Actualización de la nota: 10:00 a.m. del 13 de enero de 2026
Durante la madrugada de este 13 de enero, se produjo la excarcelación de los 15 adolescentes que habían sido detenidos el pasado 5 de enero, mientras jugaban carnaval cerca del canal de alivio en Barcelona, estado Anzoátegui.
El diario El Tiempo informó que la noche del lunes pasado, los padres empezaron a recibir llamadas por separado de los tribunales donde les notificaban que debían apersonarse. Una vez en el lugar, les comunicaron que serían excarcelados. Empezaron a dejarlos libres después de las 12: 20 a.m.
No obstante, aclara el medio, las familias aún desconocen si la libertad es plena o vendrá con condiciones, pues inicialmente, no les aclararon este punto. Los ocho adultos detenidos por este caso aún se encontraban privados de libertad.
El exfiscal Zair Mundaray, uno de los que públicamente denunció este caso, atribuyó las excarcelaciones “al escándalo nacional” que ocasionó este hecho y reiteró la importancia de hacer denuncias públicas de este tipo de hechos.
“Mientras Delcy desea lucir cívica y política, desde el sistema de justicia cometieron esta atrocidad para sabotear las excarcelaciones. De forma inmediata deberían ser interpelados y destituidos tanto @TarekWiliamSaab como Elsa Gómez quién además de presidenta de la Sala Penal, coordina el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, también el presidente de circuito de Anzoátegui, el fiscal superior y la juez y fiscal involucradas. El otro alto responsable es el director de Polibolívar y el alcalde que detuvieron a estos niños. Aún quedan dos adultos (18 años) privados de libertad por este caso”, sentenció.
Mundaray compartió el video del momento en el que se producían las excarcelaciones. Al grito de “gracias, Señor”, las madres daban la bienvenida a sus hijos, quienes estuvieron detenidos más de una semana.
#URGENTE Frente a la escándalo nacional que ha sido el secuestro de estos adolescentes, en horas de la madrugada de hoy desde Polibolívar llamaron a sus familiares y les fueron entregados en la sede policial, a esta hora no se conoce si están sometidos a cautelares. Hacer la… https://t.co/feTapc8Pxd pic.twitter.com/m9ijATlUvk
— Zair Mundaray (@MundarayZair) January 13, 2026
Los hechos
El arresto fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Bolívar del estado Anzoátegui, quienes supuestamente atendieron a una llamada anónima de un lugareño. La persona que hizo el reporte denunció que en la zona se registraban, en ese momento, supuestos “actos terroristas”.
Todos los jóvenes fueron llevados hasta el Centro de Detención Preventivo de Polibolívar, ubicado en el sector Las Casitas de Barcelona. A menos de 48 horas del arresto, el grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron trasladados hasta el Tribunal de Barcelona, donde, según testigos, asistieron a una audiencia de presentación telemática en la que quedaron privados de libertad, junto con los ocho hombres adultos.
Familiares contaron que a los jóvenes no se les permitió la defensa privada y que fueron imputados por presuntos delitos de incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir.
Sus familiares y allegados aseguran que les solicitaron recabar firmas en la localidad para demostrar la buena conducta de todos para facilitar las liberaciones. Habitantes de la localidad aseguran que todos los jóvenes son deportistas y que integran distintas selecciones en las que han representado el estado Anzoátegui frente a otras entidades.
Condiciones irregulares de reclusión
El exfiscal Zair Mundaray compartió en sus redes sociales información adicional sobre el caso. Según afirmó, la Policía del Municipio Bolívar, cuyo director es José Gregorio Cano, les atribuyó a los jóvenes “estar celebrando la detención de Maduro”.
Refirió que la fiscal Jesmit Milan los presentó ante el juez de control 1 de Responsabilidad Penal del Niño, Niña y Adolescente por presuntas órdenes de la Fiscalía general, al tiempo que aseguró que habrían sembrado evidencias, como “piedras y botellas que no tenían”.
Añadió que en el Centro de Reclusión del Barrio Las Casitas de Barcelona, en donde estuvieron detenidos, “no cuenta con las condiciones mínimas de higiene para la reclusión de niños y hay un número indeterminado de adultos privados de libertad”.
Detención política de adolescentes, una práctica cuestionada
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela entró en una fase de represión sin precedentes de la que tampoco se salvaron niños, niñas y adolescentes, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que el país es parte, prohíbe expresamente la privación ilegal o arbitraria de la libertad de este grupo y establece que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño “se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) documentó que las detenciones no fueron hechos aislados, sino un plan diseñado para acallar la disidencia. En un informe de septiembre de 2025, indicaron que al menos 220 niños y niñas, con edades entre 13 y 17 años, fueron detenidos en el marco del patrón de represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024. Denunciaron que fueron sometidos “a incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso”.
En noviembre de 2024, Amnistía Internacional publicó una investigación detallada sobre la tortura contra niños por motivos políticos, en el que incorporaron testimonios en los que se denuncia que fueron obligados a grabar videos admitiendo crímenes que no cometieron, a cambio de promesas de liberación que no se cumplieron. Indicaron también que las autoridades utilizaron videos con música de películas de terror (como Pesadilla en Elm Street) en redes sociales para amedrentar a las familias de los jóvenes.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el uso de “tipos penales ambiguos” como “incitación al odio” y “terrorismo” contra menores de edad.
El 25 de diciembre pasado, fueron excarcelados tres de los adolescentes que mantenían tras las rejas y que habían sido detenidos en el marco de la represión poselectoral. Uno de ellos fue Abraham Rivero, a quien las autoridades habían señalado de participar en el derribo de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira.
Pero todavía sigue preso el adolescente Gabriel Rodríguez, destacado atleta y estudiante del estado Lara. A Rodríguez lo detuvieron el 9 de enero de 2025, en medio de la tensión política que reinaba previo a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato. Gabriel salió de su turno de trabajo vacacional en una panadería artesanal con un fuerte malestar de salud. Se dirigía al Ambulatorio de Cabudare cuando fue interceptado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los uniformados justificaron el arresto basándose únicamente en su apariencia física, alegando que tenía “aspecto de guarimbero” por vestir una bermuda y un suéter negro. Gabriel relató haber presenciado el momento en el que fabricaron pruebas en su contra.
Al joven lo sentenciaron el pasado 16 de diciembre a una pena pena total de 10 años, desglosados en seis años de prisión y cuatro años de trabajo comunitario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
