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A Maduro le sale mal la fiesta de la canonización

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Baltazar Porras descuelga el teléfono con el primer repique, como alguien que lleva días viajando con un calendario donde no cabe otra misa o comida, mucho menos otro intercambio con un periodista que intenta ir más allá de la estampa de la Madre Carmen, de José Gregorio Hernández, de las virtudes que los llevaron a ser canonizados. Porras me atiende tenso al mediodía del miércoles, ya con dos venezolanos oficialmente santos.

“Buenas tardes, sí, dígame,” soltó el Cardenal de primeras.

Cinco días después de iniciar el programa de las canonizaciones en Roma, el hito que representa la doble canonización está rodeado de lo que cabía esperar de un país católico sometido a una dictadura: incertidumbre y conflicto. Gracias en parte a una eficaz comunicación política por parte del anti-chavismo, el régimen de Nicolás Maduro se vio humillado cinco días seguidos, desde que los peregrinos venezolanos comenzaron a aglomerarse en las puertas del Vaticano hasta el miércoles 22 de octubre, cuando el Cardenal Porras llegó a España para presidir la misa en la catedral de La Almudena, junto a representantes de la Arquidiócesis de Madrid.

El chavismo no pudo evitar el escrache en Roma a Roy Chaderton, cabeza de la delegación chavista, mientras que los enviados del Comando Con Venezuela—incluyendo a Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, los hijos de María Corina, Edmundo González y de varios presos políticos—llevaban sin inconvenientes la agenda de quien se presenta como el próximo gobierno democrático. Raúl Baduel hijo se presentó frente a la Basílica de San Pedro con una camisa estampada con el rostro de Josnars Baduel, su hermano preso y torturado en El Rodeo I. Sairam Rivas también pudo entregar a León XIV una carta sobre presos políticos cuando el pontífice cruzaba la plaza en el papamóvil.

De cierta forma, Porras se había adelantado a todos ellos. Antes de que Rivas, Baduel o las figuras del Comando fuesen acusados de “politizar” la fiesta de los santos, el Cardenal Emérito transmitió con claridad lo que piensa del poder en Venezuela. El Vaticano lo acompañó sin rodeos en los días posteriores, aún con los matices discursivos de un Estado que vela por preservar su presencia en Venezuela. Junto al arzobispo maracucho Édgar Peña Parra, jefe de operaciones de la casa papal, y a Raúl Biord, actual arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Caracas, Porras abrió un simposio en la Pontificia Universidad Lateranense denunciando una situación “moralmente inaceptable” en Venezuela.

El Cardenal citó la falta de libertades ciudadanas, la pobreza, la militarización como forma de gobierno, la corrupción y la ausencia de independencia entre poderes públicos. También se refirió a la situación de los presos políticos, que “rompe la unidad familiar, donde sufren todos sin que haya a quien recurrir”. Peña Parra—quien funge como Sustituto de Asuntos Generales del Vaticano y antes fue nuncio en Mozambique y Paquistán—habló de la “diplomacia del encuentro” que la Iglesia afirma promover en Venezuela, “no como estrategia política” sino por la necesidad de tender puentes entre sectores opuestos. “La paz es artesanal, hecha de gestos pacientes y de encuentros cotidianos”, dijo Monseñor Parra. “El verdadero diálogo no anula las diferencias, pero puede generar una comunión”.

El discurso con menos tintes políticos fue de Monseñor Biord, quien desde su puesto en la capital venezolana ha debido lidiar cara a cara con la familia Maduro-Flores en un año donde la élite gobernante ha suprimido voces críticas a una escala sin precedentes. En su ponencia, el arzobispo de Caracas justificó el nuevo proyecto Santos para Todos, presentado a León XIV a principios de mes, que incluye iniciativas nuevas en salud, educación y promoción de la fe católica en Venezuela. El acto cerró con un aplauso para Porras por sus gestiones en pro de la santidad de José Gregorio, como dijo desde el podio la postuladora oficial de la Causa de Beatificación y Canonización del santo médico. Días después supimos que, en algún momento antes o después del simposio, un miembro de la delegación chavista agredió a Édgar Beltrán, corresponsal en Roma del medio The Pillar, por preguntarle a Peña Parra sobre la politización de las canonizaciones por parte de Maduro.

Un Estado contra un cardenal

Nada de eso pasó desapercibido en Miraflores. El sábado 25 en la tarde, dos días después de aterrizar de regreso en Venezuela, el Cardenal Porras denunció los esfuerzos del Estado para impedir su llegada a Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio, donde debía oficiar un rito.

