Duelo y luto son dos palabras que, desde 1998, marcaron la historia de la familia Barrios: once sepelios, once velorios e innumerables misas y recordatorios, se volvieron parte de la vida cotidiana de una familia que tuvo que lidiar no solo con el dolor de la ausencia sino también con amenazas, violencia policial y la mirada indiferente del Estado. 

La voz de Eloisa Barrios —la mayor de 12 hermanos— no tiembla ni se amilana para denunciar una y otra vez que sus cuatro hermanos y siete sobrinos fueron asesinados en Guanayén, al sur del estado Aragua, por funcionarios policiales, hechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiempo después los calificó como una secuencia de ejecuciones extrajudiciales, amenazas, hostigamiento y violencia policial sostenida.

Eloisa lleva casi treinta años guardando en una carpeta marrón papeles, fotos, artículos de prensa, informes y otros documentos que le han servido todos estos años para demostrar que sus 11 familiares fueron víctimas de la violencia policial. A la par, tiene también una agenda en donde tiene escritos detalles y fechas de todos los casos a manera de recordatorio. 

Las tres primeras víctimas

Eloisa Barrios narró que en agosto de 1998 empezó la tragedia de la familia. Mientras la mayoría estaba en una sala de hospital cuidando de su padre agonizante por una enfermedad pulmonar, Benito Barrios, de 28 años, estaba en su casa cuidando de sus hijos y varios sobrinos cuando funcionarios policiales del estado Aragua irrumpieron de manera violenta y se lo llevaron detenido. 

Al día siguiente, cuando los familiares se enteraron de que a Benito lo habían detenido, fueron a buscarlo y cuando llegaron a su casa, una carroza fúnebre les dio la noticia de que estaba muerto en el ambulatorio de la zona. 

“Los policías lo sacaron esa noche, se lo llevaron y lo mataron, después fue que lo llevaron a ese ambulatorio cuando estaba prácticamente muerto. La autopsia reveló golpes, torturas y múltiples disparos”, narró Eloisa.  

La mayor de los Barrios comentó que una vez Benito se vio envuelto en una pelea en donde, además de golpes, hubo picos de botellas. Durante la riña, el contrincante de Benito resultó malherido y por esa razón estuvo detenido dos años. Al cumplir su pena, la policía nunca dejó de perseguirlo, donde lo veían lo golpeaban, “hasta que llegó el día final”. 

Cinco años después, el 11 de diciembre de 2003, Narciso Barrios, de 23 años, intentó impedir que tres funcionarios policiales se llevaran detenidos a dos sobrinos. “Él salió corriendo detrás de la policía y cuando los alcanzó, les gritó: ‘Suéltenlos a ellos y llévenme a mí” y fue cuando los policías le descargaron todas sus armas encima. Cayó muerto en la jardinera de una licorería y, aún caído, le siguieron disparando”, dijo Eloisa. 

El caso de Narciso fue uno de los pocos donde los funcionarios fueron sancionados. Los tres fueron condenados a 14 años, pero fueron liberados antes de cumplir un año en prisión. 

La tercera víctima fue Luis Barrios, de 24 años. La noche del 20 del septiembre de 2004, Luis se encontraba durmiendo con su esposa e hijos cuando sintió que estaban cayendo piedras en el techo. Pensó que le querían robar el caballo que tenía amarrado en el solar y decidió salir a ver qué pasaba. No vio a nadie y volvió a acostarse. Nuevamente sintió caer piedras y esta vez, apenas salió lo acribillaron a tiros. Eloisa también responsabiliza a la Policía del estado Aragua en este caso. 

La violencia no paró

Rigoberto Barrios fue la cuarta víctima. Tenía apenas 15 años cuando funcionarios policiales lo vieron en una esquina hablando con su novia y sin mediar palabras le propinaron ocho disparos. Rigoberto batalló durante once días en cuidados intensivos, pero no sobrevivió por la gravedad de las heridas. 

Antes de morir, el 20 de enero de 2005 en el Hospital Central de Maracay, Rigoberto alcanzó a decir que uno de sus atacantes era policía. La familia atribuyó el atentado a que, un año atrás, Eloísa denunció en la fiscalía la actuación de los funcionarios. 

