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Delcy pidió en Roma lo que el chavismo negó con los CLAP

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La presencia de la delegación oficial venezolana encabezada por la mandataria encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma, donde anunció el plan “Venezuela Alimenta” y abogó por “volver a Hambre Cero”, se produce en un escenario donde el Estado busca normalizar su relación con organismos multilaterales. Durante su intervención, Rodríguez sostuvo también de manera categórica que “los alimentos jamás deberían convertirse en instrumentos de presión o confrontación política”, lo que lleva a recordar la cuestionada política de distribución de comida del gobierno chavista en los años más críticos de la escasez.

La afirmación de Rodríguez choca frontalmente con años de denuncias, investigaciones periodísticas y alertas documentadas por organizaciones no gubernamentales y expertas en el área nutricional, quienes han evidenciado cómo la asistencia alimentaria estatal ha sido empleada por el chavismo como una herramienta de coacción y control social en el país.

Susana Rafalli recordó en su cuenta en X que “en espacios físicos y mapas de planificación local de la entrega de los CLAP, los vecinos a contarse para recibir la asignación eran llamados ‘electores’; así como también que la instalación de puntos rojos junto a centros de votación “se usaron para su distribución y su cobertura variaba en tiempos de elecciones”.

Los CLAP: la discrecionalidad convertida en control político y social

Lo que recordó Rafalli fue documentado en diversas investigaciones y reportes de organizaciones de derechos humanos, en los que se denunció que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados oficialmente bajo la premisa de “mitigar la escasez” en el año 2016, operaron en la práctica bajo criterios de discriminación política.

Informes de ONG y trabajos de investigación periodística han demostrado que la distribución de cajas y bolsas de alimentos subvencionados se condicionó frecuentemente a la lealtad partidista, la participación en movilizaciones oficiales o el ejercicio del voto bajo supervisión, vulnerando el derecho humano a la alimentación sin discriminación consagrado en los estándares internacionales.

En mayo de 2018, un informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Panel de Expertos Internacionales Independientes, advirtió sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento advertía que la escasez de alimentos y el hambre eran una de las dos caras de la crisis humanitaria causada por el chavismo “usada como arma contra su población”. Se habló incluso de un “apartheid alimentario” y se incorporó como muestra declaraciones de funcionarios como el entonces vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz, hoy fallecido, quien expresó que los CLAP eran “cuadros políticos, de defensa del pueblo, no lo negamos”.

De igual forma, en ese mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela donde determinó que los CLAP no cumplían con los estándares de una alimentación adecuada y denunció que el programa era utilizado como una herramienta de propaganda política y control social.

Organizaciones como Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Acceso a la Justicia han documentado asimismo cómo el acceso a las cajas o bolsas de comida se condicionaba —en muchos sectores populares— a la lealtad política, la asistencia a marchas del oficialismo o el registro previo en el Carnet de la Patria.

El propio Freddy Bernal, quien fungiera como su coordinador de los CLAP, reconoció el uso del programa para el control político y social al presentar un balance ante la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018:

“El CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia, en una herramienta de organización y podemos decir responsablemente que los CLAP junto al Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de Gobernaciones y las elecciones de Alcaldes”. En esa misma alocución, Bernal enfatizó que “el CLAP no solamente llegó para distribuir alimentos, llegó para hacer control político, el control social, el control popular en el territorio”. Declaraciones en este tono fueron insistentemente pronunciadas por el dirigente chavista en distintos espacios.

La defensora de Derechos Humanos, Ligia Bolívar, recordó asimismo que el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, pronunció esta frase antes de las elecciones de AN del 6 de diciembre de 2020: “La mujer es la que se va a levantar tempranito y va a decir ‘hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come, para el que no vote, no hay comida'”.

Asimismo, desde 2019, Estados Unidos comenzó a actuar contra esta red de distribución de alimentos. El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), impuso sanciones financieras directas contra el empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas -hoy detenidos ambos por ese país-. Se les acusó de montar una red de corrupción internacional que importaba alimentos a precios inflados y de baja calidad para el programa CLAP. Paralelamente, la Fiscalía de Florida los acusó formalmente de lavado de dinero.

