La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que en julio de este año fallecieron dos mineros en una mina clandestina ubicada en el margen derecho del Río Caroní, a orillas del Lago de Macagua (entre las represas de Caruachi y Macagua), a minutos de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
En una publicación difundida en redes sociales, la organización señaló que esta mina ilegal es controlada por la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y que los mineros murieron tapiados en un accidente.
Los efectivos del cuerpo que controla la mina, según la ONG, son destacados en el Lago de Macagua con el fin de resguardar el “buen uso de los espacios”. Con los accesos fluviales controlados, añade SOS Orinoco, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) “se asegura de controlar el acceso terrestre a la zona, apropiándose del sector y administrando la actividad ilegal minera”.
“Esta mina clandestina, que ha crecido de 15 a 30 hectáreas desde el 2024 hasta hoy, en este punto del Caroní, genera daños directos al funcionamiento de la Central Hidroeléctrica de Macagua, y pone en riesgo la infraestructura eléctrica del país, en beneficio del bolsillo de funcionarios policiales de la PNB”, añade la ONG.
La organización advierte también que el “esquema de extorsión” es dirigido por el comandante de la Policía de los Espacios Acuáticos. Añade que los funcionarios subalternos cobran “peaje” diario a los mineros en alcabalas clave “en complicidad con los efectivos de la GNB que mantienen el puesto de control ‘La Chinita’, cobrando un gramo diaria de oro y en La Ceiba, otro tanto”.
SOS Orinoco insta al gobierno de Estados Unidos a “dar la orden” a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que detenga la minería ilegal en áreas protegidas, especialmente en el Río Caroní.
🔴 TRAGEDIA EN EL CARONÍ: muertos tapiados en mina clandestina controlada por Policía de Espacios Acuáticos, a minutos de Puerto Ordaz, Edo. Bolivar
En julio 2026, al menos dos mineros fallecieron tapiados en un accidente en una mina ilegal de oro a solo minutos de Puerto… pic.twitter.com/96SmhMh7zI
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con la contratación de Centerview Partners en mayo para negociar la reestructuración de la deuda venezolana, el gobierno encargado fijó su hoja de ruta financiera. De cara al tercer trimestre de 2026, el proceso entra en una fase compleja marcada por el debate sobre el monto real de la deuda, la postura unificada de los acreedores privados y la necesidad de incorporar el impacto del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Según informes de la firma FPP Asset Management y reportes del sector, la reestructuración de la deuda está en una fase decisiva de toma de posiciones estratégicas, de cara a las mesas de negociación que se esperan para el segundo semestre. La filtración de un balance consolidado que revaluó el pasivo total del país, la acelerada articulación de los tenedores de bonos en el exterior y el impacto del sismo del pasado 24 de junio, marcan esta fase.
¡No lo sé, Rick!
A finales de junio, una filtración atribuida a los informes preliminares del proceso —reseñada por el Financial Times— elevó la estimación de la acreencia total a 240 000 millones de dólares. La cifra supera de forma considerable el consenso de mercado que manejaban firmas independientes y Transparencia Venezuela, que situaba el pasivo entre 170 000 y 200 000 millones de dólares (incluyendo cerca de 60 000 millones de dólares en bonos soberanos y de Pdvsa, 40 000 millones de dólares en intereses vencidos, además de arbitrajes en el Ciadi y compromisos bilaterales con China y Rusia). Con un Producto Interno Bruto (PIB) estimado en torno a los 100 000 millones de dólares, este nuevo cálculo ubicaría la relación deuda/PIB por encima del 200 %.
En Wall Street la cifra fue recibida con escepticismo. Firmas de análisis y operadores señalan que la filtración de este abultado balance responde a una estrategia deliberada del Ejecutivo para “pintar” una foto macroeconómica extrema, cuyo objetivo implícito sería justificar ante los mercados un haircut (acuerdo financiero) de capital e intereses sensiblemente más agresiva durante las rondas de negociación.
El mercado responde organizándose
Ante la posibilidad de una oferta unilateral de recorte, los acreedores aceleraron sus movimientos. Según datos recientes publicados por Bloomberg, más de 15 fondos de inversión de Estados Unidos y Reino Unido se sumaron al Comité de Acreedores de Venezuela para consolidar el control de hasta el 50 % de los papeles de deuda en circulación, para así evitar la atomización de los tenedores.
El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, ratificó que el proceso de reestructuración no se detendrá y que las evaluaciones de daños causados por el doble terremoto del 24 de junio deberán incorporarse al Análisis de Sostenibilidad de la Deuda.
Aunque agencias internacionales como el Banco Mundial y la ONU divulgaron estimaciones de daños que oscilan entre 19 600 millones y 37 000 millones de dólares, analistas de firmas locales advierten que la reconstrucción no recaerá solo en el presupuesto de la nación, sino que compartirá con el sector privado y capital internacional y que los sismos provocarán un retraso táctico de algunos meses.
El bloqueo multilateral impacta a la economía real
Más allá de los tableros que se manejan en los mercados internacionales la pugna por la deuda tiene un rostro cotidiano. Hasta que se alcance un acuerdo de reestructuración se mantiene bloqueado el acceso de Venezuela al crédito de multilaterales, pues estos entes por norma no pueden otorgar nuevos préstamos a países con compromisos en mora.
