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Educadores y personal de salud marcharán el #13Oct a Miraflores por sus derechos laborales

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La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó este 9 de octubre que se unirá a la manifestación convocada por Federación de Trabajadores de la Salud en Venezuela (Fetrasalud) el próximo 13 de octubre para exigir reivindicaciones laborales.

La manifestación se hará principalmente en Caracas, en la Avenida Universidad, desde el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación en Venezuela (Ipasme) hasta el Palacio de Miraflores.

Dentro de las exigencias de los gremios se encuentran el derogar la Plataforma Patria como método de pago, tener instructivos de pagos transparentes, elevar el salario mínimo de 130 bolívares (equivalentes a 0,15 dólares mensuales según la tasa de cambio oficial para el 13 de octubre de 2026) y la transparencia con respecto a los bonos de responsabilidad profesional

«Ya basta de ofrecimientos y no de realmente atender a la clase trabajadora y a las organizaciones sindicales que no son atendidas por los ministros», dijo Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, durante una rueda de prensa.

Márquez recalcó que la marcha será a nivel nacional: cada delegación regional se concentraría en cada gobernación para entregar a cada institución un documento donde se le exige a la administración pública el debido respeto a los derechos civiles y laborales de los trabajadores venezolanos.

Sueldos congelados

Por su parte, el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano, destacó que el Gobierno venezolano, dirigido por el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), ha «congelado» el salario desde el 2022. La inamovilidad del sueldo mínimo ha impactado negativamente en los jubilados y los trabajadores: el pasaje de ida en el Metro de Caracas cuesta 160 bolívares, representando el 123 % de un sueldo mínimo (mensual).

También denunció que los trabajadores no tienen ningún incentivo para mantener sus trabajos formales.

«Cuando llegan las épocas escolares, le pagan por becas y útiles escolares 12,50 bolívares [equivalentes a 0,014 dólares a la tasa de cambio oficial para el 13 de octubre de 2026]. Esa es la política pública económica del Gobierno que nosotros creemos que no representa progreso para los trabajadores venezolanos», afirmó Zambrano.

En abril de 2026, la presidencia encargada de Venezuela bajo el aval de Estados Unidos aumentó el salario integral —la suma del salario mínimo más ciertas bonificaciones que ofrece el PSUV— en 240 dólares. Sin embargo, la Canasta Alimentaria Familiar calculada por la FVM para el mes de agosto de 2026 se ubicó en los 755,36 dólares estadounidenses [equivalentes a 662 292 bolívares según la tasa de cambio oficial para el 13 de octubre de 2026].

Foro Penal: al menos 322 presos políticos siguen tras las rejas

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La ONG venezolana Foro Penal publicó este 10 de octubre su estadística más reciente: al menos 322 presos políticos siguen tras las rejas. De ese grupo, al menos 31 son extranjeros o tienen una doble nacionalidad.

Los datos de Foro Penal corresponden a la primera semana de octubre de 2026. En el mismo periodo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón reportó 424 personas detenidas arbitrariamente y que siguen tras las rejas en Venezuela. La diferencia entre ambas instituciones radica en su metodología para documentar la persecución política que usa el Gobierno del Partido Socialista Unidos de Venezuela.

Dentro de los datos de Foro Penal, al menos 308 presos políticos son hombres y 14 mujeres. Además, 182 privados de libertad arbitrariamente son civiles (56,5 %) y 140 son militares.

Entre el primero y el 5 de octubre de 2026 la ONG contó cinco excarcelaciones. Entre ese grupo se encuentran Guillermo López y Luis Camacaro, dirigentes del partido Vente Venezuela acusados de terrorismo bajo el caso «Brazalete blanco».

Aun así, Foro Penal destacó que 152 personas (47,2 %) han sido condenadas y 170 (52,8 %) permanecen sin condena.

Nueve meses continuos de protesta

El censo se publicó mientras los familiares de los presos políticos cumplen nueve meses manifestando pacíficamente por la liberación de todos los presos políticos en el país.

