrente”, dijo Casanova en entrevista en VPI TV.
#19Sep#Venezuela#PresosPolíticospic.twitter.com/iJsL48DGeG Diego Casanova, miembro de @clippve, denunció hostigamientos durante la ruta global por los presos políticos: “En todas las actividades siempre hay presencia policial, obstaculizan las protestas simbólicas y nos graban…
Desde la sede diplomática de Italia, la activista Andreina Baduel denunció que el pasado miércoles fueron tratados de “forma hostil” en la embajada de Bolivia en Caracas.
Baduel señaló que no fueron recibidos por personal diplomático y en su lugar, fue el personal de mantenimiento el encargado de recibir el documento con las peticiones del Clippve.
“Le recordamos a Bolivia que los Derechos Humanos no tienen frontera ni tinte político”, dijo Baduel.
La activista Andreina Baduel denuncia que el pasado miércoles fueron tratados de "forma hostil" en la embajada de Bolivia en Caracas.
Señala que no fueron recibidos por personal diplomático y en su lugar, fue el personal de mantenimiento el encargado de recibir el documento con… pic.twitter.com/85x2kaG7Tr
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que durante la actividad en la Embajada de Italia, Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel e hija del General Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia del Estado venezolano, detectó un dispositivo sospechoso sin identificación adherido a su vehículo.
El Clippve indicó que el hecho fue notificado a los funcionarios de la PNB que estaban apostados en el lugar y tras considerarlo “potencialmente peligroso” desalojaron el área en espera de una comisión especializada. Luego, tras más de una hora de espera, dos efectivos identificados como miembros de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB llegaron al lugar, retiraron el dispositivo y se retiraron “sin ofrecer explicación”.
Este acto se suma al acoso sufrido por Andreina Baduel el jueves 18 de septiembre, cuando fue seguida por un sujeto sin identificación al retirarse de la sede diplomática de Italia en La Castellana.
🚨DENUNCIA URGENTE | Funcionarios no explican la naturaleza del dispositivo puesto en el vehículo de Margareth Baduel durante el cierre de la #RutaGlobalPorLaJusticia
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciamos un hecho de extrema gravedad ocurrido el… pic.twitter.com/iabu391LwK
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 19, 2025
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 17 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
En Venezuela, entrar y mantenerse en el mercado laboral es un desafío que golpea con fuerza a distintas generaciones. Los más jóvenes se enfrentan a ofertas paupérrimas, con salarios que no alcanzan para cubrir lo básico y horarios extenuantes.
Por su parte, quienes están en la mediana edad encuentran puertas cerradas por límites de edad impuestos por las propias empresas, que privilegian a trabajadores más jóvenes aun cuando la experiencia sea un activo. Esto se complica más cuando se trata de mujeres.
Olga Bravo: “La edad no es una condena. Es una etapa distinta, con otras fortalezas. El problema es que el mercado laboral sigue operando con lentes del siglo XX”
Lo que rompe en redes
🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Militares venezolanos realizaron un ensayo de lanzamiento de un misil Igla contra una bengala en Isla Orchilla, durante ejercicios militares a gran escala de la Infantería de Marina, la Armada y la aviación militar en la isla. pic.twitter.com/zIhgN1OrKA
Después de mi propia Venezuela, el país cuya política más sigo, y del que más conozco sus pormenores, es Estados Unidos. No hay otro que se le acerque en este segundo lugar. Ni la España de la que nos escindimos como nación hace dos siglos, ni la vecina Colombia. No estoy en absoluto solo. Es el caso de la inmensa mayoría de los periodistas de fuente política y politólogos cuya patria no es la de Washington. Porque el poder es el objeto de estudio en dichos oficios y ningún otro país tiene tanto poder. Militar, económico y cultural.
¡Y vaya que he tenido mucho de interés que observar últimamente! Para mal, por desgracia. La política estadounidense está enferma de gravedad. Hay una polarización no vista en muchos años. Las dos grandes facciones políticas, articuladas en buena medida (pero no del todo) en el Partido Demócrata y el Partido Republicano, se odian mutuamente. Han dejado de verse el uno al otro como adversarios legítimos con diferencias axiológicas y creencias de que el rival está profundamente errado, pero actúa de buena fe. Ahora se ven como enemigos en un conflicto existencial. Esta es la noción schmittiana de la política, que deja poco o nulo espacio para la deliberación y la negociación entre opuestos. El enemigo no actúa en buena fe. Es perverso. No se le trata como un igual. No se debate con él. Se le somete o se le destruye.
La destrucción siempre es un proceso violento. No debe sorprender entonces que Estados Unidos ha tenido un incremento vertiginoso y muy preocupante en el número de incidentes de violencia política. Incidentes que a veces son fatales. El espantoso asesinato del activista conservador Charlie Kirk es apenas la más reciente manifestación. Sin duda causó un impacto mayor que otros por la forma en que todo quedó siniestramente grabado y difundido en redes sociales. Además, Kirk era una figura muy carismática, cuyas opiniones polémicas (y, en ocasiones, extremas) le granjearon un nutrido número de detractores, pero también de partidarios, incluso fuera de su país.
Pero se trata, repito, de un eslabón en una cadena larga, cuyas víctimas y victimarios se extienden a ambos lados del espectro ideológico. Hace apenas tres meses, una legisladora regional por el Partido Demócrata en Minnesota, junto a su esposo, fueron asesinados a tiros en su propia casa. Piénsese además que hasta al mismísimo Donald Trump casi lo matan en un acto de su última campaña presidencial. Piénsese además que, tras perder los comicios presidenciales anteriores, Trump desconoció su derrota e incitó a una turba a impedir la consagración de ese resultado, con un asalto al Capitolio de Washington D. C., que dejó varios muertos, como consecuencia.
