El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo 25 de octubre que las condiciones que permitieron el regreso seguro de María Corina Machado a Venezuela son resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.
En un mensaje publicado en la red social X, Rubio sostuvo que el proceso de diálogo ha contribuido a la liberación de cientos de presos políticos y al retorno de figuras opositoras que permanecían en el exilio.
El funcionario estadounidense expresó que su gobierno espera que se respeten las libertades de todos los sectores políticos venezolanos.
Asimismo, instó a los actores involucrados a respaldar las conversaciones de reconciliación entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la delegación opositora encabezada por la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera.
A juicio de Rubio, este proceso, enmarcado en la transición política venezolana, representa la mejor oportunidad que ha tenido el país en tres décadas para alcanzar pacíficamente una elección libre y justa, además de construir una democracia duradera.
La declaración del secretario de Estado coincidió con el regreso de Machado, quien confirmó su llegada a Venezuela después de casi diez meses en el exterior con el mensaje.
“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machao en su cuenta de X.
La dirigente opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, hizo posteriormente su primera aparición pública en el Santuario de la Divina Pastora, ubicado en Santa Rosa, estado Lara.
Las declaraciones de Rubio sitúan el regreso de Machado en el contexto de las negociaciones políticas impulsadas con respaldo estadounidense.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Después de diez meses, con un escueto “estoy aquí con ustedes”, la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció su llegada a Venezuela.
Según reportó el diario El País, Machado retornó a Venezuela tras casi diez meses en el extranjero y varios intentos fallidos de regresar. Salió en diciembre de 2025
María Corina Machado salió de Venezuela hace diez meses y volvió apenas este domingo el 25 de octubre de 2026. Su salida estuvo vinculada a su viaje a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz.
Salida de Venezuela
Machado abandonó el país a comienzos de diciembre de 2025, después de permanecer durante un largo período en la clandestinidad ante el riesgo de ser detenida. Viajó a Noruega para recibir el Nobel de la Paz.
Intentos de regresar
Durante su permanencia en el extranjero, la dirigente opositora insistió en su intención de volver para acompañar a los venezolanos y participar directamente en el proceso político. Su equipo denunció al menos siete intentos frustrados de retorno, por distintas rutas aéreas y marítimas.
Impedimentos
Los obstáculos políticos: Su regreso estuvo marcado por las tensiones en torno a las condiciones de seguridad y la postura de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Machado denunció impedimentos para ingresar al país, mientras sectores opositores defendieron su derecho constitucional a regresar.
Llegada a Venezuela
Este domingo 25 de octubre de 2026, Machado confirmó su regreso con el mensaje “Estoy aquí, con ustedes”. Su retorno supone un giro en su estrategia política, debido a que busca recuperar presencia directa en el país y encabezar a la oposición frente al chavismo.
¿Qué significa su regreso?
La llegada de Machado abre una nueva etapa de incertidumbre política. La dirigente busca fortalecer la organización opositora y tener un papel central ante un eventual escenario electoral. Su presencia también plantea desafíos para el oficialismo y para la estrategia de Washington sobre la transición venezolana.
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Este sábado, 24 de octubre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) rechazó la respuesta emitida por la Policía de Chacao tras la denuncia de la organización no gubernamental (ONG) sobre impedimentos para grabar en la plaza Francia de Altamira.
“Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) rechazamos que la Policía Municipal de Chacao, bajo la administración del alcalde Gustavo Duque, pretenda reducir a una simple “confusión” el intento de restringir nuestra libertad de expresión en la plaza Francia de Altamira”, expresó el comité a través de su cuenta en X.
El viernes 23 de octubre, el Clippve denunció un intento de restringir la libertad de expresión de víctimas y familiares de presos políticos en la plaza Francia de Altamira, municipio Chacao.
Miembros del comité se encontraban realizando grabaciones en ese lugar, cuando los abordaron funcionarios de la Policía de Chacao alegando que estaba “prohibido” grabar videos con las camisetas que tenían los mensajes que han acompañado la lucha de las víctimas y familiares de presos políticos en Venezuela.
“Sin ofrecer fundamento jurídico alguno, señalaron que recibían presuntas ‘presiones’ de sus superiores para exigirnos abandonar el lugar”, señaló Clippve en su cuenta de X.