«Si bien han podido presenciar algunas excarcelaciones puntuales que han traído alivio a ciertos hogares, los familiares recalcan con firmeza que el camino aún es largo y que la justicia plena está incompleta», destacó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en sus redes sociales.

Cada noche, más de 15 personas hacen vigilia en la Cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, esperando a que liberen a sus seres queridos.

Cuando el Gobierno Interino de Venezuela, avalado por la administración pública estadounidense, aprobó la Ley de Amnistía en febrero de 2026, Foro Penal había contado a 687 presos políticos que estaban tras las rejas. De ese grupo, al menos 58 tenían una nacionalidad extranjera.

La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, una asociación civil conformada por activistas y familiares de presos políticos, denunció el pasado 9 de octubre que el retardo procesal del sistema de justicia venezolano mantiene a al menos 60 presos políticos sin atención médica oportuna y con enfermedades graves y a un mínimo de 36 personas con boletas de excarcelación firmadas desde hace varias semanas sin salir de las celdas.

Suiza retira a Marleny Contreras y Jorge Arreaza de la lista de congelamiento de bienes vinculados a Maduro

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El Gobierno de Suiza retiró a Marleny Contreras, esposa del ministro Diosdado Cabello, y al diputado Jorge Arreaza de la lista de personas vinculadas a Nicolás Maduro cuyos bienes mantiene congelados de forma preventiva. Al mismo tiempo, incorporó a seis nuevos nombres, entre ellos empresarios y personas señaladas en investigaciones judiciales por presuntos delitos financieros relacionados con Venezuela.

Con la actualización, el número de personas incluidas en el listado pasó de 37 a 41. La medida se enmarca en el mecanismo de bloqueo cautelar que Suiza activó en enero de este año, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, para impedir que posibles activos de origen ilícito fueran transferidos fuera del país mientras avanzan las investigaciones sobre su procedencia.

La decisión se produce dos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantara las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, quien está al frente del Ejecutivo. Washington ya había retirado a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados en abril.

Alex Saab y otros señalados se incorporan al listado

Entre las seis personas incorporadas por Suiza figuran el empresario Alex Saab, quien se declaró culpable de blanqueo de capitales en Miami en septiembre, y Álvaro Pulido, bajo custodia de la justicia estadounidense desde el 11 de octubre.

También fue incluido José Vicente Amparan Croquer, abogado al que la justicia estadounidense señala como presunto lavador profesional de dinero en el caso Money Flight, relacionado con el desfalco de 1.200 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Esta trama comparte protagonistas con las investigaciones que permanecen abiertas contra Alejandro Betancourt en Suiza y España.

Otro de los nuevos nombres es Mario Enrique Bonilla Vallera, empresario que, según el anexo suizo, mantiene vínculos con Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente venezolano. La Fiscalía estadounidense lo identificó como presunto testaferro de los hijastros de Maduro en la misma trama financiera.

La actualización también alcanza a familiares de antiguos funcionarios del sector eléctrico. Se trata de Milagros Coromoto Torres Morán, esposa de Nervis Villalobos y socia de su empresa Ingespre, y de María Consuelo Pardi Celis, exesposa de Javier Alvarado Ochoa. Ambos ex viceministros ya figuraban en el listado suizo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La perla de Nicolás Maduro Guerra: «La Ley Contra el Odio fue necesaria para pacificar el país»

Durante una entrevista al medio televisivo Globovisión, el diputado de la Asamblea Nacional de 2025, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que la Ley Contra el Odio fue una herramienta «para pacificar» a la población venezolana, pese a que su aplicación acarreó «excesos» por parte del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«Ojalá haya sectores que pudieran reconocer también que la Ley Contra el Odio fue necesaria para pacificar el país, porque esa ley nace por una ola de violencia y de odio impulsada por un sector de la población que quería un cambio político a través de la violencia”, destacó el parlamentario.

La Ley contra el Odio fue creada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, un ente donde perteneció Maduro Guerra y cuyas funciones opacaron la Asamblea Nacional del 2015 conformada por legisladores de la oposición al PSUV. Para ese entonces, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social había registrado 9787 protestas ciudadanas antigubernamentales para derogar legalmente a Nicolás Maduro Moros de la presidencia venezolana.