“No daré declaraciones en este momento, por todas las cosas que ha dicho Maduro”, me había dicho el Cardenal de 81 años el miércoles, antes de trancar la llamada. “Hay mucha gente diciéndome que no vaya a Venezuela, que no sé qué, pero yo no he cometido ningún delito. La homilía que daré esta noche ya está escrita”.

“El Vaticano sabe bien, desde hace tiempo, que este es un problema de índole criminal para el cual no tienen las herramientas…”

Para ese momento Porras ya recibía insultos de Maduro, todavía estando en suelo europeo. En La Almudena, los presentes aplaudieron de pie la llegada de Edmundo González Urrutia y su familia, sentados en primera fila junto al exalcalde exiliado Antonio Ledezma. El Cardenal allí habló de la putrefacción que genera la corrupción, de las habladurías de quien nada más critica y destruye. Hizo eco de una homilía lapidaria del Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, quien fue Nuncio Apostólico en Caracas: “Sólo así, querida Venezuela, pasarás de la muerte a la vida”, dijo el número dos del Vaticano. “Sólo así, querida Venezuela, tu luz brillará en las tinieblas. Solo así tu oscuridad se volverá mediodía, si escuchas las palabras del Señor, que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”.

Un día después de que Rendiles y Hernández fueran declarados santos, Maduro emprendía una campaña mediática contra el Cardenal Porras. Lo acusó de conspirar contra el médico de los pobres, jactándose de ser él quien había promovido la figura del santo trujillano durante su primer encuentro con el Papa Francisco en Roma, en 2013. Todo esto cuando arrancaba su primer periodo presidencial y el Vaticano aún no había sido llamado a mediar en la primera ronda de negociaciones entre el gobierno de Maduro y la vieja oposición con mayoría en la Asamblea Nacional.

“Hoy José Gregorio es santo a pesar de ti y de los tuyos, de tu cofradía. Luego diremos muchas cosas más”, dijo Maduro el lunes en televisión. La etiqueta #BaltazarPorrasConspirador no tardó en surgir en Facebook y X, con mensajes que tildaban al Cardenal de ser un lobo vestido de oveja, un diablo con sotana, un golpista incluso.

Pero lo peor fue el sábado 25, el día más importante del calendario de celebraciones eclesiásticas en Venezuela por la doble canonización. Porras contó en un video en redes sociales que ha circulado por doquier que el gobierno lo llamó para decirle que inconveniente que fuera a Isnotú “por riesgos de disturbios”. Le dijeron que estaba suspendido el vuelo de Conviasa a Valera, cosa que era falsa, y cuando tomó un avión privado, lo desviaron a Barquisimeto con el pretexto de que el aeródromo de Trujillo estaba cerrado. Finalmente, las alcabalas lo bloquearon en el camino a Isnotú, y tuvo que regresar a Maiquetía. María Corina Machado, por supuesto, denunció todo el sabotaje de la dictadura al derecho de los fieles venezolanos a celebrar a sus nuevos santos.

¿Diplomacia incomprendida?

Luego de años de confrontación con la Conferencia Episcopal Venezolana—cuando Chávez atacaba a curas críticos como Diego Padrón, Roberto Luckert y Luis Ugalde procurando no insultar a los papas—el discurso de Maduro sigue un guion parecido, ahora intentando dividir a los sacerdotes venezolanos entre “amigos” y “conspiradores”. El tono de la Iglesia en Venezuela también se ha atenuado con la intensificación del autoritarismo, quizás para no sufrir lo que ha sufrido el clero en la Nicaragua del presente o la Cuba de Fidel Castro. Coincide también, por ejemplo, con acercamientos y acuerdos concretos entre el Vaticano y China, donde el primero está tolerando los abusos del Partido Comunista a cambio de influencia limitada.

En Venezuela, esta relación alcanzó un punto crítico a finales de 2016, cuando el Vaticano fue llamado a mediar en un primer proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición con mayoría en la Asamblea Nacional. Esta última buscaba activar un referéndum revocatorio contra un presidente ya impopular, mientras surgía una emergencia humanitaria compleja. Pero no pasó de una primera ronda de diálogo en Caracas con el enviado especial del Papa Francisco, el arzobispo Claudio María Celli. En un hito clave de la deriva autoritaria del chavismo, el CNE pronto bloquéo el referéndum y Jorge Rodríguez alegó un supuesto fraude en la recolección de firmas de la oposición.

El Vaticano reaccionó dejando constancia de su postura. El primero de diciembre de 2016, el Cardenal Parolin publicó una carta exponiendo las condiciones que exige la Iglesia para seguir actuando como mediador en Venezuela: un paquete de ayuda humanitaria, la restauración de las atribuciones de la Asamblea Nacional, la publicación de un cronograma electoral y la liberación de los presos políticos. Monseñor Padrón, entonces presidente de la CEV, y un Baltazar Porras recién nombrado cardenal culparon al chavismo del fracaso del diálogo. Diosdado Cabello reaccionó a la carta de Parolin diciéndole que el régimen chavista no se metía en los asuntos internos del Vaticano ni con los sacerdotes acusados de pedofilia.