El documento explica que posteriormente se les permitió continuar con la grabación, pero aclara que eso no anula el intento de impedir que su mensaje de transmitiera. También señala que tras la denuncia, el director de la Policía Municipal de Chacao, Luis Gonzálo Fernández, calificó lo ocurrido como una “confusión”.
“Lamentamos que se reduzca a un simple ‘malentendido’ una actuación presenciada por testigos y registrada parcialmente en video”, continúa el comunicado.
Respuesta “revictimizante”
El Clippve calificó la respuesta de las autoridades municipales como revictimizante, debido a que estaría minimizando los testimonios de quienes hicieron la denuncia. Asimismo, mencionó que la comunicación del organismo policial desplaza la atención de la actuación de los funcionarios a una “interpretación equivocada de las víctimas”.
“Una institución comprometida con los derechos humanos debe escuchar, esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que correspondan. Valoramos que la institución declare su compromiso con la Constitución. Sin embargo, las declaraciones de principios no sustituyen el deber de investigar, reconocer las afectaciones y adoptar garantías de no repetición”, escribió el Clippve.
📢 COMUNICADO | Rechazamos la respuesta revictimizante de la Alcaldía de Chacao ante nuestra denuncia por restricciones a la libertad de expresión
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) rechazamos que la Policía Municipal de Chacao, bajo la administración del alcalde Gustavo Duque, pretenda reducir a una simple «confusión» el intento de restringir nuestra libertad de expresión en la plaza Francia de Altamira.
Los testimonios de las víctimas no pueden ser minimizados ni las actuaciones arbitrarias justificadas como malentendidos. Exigimos una investigación, el esclarecimiento de los hechos y garantías de no repetición.
La libertad de expresión es un derecho, no una concesión de las autoridades.
📄 Invitamos a leer y difundir nuestro comunicado completo.
¡Exigir libertad no es un delito!
#QueSeanTodos
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) October 24, 2026
Ante lo ocurrido, el Clippve exigió a la Alcaldía de Chacao y a sus autoridades policiales:
1. Identificar a los funcionarios involucrados, las instrucciones que recibieron y quiénes las impartieron.
2. Preservar y revisar las cámaras de seguridad de la plaza Francia para esclarecer el posible trato discriminatorio, pues otras personas grababan simultáneamente sin recibir la misma intervención.
3. Informar sobre la investigación de los hechos y los correctivos correspondientes.
4. Aclarar si existe alguna normativa que exija permisos para grabar en espacios públicos, su fundamento legal y aplicación.
5. Garantizar las libertades de expresión, reunión y circulación, sin intimidaciones, discriminación ni restricciones arbitrarias por motivos políticos.
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El Gobierno encargado apuesta por la producción de hidrocarburos y minería para financiar la recuperación económica, reducir la inflación y fortalecer el bolívar. Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó el 14 de octubre un plan que también contempla recuperar los servicios públicos y restablecer las conexiones financieras internacionales.
La iniciativa busca transformar los ingresos extractivos en recursos para el resto del aparato productivo. El reto es que el aumento de la producción se traduzca en una recuperación más amplia, en un país donde la inflación continúa deteriorando el poder adquisitivo y las restricciones financieras limitan la capacidad de inversión.
Crecer mientras persiste la inflación
El FMI proyecta que el producto interno bruto (PIB) venezolano crecerá 5 % en 2026 y 7 % en 2027. Al mismo tiempo, estima una inflación promedio de 467,9 % este año y 174,7 % el próximo. La expansión de la actividad económica no elimina, por tanto, las presiones que deterioran el valor de la moneda.
En septiembre, la inflación mensual se desaceleró a 8,4 %, frente al 8,9 % registrado en agosto, según el Banco Central de Venezuela (BCV). Aun así, los precios acumularon un aumento de 225,3 % entre enero y septiembre. El organismo atribuyó la moderación a la estabilización del mercado cambiario, que vinculó con la normalización de los flujos de ingresos externos y la disminución de las presiones cambiarias. Según el instituto emisor, estos factores también contribuyeron a una menor variación de los precios.
Durante las reuniones del FMI, Ortega planteó que el país aspira a adoptar un marco de metas de inflación a mediano plazo y alcanzar una cifra de dos dígitos. Sin embargo, un esquema de esta naturaleza exige objetivos cuantificables, instrumentos monetarios eficaces e instituciones con credibilidad.
