El mandatario estadounidense Donald Trump aseguró este sábado, 26 de septiembre, que habló con la presidenta interna Delcy Rodríguez sobre la realización de elecciones en Venezuela durante el encuentro que ambos sostuvieron esta semana en la ciudad de Nueva York.
En una declaración que hizo a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump expresó: “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”. También elogió la cooperación en materia petrolera que han tenido ambos países y afirmó que gracias a la funcionaria, “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.
Los mandatarios se reunieron por primera vez el martes 22 de septiembre a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un día después, durante su intervención, anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, pero no dio detalles sobre una posible fecha.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, abordaron la celebración de elecciones en Venezuela. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró.
Este encuentro marca un nuevo hito en las relaciones de ambas naciones tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026.
En paralelo a la reunión, la líder opositora venezolana y premio Nobel, María Corina Machado, denunció desde Panamá que le habían impedido regresar a Venezuela en tres ocasiones.
Para Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, la liberación de presos políticos y la reforma al sistema de justicia son algunos de los pasos que debe dar el Estado venezolano para avanzar hacia una mayor apertura democrática. Sin embargo, según la Misión, ese proceso aún no se ha concretado y, por el contrario, persisten prácticas vinculadas al aparato represor.
“Una primera condición, yo creo que tiene que ser la liberación inmediata de todos los presos políticos. Eso creo que es una primera muestra clara de una intención sana de que se está abriendo un proceso de retorno a la democracia en el país. El otro punto que me parece sustantivo es el balance de poder, que es la restitución de la independencia del sistema de justicia (…) yo creo que facilitaría las negociaciones y los procesos que se tienen que dar a lo interior en Venezuela”, explicó la especialista.
Macher fue una de las invitadas a La Conversa con la Luz de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, y Efecto Cocuyo titulada: ¿Cómo se desmonta el aparato represivo en Venezuela? en el que participaron Ronna Risquez, coordinadora de ARI y Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes.
La experta recordó que la Misión identificó que 12 funcionarios de alto rango, que permanecen en cargos de gobierno, están directamente relacionados con la represión y las violaciones a los derechos humanos, y aseguró que eso “es una primera muestra frente a las víctimas y frente a lo que ha sido su actuación (…) entonces, cómo puedes pensar que vas a restituir la confianza y la gobernabilidad en Venezuela si las personas, la ciudadanía no recupera la confianza en sus instituciones estatales si es que no se asumen a estas personas que son identificadas. Estás diciéndole a las víctimas que todo sigue igual”.
La experta advirtió que el marco jurídico utilizado durante la última década para sostener prácticas represivas en Venezuela permanece vigente. A su juicio, esta situación mantiene abierta la posibilidad de que dichos mecanismos vuelvan a ser utilizados por los actores estatales.
“Lo que decimos es que todo el marco jurídico, además de los actores, que dio sustento a las graves violaciones a los derechos humanos, a las restricciones del espacio cívico, a la restricción a la prensa, de la libertad de la expresión, están intactas. Entonces podrían volver a ser usadas en cuanto tengan la necesidad de hacerlo. Siguen siendo promesas que todavía no se han plasmado en decisiones concretas”.
La presidenta de la Misión sostuvo que otro de los pasos que debe dar el gobierno de Delcy Rodríguez, si busca avanzar hacia un proceso de transición, es reconocer los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país. De esta manera, considera la socióloga peruana, le daría una mayor confianza de gobernabilidad frente a la ciudadanía.
“Es una muestra importantísima de restitución de confianza en el proceso y que efectivamente estamos ante una situación de una transición sana en Venezuela, que ojalá pase. Todos lo quieren”, dijo.
El gobierno de Delcy Rodríguez cierra las puertas a la Misión de la ONU
Macher señaló que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU aún no ha recibido respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez a su solicitud para documentar in situ casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Asimismo, instó al Estado venezolano a facilitar información oficial que permita avanzar y contrastar la documentación de estos casos.
“Nosotros hemos enviado solicitudes a la presidenta encargada y no ha habido absolutamente ninguna respuesta”, señaló la defensora de derechos humanos.
Pide abrir las cárceles a las ONG y organismos internacionales
De acuerdo al informe elaborado y publicado por la Misión de la ONU, en Venezuela, persisten e incluso se han adoptado nuevos patrones de tortura contra personas que todavía continúan detenidas por razones políticas. El informe estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad.