Aparte de con violencia, Maduro respondió a tres meses de protestas en 2017 con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Parte del público venezolano criticó al Papa Francisco por no criticar la represión. En agosto, el Papa firmó una carta pidiendo a Maduro que no constituyera la ANC y el Vaticano decidió alejarse de los procesos de negociación que continuaron hasta 2023, que tampoco cumplieron con las exigencias de Parolin.

“El Vaticano sabe bien, desde hace tiempo, que este es un problema de índole criminal para el cual no tienen las herramientas”, dice una de las fuentes entrevistadas. “Nunca hubo diferencias entre la posición dura de la CEV y Francisco, pero la gente le estaba exigiendo al Papa un activismo que no iba a ejercer”.

“Hoy se trata de una relación entre dos Estados que se remonta a muchos años atrás. Actualmente es respetuosa y sin duda hay conciencia de las circunstancias que viven ambas partes,” dice Juan Salvador Pérez, editor de la revista SIC del Centro Gumilla, dependiente de la Compañía de Jesús. “Para el Vaticano, la diplomacia es el arte del reencuentro, de construir puentes, de abrir puertas y cerrar heridas. Como todo arte implica hacer las cosas bien, y a veces eso es lento”.

La fiesta que no fue

Los puentes y el trato cordial supieron mantenerse en el último año, incluso después del fraude electoral perpetrado por Maduro y el clima de persecución que aún se mantiene. A comienzos de agosto, la propaganda chavista publicó un encuentro de Maduro y Cilia Flores con Monseñor Biord, la presidenta de Vale TV María Eugenia Mosquera y Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El comunicado de prensa transmite que ahí se discutieron los preparativos para celebrar la doble canonización. Después se supo que, en coordinación con la Arquidiócesis de Caracas, el Estado patrocinaría la Fiesta de la Santidad en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

La jornada de celebración dejó 21 presos políticos nuevos en total según Foro Penal, que también pidió al Papa León XIV que interceda por ellos.

Un venue inaugurado para juegos de béisbol y eventos de espectáculo, para muchos un símbolo de la normalización del madurismo, era impuesto desde el poder para la celebración en la capital. Fuentes próximas a líderes religiosos en Roma y Caracas afirman que fue una insistencia que la arquidiócesis no pudo resistir, y que hubo molestia en la curia por la decisión, aun si se expresaba sottovoce.

“Es circo en un país donde no hay pan. Entonces tratan de meter a José Gregorio en el circo, a ver si la gente se distrae a pesar de la rabia que tiene”, comentó una fuente que prefirió mantenerse anónima.

Pero tal circo no se dio. Tres días antes, la Arquidiócesis de Caracas anunció que se cancelaba el evento en el Monumental. La excusa fue el aforo, la cantidad de fieles en lista que sobrepasaban la logística del evento, aunque no queda claro cuál era el problema. Desde hace tres meses existe un enlace online para el pre-registro a los eventos en Roma, Isnotú y Caracas que, se suponía, permitían a la Comisión Central de la Canonización llevar un control sobre la asistencia.

“El régimen de Maduro ha utilizado la canonización para avanzar con su monopolio de todos los espacios de la vida en Venezuela”, dijo un cura de parroquia antes de la cancelación. Prefirió mantenerse anónimo para este reportaje. “Ahora tenemos a un Maduro católico frente a una gente que vibra con el sentir de un país que se le opone radicalmente. Que ofrece plataformas y espacios para celebrar a los santos, pero cercando y pretendiendo facilitar como le conviene”.

Consignas de fe en conflicto

“Una canonización también es un llamado a la paz. Y en ese sentido podría ser una oportunidad que se abre para los marcos de negociación y de diálogo, que considero fundamentales”, opina el padre Arturo Peraza. “Como ha señalado el Cardenal Parolin, es un kairós o una oportunidad para que nos reencontremos en la justicia, la verdad, la reconciliación, que pueden ser constitutivas de un camino de paz”.

En septiembre, el rector de la UCAB llamó a Maduro a reconocer a María Corina Machado como una interlocutora legítima. De cara a las operaciones de EEUU en el Caribe y a la creciente militarización en Venezuela, Peraza insiste en un acontecimiento que se ve demasiado lejano: la líder de la oposición en la clandestinidad, que pide la intervención de Trump para sacar a Maduro del poder, sentándose a hablar con un dictador que se ha propuesto eliminar a su equipo y a sus aliados desde 2024. La represión posterior al 28 de julio de 2024 tuvo picos muy altos antes de que EEUU amenazara con intervenir.