La primogénita de los Barrios explicó que la policía la tenía agarrada contra los varones desde la muerte de Benito por las acusaciones que ella hizo en Fiscalía y demás entes gubernamentales. Sin embargo, las mujeres de la familia no escaparon de la violencia policial y fueron víctimas de violentos allanamientos y robos. 

Óscar Barrios tenía 22 años al momento de su ejecución extrajudicial. El asesinato ocurrió el 28 de noviembre de 2009 a manos de presuntos funcionarios de la Policía del estado Aragua. 

Al momento de su muerte, Óscar Barrios era beneficiario de Medidas Provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 1 de septiembre de 2010 Wilmer Flores Barrios, de 17 años, fue víctima de una ejecución extrajudicial. Iba en su motocicleta, entrando al pueblo de Guanayén, cuando dos hombres con el rostro cubierto con franelas le cerraron el paso. Eloísa contó que lo obligaron a arrodillarse y luego le dispararon en la espalda y en el cuello. Nadie sabe quién lo asesinó, pero su familia sospecha que los funcionarios policiales tienen algo que ver. 

Ocho meses después, Juan José Barrios —el cuarto hermano de Eloísa— fue asesinado por presuntos funcionarios de la Policía de Aragua el 28 de mayo de 2011, una semana antes de que se efectuara la Audiencia del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Venganza continuada

La violencia policial no dio tregua y a partir del año 2012 cargó directamente en contra de los sobrinos Barrios. 

El 9 de junio de ese año fue asesinado Víctor Barrios, de 17 años, cuando regresaba de visitar a un primo. Según el relato de Eloísa, dos sujetos desconocidos le dispararon por la espalda causándole la muerte inmediatamente.

Seis meses después, el 15 de diciembre de 2012, Jorge Barrios de 24 años, se convirtió en la novena víctima del patrón de exterminio y persecución en contra de la familia Barrios. A Jorge también le dispararon por la espalda cuando iba a bordo de una moto. 

Jorge era hijo de Benito Barrios, la primera víctima del caso y al momento de su muerte también contaba con Medidas Provisionales de protección dictadas por la CIDH. 

La décima víctima fue Ronny Barrios quien tenía 17 años al momento de su muerte. Fue asesinado el 15 de mayo de 2013. Su cuerpo fue encontrado el 16 de mayo de 2013 en una vía pública del sector “La Oficina” de Guanayén, presentando múltiples heridas por arma blanca. 

Ronny era hijo de Luis Barrios quien fue ejecutado en 2004.

La mayor de los hermanos Barrios comentó que en su búsqueda incesante de justicia vio cómo 11 miembros de su familia caían uno a uno en una espiral de violencia que aún no tiene explicación. 

Tres años después, el 25 de mayo de 2016, Edison Ortiz Barrios fue ejecutado en similares condiciones a la de sus primos y tíos. Su homicidio ocurrió cinco años después de la sentencia condenatoria de la Corte IDH (2011).

La sentencia ignorada 

El 24 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana señaló al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial de cinco miembros de la familia Barrios y la falta de protección al resto de los integrantes. 

La Corte ordenó investigar, sancionar, reparar y proteger, pero nada de eso ha ocurrido. El caso reposa en los archivos judiciales del estado Aragua. Eloísa comentó que el Estado entregó un par de apartamentos a los familiares, pero la impunidad siguió intacta. 

“Como medida de protección, el Gobierno enviaba de vez en cuando a dos funcionarios a dar una vuelta, pero la verdad es que nos seguían matando por el otro lado”, dijo Eloísa Barrios.

La familia Barrios se dispersó por varios estados del país tratando de resguardar a los varones que aún quedaban vivos. Eloísa, en compañía de la ONG Justicia y Paz en Aragua y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), emprendió una larga lucha para que los asesinatos de Benito, Narciso, Luis, Juan, Rigoberto, Óscar, Wilmer, Víctor, Jorge, Ronny y Edison no queden impunes.

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