El economista José Guerra advirtió que Venezuela requiere un programa de estabilización integral antes de implementar un régimen de ese tipo. También considera necesario identificar los factores determinantes de la inflación y distinguir cuáles pueden controlar el BCV. La reducción sostenida de los precios exige condiciones que van mucho más allá de anunciar una meta de inflación.
El nudo de la deuda
En la hoja de ruta el Gobierno planteó que el incremento de los ingresos fiscales procedentes del petróleo y la minería permitiera financiar servicios públicos esenciales, como el agua y la electricidad, y ampliar la capacidad industrial. La recuperación de esta infraestructura es importante para el sector privado, que enfrenta mayores costos operativos por las fallas de los servicios, así como para la población en general.
Un aumento de la producción extractiva puede ampliar los ingresos externos, pero no garantiza por sí solo recursos suficientes para sostener los servicios, diversificar la industria y equilibrar las cuentas públicas.
La capacidad de financiar esa recuperación también está condicionada por la situación de la deuda. Ante el FMI, Ortega reconoció que el análisis de sostenibilidad se había complicado más de lo previsto y afirmó que el Gobierno esperaba publicarlo “muy pronto”, sin precisar una fecha.
La agencia internacional de noticias Reuters sitúa entre 150.000 y 200.000 millones de dólares el monto de la deuda venezolana cuya reestructuración prepara el Gobierno. El proceso es complejo por la diversidad de acreedores y compromisos. Determinar la sostenibilidad de esa deuda es clave para evaluar las condiciones de una eventual reestructuración y las posibilidades de recuperar el acceso a los mercados financieros internacionales.
Antes hay que estabilizar el bolívar
El representante venezolano ante el organismo multilateral explicó que el objetivo es que el bolívar cubra el 100 % de las transacciones internas y que las divisas se reserven para el comercio exterior. Un estudio sobre dolarización de Ecoanalítica, publicado en septiembre de 2026, registró 45.421 pagos en 530 establecimientos de diez ciudades. El 75 % de las transacciones de la muestra se realizó en bolívares y el 24,7 % en divisas.
Que tres de cada cuatro pagos de la muestra se efectúen en moneda nacional no equivale a una recuperación de la confianza en el bolívar, por lo que en bolívares no impide que los comercios fijen sus precios en dólares o que los ciudadanos busquen refugio en divisas para proteger sus ahorros.
La estabilidad monetaria depende de que la moneda conserve su poder de compra mediante políticas fiscales, monetarias y cambiarias coherentes. Ampliar su uso depende de esa estabilidad, no la sustituye. En este sentido José Guerra fue enfático al señalar que “la estabilidad de la moneda no se logra mediante decreto”.
Los lineamientos presentados por el Ejecutivo exponen metas económicas, pero todavía no constituyen un programa integral que detalle las medidas, los recursos, los plazos y las responsabilidades para alcanzarlas. Esta diferencia cobra mayor relevancia en una administración interina, cuyo horizonte de permanencia no está definido y añade incertidumbre sobre la continuidad de sus objetivos.
La recuperación dependerá de que los ingresos extractivos se traduzcan en inversión, mejores servicios y estabilidad de precios. Sin un programa que articule las medidas necesarias y permita sostenerlas en el tiempo, las metas anunciadas seguirán siendo una declaración de objetivos, no una garantía de recuperación económica sostenible.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para frenar la tuberculosis en las cárceles y calabozos policiales del país.
De acuerdo con un comunicado difundido en su página web, la organización ha recibido testimonios de familiares que refieren de personas privadas de libertad con tuberculosis con dificultades para acceder al tratamiento médico.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta se propaga por el aire cuando una persona con la enfermedad activa en los pulmones o la garganta tose, estornuda, habla o canta. La enfermedad se puede curar casi siempre mediante un tratamiento con antibióticos específico que suele durar de varios meses.
Frente a esta situación sostenida la organización exhorta al Estado a implementar de manera inmediata un plan sanitario que contemple:
Rastreo y cerco epidemiológico inmediato: Ante cada sospecha de caso de tuberculosis se debe activar un cerco que identifique, aísle y evalúe con pruebas rápidas a todos los contactos de celda, custodios y personal de seguridad.
Aislamiento respiratorio y tratamiento: Aislar a internos sintomáticos y garantizar la administración de las medicinas.