“Las partes existen y deben sentarse a conseguir puntos de coincidencia, cesiones y concesiones mutuas”, dice Juan Salvador Pérez. “Por ejemplo la liberación de presos y detenidos, como ha dicho el Papa León XIV, o el necesario llamado firme a la paz frente a todo acto interno o externo que suponga una amenaza”.

El régimen de Maduro ha continuado con las mismas prácticas en la víspera de las canonizaciones, incluso en la tierra de José Gregorio Hernández. Siete trujillanos están presos por levantar una pancarta que leía “Vamos a cobrar. 28J Libertad”. Otros 11 tienen orden de captura por el mismo hecho según Clippve, el comité para la liberación de los presos políticos en Venezuela. En Mérida, agentes del SEBIN detuvieron al Dr. Pedro Fernández, miembro de la ONG Médicos por Venezuela en el estado. La jornada de celebración dejó 21 presos políticos nuevos en total según Foro Penal, que también pidió al Papa León XIV que interceda por ellos.

En las comunicaciones de Machado se ha dibujado una conexión explícita entre el júbilo por la salida de Maduro del poder, que proyectan como inminente, y el entusiasmo popular por las canonizaciones. Desde 2024, el liderazgo de María Corina también se ha sostenido por sus referencias a la fe y a una “lucha espiritual contra el mal”. 

En su equipo hay conciencia de cómo muchos venezolanos se aferran a Dios para lidiar con la incertidumbre del momento, y que interpretan los apoyos que María Corina consigue como parte de una concatenación de hechos a favor del cambio en Venezuela. “Hay una serie de simbolismos que parece que están configurando la idea de que ya estamos en el empujón final”, dice Pedro Urruchurtu, jefe de las relaciones internacionales del Comando con Venezuela. Para él, hitos como el Nobel de la Paz o la canonización generan una “energía contenida” en la población que respaldan su “anhelo de cambio y propósito de lucha”.

“Son señales que invitan a la gente a organizarse y a estar lista a partir de la fe, de la religión, de lo que nos toca a hacer a nosotros, pero también de lo que tenemos que pedirle a Dios para que nos dé la fuerza para seguir”.

“Ahora lo importante no es la dimensión política de estas pocas horas, tampoco la manipulación que haga la dictadura”, dice Julio Borges, Secretario General de Primero Justicia, quien afirma que un milagro del santo médico le salvó la vida cuando era un recién nacido. “Lo importante es que trascienda la figura de José Gregorio a esta coyuntura y se convierta en un referente, en un modelaje, en alguien que nos acompaña en el camino al futuro”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CIDH: La criminalización en Venezuela se agrava con cargos de terrorismo

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la región operan en un ambiente hostil, con violencia y obstáculos que muestran un agravamiento de la criminalización y la represión en el país usando la figura de “terrorismo”.

En su “Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas”, la CIDH observó en varios estados de la región el uso del sistema punitivo para obstruir la defensa de causas sociales se volvió una práctica recurrente.

En el caso de Venezuela, según la CIDH, este patrón es especialmente sistemático. El ejercicio de la defensa de DDHH se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido, enfrentando amenazas latentes de marcos legales que buscan limitar su trabajo.

Estrategia de persecución judicial

El patrón de criminalización y represión en Venezuela alcanzó niveles “preocupantes” mediante la aplicación de figuras penales ambiguas, especialmente el delito de terrorismo. La Comisión conoció, por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel, defensora detenida en febrero de 2024 y presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas. A ella la acusaron de “traición a la patria, conspiración y terrorismo”.

Asimismo, la CIDH advirtió que Javier Tarazona, director de Fundaredes, permanece privado de libertad desde julio de 2021, imputado por “instigación al odio, traición a la patria, y terrorismo”. Durante el contexto poselectoral de 2024, el Estado también imputó delitos de terrorismo a defensores como Henry Gómez, en Amazonas.

Este uso indebido del derecho penal genera un efecto de amedrentamiento, lo cual lleva a defensores y líderes a optar por el exilio como mecanismo de autoprotección. Los operadores de justicia, además, contribuyen activamente en la criminalización al aceptar procesos sin pruebas o presentar acusaciones falsas.

Asfixia del espacio cívico y controles de financiamiento

La Comisión alertó que el Estado venezolano “asfixia” el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil mediante marcos legales restrictivos. En agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Preocupa que esta ley contemple la posibilidad de que “cualquier ciudadano” solicite información detallada sobre la constitución, actividades, financiamiento y beneficiarios de las ONG.