El estado de los centros de detención se ha convertido en uno de los principales focos de atención de las ONG y organismos internacionales, especialmente por las condiciones en las que se garantiza el derecho a la salud de las personas privadas de libertad y la protección de su derecho a la vida.
De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el pasado mes de junio, al menos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde el año 2015. Ante este contexto, Macher pidió al Estado venezolano permitir el acceso de la Misión a los centros de detención para documentar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.
“Toda esta parte de las condiciones carcelarias, tiene un punto crítico de por qué el gobierno no deja entrar a las cárceles. Recién están permitiendo a la Cruz Roja Internacional que lo hace de manera humanitaria. La Cruz Roja Internacional cuando entra a las cárceles no hace ningún informe de lo que está encontrando (…) esa es una medida concreta que nosotros podríamos decir: no se está cambiando el patrón de represión. Abran las cárceles, abran las puertas, dejen que los mecanismos internacionales puedan hablar con los que están detenidos y verificar si tienen las condiciones mínimas de dignidad”, puntualizó.
Las delegaciones del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y de la Asamblea Nacional de 2015 cerraron el segundo ciclo de la mesa de diálogo con un conjunto de acuerdos centrados en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el levantamiento de bloqueos a medios digitales.
Uno de los acuerdos más señalados es la designación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia, integrado por siete juristas: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves Bastidas, Federico Fuenmayor Gallo y María Bernardoni de Govea.
El grupo incluye a abogados que han sido docentes universitarios y se han especializado en derechos humanos. Entre ellos figuran una exmagistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, una exministra del Trabajo y varios profesores con posgrados en universidades como Harvard, Stanford y Notre Dame. El consejo tendrá a su cargo diseñar los instrumentos para examinar los expedientes de quienes aspiren a convertirse en magistrados.
Justamente este viernes 25 de septiembre, en horas de la mañana, la asociación civil Acceso a la Justiciapresentó un baremo para evaluar a las y los aspirantes a integrar el TSJ. Los directores de la organización, que publicaron la propuesta en su sitio web, indicaron que harían llegar la información a la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 con quien han mantenido contacto.
La mesa de diálogo también acordó que en la próxima sesión ordinaria del Parlamento —sin fecha fijada aún—se avance en la designación del comité preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados, y se publique el cronograma correspondiente. Las delegaciones también se comprometieron a continuar la revisión de los instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema de justicia.
Levantamiento de los bloqueos a medios
En el terreno comunicacional, la mesa acordó acompañar el anuncio de Delcy Rodríguez de continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas contra portales de noticias, páginas web y medios electrónicos, además de impulsar una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional con participación de actores públicos y privados.
El ciclo se desarrolló en dos plenarias y cinco mesas técnicas sobre libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información, y sobre fortalecimiento de la democracia y del Poder Judicial. El acta la firmó Jorge Rodríguez, en representación del gobierno interino, y Dinorah Figuera, por la AN 2015, quienes acordaron reunirse nuevamente a mediados de octubre.
Rodríguez adelantó, además, que este lunes 28 de septiembre se anunciarán medidas adicionales sobre los procesos judiciales que aún enfrentan periodistas y medios de comunicación en el país.
La casa de Mía está en riesgo. La escuela a la que asistía está prevista para demolición. Durante más de 15 días durmió en un refugio, en una carpa que no le permitía descansar y donde su madre tampoco pudo mantener la dieta sin gluten que su hija necesita.
Mía tiene dificultades para comunicarse. Dice “agua” y pocas palabras más. Después de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, los cambios comenzaron a acumularse hasta convertirse en otra forma de emergencia. La suya es una de las historias que forman parte de una nueva investigación de La Vida de Nos sobre los niños y adolescentes dentro del espectro autista afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela.
La primera entrega de La otra réplica, publicada el 19 de agosto, había identificado a 2.318 menores afectados por los sismos, 603 de ellos fallecidos. El seguimiento posterior amplió ese registro a 3.113 niños y adolescentes afectados, de los cuales 1.686 —54,2 %— cuentan con algún tipo de verificación. Su base de datos registra ahora 710 menores fallecidos.
Pero, al continuar siguiéndoles el rastro, apareció otra realidad: 760 de los registros corresponden a niños y adolescentes dentro del espectro autista.
La mayoría sobrevivió.
La emergencia, sin embargo, continúa.