La meta del “hambre cero” está lejana

Además del debatible comentario sobre el uso político de los alimentos, Delcy Rodríguez retomó la cacareada promesa del chavismo de alcanzar la meta de “Hambre Cero” antes de 2030.

El diputado y excandidato presidencial, Henrique Capriles, difundió un video en su X en el que recuerda que desde 2013 el exgobernante Nicolás Maduro prometía exactamente lo mismo: “13 años después la Vice de Maduro se va a Roma con el mismo cuento de HAMBRE CERO pero ahora para 2030. Quieren pedalear para quedarse en el poder hasta el 2030 o más. ¡Son los mismos de siempre! Hoy buscan atención y tratan de vender la idea de que son nuevos en foros internacionales. ¿Quién los eligió? ¡Ningún venezolano ¡Basta de mentiras!”.

Mientras que la organización Laboratorio de Paz advirtió sobre la necesidad de contrastar los anuncios políticos con la realidad socioeconómica, marcada por una profunda vulnerabilidad en el acceso a la canasta básica.

En un comunicado difundido en redes, recordaron que organismos internacionales como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirman que la inseguridad alimentaria en Venezuela sigue impulsada principalmente por la falta de poder adquisitivo. Los datos revelan que millones de ciudadanos continúan requiriendo asistencia humanitaria de emergencia, una situación que se evidenció tras los terremotos de junio de 2026, cuando el PMA tuvo que desplegar un operativo para atender inicialmente a más de 300 000 personas, con proyección de alcanzar el medio millón de beneficiarios.

A través de su herramienta de análisis #SemáforoDeLaTransición, la organización enfatiza que una eventual normalización de las relaciones diplomáticas y la recepción de cooperación internacional constituyen una “señal amarilla” de apertura, pero no deben confundirse con un proceso de democratización. El informe subraya la interdependencia de los derechos humanos, recordando que los avances en materia alimentaria no compensan ni sustituyen las severas restricciones institucionales que persisten en el país.

El reporte concluye que una transición real hacia el “verde” definitivo exigirá que la reinserción internacional marche en sintonía con reformas internas profundas. Esto implica traducir las consignas en resultados verificables, tales como la reducción de la desnutrición, la transparencia en las estadísticas oficiales, la restitución de la independencia judicial, plenas garantías electorales y el ejercicio de los derechos ciudadanos sin temor a represalias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 13 de octubre: Delcy Rodríguez promete llegar al «hambre cero» ante la FAO

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 12 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

«Plan Venezuela Alimenta», así se llamará el nuevo programa sanitario y económico que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela con el aval de Estados Unidos, desea aplicar en el país. Su anunció ocurrió en el Foro Mundial anual de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma.

Según sus declaraciones, el programa buscará articular los distintos procesos productivos del país con el objetivo de erradicar el hambre antes de 2030.

Anunció que presentará en los próximos días ante la Asamblea Nacional una nueva ley para la economía local que estará destinada a fortalecer la articulación entre la economía comunal, comunitaria, los emprendimientos y la industria agroalimentaria. Aseveró que el sector agrícola venezolano deberá estar dotada de tecnología frente a los efectos del cambio climático y la producción nacional.

Y, para concluir, cerró con una perla: «Los alimentos jamás debeberían convertirse en instrumento de presión o confrontación política».

Recién salido del horno: más información

Corte IDH iniciará sus audiencias públicas sobre las víctimas del 11 de abril de 2002

Fundehullan confirma excarcelación del abogado Marlon Maya

Pueblos indígenas exigen representación ante el TSJ y el CNE

Cedice Libertad: Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Libertad Económica 2026

Dólar/Euro BCV

La perla del día

«Toqué puertas que no se abrieron o me encontré con oídos sordos», comentó Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, sobre su proceso de denuncia de coacción para inhabilitar a María Corina Machado en una entrevista a TalCual.