Además, la Providencia Administrativa Nº 001-2021 exige a las organizaciones inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La CIDH señaló que vincular a las organizaciones con la lucha antiterrorista las estigmatiza al relacionarlas con actividades delictivas.

Organizaciones de DDHH sufren frecuentes retrasos y negativas al intentar registrar o actualizar sus documentos legales, restringiendo su capacidad de operar. La sociedad civil destacó que la mayoría enfrenta serias dificultades para actualizar documentos, y al menos un tercio no logró formalizar su personalidad jurídica.

Hostigamiento directo y amenaza de exilio

La sociedad civil informó a la CIDH que funcionarios públicos o individuos alineados con el Estado, ejecutados por agentes de instituciones públicas o miembros del Sistema Popular de Protección para la Paz, cometen las amenazas. La Comisión otorgó medidas cautelares en favor de siete líderes sindicales quienes recibieron constantes hostigamientos y amenazas de agentes estatales.

Entre los patrones represivos post-electorales de 2024, la Comisión conoció la anulación abrupta y arbitraria de pasaportes. Esta práctica afectó al menos a 40 personas defensoras, líderes sociales, periodistas y sus familiares, y buscó limitar su libre circulación. La Comisión también registró la persecución de testigos de mesa y observadores electorales, forzando a por lo menos cinco a desplazarse hacia Colombia ante amenazas de muerte.

La CIDH mantuvo la vigencia de la medida cautelar sobre Provea, tras observar acciones de agentes estatales que intensificaron su riesgo, incluyendo vigilancias y seguimientos con toma de fotografías a sus integrantes. Las autoridades estatales realizaron señalamientos públicos recurrentes contra Provea, calificándola de proteger a terroristas y “vende patria”.

Finalmente, las mujeres defensoras enfrentan mayores riesgos porque no habría fiscales especializados en cuestiones de género para atender sus denuncias. La CIDH observó que el Estado venezolano no adoptó ninguna acción reciente para atender la situación de los beneficiarios de medidas cautelares, intensificando el riesgo.

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Venezuela vuelve a ocupar el último lugar del Índice Global de Estado de Derecho

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Nuevamente, Venezuela se encuentra en la última posición global del Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index), publicado anualmente por el World Justice Project (WJP). En la edición 2025, con una puntuación de apenas 0,26 sobre 1,00, Venezuela se ubicó en el puesto más bajo del ranking global, lo que evidencia un deterioro sostenido en su sistema judicial.

Según los datos, de un total de 143 países y jurisdicciones analizados, Venezuela ocupa el puesto 143, lo que la sitúa como la nación con la puntuación más baja en la aplicación de justicia y la rendición de cuentas.

Por séptimo año consecutivo, Venezuela mostró un retroceso general en el Estado de Derecho y un débil desempeño en seis de los ocho factores evaluados: independencia judicial, la ausencia de garantías procesales, la corrupción en los cuerpos de seguridad y la falta de rendición de cuentas. Las detenciones arbitrarias, el uso político de la justicia y las violaciones sistemáticas de derechos humanos

Según el WJP, la fragilidad institucional, el uso político de los tribunales y la falta de transparencia siguen erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.

Los mejores posicionados

En contraste, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda lideraron el índice, destacándose por su independencia judicial, transparencia gubernamental y respeto a los derechos ciudadanos.

En América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile registraron los mejores resultados. A Venezuela lo acompañan Haití y Nicaragua en los lugares más bajos.

El World Justice Project advierte que esta situación no solo afecta la administración de justicia, sino que también debilita el estado de derecho, la seguridad ciudadana y la confianza pública en las instituciones.

La ONG Acceso a la Justicia señaló que “la posición de Venezuela en el fondo del ranking subraya las graves deficiencias en sus sistemas legales e institucionales, marcando una tendencia de deterioro continuo en los indicadores clave del Estado de Derecho a nivel global”.

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María Corina Machado dijo que comenzará nueva era en Bolivia y Venezuela

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​​La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, sostuvo que con la elección del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, comienza “una nueva era de orden, justicia, prosperidad y libertad en democracia” tanto en ese país como en Venezuela.

“Querido presidente electo Rodrigo Paz, nuestras naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio. Hoy, tanto en Bolivia como en Venezuela, hemos derribado definitivamente las barreras que buscaron dividir y confrontar a nuestros pueblos”, escribió Machado en X.

“Las dos naciones suramericanas están unidas por un legado que los enorgullece y un futuro común que los inspira y moviliza”, añadió MCM.

Refiriéndose a Nicolás Maduro, Paz sentenció que pondrá a su país del lado de la democracia y la libertad.

“Lo único digno, señor Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad”, puntualizó Paz en X.

Maduro justificó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) haya suspendido a Bolivia.

“Ante la agresión descarada e injustificada contra tres países dignos: Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de la embajada gringa (estadounidense)”, dijo Maduro.