Cuando desaparece el mundo conocido
Para un niño dentro del espectro autista, una casa no es solamente una casa. Una escuela no es solamente un lugar donde estudiar. Una ruta conocida, una persona que lo atiende, un alimento determinado o una terapia pueden formar parte de una estructura cotidiana que ayuda a darle previsibilidad a su mundo.
Los terremotos alteraron esa estructura.
Así lo explica la terapeuta ocupacional Veruska Croes, especialista en integración sensorial: “Muchas personas dentro del espectro necesitan previsibilidad, control del entorno y consistencia sensorial. Los terremotos, las réplicas y los daños provocados por estos alteraron esas condiciones”. En algunos casos, la respuesta se expresa mediante el llanto sin control, problemas para dormir o cambios de conducta.
El equipo de La Vida de Nos habló con 46 madres y padres, además de maestras, psicopedagogos, terapeutas y nutricionistas. Los testimonios recogidos describen cambios en el sueño, el humor y la alimentación de los niños, así como dificultades para recuperar las terapias debido a la falta de recursos o a los daños sufridos por los centros de atención.
En La Guaira, donde se concentra casi la mitad de los registros —363 de los 760, el 48 %—, la pérdida de infraestructura especializada se convirtió en parte de la emergencia. El equipo documentó dos escuelas de educación especial destruidas y tres con daños que obligaron a su cierre o mudanza, además de tres centros de atención especializados destruidos. Entre estos se encuentran el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa).
“Ya no somos cinco, somos dos”
Para Keyber, de 14 años, el terremoto tuvo una dimensión todavía más devastadora.
Vivía en la conserjería del Centro Comercial Costa del Sol, en Caraballeda, junto a sus padres y sus dos hermanos. Keiner, de 11 años, y Kelwin, de 16, tenían autismo igual que él. Los dos murieron en el terremoto. También murió Evelyn, su madre, quien llevaba buena parte de los asuntos médicos y escolares de sus hijos.
Keyber sobrevivió junto a su padre, Lewis. “Éramos cinco y quedamos solo dos”, cuenta este hombre de 48 años.
La pérdida dejó al padre no solo frente al duelo, sino también frente a una responsabilidad que antes compartía con su esposa. Lewis cuenta que conocía poco del historial médico de sus hijos, quienes asistían a un instituto para niños excepcionales en Catia La Mar, que quedó afectado y continúa sin funcionar. También estaban registrados en el Caipa y en la Fundación Mundo Azul.
Un hijo que dejó de hablar
La historia de Jeremías y Augusto muestra otra dimensión de la pérdida. Los hermanos, unos gemelos de 9 años, sobrevivieron a los sismos porque aquel día estaban en la casa de su abuela, en Carayaca. Su padre murió en el terremoto.
Augusto tiene autismo grado 2. Antes de la tragedia estaba empezando a comunicarse. Después dejó de hablar.
“Estaba empezando a comunicarse, pero ahora no habla”, cuenta su madre, Yoelvimar López. Sus terapeutas del lenguaje murieron durante la tragedia. Uno vivía en la OPPPE 33 y otro en el urbanismo Hugo Chávez Frías, en La Guaira.
La escuela para niños con autismo donde Yoelvimar quería inscribirlo también desapareció. La escuela donde estudiaba en Carayaca quedó bajo los escombros. El terremoto, en este caso, no solo destruyó edificios. Interrumpió procesos que habían tomado años.
Cuando la escuela deja de existir
Para las familias con hijos dentro del espectro autista, la pérdida de una escuela implica mucho más que encontrar otro edificio.
En La Guaira, los centros de educación especial quedaron entre las estructuras afectadas. Algunas escuelas fueron destruidas y otras tendrán que compartir temporalmente espacios con otros centros educativos. Las autoridades prevén horarios rotativos y el uso de unidades psicoeducativas, mientras algunas instalaciones siguen funcionando como refugios.
Para una madre como Alexandra, el regreso a clases está atravesado por el miedo. Su hijo Niam, de tres años, se altera con las réplicas, se lleva las manos a los oídos y llora. El colegio al que pretendía llevarlo sufrió daños y su directora murió.
Para Milagros, la madre de Mía, el problema es todavía más concreto: la escuela que conoce será demolida y la alternativa queda lejos de casa. No se atreve a enviarla.
La reconstrucción de una escuela puede medirse en paredes, techos y pupitres. Para estas familias, también significa reconstruir un espacio que el niño conoce y comprende.