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos…)

La falacia de las razones del lobo

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La primera vez que topé con la fábula de La Fontaine El lobo y el cordero fue cuando escuché a Reinaldo, mi hermano menor, que entonces tenía seis años, recitarla en francés. Tiempo después, me pareció un exabrupto que a los niños se les inculque esa falacia de que la razón del más fuerte es siempre la mejor. Ese lobo puede ser una potencia extranjera, un presidente, legítimo o no, una mayoría parlamentaria, un partido político o incluso una muchedumbre alborotada. Solo una buena formación ciudadana puede prevenir que se impongan las razones del lobo.

El lobo extranjero

Para Venezuela, en estos momentos, el lobo no es un país, sino el presidente Trump. Impuso a Delcy Rodríguez como presidenta de facto, en violación de nuestra Constitución. Su decisión de extraer a Nicolás Maduro, incurso en delitos de narcotráfico, apoyo a grupos terroristas extranjeros y en violaciones de los derechos humanos, tuvo como propósito principal hacer negocios.

Habla de estabilidad, pero no ha presionado a Delcy para que excarcele a todos los presos políticos, desarme a los grupos paramilitares y destituya a los funcionarios incursos en apoyo a terroristas y en violaciones de los derechos humanos. Ojalá que, en las elecciones de noviembre, el pueblo estadounidense le ponga bozal y lo sujete con una correa. Por lo pronto, a nosotros nos corresponde presionar para que la prioridad sea la elección presidencial, requisito necesario, aunque no suficiente, para la recuperación económica.

El lobo legislativo y judicial

El primer lobo fue el fraude cometido por Hugo Chávez y sus cómplices, directos o indirectos, para realizar la Asamblea Constituyente de 1999 que violó la Constitución. Posteriormente, surgieron otros, con o sin la ayuda del sumiso Poder Judicial, responsable de miles de injusticias. Ahora, algunos de sus integrantes, como la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Bárbara César Siero, lloran por los rincones, no por un amor perdido, como la zarzamora, sino por temor o por remordimiento, al inhabilitar sin razón a María Corina Machado. El por qué lo hizo puede que se explique o no, allá cada quien con su conciencia, pero lo fundamental es su denuncia de la injerencia de Maduro en el Poder Legislativo. Como ella, hay cientos de jueces.

El lobo con piel de oveja

Nicolás Maduro asumió la presidencia con la piel de oveja que le proporcionó un Consejo Nacional Electoral subordinado. A dedo designó a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, quien, con su cara de «yo no fui», es corresponsable del apoyo a terroristas, de los asesinatos, torturas, encarcelamientos y destierros de ciudadanos de la oposición, así como de la corrupción. Para mantenerse en el poder, se ha plegado a todas las exigencias de negocios que le ha planteado Trump.

El lobo en algunos partidos políticos

Cabe recordar que, durante el período 1945–1948, algunos militantes sectarios de Acción Democrática cometieron numerosos desafueros e incluso agredieron con cabillas a los opositores de ese entonces. Rómulo Betancourt reconoció, palabras más, palabras menos, que algunos compañeritos quizá se habían indigestado con el más de un millón de votos que obtuvimos en las elecciones de 1946.

Hoy, militantes de otros partidos de oposición y miembros de organizaciones de la sociedad civil se quejan del sectarismo de algunos militantes de Vente Venezuela, a quienes acusan de excluirlos de las actividades de colaboración para recuperar la democracia y reconstruir al país. Pareciera que se les subieron los humos a la cabeza por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones primarias, en las que María Corina arrasó, y en las presidenciales que ganó Edmundo González. Aunque el Consejo Nacional Electoral, presidido por el lobo Elvis Amoroso, desconoció ese resultado.

Deben entender que esos votos no fueron de Vente Venezuela, sino de los opositores que votamos por María Corina en las primarias y aceptamos su recomendación de votar por Edmundo en las presidenciales. María Corina debe darles un parao. Ella es la líder de millones de venezolanos independientes y de militantes de otros partidos.