Las protestas fueron reprimidas por el ejército y cuerpos de seguridad comandados por el PSUV. El saldo de la represión gubernamental se estima en al menos 163 muertos, 2 977 heridos y 1 351 detenidos arbitrariamente, según ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón.

La Ley Contra el Odio impuso penas hasta de 30 años de cárcel para cualquier mensaje que el PSUV asumiera como crítico a su partido, documentó la ONG Espacio Público. La sociedad civil venezolana documentó más de 900 detenciones arbitrarias relacionadas a la Ley del Odio, incluyendo 118 adolescentes.

«Ha habido excesos»

Maduro Moros, hijo del mandatario capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, aseguró que «ha habido excesos» en la aplicación de la Ley Contra el Odio, pero afirmó que no derogarán la normativa.

«Yo diría [que hay que] agregar, de repente, algunos artículos que si se comete algún exceso, ese exceso sea castigado también y proteger al ciudadano, pero también proteger a la víctima del odio», manifestó Maduro Moros. «Sin lugar a duda esta ley debe tener un carácter educativo».

Destacó que la Asamblea Nacional del 2025, conformada principalmente por el PSUV, ha estado desde el 7 de octubre en conversaciones para reformar la Ley. Explicó que se pretende cambiar el nombre y «suavizar» algunas penas.

«La gente está obstinada del conflicto político», dijo Maduro Moros.

La reforma de la Ley Contra el Odio se propicia en el marco de una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional del 2025 y miembros de la Asamblea Nacional del 2015, avalado por el Gobierno de Estados Unidos. Se espera que el tercer encuentro entre los representantes se concrete el próximo 14 de octubre de 2026.

Reducción de la brecha cambiaria no frena presión sobre el dólar

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La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se redujo hasta uno de sus niveles más bajos del año al cierre de septiembre, pero eso no significó una recuperación del bolívar. El tipo de cambio oficial siguió aumentando y, en los primeros días de octubre, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse. 

La menor oferta de divisas coincide con este comportamiento y, según una estimación de la firma Ecoanalítica, el Gobierno liquidó cerca de 1.400 millones de dólares en septiembre, 37% menos que en julio. En este contexto, la reducción de la brecha no necesariamente llevó a una mayor estabilidad del mercado cambiario. 

El jueves, durante la Asamblea Anual de Fedecámaras, la presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó la reducción de la brecha cambiaria y la atribuyó a las medidas de su Gobierno para aumentar la oferta de divisas y estabilizar el mercado. Según cifras publicadas por Banca y Negocios, el Banco Central de Venezuela colocó 7.738 millones de dólares en el mercado cambiario durante el primer semestre de 2026, frente a 4.496 millones de dólares en el mismo período de 2025, un incremento de 72,11%. 

La intervención del BCV ha tenido un peso determinante en la oferta de divisas durante 2026. Hasta el 4 de septiembre, el sistema cambiario había movilizado 12.531,84 millones de dólares, de los cuales 11.093,15 millones correspondieron a la intervención del instituto emisor, lo que equivale a 88,5% del total. 

El volumen muestra la magnitud del esfuerzo oficial para abastecer el mercado cambiario. Sin embargo, el peso de esa intervención genera dudas acerca del sostenimiento de esta política, sobre todo cuando la oferta disminuye. 

Oferta del BCV es una incertidumbre

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, calculó que el mercado necesita alrededor de 1.500 millones de dólares mensuales para cubrir la demanda asociada a las importaciones no petroleras. Según esa estimación, la oferta de dólares de septiembre habría cubierto 93% de ese requerimiento, sin contar remesas de utilidades, servicios ni las compras de dólares como protección ante la depreciación del bolívar. 