Vivir en una carpa
El desplazamiento añadió otra dificultad. La investigación documentó 76 niños y adolescentes dentro del espectro autista que están o han pasado por refugios y 39 que tuvieron que trasladarse a casas de familiares o a otro estado del país. Son situaciones documentadas; el equipo advierte que no conoce la situación habitacional de todos los registros.
Mía pasó más de 15 días en un refugio.
Aylin Daal tiene una carpa en el refugio de Playa Verde, pero casi nunca duerme allí. Prefiere regresar por las noches a su casa, aunque está en riesgo, y acomodar a sus tres hijos en la sala. Los tres son autistas: Máximo, de 13 años; Mathías, de 10; y Miranda, de 5.
En la carpa, el calor y el ruido los alteran. Aylin intenta permanecer cerca de ellos para tranquilizarlos. La rutina que había construido alrededor de sus hijos se volvió mucho más difícil de sostener. También perdió a una de las personas que acompañaban el desarrollo de Máximo: una psicopedagoga que murió durante la tragedia y cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado.
La alimentación es otra batalla. Antes del terremoto, Aylin había modificado la dieta de sus hijos y percibía una mejoría. Después, mantenerla se volvió difícil. Al mismo tiempo, perdió buena parte de sus ingresos como peluquera de mascotas. Su frase resume el tiempo que vino después de los sismos: “La gente cree que esto pasó, pero esto sigue”.
La familia también necesita apoyo
El impacto no termina en los niños. La investigación identificó 36 grupos de hermanos o familiares autistas entre los registros. De los 760 niños y adolescentes documentados, 600 son varones, 157 niñas y 3 casos no tienen sexo registrado.
Jhoana Teixeira conoce esa realidad desde dentro. Es psicopedagoga y madre de dos hijos autistas. Después de los terremotos, dos sobrinos también autistas y damnificados se fueron a vivir a su casa. Desde allí acompaña a otras madres y familias, combinando su experiencia personal y profesional.
En otros casos, las familias se convirtieron en la principal red de contención.
Henneizi Sojo, madre de Luis Alejandro, un joven autista no verbal de 17 años, fundó en 2023 la asociación de padres Planeta Verde y Azul. El terremoto destruyó su casa y el centro donde su hijo recibía atención. Luis dejó de tolerar los ruidos fuertes y perdió parte de su interacción social. Su madre tuvo que mudarse temporalmente con él a casa de un familiar.
Con llamadas y caminatas, Henneizi hizo un pequeño censo de 42 personas con autismo en su urbanización: 20 estaban en carpas y 22 se habían trasladado a casas de familiares. Ese registro ayudó posteriormente a organizaciones a llevar alimentos y equipos a algunas de las familias.
Una cifra incompleta
Los 760 registros documentados en el especial de datos Autismo en la zona cero no representan necesariamente el universo total de niños autistas afectados por los terremotos. Ese es uno de los límites que la propia investigación señala.
El Estado no ofrece datos desagregados de las víctimas de los terremotos y la información sobre la población autista es todavía más opaca. Para construir el registro, La Vida de Nos cruzó los censos de tres organizaciones con su propia base de datos, reportería de campo y verificaciones telefónicas.
De los 760 registros de niños y adolescentes con autismo, 748 fueron localizados y 12 figuran como fallecidos. Pero las organizaciones consultadas se han concentrado principalmente en los sobrevivientes, por lo que la investigación advierte que puede existir un subregistro de niños autistas fallecidos o en búsqueda.
También existe una gran cantidad de información que aún no ha podido precisarse. En 509 de los 760 casos no se conoce el grado del espectro o el nivel de apoyo que requiere cada niño.
Por eso, la cifra no pretende cerrar el mapa de la tragedia. Pretende hacerlo visible y mostrar que se trata de una afectación diferenciada que requiere de medidas de protección y atención específicas.
Nuevas excarcelaciones. La organización defensora de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón informó sobre nuevas excarcelaciones en distintos centros de detención del país durante la noche de este viernes, 25 de septiembre.
A través de su cuenta en la red social X, en un mensaje a las 9:25 de la mañana, la organización indicó que habían podido verificar directamente que 29 personas salieron de prisión.
“Queremos precisar que un grupo de 17 personas dentro de los excarcelados no figuraba en nuestro registro de presos políticos. Aclaramos que esto responde estrictamente a los criterios técnicos e institucionales que aplicamos para la calificación metodológica de los casos —en función de los tipos penales o cargos imputados—, lo cual no menoscaba la relevancia de su situación ni la atención que prestamos a su proceso”, detalló la ONG coordinada por la activista Martha Tineo.