Paz anunció que no invitará a su investidura, prevista para el próximo 8 de noviembre, a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

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Provea: 37 años después la Masacre del Amparo sigue impune

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Este miércoles, 29 de octubre, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que se cumplen 37 años de la masacre de El Amparo, donde 14 pescadores fueron asesinados por militares y policías en el estado Apure.

Aquel día, dieciséis hombres de El Amparo, se embarcaron en una travesía fluvial por esa región fronteriza con Colombia. Iban a pescar, pero pasaron las horas y ninguno regresó a casa. Cuando ya los daban por desaparecidos, dos de ellos regresaron. La versión oficial los acusaba de ser guerrilleros colombianos que se habían enfrentado a las fuerzas armadas venezolanas.

Las víctimas fueron identificadas como José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.

Wolmer Pinilla y José Arias, únicos sobrevivientes, fueron acompañados por Provea y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para exigir justicia. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1994, donde el Estado venezolano fue declarado culpable en 1995.

Una masacre que sigue impune

Provea señaló que en aquel momento el Gobierno de Rafael Caldera reconoció la responsabilidad internacional por los hechos e indemnizó a las víctimas.

En 1996 llegó otra sentencia sobre las reparaciones a los asesinados y sus deudos y el Estado venezolano quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre, pero los que tenían mayor responsabilidad en el crimen gozaron de total libertad. Algunos de los que dispararon solo estuvieron detenidos 7 años y luego fueron absueltos.

En 2016, la Sala Constitucional del TSJ anuló la sentencia que absolvió a los policías y militares y ordenó que se les procesara de nuevo… “casi 10 años después no hay voluntad para hacer justicia“, aseguró Provea.

Hasta ahora, los máximos responsables no han sido juzgados ante la justicia venezolana. La mayoría de los involucrados en la masacre ocuparon altos cargos en las instituciones del Estado, incluso bajo el liderazgo de Hugo Chávez.

“Han pasado 37 años y la Masacre de El Amparo sigue impune. Hay impunidad en el pasado y presente… Los sobrevivientes y familiares no se rinden y exigen justicia“, expresó la organización.

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Cifra de presos políticos se acerca a 900 con detenciones en octubre

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La cifra total de presos políticos en Venezuela se ha disparado, acercándose peligrosamente a la marca de los 900, según el balance del Foro Penal del lunes, 27 de octubre. De acuerdo con la actualización, la organización contabilizó un total de 875 presos políticos.

Este balance, difundido en redes sociales, muestra un incremento en la población penitenciaria por motivos políticos. De los 875 casos, la mayoría son hombres (763) y mujeres (112). El balance también incluye 702 civiles y 173 militares.

Según advirtió la ONG, el grueso de la población detenida por motivos políticos no ha sido condenada (717), mientras que 158 personas sí han recibido sentencia. Además, 83 de los detenidos poseen nacionalidad extranjera y aún están tras las rejas 4 adolescentes de forma arbitraria.

Ola de detenciones en octubre supera una por día

La semana pasada, el partido político opositor Vente Venezuela denunció que en solo 23 días de octubre la cifra de personas detenidas arbitrariamente ascendió a 35, lo que representa más de una detención por día.

Según Orlando Moreno, coordinador nacional de Vente Venezuela, hasta esa fecha se contabilizaban “más de 30 rehenes políticos”. Moreno detalló que, de los detenidos, 20 pertenecían a su partido, 7 a otras organizaciones políticas y 3 eran miembros de la sociedad civil; aunque cinco personas habían sido liberadas o excarceladas.

El activista alertó que la “ola represiva desatada por el régimen de (Nicolás) Maduro en los últimos días ha generado” estas detenciones y múltiples allanamientos en estados como Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas, Mérida y Sucre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Nahuel Gallo y el abrazo que nunca le dio a su hijo

A principios de diciembre de 2024, el gendarme o policía argentino Nahuel Agustín Gallo se disponía a cruzar la frontera colombo-venezolana con la intención de encontrarse con su familia en Navidad.

Pero, para su sorpresa, la de sus afectos y el grueso de la opinión pública, fue detenido por colegas venezolanos y señalado de conspirador por parte del gobierno de Nicolás Maduro. 

Como suele suceder con los presos políticos en Venezuela, los primeros días fueron de angustia para su esposa María Alexandra Gómez, que lo esperaba junto a su hijo de tres años, Víctor.

Gallo era otro de los tantos detenidos por el régimen madurista que se encontraba en desaparición forzada. Para Gómez aún lo está, aunque tenga indicios de que se encuentra en la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda, junto a otros presos extranjeros.