Conclusión

Aunque en nuestro cotarro político abundan los lobos, no es cierto que tengan la razón. Como dijo Unamuno: «Venceréis, pero no convenceréis». Cuando haya elecciones libres, desaparecerán o, al menos, disminuirán esos lobos que, por la fuerza o mediante trampas, han sometido a los venezolanos.

Como había en botica

  • Felicitamos a la luchadora María Corina por su reciente cumpleaños. Por otra parte, no podemos obviar la preocupación, expresada en las redes por muchos de quienes la apoyamos, de que nos preocupa que no mantiene una posición equilibrada en sus relaciones con algunos partidos políticos y dirigentes de otros países.
  • Lamentamos el fallecimiento de Nilma Yanira Lampe, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Fundehullan confirma excarcelación del abogado Marlon Maya

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La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) informó este 12 de octubre que fue liberado Marlon Maya, abogado y miembro del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, luego de haber sido detenido el viernes 9 de octubre en la noche sin orden judicial.

En una publicación en X, la ONG señaló que Maya fue excarcelado a las 04:32 p.m., tras la audiencia de presentación en tribunales del estado Barinas, con una medida cautelar sin presentación periódica ante tribunales.

«Exigimos el cese definitivo del amedrentamiento y el pleno restablecimiento de sus garantías constitucionales», añadió Fundehullan.

La ONG denunció previamente que el Estado impidió el acceso a abogados de confianza para Maya y a sus familiares al tribunal.

Persecución sin pausa

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

Sin embargo, en las últimas semanas ONG y activistas han reportado nuevas detenciones.

El pasado martes, el abogado venezolano Eduardo Torres informó que el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy, tras ser detenido hace casi un mes luego de protestar por reivindicaciones laborales y que se desconociera su paradero.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 detenidos por políticos, mientras el Ejecutivo chavista con el aval de Estados Unidos niega que haya presos de conciencia y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos.

Con información de la Agencia EFE.

Corte IDH iniciará sus audiencias públicas sobre las víctimas del 11 de abril de 2002

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La ONG Foro Penal informó este 12 de octubre que sus directores, Alfredo Romero y Gonzalo Gimiob, participarán el próximo 14 de octubre en la primera audiencia pública que tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las víctimas de las protestas antigubernamentales en Caracas del pasado 11 de abril de 2002. El proceso se llevará a cabo en la ciudad de San José, capital de Costa Rica a las 11:00 a.m. (hora de Venezuela).

«Se presentará la ratificación de la experticia, el perito estará presente sobre lo que ocurrió ese día. Y, básicamente, [determinar legalmente] la responsabilidad del Estado [venezolano] por 19 personas fallecidas y decenas de heridos», explicó Romero a través de sus redes sociales.

Tras 24 años y 9 meses, la sociedad civil venezolana agotó todos los mecanismos nacionales para obtener justicia. El proceso ante el sistema de justicia internacional inició en 2002, cuando se llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«La Comisión Interamericana remitió el expediente a la Corte el 9 de julio de 2024. En su Informe de Fondo n.º 313/23, [la Comisión] concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial. Asimismo, señaló que el Estado [venezolano] no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de las muertes y lesiones comprendidas en el caso», destacó Foro Penal en un comunicado de prensa publicado este 12 de octubre.

De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril del 2002, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Entre las vulneraciones al debido proceso, se destacan las detenciones arbitrarias de Iván Simonovis —quién se encuentra exiliado en Estados Unidos— y los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina —quienes estuvieron privados de libertad por 23 años y los excarcelaron el pasado 19 de mayo de 2026—.

«Después de casi 25 años, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. La audiencia ante la Corte IDH constituye una oportunidad para determinar la responsabilidad internacional del Estado, establecer las reparaciones correspondientes y reafirmar que las graves violaciones de derechos humanos deben investigarse y que el paso del tiempo no puede sustituir la justicia», reiteró Foro Penal.