Añadieron que su equipo de trabajo continúa realizando labores de verificación en el terreno, “para cotejar de manera rigurosa la información y actualizar permanentemente nuestros datos”. Hasta la tarde del viernes, Justicia, Encuentro y Perdón manejaba el dato de que todavía había alrededor de 450 presos políticos en el país, 406 hombres y 44 mujeres. Recalcaron que más allá de las cifras que han levantado, “detrás de cada caso hay familias que enfrentan un profundo desgaste y una incertidumbre constante en la búsqueda de justicia para sus seres queridos”.
Insistieron en que resulta urgente atender las situaciones de extrema vulnerabilidad en los centros de reclusión, como la presencia de adultos mayores y personas con patologías de salud graves. Plantearon que esta población requiere que se apliquen de inmediato medidas humanitarias o sustitutivas de libertad para salvaguardar sus vidas e integridad física.
Este sábado el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, también se pronunció y dijo que hasta 4:00 p.m. habían verificado la excarcelación de 20 presos políticos. “Seguimos verificando”, dijo y adjuntó una foto con la lista de nombres.
El regreso de Venezuela a espacios de relacionamiento internacional no asegura la restitución de la democracia en el país. La intervención de Delcy Rodríguez ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde aseguró que se iban a realizar las elecciones sin precisar el momento exacto de su convocatoria, fue comentada por Laboratorio de Paz.
La organización considera que esta omisión es importante, ya que un proceso electoral no puede quedar sujeto a promesas indefinidas ni a situaciones de excepcionalidad para prolongarse de forma ilimitada.
Laboratorio de Paz recuerda que la Constitución de Venezuela establece que en materia de continuidad institucional en casos de ausencia, la falta temporal puede suplirse por un lapso de noventa días, prorrogable por noventa días más. De esta misma forma, si la circunstancia lleva a una falta absoluta durante los primeros cuatro años del período, se debe convocar unanueva elección presidencial en un lapso de treinta días.
Ante estos lapsos fijados en la constitución, el debate gira alrededor del momento exacto de las elecciones. Para la organización, la restitución de la soberanía demanda una fecha concreta, un cronograma formal, un equipo electoral confiable, condiciones justas y observación independiente.
Reformas y responsabilidades
Aunque ante la ONU Rodríguez hizo referencia a la “transformación” en el país para lograr una sociedad más libre y plural, Laboratorio de Paz recordó que, el pasado, la entonces encargada ocupó cargos de mportancia dentro del oficialismo durante años. Por esta razón, la organización indica que cualquier planteamiento sobre cambios institucionales debe venir con una dimensión de “responsabilidad y seriedad sobre el sistema político”.
Este proceso no consiste en mencionar las situaciones del pasado como eventos separados, como explica el Laboratorio de Paz, sino que desde la perspectiva de la organización, un verdadero cambio exige también modificar los mecanismos que permitieron abusos y poder asegurar procesos de rendición de cuentas.
La transición
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales puede representar un factor positivo para el país, pero el reconocimiento otorgado por otros gobiernos no reemplaza la legitimidad democrática dentro de la misma región, la cual aparece de manera exclusiva en elecciones auténticas. De acuerdo con los criterios del “Semáforo de la Transición” desarrollado por Laboratorio de Paz, las declaraciones favorables o los anuncios sin especificaciones no modifican el estado de la situación actual.
La promesa electoral sin fecha fija, la mención de reformas sin resultados que puedan verificarse y la apertura parcial de espacios mientras se mantienen restricciones corresponden a escenarios incompletos y sin seguridad. Para que el “Semáforo de la Transición” registre un indicador en verde, consideran, se necesita la fijación de una fecha precisa, garantías para la política, libertades, instituciones independientes, la vigencia de los derechos, la participación ciudadana activa y un sistema de rendición de cuentas que funcione de forma continua para que la población pueda elegir de manera transparente al presidente.
🌎 Venezuela puede estar recuperando espacios de relacionamiento internacional. Pero volver al mundo no equivale, por sí solo, a volver a la democracia.