La fotógrafa venezolana de 33 años vive en Argentina desde 2018 y en mayo del año pasado viajó al país para visitar a su familia. El plan inicial era estar en su país natal por tres meses, pero en agosto Nahuel no pudo venir a buscarla y fue en diciembre que emprendió el viaje, hasta ahora sin retorno.  

“En mayo fue la última vez que vi a Nahuel”, declaró Gómez en una entrevista concedida a DNews en Argentina, donde especificó que su esposo la condujo junto a su hijo desde Luján de Cuyo, en Mendoza, hasta Santiago de Chile para tomar un vuelo rumbo a Caracas.

Como ninguna línea aérea tiene vuelos directos de Argentina a Venezuela, Nahuel viajó de su país a Chile el 6 de diciembre y posteriormente de Santiago a Colombia, donde el 8 intentó ingresar legalmente a Venezuela por Cúcuta. 

“Nahuel fue a Venezuela porque quería estar con su hijo y por ello saqué todo tipo de permisos para estar blindados. Si una persona es terrorista no saca un permiso legal”, indicó Gómez.

La venezolana reveló que cuando su marido le dijo que iba a ser entrevistado por unos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) inmediatamente se encendieron todas las alarmas.

“Creo que Nahuel pensaba que era algo de rutina. Ya yo sabía que no había nada bueno ahí, que algo estaba pasando y no podía ser bueno”, agregó Gómez.

Después de la “entrevista” con los miembros de la PNB, Gallo fue trasladado desde San Cristóbal hacia Caracas en una camioneta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Gómez escribió en su cuenta de X que han transcurrido más de 300 días desde la privación de libertad de su esposo.

“Nahuel tiene que regresar, su vida no es negociable…exigir y denunciar es parte de la democracia…una desaparición forzada es una agresión brutal no solo al cuerpo, sino al alma”.

De acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gallo realizó los trámites migratorios de rutina.

En la más reciente Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente de Argentina, Javier Milei, exigió la liberación de Gallo.

“La situación de Nahuel Gallo secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal y consular. En palabras simples, una desaparición forzosa y exigimos al Gobierno de Venezuela su inmediata liberación”, sostuvo el jefe de Estado.

El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Bernardo Cherniak, elevó la voz durante una plenaria regional.

“Creo que ha quedado claro que en los últimos años Venezuela se ha convertido en un caso emblemático donde los cuatro pilares fundamentales de la OEA: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, están siendo gravemente amenazados”, comentó Cherniak.

El diplomático expresó que su gobierno no iba a callar ante lo que consideran un crimen de lesa humanidad.

“Hay una expresión sumamente clara respecto de que las desapariciones forzadas en Venezuela se han convertido en una cuestión sistemática…no es solo con Nahuel Gallo, que es emblemático, un ciudadano argentino desaparecido y que no sabemos dónde está, sino todos los Nahuel Gallo que existen”.

Cherniak agregó que el problema de Venezuela no es de derecha o izquierda: “No es un tema ideológico, esto está atravesando y afectando los cuatro pilares de la OEA y nadie debería quedarse quieto ni en silencio sobre esto”.

El embajador apoyó una iniciativa de la relatoría de la OEA y de la CIDH de hacer una visita in situ a Venezuela para una inspección que permita saber “cuál es la verdadera situación, aunque lamentablemente ya las pruebas son irrefutables”, enfatizó.

Guardia de frontera

Oriundo de la provincia argentina de Catamarca, Gallo forma parte del escuadrón 27 de “Uspallata” en Mendoza, y estuvo custodiando el paso fronterizo entre Chile y Argentina. 

De acuerdo al gobierno argentino no tiene vínculos con operaciones de inteligencia ni con actividades oficiales, estaba de licencia anual y viajó a Venezuela con autorización de la Gendarmería. 

A Gallo el régimen madurista lo acusa de estar vinculado a un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, entre otras acciones conspirativas. 

En la víspera de Año Nuevo 2025, el Ministerio Público informó que Gallo fue procesado por su presunta participación en “acciones desestabilizadoras y terroristas con apoyo de grupos internacionales de derecha”.

Sin revelar su sitio de reclusión, violando los preceptos legales del derecho nacional e internacional, el gobierno difundió una imagen del argentino vestido con franela y mono azul, al lado de otros hombres con similar indumentaria.

Gómez reveló que posee información que apunta a que su esposo se encuentra en la cárcel del Rodeo y aparentemente está sano y en condiciones estables. La venezolana aseguró que se ha reunido cuatro veces con el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y este aun no le ha dicho por qué detuvieron a su marido.