Para las empresas, la menor disponibilidad de divisas encarece la reposición de inventarios y dificulta la planificación de compras e inversiones. Aunque la brecha cambiaria se reduzca, la dependencia de la oferta del BCV mantiene la incertidumbre sobre el acceso a dólares y obliga a las compañías a ajustar sus pedidos, revisar precios o postergar inversiones. 

Los ajustes de las empresas también llegan al consumidor a través de los precios o de una menor oferta de productos. Que la brecha cambiaria se reduzca no significa que los precios vayan a bajar, sobre todo si el dólar oficial sigue subiendo y reponer la mercancía cuesta más. 

Sin corregir los desequilibrios 

Para el economista Manuel Sutherland, una de las razones de la reducción de la brecha es que el ente emisor ha permitido que el tipo de cambio oficial aumente de forma gradual. Ese movimiento acorta la distancia con el paralelo, aunque no implica una recuperación del bolívar. La convergencia responde, en parte, al deslizamiento de la tasa oficial y no necesariamente a una estabilización del mercado, explica. 

Sutherland también relaciona el comportamiento de la brecha con las restricciones al crédito. A su juicio, las limitaciones al financiamiento frenan la expansión de las empresas y restringen el consumo, lo que puede moderar la demanda de divisas. 

El economista cuestiona que el Gobierno celebre la reducción de la brecha sin corregir el esquema cambiario. A su juicio, mantener tipos de cambio distintos genera oportunidades de arbitraje. «El gobierno mantiene la brecha porque todavía es un negocio seguir con un tipo de cambio sobrevaluado, esa bicicleta cambiaria ha destruido al país en los últimos 25 años», afirma. 

La elevada participación del BCV en la oferta de divisas y el retroceso de las liquidaciones estimadas para septiembre muestran que la convergencia sigue expuesta a cambios en la disponibilidad de dólares. La dependencia de la intervención oficial no ha logrado contener la presión cambiaria, pese a la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. 

Conatel legaliza la Starlink de Elon Musk tras ocho meses de operación fuera de ley

Conatel anunció este viernes, 9 de octubre, que aprobó “la Habilitación General HGTS-00639 y siete Concesiones Generales en la banda Ku” a favor de la sociedad mercantil SPACEX VZ, S.C.A, con lo que Starlink, el servicio de internet satelital propiedad de Elon Musk, queda autorizado legalmente para operar en Venezuela. 

El ente lo informó a través de su cuenta en X y argumentó que la decisión es parte de las políticas del Estado venezolano para “democratizar el acceso a la tecnología y garantizar la conectividad a la población”.

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026 por parte de fuerzas militares estadounidenses, la empresa Starlink hizo una concesión y otorgó banda ancha gratuita al pueblo venezolano hasta el 3 de febrero.  Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo y que lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la administración de Donald Trump, reposteó el mensaje con una frase de apoyo “al pueblo de Venezuela”. 

Desde hacía años algunos venezolanos hacían uso de este servicio de manera informal. Según estimó el periodista especializado en tecnología, William Peña, para enero existían unos 60.000 ciudadanos con antenas de Starlink en el país. Los usuarios dependían del plan itinerante regional o global. Es decir, registraban los equipos utilizando direcciones de facturación y cuentas en países donde el servicio sí era oficial, como Colombia o Estados Unidos, y al activar la función de roaming las antenas recibían internet porque la red de satélites también emite señal sobre el territorio venezolano.


El 8 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que la reforma de la Ley de Telecomunicaciones sería una pieza clave de la agenda legislativa de este año, plan que la Asamblea Nacional recogió en su agenda 2026-2027. Se trató de una admisión de que el marco regulatorio necesitaba cambios mientras el servicio satelital empezaba a llegar a más hogares. 

El 4 de febrero de 2026, Starlink pasó de la gratuidad a la venta. En ese entonces el servicio quedó disponible por dos vías: la compra de kits nuevos en distribuidores autorizados o el cambio de clientes con plan itinerante  a un plan residencial con descuento. La empresa identificó como distribuidores a Daka, Multimax y SoyTechno, y estableció que cada cuenta venezolana solo podía tener un kit. También indicó que a partir del 6 de marzo las nuevas activaciones residenciales podrían incluir un recargo único por demanda que variaría según la dirección del servicio. Conatel, sin embargo, nunca emitió una declaración sobre el tema.