🗳️ En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez aseguró que habrá elecciones, pero no anunció una…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Venezuela, hoy más sometida a las presiones de lobistas y lavadores de dinero, está en el ojo del huracán del periodismo miserable. De algo tienen que vivir algunos periodistas, y más si están en Venezuela sufriendo los rigores de una economía con hiperinflación y dolarizada de facto. Se salvan destacadas excepciones que hacen un trabajo digno a pesar de todos los pesares. Otros, sin embargo, tienen que arrastrase cuando se los ordenan sus financistas. No pueden hacer otra cosa. De algo hay que comer. Parafraseando a Marx, asistimos a la miseria del periodismo.
En esta era de algoritmos e inteligencia artificial, una parte del periodismo vive para complacer, no para cuestionar ni para difundir diferentes puntos de vista. Los algoritmos de las redes digitales crean burbujas y cámaras de eco que están encantadas de escucharse a sí mismas. Eso gusta a los anunciantes, pues a partir del comportamiento limitado y casi compulsivo de los usuarios de las redes pueden ofrecerles publicidad a su medida. Y también gusta a los financistas de estos periodistas miserables. Les hacen repetir como loros sus mensajes clave que están alineados con sus negocios. Van modulando los mensajes como vaya lloviendo el dinero. Un día les mandan a decir que Trump ha salvado a Venezuela, otros que los seguidores de María Corina Machado son “brutos” por reclamar elecciones democráticas en un plazo razonable.
A esto se agrega la influencia de los chatbots de inteligencia artificial en la forma en la que la gente busca y consume información. Ya los motores de búsqueda, particularmente Google, el más usado de todos, van pasando a un segundo plano. Dominan las grandes plataformas de modelos generativos de lenguaje como ChatGPT y Claude que, en vez de ofrecer opciones de información, incluyendo las que pagan para salir más arriba, hacen un resumen de varias líneas que el usuario consume rápidamente, sin que necesariamente vaya más allá de la síntesis inicial. Esto potencialmente se traduce en mayor simplificación de su visión del mundo y reforzamiento del efecto cámara de eco.
¿Quién paga?
Estas cámaras de eco se alimentan del dinero que ahora entra de forma turbia a Venezuela de la mano y la protección del gobierno de los Estados Unidos. El primero y más destacado de estos elementos es el cuestionado Alejandro Betancourt. De un día a otro pasó de ser acusado de desbancar al Estado venezolano, a ser el “mal necesario” para reactivar la industria petrolera. Periodistas en decadencia lo argumentan así: qué vamos a hacer, este Betancourt es quien lo puede hacer, y punto. Existen indicios que estos periodistas decadentes cambian de discurso dependiendo de quién ponga la plata. Cambian de opinión como se cambian de interiores. La política, el dinero y los medios vuelven a hacer de las suyas a espaldas de la gente. Ya lo escribió el investigador Oswaldo Capriles Arias en su libro Poder político y comunicación, de 1996, en plena crisis terminal de la república civil: “… figuras y etiquetas sin mayor sentido, eventualmente dotadas de un movimiento de ‘gran guiñol’ manipulado por los factores más poderosos de la sociedad civil”.
Miente que algo queda
Si alguien vive metido en una cámara de eco, siempre escucha lo mismo. Vive complacido por lo que escucha, aunque le mientan. Lo importante es confirmar sus prejuicios, sin importar si la evidencia empírica dice lo contrario. El principio de Goebbels de mentir mil veces adquiere un nuevo sentido en las redes dominadas por los algoritmos. La gente que consume porquería recibe siempre más porquería. Es un círculo vicioso (alguien dirá que es un “círculo virtuoso”).
Esa máquina digital nunca se detiene. Es el gran sistema que funciona 24/7. Se alimenta de los usuarios de las redes, ensimismados en sus pequeños universos de estereotipos e ideas simplonas. Ven un mundo en blanco y negro sin matices. Algo de eso ya ocurrió en Venezuela cuando los grandes medios de comunicación de la época despotricaron de la clase política, que ya venía desprestigiada por sus propios errores y corruptelas, terminaron creando el ambiente de la antipolítica que le abrió la puerta a Hugo Chávez. Ya sabemos las consecuencias de esa política de demolición política. El país ha pagado un alto precio por ello. Nada menos que su destrucción.
Pero no nos confundamos. Ahora la dinámica mediática en las redes es distinta. Ya no se comunica para el conjunto de la sociedad, sino para grupitos. Los periodistas miserables hablan para sus respectivos club de fans que los aplauden y vuelven todos los días a escuchar sus disquisiciones interesadas. El grupito refuerza lo que termina diciendo su audiencia fiel, que a su vez refuerza el comportamiento miserable del periodista con sus comentarios en los chats. Es una interacción circular, de reforzamiento positivo según la psicología conductista. Mientras más regresan los mismos de la misma burbuja, es un incentivo para que el algoritmo les ofrezca siempre lo mismo. Quieren que les mientan porque disfrutan con la mentira.