No es la primera vez que Estados Unidos se ve sumergido por oleadas de violencia política. Ese país se fue a la guerra civil debido al futuro de la esclavitud. Un siglo más tarde, el éxito del movimiento por los derechos civiles de los norteamericanos de ascendencia africana produjo una reacción violenta de quienes se empeñaban en mantener la segregación racista y condenar a aquellos a ser ciudadanos de segunda categoría, lo que a su vez produjo en ocasiones disturbios violentos por parte de la población agraviada por el racismo.
Sin embargo, ya han pasado 60 años de este último brote. De manera que, entre la población mundial, es más la gente que no vio, con el juicio de la adultez, o no vio del todo, lo que sucedió entonces en Estados Unidos, que la que sí. Lo que sucede ahora, por tanto, puede resultar desconcertante para quienes han normalizado que, en democracia, las diferencias políticas se resuelven con palabras y no con rifles de asalto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo una democracia consolidada empieza a parecerse a una república bananera?
Pues en primer lugar tenemos la referida polarización. El público norteamericano está profundamente dividido en cuanto a lo que el politólogo Ronald Inglehart llamó “inquietudes postmateriales”, propias de sociedades donde la inmensa mayoría de la población tiene sus necesidades básicas cubiertas y puede, por lo tanto, prestar más atención a otros asuntos. Asuntos como la identidad nacional, la influencia de la religión en la vida pública, los roles de género, la moral sexual, etc. producen disputas colectivas amargas.
¿Y es que acaso en otros países desarrollados no pasa algo parecido, sin que se vea tanto plomo? Sí. España, por ejemplo, es otra nación bastante polarizada por estos temas. Pero pocos de estos otros países tienen una legislación tan laxa sobre el acceso a armas. No voy a sopesar ahora los argumentos a favor o en contra del porte de armamento. Lo que digo es que ese factor no se puede desestimar a la hora de comparar casos.
Hablando de plomo, pudiera decirse (y ruego estar equivocado), que Estados Unidos está entrando a sus anni di piombo, como Italia en la década de 1970, cuando organizaciones de extrema izquierda (e. g. las Brigadas Rojas) y de extrema derecha (e. g. Ordine Nuovo) realizaban con frecuencia acciones terroristas. La diferencia es que los incidentes más violentos, como los asesinatos de Kirk y de la legisladora demócrata, son llevados a cabo por personas que actúan en solitario.
Otra diferencia es que, mientras la violencia política en el siglo pasado a menudo estaba impulsada por ideologías extremas pero rígidas y coherentes (fascismo, estalinismo, etc.), lo que hoy se ve en Estados Unidos es, a veces, gente con idearios más bien poco definidos. Los perpetradores de este tipo de crímenes a menudo no encajan en ninguna taxonomía habitual de las ideologías políticas. Pueden, por ejemplo, abogar por los derechos de las personas Lgbtiq y al mismo tiempo ser racistas. Estas personas se radicalizan consumiendo contenido por internet. Redes sociales e imageboards como 4Chan. Pueden personalizar con mucha más facilidad el tipo de contenido consumen y de esa manera armarse visiones de mundo que rompen categorías tradicionales. Antes no era así. Antes la gente se radicalizaba con libros y conversando físicamente con otras personas. Esa menor variabilidad de estímulos fomentaba el desarrollo de ideologías más cohesionadas y coherentes.
Sus idearios son, pues, líquidos; un rasgo muy propio de la posmodernidad, diría Bauman, tema que fue ampliamente discutido en una emisión pasada de esta columna. También son producto de la búsqueda infinita de estímulos digitales, de forma banal y hasta lúdica, a un paso vertiginoso, como señaló Byung-Chul Han. Las alusiones a videojuegos, memes y shitposting en las municiones del asesino de Kirk respaldan tal hipótesis, aunque otros indicios apuntan a que el sujeto sí tenía motivaciones inclinadas hacia el reformismo social de la izquierda norteamericana.
Como ven, no es una situación simple y hay muchos factores actuando a la vez. ¿Qué sigue? Cuesta saberlo, y también cuesta ser optimista. La reacción del gobierno de Trump, prometiendo revancha contra la izquierda en general por las acciones de los violentos en ese campo, mientras omite o hasta justifica la violencia política de la derecha, no es una buena señal. De todas formas, uno como observador externo solo puede desear lo mejor. No solo porque es correcto de forma deontológica. También porque, si la democracia del mundo está enferma y en peligro de perder su esencia propia, será un aliciente para que el autoritarismo se extienda a nuevos rincones.
En Venezuela es casi misión imposible operarse en un hospital público. En un país donde más del 90% no puede pagar una póliza de seguros, esperar por una cirugía puede tomar meses… o más de un año si se trata de cáncer.
A algunos esta espera les cuesta la vida. Solo en el Hospital J.M. de los Ríos, tres niños murieron en los primeros 15 días de 2024 a la espera de una intervención, según la ONG Provea.
Estándares internacionales arrojan que un hospital debe tener entre 10 y 15 quirófanos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales, en Venezuela funcionan en promedio cuatro.
Como si fuera un episodio de Doctor House, donde el antipático, pero brillante médico debía resolver los casos más complicados, el paciente en Venezuela se las debe arreglar para salir bien librado de mafias hospitalarias y una crisis económica más aterradora que el coronavirus
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