Un negocio montado a la vista de todos

Mientras el marco legal estaba en pausa, el negocio se organizaba y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela daban un giro de 180 grados para fortalecerse. Multimax pasó a presentarse como la marca oficial y autorizada de Starlink en Venezuela, y anunció que los primeros kits ya estaban disponibles en sus 47 tiendas en todo el territorio nacional. 

El líder del acuerdo era el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group, quien lo calificó como una meta cumplida  y prometió “respaldo, seguridad y garantía”. También se anunció que los usuarios podían pagar la mensualidad del servicio de Internet directamente en bolívares a través del Banco de Venezuela. 

Es decir, se establecieron distribuidores, tiendas, un banco público como canal para pagar y la demanda comenzó a aumentar. Sin embargo, se había ignorado todo el marco legal que regula su actividad.

William Peña explicó a Runrun.es en marzo que las operaciones hasta ese momento eran opacas. Recordó que la normativa venezolana vigente exigía una habilitación para explotar servicios de internet y concesión para usar el espectro radioeléctrico, “so pena de ser sancionada penalmente y administrativamente”. 

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  quienes estén interesados en prestar estos servicios al público, deben solicitar la habilitación presentando la identificación del interesado y, en su caso, de la persona que actúe como su representante incluyendo los nombres y apellidos, domicilios y los documentos de identificación. El instrumento también establece que los prestadores de servicios deben pagar impuestos. 

En ese entonces, al preguntar por una oficina comercial en Venezuela, el asistente del Centro de Ayuda en la página web oficial de la empresa respondió que Starlink operaba principalmente a través de su sitio web y que no tenía información sobre oficinas físicas en el país.

El 25 de junio, un día después de los terremotos que devastaron el país, Starlink anunció en su página web que ofrecería su servicio gratuito hasta el 25 de julio a los clientes de las zonas afectadas.

En su anuncio de este miércoles, Conatel cita esa acción como un “antecedente de cooperación técnica” y asegura que durante ese período “se probaron con éxito tecnologías de mensajería D2D y capacidad satelital en zonas afectadas”. Lo que no aclara es que Starlink ya tenía meses funcionando en el país fuera de ley. El ente gubernamental insistió en que, con este permiso, ratifica su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de la innovación y la inclusión digital en el país.

Tomando en cuenta que según el Índice de Speedtest Venezuela ocupó para agosto de 2026 el puesto 96 entre 149 países, cualquier oferta de conexión estable encuentra una demanda inmediata.

La legalización de las operaciones de Starlink este 9 de octubre resuelve el estatus de la empresa, pero abre otro debate: la autoridad se hizo la vista gorda durante meses y de eso no hay rendición de cuentas. Para los usuarios, el cambio puede traducirse en mayor certeza sobre su servicio. Para el país, la pregunta es si las reglas del sector valen igual para todos los operadores o dependen de quién llegue y con qué respaldo.

Recuperación económica divorciada de la oferta eléctrica   

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Además de las altas temperaturas que se generan en esta época del año, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, endosó al supuesto repunte de la actividad económica, los constantes cortes y fluctuaciones en el servicio que se han producido este año en Venezuela.

El titular de la cartera eléctrica culpó a las sanciones previas al 3 de enero de este año por impedir la compra de equipos para la generación y transmisión del servicio a la población.     

Alcalá dijo que a raíz de la estrecha relación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el del presidente estadounidense Donald Trump “este año tenemos acceso directo a repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”.     

Crece la demanda 

“Venezuela experimenta una recuperación económica desde 2021 y desde ese año ha habido un incremento importante de la demanda eléctrica”, dijo el director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. 

A juicio de Grisanti, la oferta eléctrica no se ha incrementado a la par de la leve reactivación económica  

“Por eso creemos que el servicio eléctrico va a empeorar antes de mejorar y no vemos una estabilización del servicio en los próximos cinco años por más que se hagan inversiones”, aseveró el economista.   