Auténticamente falso
Uno de los valores apreciados por los fans de estos periodistas miserables es la “autenticidad” de estos comunicadores. A esos grupitos de fieles les encantan que sus referentes en las redes insulten, digan las “vainas como son”, no tengan “pelos en lengua”, y demás babosadas. Ellos quieren autenticidad, o al menos algo que parezca auténtico. Y si alguien les señala lo obvio, que sus héroes mediáticos son “falsos auténticos” que bailan al son del dinero, entonces se ponen iracundos. No soportan ver la realidad. Están demasiado ciegos en su burbuja cognitiva.
Los periodistas que más gritan, insultan y chismorrean son los que son percibidos por sus audiencias como auténticos. En un mundo digital donde manda la artificialidad, la impresión de autenticidad ramplona, incluso vulgar, es la forma de crear una impresión de “verdad”. El postureo de “auténtico” vende. Lo saben bien los políticos populistas como Trump, y como lo supo en su momento Chávez. Basta salirse del molde de las buenas costumbres para que una parte del público crea que le está hablando como “debe ser”, sin “medias tintas”, sin “mentiras”. El principio de la autenticidad fabricada es hacerle creer a la gente que lo que ve es transparente, cuando en realidad no es otra cosa que una puesta en escena que tiene mucho de representación teatral.
Censura “buena”
Trump ha decidido expulsar a algunos medios de comunicación de la Casa Blanca. El asunto en Estados Unidos es más complicado, pues el poder judicial podría echar para atrás la medida del presidente. A pesar de todo, en ese país todavía hay división de poderes, y la primera enmienda de la constitución tiene peso a la hora de hacer respetar la libertad de expresión y la libertad periodística. Para el periodista miserable, que adora al primer mandatario norteamericano, esta decisión arbitraria le parece que no es otra cosa que “Trump siendo Trump”. ¿Censura, cortapisas al ejercicio periodístico? Todo se le acepta al “salvador de Venezuela”. Sobre todo, se le acepta a quien trae de la mano a inversionistas cuestionados que le han metido la mano al petróleo, y les meterán la mano a los minerales de Venezuela.
Y si a alguien se le ocurre criticar en vivo y directo a uno de estos periodistas de medio pelo, lo censuran en el chat. Le prohíben expresar su desacuerdo, pues la contradicción vehemente no se admite en el periodismo miserable. Cuando los intereses de los financistas están en juego, es decir, cuando la base de la economía política de esta práctica periodística es criticada, debe prevalecer la censura. La misma lógica que ha aplicado Trump, y la que el chavismo ha seguido en estos últimos 27 años.
La miseria periodística es una condición necesaria para que la “nueva” situación político-económica de Venezuela se vaya consolidando. No es una condición suficiente, pues entran en juego otros factores como los intereses geopolíticos de Estados Unidos, los negocios del entorno de Trump, y el instinto de supervivencia de los hermanos Rodríguez y de Diosdado Cabello. Pero ese periodismo miserable sí hace su papel de amplificador de la ilusión de estabilidad que mantendrá a “Delcy forever” para beneficio de opacos inversionistas que contentos pescan en río revuelto.
Un derecho no se devuelve: se garantiza. Desbloqueen la libertad de expresión en Venezuela
La Red de Medios Independientes recibe con expectativa el levantamiento de las restricciones de acceso a un grupo de medios de comunicación digitales en Venezuela, pero el desbloqueo debe alcanzar a todos los medios independientes que siguen siendo víctimas de censura.
Hasta la publicación de este comunicado, la restitución del acceso ha sido parcial. Numerosos medios, organizaciones y plataformas continúan bloqueados sin que exista una explicación pública que justifique por qué unos recuperan el acceso y otros permanecen censurados.
Por eso afirmamos que un derecho aplicado selectivamente deja de ser una garantía y se convierte en una concesión discrecional
Durante al menos doce años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha utilizado el bloqueo de portales como un mecanismo de censura.
Primero alcanzó a medios internacionales y, desde hace al menos nueve años, se extendió de manera sistemática contra medios nacionales, regionales y locales.
Los bloqueos fueron aplicados sin procedimientos transparentes, sin explicaciones públicas sobre sus causas y sin que los medios afectados pudieran ejercer efectivamente su derecho a la defensa.