Descongestionamiento: Adecuar la infraestructura carcelaria con ventilación natural o mecánica obligatoria y resolver el hacinamiento crítico que acelera la propagación aérea del bacilo.
Tamizaje obligatorio de ingreso: Evaluar clínicamente a toda persona privada de libertad y realizar jornadas periódicas de detección en pabellones.
Garantía de atención médica: Abastecer áreas de salud con medicamentos e insumos de protección, eliminando la traba burocrática para trasladar a detenidos graves a hospitales generales.
Responsabilidad del Estado
El OVP recordó que tras la privación de libertad de un hombre o una mujer, cualquier deterioro grave de salud o fallecimiento bajo custodia es responsabilidad del Estado.
“Las muertes por tuberculosis configuran delitos de omisión de socorro, cuyos responsables abarcan desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario hasta los directores de recintos, comandantes de comisarías y personal médico u operativo que niegue insumos o impida traslados de emergencia”, aseguró el OVP.
De igual forma, alcanza a los directores de cárceles, jefes de comisarías y al personal médico y de custodia que haya incurrido en la omisión de atenciones, negación de insumos o bloqueo de traslados hospitalario.
Ante esta realidad, el OVP elevará ante el sistema de Naciones Unidas, incluyendo el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud, y ante el Sistema Interamericano.
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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció el colapso del sistema educativo del país, al que calificó como una “trágica y profunda crisis estructural” que amenaza de forma directa el desarrollo de las futuras generaciones.
Mediante la Exhortación Pastoral de los Obispos Venezolanos, emitida este 23 de octubre, la institución advirtió que el sistema educativo atraviesa una trágica y profunda crisis estructural, marcada por paupérrimos sueldos devengados por los docentes, infraestructura escolar precaria (sin servicios básicos) y alta deserción escolar.
“Debilitar la educación es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones y truncar la refundación ética y democrática de la nación”, aseguró la CEV.
En el diagnóstico presentado por la institución eclesiástica, la crisis educativa se manifiesta a través de tres factores críticos que mantienen paralizado al sector. El primer factor que expone la CEV es el bajo ingreso salarial de los maestros y docentes. El segundo, infraestructuras deterioradas y sin servicios básicos. Finalmente, la deserción escolar que, por las mismas deficiencias del sistema, han derivado en una alta tasa de abandono de las aulas por parte de niños y adolescentes.
A pesar de este panorama, el episcopado hizo un reconocimiento explícito al “esfuerzo heroico de los educadores”, valorando su permanencia y compromiso al mantenerse en el cumplimiento de su vocación docente a pesar de las adversidades.
Exigencias de la iglesia
Ante el riesgo de “hipotecar el futuro de las nuevas generaciones”, los obispos venezolanos formularon peticiones puntuales al Estado y a la sociedad civil para rescatar la enseñanza en el país.
La iglesia propone la articulación de un Pacto Educativo Nacional que garantice condiciones operativas dignas en los planteles, frene el abandono escolar y dignifique la labor de los profesores y maestros.
La CEV se hizo eco de la exigencia de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) para que el Estado venezolano mantenga vigente y cumpla en los términos originales suscritos el convenio educativo que financia y sostiene a cientos de colegios subsidiados en sectores vulnerables.
El documento anima a los jóvenes y laicos a formarse para asumir una “renovada clase dirigente ciudadana” comprometida con la honestidad y la gestión del bien común desde las aulas y la vida pública.
Otras denuncias de la CEV
La organización religiosa también denunció que la vulneración del derecho a la salud sigue clamando ante la conciencia nacional. La escasez persistente de insumos en centros hospitalarios públicos, el insuficiente salario del personal médico y sanitario al igual que el deterioro de la red asistencial, impiden el acceso equitativo a este derecho fundamental.
En el texto, la institución aseguró que el pueblo sufre por la pérdida del poder adquisitivo al no tener salarios dignos sino una compensación salarial a través de bonos, la pulverización de las pensiones, la distorsión causada por el uso de múltiples monedas y la informalidad laboral; lo cual ha generado una profunda desigualdad donde la mayoría no cubre la canasta básica.
La situación del sistema eléctrico también fue denunciada por la CEV que afecta profundamente la calidad de vida del venezolano.
“Miramos con preocupación que, pese al “tutelaje económico”, los ingresos por producción petrolera no han repercutido en el bien común del pueblo venezolano”, expresó la CEV.