El estudio de Ecoanalítica apunta que la crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha agravado en los últimos meses y la tendencia apunta a un mayor deterioro en el corto y mediano plazo. 

De acuerdo a Ecoanalítica, lejos de tratarse de un problema coyuntural, las deficiencias del sistema eléctrico y los episodios de racionamiento suceden de manera recurrente y se convierten en una restricción estructural para el país. 

La culpa no es del niño

Marcelo Monnot, ex presidente del Colegio de Ingenieros del estado Zulia, señala que es previsible que en agosto, septiembre y octubre la demanda eléctrica suba porque son meses de calor y la gente tiende a usar más artefactos como aires acondicionados y ventiladores.

“Eso es algo tradicional, anteriormente las empresas de electricidad se preparaban, el asunto es que ahora carecen de suficiente capacidad instalada y cualquier cosa que incremente la demanda ellos recurren al racionamiento eléctrico”, dijo el ingeniero electrónico experto en electricidad y paneles solares.

Monnot indicó que no es novedad alguna que las autoridades en Venezuela culpen de la debacle eléctrica al fenómeno El Niño, el supuesto abuso de algunos usuarios en el empleo de electrodomésticos y hasta a una iguana.  

Comercio golpeado

De acuerdo a un estudio de Ecoanalítica en el estado Zulia y Los Andes las interrupciones del servicio eléctrico afectan a más del 98% de los hogares y comercios con cortes diarios de 6 a 8 horas, mientras que en Caracas, hasta hace poco exenta del problema, las fallas alcanzan al 82% de la población.

Datos de la más reciente Encuesta de Coyuntura Empresarial arrojan que 70% de las empresas evalúa negativamente el servicio , además en regiones como Zulia, 98% de los comerciantes reporta un empeoramiento, con un 54% de los locales sin sistemas alternativos de respaldo. 

Según Conindustria, en el segundo trimestre de 2026, la industria venezolana perdió 44% de sus horas productivas (214 de 488 horas laborables) por fallas del servicio.

En la cumbre Venezuela International Oil & Gas Summit se informó que el déficit supera los 1500 megavatios, con apenas 40% de los 32800 MW instalados operativos y cortes de hasta 10 horas diarias en algunas regiones.

Para la firma económica, con una oferta que difícilmente supera los 13000 MW en sus picos de máxima disponibilidad frente a una demanda nacional que en sus momentos de mayor consumo ha superado los 15000 MW, el déficit de generación se consolida como el principal inconveniente para cualquier intento de reactivación económica en Venezuela.

Según Ecoanalítica, a medida que la actividad comercial e industrial intenta dinamizarse, aumenta la presión sobre el sistema termoeléctrico, que opera por debajo del 15% de su potencial luego de años de desinversión. 

El estudio revela que ante la ineficacia del parque termoeléctrico, todo el peso recae en la generación hidroeléctrica de la represa del Guri en el estado Bolívar, un complejo que funciona a un 60% de su capacidad instalada con siete de sus 20 turbinas fuera de servicio. 

En vez de procurar resolver el problema eléctrico, la respuesta del Ejecutivo ha sido establecer un plan de racionamiento sin previo aviso ni calendario establecido a industrias, centros comerciales, hoteles y supermercados, con una solicitud de reducir el uso de aires acondicionados, ascensores y escaleras mecánicas para liberar megavatios hacia la red pública. 

Aunque Conindustria asegura que 69% de las empresas cuenta con infraestructura para autogestionar su demanda eléctrica, la escasez e irregularidad en el suministro de combustible limitan el alcance de estos equipos frente a cortes prolongados. 

A juicio de Ecoanalítica, en vista de que no hay un panorama claro en cuanto a la recuperación del SEN, la continuidad del comercio privado dependerá exclusivamente de la capacidad de autogestión de cada empresa y la recomendación es diseñar un plan integral de autoabastecimiento energético.  