No fueron incidentes aislados.
Durante años se desarrollaron mecanismos técnicos de bloqueo que cambiaban según el proveedor y que dificultaban a los ciudadanos el acceso a la información. Su ejecución involucró a empresas públicas y privadas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, sobre las cuales Conatel ejerce facultades regulatorias.
El resultado fue una gigantesca barrera levantada entre los venezolanos y la información.
Antes de los recientes levantamientos, organizaciones especializadas documentaban másde 200 dominios bloqueados en Venezuela,entre ellos decenas de sitios informativos.
Pero detrás de esas cifras hay una historia que no puede borrarse con una nueva instrucción de Conatel.
Durante años, los ciudadanos fueron privados de información y los medios independientes perdimos lectores, ingresos, posibilidades de crecimiento y oportunidades de llegar a nuevas audiencias. Periodistas y trabajadores dedicaron incontables horas a buscar formas de evadir la censura: dominios alternativos, páginas espejo, herramientas tecnológicas, redes sociales, boletines, mensajería y estrategias offline.
Ellos bloqueaban. Nosotros buscábamos opciones para evadir la censura.
Y seguimos informando.
Investigamos corrupción. Documentamos violaciones de derechos humanos. Contamos las consecuencias de la emergencia humanitaria. Acompañamos a comunidades que habían desaparecido de la agenda pública. Construimos alianzas entre medios nacionales, regionales y locales. Innovamos para llevar información allí donde el Estado intentaba impedir que llegara.
Por eso este desbloqueo no puede borrar lo ocurrido ni ser presentado como una concesión graciosa del poder; y, por eso, ante el último comunicado del Ministerio de Comunicación e Información rechazamos de forma contundente que hoy se hable de “medidas administrativas”, pues nunca en más de una década de bloqueos, ningún medio fue informado de las razones y motivos de la acción censora ejecutada por Conatel y complicidad con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Tampoco puede considerarse suficiente, pues no todos han sido desbloqueados.
El país merece conocer el alcance completo de la medida, los dominios incluidos y las garantías existentes para impedir que vuelvan a ser bloqueados.
El contexto obliga, además, a mantener la vigilancia.
El 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtió que, pese a algunos cambios ocurridos durante 2026, los mecanismos fundamentales del aparato represivo venezolano permanecen en gran medida intactos y que algunas de las reformas observadas pueden ser reversibles.
Los hechos demuestran por qué un desbloqueo tecnológico, aunque importante, no equivale por sí solo a libertad de expresión.
Mientras existan medios bloqueados; mientras permanezcan vigentes normas utilizadas para restringir la expresión y el ejercicio periodístico; mientras periodistas y trabajadores de la prensa puedan enfrentar procesos penales por informar; mientras persistan restricciones al acceso a la información pública y mientras el Estado conserve la capacidad de encender y apagar discrecionalmente el acceso a un medio, la libertad de expresión en Venezuela seguirá condicionada.
El momento en que ocurre esta decisión también exige transparencia. El desbloqueo coincide con un proceso de conversaciones políticas respaldado por Estados Unidos en el que la libertad de expresión forma parte de los asuntos planteados públicamente. Esa coincidencia genera legítimas preguntas sobre las razones y la permanencia de la medida.
Por eso exigimos que el desbloqueo sea total, inmediato, transparente y permanente.
Que Conatel publique las decisiones y órdenes mediante las cuales fueron impuestas estas restricciones y explique sus fundamentos.
Que se establezcan garantías para impedir nuevos bloqueos arbitrarios.
Que sean revisadas y derogadas las normas que restringen ilegítimamente la libertad de expresión.
Que cesen los procesos y mecanismos de persecución contra periodistas y trabajadores de medios por ejercer su oficio.
Y que se garantice el acceso efectivo a la información pública.
Durante años intentaron decidir qué podían leer, escuchar y conocer los venezolanos.
No lo consiguieron.
Los medios independientes seguimos publicando. Los periodistas seguimos investigando. Las audiencias aprendieron a saltar bloqueos, descargar herramientas, compartir enlaces y buscar caminos alternativos hacia la información.
Hoy algunas de esas puertas vuelven a abrirse.
Exigimos que se abran todas.
Porque la libertad de expresión no es una concesión del gobierno de turno. No depende de una negociación política, de una orden administrativa ni de la voluntad de quien controle Conatel.