«Estamos vivos, organizados»: pueblos indígenas exigen representación ante el TSJ y el CNE

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Al menos ocho representantes políticos indígenas de Venezuela publicaron un comunicado este 12 de octubre para exigirle a la mesa de diálogo entre el Gobierno presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los miembros de la Asamblea Nacional del 2015 (AN 2015) —ambos bajo el aval de Estados Unidos— incorporar los derechos de los pueblos indígenas en la política nacional.

«Exigimos ser incorporados al modelo democrático nacional. Nuestras tierras están siendo devastadas brutalmente por el ecocidio del Arco Minero [del Orinoco]. La distribución de las riquezas extraída de nuestros suelos debe ser equitativas para nuestros pueblos originarios», se lee en el comunicado dirigido a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez, principales representantes de la mesa de diálogo entre la AN 2015 y el PSUV, respectivamente. «Estamos vivos, organizados y somos dueños ancestrales de nuestras tierras».

Los representantes de ocho estados del país —Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia— también exigieron la representación de un magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «para velar por nuestros derechos de la jurisdicción especial indígena».

Romel Guzamana, diputado del estado Amazonas destituido arbitrariamente por el TSJ en 2016, denunció que las poblaciones indígenas en Venezuela respetan la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni la Constitución Nacional. La sociedad civil venezolana ha denunciado desde 2024 que los presos políticos indígenas se mantienen en invisibilizados ante las instituciones gubernamentales.

«Por eso pedimos una magistratura, para que, desde allí, puedan operar enlaces [con otras instituciones gubernamentales], y que de una novedad se pase a una necesidad. La gente tiene que saber que nosotros, los pueblos originarios, existimos», recalcó Guzamana en sus redes sociales.

La representación indígena también le exigió al Gobierno venezolano mayor transparencia a los centros de votación de las comunidades originarias. Desde junio de 2020 el PSUV, a través del TSJ, eliminó la oportunidad de tener un voto secreto, universal e individual a los pueblos indígenas para escoger a sus representantes en la Asamblea Nacional.

«Por eso, también estamos exigiendo el derecho civil que nos asiste para poder optar a un cargo de rector principal en el Consejo Nacional Electoral [CNE]», explicó el parlamentario.

Vulneraciones continuas

De acuerdo con el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés), destacaron que los pueblos originarios de la Amazonía venezolana mantienen una presión constante sobre sus territorios, pese a que el país tienen normativas que protegen estas zonas.

El Arco Minero del Orinoco y la presencia de grupos paramilitares armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), vulneran los derechos humanos de las poblaciones indígenas y sus territorios, denunció la ONG Wayamoutheri en su último informe y la serie periodística Amazon Underworld. Además, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha reconocido que el Estado venezolano ha incursionado en varias masacres a pueblos indígenas en la Amazonía venezolana y no existe un debido proceso judicial para respetar los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables.

Ante este panorama, Guzamana reiteró que los pueblos indígenas deben tener una participación en las decisiones políticas venezolanas, que dictan la economía y la transformación de las regiones donde los pueblos originarios hacen vida.

Cedice Libertad: Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Libertad Económica 2026

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Con una puntuación de 2,94 sobre 10, Venezuela ocupó el último lugar del Índice de Libertad Económica 2026, una investigación del Instituto Fraser junto al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para La Libertad (Cedice Libertad). De los 165 países evaluados, Venezuela tuvo la peor calificación promedio por segundo año consecutivo.

Los resultados se obtuvieron del comportamiento de la economía entre los años 2023 y 2025. El resultado posicionó a Venezuela por debajo de países como Zimbabwe (con 3,62 puntos), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44), que enfrentan guerras civiles.

Mientras tanto, el país americano queda en el lugar opuesto a economías como Hong Kong (con 8,53 puntos), Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). 

A nivel regional, los países con mejor posición en Latinoamérica son Chile (en el puesto 20 a nivel mundial, con 7,85 puntos), Guatemala (en el puesto 26, con 7,76 puntos) y Costa Rica (en el puesto 27, con 7,75 puntos).

«El Índice de Libertad Económica mide hasta qué punto las instituciones y políticas de un país permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones económicas», explica Cedice Libertad en una nota de prensa. Entre las categorías evaluadas están el Estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, una moneda estable, la apertura al comercio y un marco regulatorio que no obstaculice innecesariamente la entrada y el intercambio en los mercados.