La organización afirmó que en las últimas décadas se ha profundizado el deterioro del tejido social y familiar. Esto debido a una grave crisis humanitaria que encuentra en la expresión “sálvese quien pueda” la descripción de una situación que ha tenido como consecuencia el desamparo de la infancia, la desesperanza juvenil y la desatención de los adultos mayores; escenario agravado por los recientes sismos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El proceso de postulaciones para escoger a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) iniciará el próximo miércoles 28 de octubre, informó el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), este viernes desde el Palacio Federal Legislativo.
Alessandrello, quien fue ratificado en el cargo de presidente del comité durante la instalación de la instancia; resaltó que en la primera reunión de trabajo fue aprobado, por unanimidad, el reglamento de funcionamiento interno y definieron el cronograma de actividades.
La instancia parlamentaria se encargará de seleccionar a los titulares de cargos conexos como la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela de la Magistratura.
Este jueves, la Asamblea Nacional aprobó y juramentó al Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de la escogencia de los 32 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y sus suplentes, tras aprobar a los 12 representantes de la sociedad civil.
El diputado Alessandrello ha dicho que el listado final para llenar las salas del TSJ estaría listo para la primera semana de diciembre. Al presentar a los integrantes de la sociedad civil, el Consejo de Verificación de Credenciales se incorporará una vez culminada la fase de recepción para chequear, exhaustivamente, la documentación de los aspirantes, aseveró.
Luego de un lapso aproximado de 15 días establecido para las postulaciones y la publicación formal de los nombres, detalló el diputado, se abrirá un período de 15 días continuos para las impugnaciones ciudadanas.
La ponderación del mérito académico y otros criterios específicos se continuarán discutiendo en las próximas reuniones de trabajo, detalló. En cuanto a las pautas de evaluación, se elaborará de manera colectiva un baremo técnico para ponderar el mérito académico, la trayectoria laboral y las aptitudes profesionales de los candidatos.
Todas las actividades, avances y conclusiones del cronograma serán difundidos, periódicamente, para garantizar el control social y el conocimiento de la opinión pública. Recordó que, conforme a lo estipulado en la Constitución de la República, los magistrados titulares actuales no pueden volver a postularse para el mismo cargo.
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A las puertas de lo que debió haber sido un año escolar con aulas abiertas, la realidad de las parroquias en el oeste de Caracas evidencian un panorama distinto.En Propatria, al menos seis instituciones educativas quedaron marcadas con etiqueta roja a cuatro meses de los sismos, un veredicto técnico que prohíbe el ingreso de alumnos y mantiene las puertas cerradas bajo la advertencia de daños que pueden comprometer a la edificación.
Fuentes ligadas a la comunidad educativa de la zona informan que las pocas escuelas públicas que se mantienen en pie han sido destinadas a atender a los damnificados y afectados por el terremoto. “Están buscándole solución a esas personas para reubicarnos a nosotros mientras el Estado nos repara las escuelas”, afirmó Roxy Portillo, representante de la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas, ubicada en la avenida Principal de Propatria.
Algunos de los planteles afectados son la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco, Escuela Básica Sergio Medina, Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión” y la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas. La Escuela Técnica Industrial “Rafael Vegas” y el Colegio José Gervasio Artigas no prestan servicio como centro educativo, sino como campamento transitorio para los perjudicados por el sismo.
“Por los momentos, nos están mandando las actividades para la casa semanalmente”, expresó Portillo. Asimismo, aseguró que no se encuentran recibiendo clases de forma online, solo le son enviadas las asignaciones a los alumnos para que sean entregadas una semana después en los planteles educativos, lo que -considera- no garantiza un aprendizaje adecuado en los jóvenes.
Los padres de estos estudiantes han mostrado un desacuerdo total con la modalidad de contingencia impuesta por los centros educativos. El 17 de septiembre del 2026, a través de un video difundido en Tiktok por “La Venezolana 100%”, la comunidad educativa del Picón Salas hizo un llamado directo al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidiendo su intervención urgente para rescatar la infraestructura de los institutos afectados.
Ante la falta de respuestas, el pasado seis de octubre del 2026, el descontento escaló a las calles. Representantes y miembros de la comunidad protagonizaron una protesta frente a la institución Gustavo Ledo, tal como documentó en un video el usuario de TikTok “@yubisney.24”. Con pancartas y consignas, exigieron soluciones inmediatas para las instalaciones que no se encuentran óptimas para prestar servicio al público.