Inversión mil millonaria  

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) estima en 5000 millones de dólares la inversión necesaria para rehabilitar el SEN, mientras que el gobierno de Rodríguez aspira incorporar 4800 MW con el apoyo de empresas como General Electric Vernova y Siemens. 

“En realidad es complicado hacer una valoración de cuánto debe invertirse para recuperar el SEN porque hay mucha opacidad en torno a eso, pero ciertamente son billones de dólares. La pregunta es: ¿Contamos con esos recursos? Hablan de inversión privada en el sector eléctrico, pero las empresas quieren un marco jurídico y que su retorno sea garantizado, hay que trazar un plan para que esa inversión se pueda recuperar”, dijo Monnot.  

El experto expresó que los más optimistas hablan de un año para empezar a ver mejoras si la recuperación comienza inmediatamente, pero que siendo honestos el proceso podría llevar una década.  

“Porque destruyeron todo”, afirmó.

El ingeniero apuntó que los acuerdos petroleros entre Venezuela y Estados Unidos obligan a un incremento de generación y transmisión de electricidad.

“No hay que ser un experto para saber que se necesita electricidad para mover a la industria petrolera, es imposible generar todos los barriles de crudo que pretenden sin electricidad”, apuntó el experto.

Monnot sostuvo que por esa razón, los estadounidenses insisten tanto en la etapa de estabilización para Venezuela.

“La realidad es que en este momento no tenemos capacidad para una reapertura petrolera”.  

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Gobierno de Trump sanciona a la CPI tras anuncio del Nobel de la Paz 2026

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La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 9 de octubre que impondrá sanciones económicas a la Corte Penal Internacional (CPI). La institución internacional podrá hacer movimientos financieros ordinarios con instituciones estadounidenses hasta el 7 de abril de 2027, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado publicado este 9 de octubre.

La medida ocurrió horas después que la Comité Noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la exmagistrada de la CPI Navanethem «Navi» Pillay por su papel en la justicia internacional. Su trabajo destacó por al defensa de Nelson Mandela y el apartheid en Sudáfrica y, actualmente, revisa en la Corte Internacional de Justicia un caso de genocidio de la comunidad musulmana rohinyás, en Myanmar.

Su último rol de importancia en la ONU fue como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados entre 2021 y 2025. Allí, Pillay y su equipo concluyó que Israel había cometido genocidio contra los paletinos en la Franja de Gaza.

«El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses. Por eso, hoy Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal fuera de control, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento contra nosotros», agregó el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en sus redes sociales.

Naciones Unidas rechaza las sanciones

Tanto la CPI como las Naciones Unidas rechazaron «energéticamente» las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump. Alegaron que estas acciones buscarían «romper con las operaciones de la Corte e intimidar a aquellos que cooperan con la institución».

«La Corte seguirá con sus mandatos de forma plena, con independencia e imparcialidad. Actuará solamente en base a las evidencias y la ley por el bien de innumerables víctimas de graves crímenes», destacó la presidente de la CPI, Tomoko Akane, en un comunicado presentado minutos después de la denuncia de Rubio.

La CPI cuenta con 125 países miembros, incluido Venezuela. La Corte lleva investigando formalmente los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra la ciudadanía venezolana desde el año 2021.

El plazo que de 180 días que le dará Estados Unidos a la CPI estará destinado a que los países miembros de la Corte permitan desplazar sus bienes financieros a otras instituciones. La Corte, por su parte, hizo un llamado a los estados miembros tomar las acciones necesarias para continuar con las funciones de la justicia internacional.

«O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», reiteró Rubio.

La Comisión de la Unión Europea anunció que hará «todo lo necesario» para mantener a La Corte. En un comunicado de prensa, la institución internacional destacó que el plazo de 180 días da un «espacio para el diálogo» con el gabinete de Donald Trump.

Mientras tanto, el Gobierno interino venezolano avalado por Estados Unidos decidió retirarse de la CPI el pasado 24 de julio. Sin embargo, la renuncia se haría efectiva para 2027 y la acción no influenciaría en las investigaciones y procedimientos que involucran a los miembros del PSUV en los años anteriores.