“Nahuel no tiene causas penales abiertas, registro en ningún tribunal, ni expediente, no tiene nada. No existe para la justicia venezolana. El defensor público me dijo que esto era un proceso ilegal y que ante todo lo que estaba pasando yo no podía hacer nada. Me dijo que este es un conflicto entre dos países y que no soy yo la que va a liberar a Nahuel’”.

Gómez aseveró que en las primeras de cambio, contactos que tiene trabajando en el gobierno le dijeron que su esposo saldría en libertad en un lapso de 72 horas, pero ya han pasado diez meses. 

“La fotografía que se conoce de Nahuel fue tomada en el Rodeo, e incluso desde el 13 de marzo, el propio fiscal me dijo que él había sido quien había difundido esa foto”.

Gómez indicó que en una de las reuniones con el funcionario público este le aseguró que Gallo no había sido torturado. Ante la insistente pregunta de si estaba en la prisión del Rodeo, este se limitó a decir: “Como lo quieras interpretar”.

Fue través de un extranjero que estuvo recluido en la cárcel mirandina y que fue excarcelado que pudieron comprobar que el gendarme argentino se encuentra allí, que está “fuerte, pero cansado” y que entendía que era una especie de chivo expiatorio en un conflicto entre dos naciones, una situación parecida a la de más de 14 extranjeros que están recluidos allí.

Pese a la palabra del fiscal de que su Nahuel no había sido golpeado, su esposa no tiene certeza de ello: “No lo puedo corroborar porque no estoy ahí, pero no creo que le vayan a hacer daño”.

La defensora de derechos humanos, Elisa Trotta, recalcó en una entrevista que Gallo se encuentra en desaparición forzada desde el primer día que fue aprehendido y que eventualmente podría ser usado como una ficha de cambio por el régimen madurista.

Después de escuchar consejos de familiares y amigos, Gómez decidió retornar a Argentina con su hijo.

“Un allegado me dijo que estaban deteniendo a muchas personas y yo era una piedrita en el zapato de mucha gente, porque estaba preguntando siempre por Nahuel” expresó.

Dijo que Edmundo González Urrutia y la ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, le ofrecieron ayuda, pero no la aceptó porque aunque se ha politizado, el caso de su marido no es político, es una evidente violación a los derechos humanos.

Al gobernante Nicolás Maduro sí le envió un mensaje claro.

“Nahuel es una persona inocente que tiene meses en desaparición forzada. Entiendo que entre dos países haya un conflicto diplomático, pero hay en el medio hay vidas que están totalmente congeladas. Nahuel tiene que volver son su familia, que está totalmente destrozada“, suplicó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Petro: “No defiendo a Maduro, no reconocí su elección”

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de unas declaraciones del analista político Hector Schamis en un canal de televisión neogranadino y escribió en su cuenta de X que no reconoce a Nicolás Maduro como su homólogo venezolano. 

“No defiendo a Maduro, no reconocí su elección, pero menos defiendo una invasión a la Patria de Bolívar, eso sería la traición máxima a la historia y el futuro de toda América Latina y el Caribe”, expuso el mandatario.

Petro enfatizó que los problemas de los venezolanos los deben arreglar los propios venezolanos, pese a la represión que causó más de 30 muertos y 2000 detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, además de las desapariciones forzadas, el amedrentamiento a la sociedad civil, censura y autocensura en medios independientes privados.

“Ese es el pringipio (sic) de la autodeterminación de los pueblos”, argumentó. 

En una reciente entrevista concedida en la sede presidencial colombiana, Petro evadió contestar a la pregunta de si Maduro se había robado los comicios de 2024.

“De vaina se ganó la elección…la primera, no se las robaron, doloroso porque casi gana Capriles (Henrique) y tengo una relación mediática con él”, indicó el gobernante.

Llamó criminal a gobierno de Trump

El mandatario colombiano acusó al secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, de cometer crímenes de guerra, luego que este informara sobre una operación en el Caribe contra cuatro lanchas que dejó al menos 14 muertos.

“Eso que hace señor Secretario of War (de Guerra) es un crimen de guerra”, escribió Petro en X.

Petro aseguró que Colombia ejecuta operaciones antinarcóticos sin matar a nadie. 

“Son asesinados. Rompen los tratados internacionales del derecho. No se puede hacer uso desproporcionado de la fuerza, las bajas se convierten en asesinatos”, añadió el mandatario.

Petro denunció que Estados Unidos ejerce presión para que los países del Caribe no asistan a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), de la cual él será anfitrión en la ciudad colombiana de Santa Marta los próximos 9 y 10 de noviembre.

Apenas hace una semana, la administración de Donald Trump incluyó a Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás y al ministro de Interior, Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Previamente el Pentágono retiró a Colombia de la lista de países que colaboran con la lucha antidrogas y el propio Trump cortó el financiamiento para combatir este flagelo en suelo neogranadino.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.