Representantes revelaron que esta institución implementó un sistema en el que los alumnos deben acudir tres días (semanalmente) al plantel, pero las actividades pedagógicas siguen siendo estrictamente online.
Adicionalmente, una representante de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Almirante Brión”, ubicado en la calle 12 de Propatria, aseguró que “en la primera inspección el instituto obtuvo una etiqueta roja, mientras que en su segunda inspección realizada el 30 de septiembre informaron que iban a hacer un cambio de etiqueta. Pero, hasta los momentos, no han dado respuestas. Los profesores responsablemente están mandando las tareas vía WhatsApp y después los estudiantes hacen entrega”.
Se intentó contactar a directivos de diversos planteles afectados en Propatria para conocer con mayor detalle la situación estructural y el número de estudiantes afectados, pero la negativa a declarar ha sido constante. Solo se limitan a responder que “no pueden precisar mayor información”. No obstante, una fuente interna vinculada a la Unidad Educativa Nacional Andrés Eloy Blanco informó que en esa institución había un aproximado de 1500 estudiantes matriculados que se ven afectados por la situación
La preocupación por un año escolar que no ha arrancado del todo no es un caso aislado en Propatria. El pasado cinco de octubre, el medio digital JunquitoNews difundió un audiovisual denunciando que planteles como la Escuela Básica Bolivariana Sabaneta, Unidad Educativa Nacional Sucre, Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera (que funciona como campamento transitorio), Escuela Carlos Lanz, Escuela Básica Nacional José Antonio Páez y la Unidad Educativa Nacional Augusto Pisuñer también arrastran la misma situación: etiquetas rojas, asistencia limitada a un solo día -lo que, representantes consideran “no es educación”- y preocupación de la comunidad educativa, que insisten en llamados al Ministerio de Educación para que tome cartas en el asunto.
Un trabajo de EFE reseñó que aproximadamente 200 000 niñas, niños y adolescentes quedaron fuera de las aulas después de los terremotos. En declaraciones a la agencia, el director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote Jesús ‘Txuo’ Rodríguez Villarroel, alertó que si los centros educativos no se recuperan de manera urgente, “muchos de esos 200 000 puede que no regresen a su escuela”.
“Con el doblete sísmico que hubo en el mes de junio, las escuelas se vieron lamentablemente más afectadas, porque se terminaron de debilitar las estructuras de los planteles educativos”, aseveró el secretario de Legislación Laboral Contratación y Conflicto del Sindicato Venezolano de Maestros, Raúl Parra, quien suministró información sobre otras zonas de Caracas que están viviendo una situación similar a la que ocurre en Propatria en el ámbito educativo, entre ellas, Antímano y el Paraíso.
Parra concretó que en la parroquia La Vega también hay un “número considerable” de planteles con diversas modalidades de estudio (en su gran mayoría online). Uno de los centros que se encuentra con etiqueta roja es la Escuela Básica Nacional Amanda de Schnell, cuyos alumnos “fueron reubicados en lo que antes era La Escuela Nacional La Vega”, donde dan clases tres horas a la semana (solo los jueves).
La parroquia de Caricuao también es otra de las zonas en donde los sismos golpearon fuertemente a las escuelas. Allí se encuentran 46 instituciones nacionales, cinco distritales, dos autónomas y 14 privadas. 39 de ellas tienen etiquetas amarillas y los estudiantes no están recibiendo clases de forma presencial. Algunos de los planteles deteriorados son la Unidad Educativa Valero Hostos y la Escuela Bolivariana Nacional Maestro Jorge Rodríguez.
En el Paraíso, en el Colegio Bicentenario de Bolívar, los estudiantes no están acudiendo a clases: “Solamente los viernes reciben a los representantes para entregarles y recibir las guías que ellos están preparando”, comentó Parra, quien enfatizó que esta es la realidad que están experimentando la mayoría de los planteles educativos en las ciudades afectadas por los sismos.
“Pero, para el ministro de Educación todo está normal y no es justo. Aparte de que los docentes están sufriendo con su situación de salario y de que no les alcanza el sueldo para sobrevivir, ahora tienen que ir obligados, porque si no a ellos los amenazan con una sanción”, denunció.