«Venezuela ocupa el último lugar no simplemente porque el Estado intervenga mucho en la economía, sino porque presenta simultáneamente graves debilidades en las instituciones que, según la metodología del índice, no le permite a las personas tomar decisiones económicas libremente: propiedad segura, reglas previsibles, moneda estable, libertad para comerciar y condiciones para emprender y competir», destacó Cedice Libertad.

Raspar en economía

Las presiones institucionales como el decreto de «Estado de emergencia económica», que el Tribunal Supremo de Justicia amplió para llevarlo a más de 17 meses el pasado 9 de octubre, son los indicadores que desmejoran más la economía venezolana, según el estudio del Instituto Fraser y Cedice Libertad.

También mencionó la inflación venezolana como uno de los detrimentos más grande para los ciudadanos. Según los datos del Banco Central de Venezuela, el aumento acumulado de los precios durante los primeros nueve meses de 2026 llegó a 225,32 %, mientras que la variación interanual se ubicó en 465,58%.

Para el economista Manuel Sutherland, la reducción de la brecha entre la tasa de cambio oficial y paralela en Venezuela se mantiene como un tema pendiente y rentable para el Gobierno dirigido por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Según los datos del estudio, las libertades económicas en Venezuela se quedan estáticas mientras los índices a nivel mundial han mejorado respecto al año 2022, pero no llega a los estadios que tenía antes del 2020, cuando ocurrió la pandemia por el covid-19.

«Para Venezuela, por tanto, subir en este índice requeriría mucho más que una reforma económica aislada: implicaría mejorar simultáneamente seguridad jurídica y propiedad, estabilidad monetaria, apertura al comercio y capital, condiciones regulatorias para empresas y competencia, y reducir aquellas formas de intervención estatal que sustituyen las decisiones económicas de los ciudadanos», destacó Cedice Libertad.

El Mañanero del 12 de octubre: entre perlas chavistas y la extradición de Pulido

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 12 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este 11 de octubre que el empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab y del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está bajo custodia en Norteamérica.

De acuerdo con Blanche, Pulido fue detenido en Venezuela por los Homeland Security Task Force, una institución creada en 2025 por el Gobierno de Donald Trump. El empresario colombiano se encontraba en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, desde el año 2023, cuando el PSUV lo incluyó en el esquema de corrupción denominado «Pdvsa-Cripto».

Desde 2019, Pulido llevaba al menos nueve cargos de lavado de dinero en Estados Unidos junto a Saab.

Pero tiene otros casos abiertos en otros países.

Amplía la información en el enlace incrustado.

Recién salido del horno: más información

Reducción de la brecha cambiaria no frena presión sobre el dólar

Educadores y personal de salud marcharán el #13Oct a Miraflores por sus derechos laborales

127 personas se postularon para integrar comité que renovará el Tribunal Supremo de Justicia

Fundehullan y Movimiento Vinotinto denuncian al menos tres detenciones arbitrarias

Laboratorio Migrante: cada día 8 niñas y adolescentes venezolanas sufren de violencia en Colombia

La perla de Delcy Rodríguez en Roma: Venezuela «supo llegar a la meta del hambre cero»

La perla de Nicolás Maduro Guerra: «La Ley Contra el Odio fue necesaria para pacificar el país»

Foro Penal: al menos 322 presos políticos siguen tras las rejas

Dólar/Euro BCV

La perla del día

«Sería un error grande porque nada va a cambiar en Venezuela mucho más, creo, sin su regreso», dijo el político estadounidense Elliot Abrams, exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela, sobre el posible retorno de María Corina Machado en una entrevista a NTN24. «Es casi imposible pensar que van a prohibir su regreso. (…) Puede ser, pero sería un error grande».

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

El estudio de animación argentina empezó a publicar la serie Electro Andes, una mezcla de la estética cyberpunk con la mitología latinoamericana.

La ñapa (recomendamos…)