Las instituciones del sector privado también resultaron golpeadas y muchas esperan recursos para acometer las reparaciones. El director general del Consejo Educativo, Fausto Romeo Monte, indicó que en el estado La Guaira 11 instituciones privadas sufrieron daños mayores que las dejaron en la ruina. Señaló que el Estado brindó apoyo para la remoción de escombros, pero para la reconstrucción de las edificaciones se requiere el apoyo de organismos como Unicef, ONG o financiamiento privado.
Asimismo, Romeo Monte explicó que los terremotos afectaron la retención de estudiantes en el sector privado. Detalló que las familias viajan a otras ciudades por motivos ajenos a la institución, lo que obliga a los alumnos a acoplarse en otros lugares y planteles.
“Cambio de etiquetas” como solución improvisada
En algunas escuelas de la capital, ante la insistencia de los representantes porque se reparen los planteles y se retomen las actividades presenciales, se han planteado alternativas que podrían poner en riesgo la seguridad de los estudiantes.
La Unidad Educativa Distrital Curacay de Macarao tiene etiqueta roja. El secretario filial de la Federación Venezolana de Maestros asegura que cercano al día nueve de septiembre, cuando iban a iniciar las clases, “le quisieron cambiar la etiqueta y los representantes se opusieron, debido a las condiciones en las que se encontraba la institución”.
De igual forma, relató que “cuando cambiaron la etiqueta, y la pusieron amarilla, el directivo pretendía atender tres días a la semana a los estudiantes. Los representantes se opusieron y dijeron que en esas condiciones no estaban dadas para eso, por lo que decidieron que las clases fueran vía online”.
Asimismo, un grupo de representantes del Instituto Mariano Picón Salas, ubicado en la avenida principal de Propatria, reveló que el pasado 15 de octubre se celebró una asamblea extraordinaria para discutir posibles soluciones para la reactivación de las actividades escolares. Las autoridades plantearon en el encuentro la realización de una inspección con el propósito de otorgar una “etiqueta verde” que permitiera el retorno a las aulas. Esta solicitud fue rechazada por padres y representantes, quienes alertaron que la infraestructura no se encuentra en buen estado.
Eñ presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Edgar Enrique Machado, informó que en Catia también había instituciones con etiqueta roja en donde había denuncias de que también querían retirarlas sin las debidas reparaciones: “Hemos estado monitoreando esa situación. Y, hasta los momentos, no las han quitado”, precisó Machado.
Cifras inconstantes desde el Estado
Un mes después del doblete sísmico, el gobierno emitió un balance de las estructuras educativas afectadas en el estado La Guaira, en el que detalló que 11 estructuras educativas colapsaron: cinco nacionales, cinco privadas y una estadal. Para esa fecha, de las 226 plantas físicas educativas que había en el estado, solo habían evaluado 167: 101 calificadas como habitables, 49 restringidas y seis en alto riesgo. Posteriormente, no ha habido un balance que presente semejante nivel de detalle precisando cuál es la situación.
La consultora Anova Research, por su parte, estimó en agosto que la afectación educativa en la entidad alcanzaba a 29 150 estudiantes y que al menos 62 colegios presentaban algún tipo de daño. 21 planteles resultaron colapsados o gravemente dañados y 16 de ellos pertenecían al Estado.
El Ministerio de Educación aseguró entretanto el pasado 21 de octubre que 121 infraestructuras educativas en La Guaira habían sido reparadas “integralmente” tras las afectaciones causadas por los eventos sísmicos. Asimismo, informaron sobre la reciente reapertura de la Escuela Básica Nacional El Pardillo, la Unidad Educativa Carmen Felicia Colón, la Unidad Educativa Estadal Jacinto Fombona Pachano y la Escuela Nacional Luis Castro, un conjunto de planteles que habría permitido que 1500 niños retornaran a la educación presencial.
El derecho a la educación es más que volver a clases
A ccuatro meses de los sismos, Carlos Trapani, abogado especialista en Derechos del Niño y coordinador general de Cecodap, propone medir la recuperación educativa más allá del número de escuelas abiertas. La pregunta, insiste, es en qué condiciones están aprendiendo los niños, cuántos días reciben clases, en qué espacios y con cuáles apoyos. “El inicio del año escolar no demuestra, por sí solo, que su derecho a la educación esté garantizado”, advierte.
El caso de la Unidad Educativa Nacional Luis Hurtado Higuera, en el kilómetro 12 de El Junquito, ilustra esa diferencia. Al menos 1980 estudiantes recibían clases presenciales un solo día a la semana, distribuidos en tres colegios privados, mientras su plantel continuaba funcionando como alojamiento para familias damnificadas. Los representantes reportaron jornadas de tres o cuatro horas y dificultades para trasladarse. Para Trapani, mantener el vínculo con la escuela no equivale a recibir una educación suficiente. La prolongación de estas condiciones puede provocar pérdidas de aprendizaje, debilitar la relación con el entorno escolar y aumentar el riesgo de abandono. También, deja a los estudiantes sin una rutina y una red de adultos que, especialmente después de una emergencia, pueden ayudarlos a identificar y atender sus necesidades emocionales.
Trapani dijo que aunque el Ministerio de Educación informó el 9 de octubre que más de 120 instituciones educativas estaban siendo rehabilitadas en La Guaira, el anuncio no permite determinar cuántas obras han concluido ni cuántos alumnos siguen sin clases presenciales regulares. Cecodap tampoco identificó en las fuentes oficiales consultadas un registro consolidado que precise cuántas escuelas permanecen sin reparar en Caracas y La Guaira y cuántos estudiantes están fuera de las aulas, reubicados o sometidos a horarios reducidos. Por eso, Trapani reclama información pública por plantel, con evaluaciones técnicas, daños, reparaciones pendientes, presupuesto, responsables y fechas de culminación.
El coordinador general de Cecodap también insiste en que la educación a distancia y las agendas semanales pueden ayudar a mantener el contacto durante una contingencia, pero su efectividad depende de que haya explicación, acompañamiento docente y retroalimentación. Entregar tareas para resolver en casa no garantiza el aprendizaje, y menos aún cuando las familias enfrentan problemas de vivienda, ingresos, electricidad, conexión o transporte. Por otra parte, agregó que la emergencia también tiene consecuencias emocionales: Unicef informó el 5 de octubre que 20 639 niños, adolescentes y cuidadores afectados por los terremotos habían recibido servicios comunitarios de salud mental y apoyo psicosocial. Esa cifra corresponde a personas atendidas, no a estudiantes que permanecen fuera de las aulas.
Sobre los intentos de modificar las etiquetas de riesgo de algunos planteles sin que se hayan realizado las reparaciones necesarias, Trapani advierte que “cambiar una etiqueta no repara una escuela”. Aclara, sin embargo, que una clasificación puede revisarse después de una nueva evaluación técnica y que no toda reclasificación implica una irregularidad. Lo indispensable es que exista un dictamen documentado, elaborado por profesionales competentes, que explique qué espacios son seguros, cuáles restricciones se mantienen y por qué puede autorizarse el retorno. “ Desde Cecodap defendemos un criterio claro: ningún niño debe entrar a un espacio cuya seguridad no esté técnicamente sustentada. Mientras se resuelve el problema, las autoridades deben garantizar una alternativa educativa segura y accesible”, sostiene.
El especialista en Derechos del Niño indicó que cuando una escuela funciona como alojamiento, la solución debe proteger tanto a las familias damnificadas como a su comunidad educativa: “Hace falta proporcionar alojamiento alternativo digno y seguro, recuperar las instalaciones y garantizar una opción educativa durante la transición. La respuesta no puede enfrentar a dos poblaciones que necesitan protección”.
Restablecer el derecho a la educación exige, según Cecodap, un plan público de recuperación con presupuesto, responsables, plazos y seguimiento. Esto supone reparar las escuelas y garantizar servicios básicos, ofrecer espacios temporales accesibles y transporte cuando sea necesario, localizar a quienes todavía no han regresado y recuperar los aprendizajes con apoyo pedagógico y emocional. También implica atender a los docentes, que han sufrido sus propias pérdidas y desplazamientos, y priorizar a los niños pequeños, estudiantes con discapacidad y familias con mayores dificultades para reincorporarse.
Para Trapani, la reconstrucción no puede limitarse a recuperar edificios ni a completar el calendario escolar. Debe garantizar que cada niño vuelva a aprender con seguridad, continuidad y acompañamiento. El derecho a la educación ya enfrentaba obstáculos antes de los sismos, y desde su perspectiva, la fase de la reconstrucción tras la emergencia debe servir para corregirlos.
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