Sin este flujo de recursos, el Estado carece del capital requerido para abordar proyectos de infraestructura crítica —como el Sistema Eléctrico Nacional y la red hídrica— y para la reconstrucción de infraestructura pública tras el sismo.
Esta limitación financiera golpea de forma directa a las familias que perdieron sus viviendas como consecuencias del doblete sísmico. Programas clave como el recientemente anunciado subsidio y financiamiento a largo plazo para la adquisición de vivienda principal dependen en gran medida de la restitución de la solvencia internacional del país.
Como sostienen economistas como José Guerra y Giorgio Cunto, salir del default es el requisito indispensable para atraer la inversión pública y privada de gran escala; mientras las conversaciones se demoren en los despachos, el costo se traduce en servicios deficientes y en un estancamiento prolongado del bienestar ciudadano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Gobierno venezolano cumplió este 31 de juliouna semana sin publicar un nuevo balance oficial sobre el doble terremoto del 24 de junio, que dejó miles de víctimas y daños materiales en varios estados del país.
La última actualización fue presentada el 24 de julio por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien informó que el balance oficial ascendía a 5546 fallecidos, 16 740 heridos y 17 907 damnificados. Además, indicó que 128 324 familias habían recibido atención, que 856 edificios habían sido afectados y que 190 estructuras colapsaron.
Runrun.es ya había documentado que el pasado 28 de julio el Gobierno había detenido la publicación periódica de balances desde el 24 de julio, luego de varias semanas en las que las autoridades comenzaron a actualizar las cifras por los cuestionamientos de periodistas sobre la ausencia de información consolidada durante los primeros días posteriores al terremoto. Cuatro días después de esa publicación, la interrupción de los reportes continúa y ya suma siete días sin nuevas cifras oficiales.
Espacio Público cuestiona falta de transparencia
La organización Espacio Público advirtió que, a un mes del doble terremoto, continúan sin respuesta preguntas sobre la asistencia humanitaria, los recursos destinados a la reconstrucción y los mecanismos utilizados para distribuir la ayuda.
En un análisis publicado a finales de julio, la organización señaló que Venezuela ha recibido compromisos de asistencia de al menos 37 países por más de 780 millones de dólares, según una sistematización de Transparencia Venezuela, pero que no existe información pública suficiente sobre cuánta ayuda ha ingresado efectivamente al país, dónde está almacenada, quién decide su destino o bajo qué criterios se reparte.
También recordó que el Decreto N.º 5.364, mediante el cual se declaró la emergencia, establece obligaciones relacionadas con la transparencia activa y señaló que, hasta finales de julio, no se había publicado un inventario público de donaciones, así como tampoco se había creado un portal de datos abiertos ni contratos de emergencia.
En ese contexto, uno de los principales vacíos sigue siendo la cifra de personas desaparecidas, aunque el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó el 30 de julio que un registro preliminar ubicaba en 1338 los reportes de personas cuyo paradero se desconoce. La autoridad regional sostuvo que el dato aún debe sercruzado con denuncias recibidas por otras vías para consolidar un balance definitivo.
La emergencia sigue sin un nuevo corte oficial
A más de un mes de los terremotos, el balance difundido el 24 de julio continúa siendo la última actualización pública del Gobierno venezolano sobre la magnitud de la tragedia. Mientras las comunidades afectadas esperan respuestas sobre viviendas, servicios y familiares desaparecidos, las autoridades no han informado si retomarán la publicación periódica de cifras ni cuándo presentarán un nuevo balance de la emergencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Un informe de ONU Mujeres publicado el pasado 6 de julio alerta de que los sismos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio acentuaron de inmediato las brechas de género preexistentes y pusieron a casi tres millones de mujeres, adolescentes y niñas en una posición de extrema vulnerabilidad dentro de las zonas de mayor impacto.
Según el documento, la interrupción de los servicios básicos y la destrucción de la infraestructura hospitalaria limitaron drásticamente el acceso a la atención médica sexual y reproductiva. Advierte que esta situación golpea con especial fuerza a los hogares monomarentales, donde las mujeres asumen en soledad la protección y el sustento de sus familias.
Un diagnóstico elaborado por ONU Mujeres junto con cinco organizaciones nacionales defensoras de los derechos de las mujeres señala que la falta de alojamientos seguros y la hacinada estancia en los campamentos transitorios dispara los riesgos de protección en las zonas afectadas. En estos espacios, la escasez de iluminación en las áreas sanitarias y la ausencia de controles rigurosos aumentan la exposición de las mujeres y las niñas a la violencia basada en género, el abuso sexual, la explotación y la trata de personas.
Ante este escenario, las organizaciones exigen la aplicación inmediata de protocolos de protección contra la explotación y los abusos sexuales, así como la habilitación de rutas de denuncia efectivas que resguarden la integridad física de la población femenina.
El informe también destaca cómo la suspensión de clases y la destrucción de espacios de cuidado obligan a las madres a multiplicar sus jornadas de trabajo no remunerado para atender a niños, personas mayores, familiares heridos y personas con discapacidad. Esta sobrecarga deteriora la salud mental de las cuidadoras e impide que se reincorporen a sus empleos o acudan a los puntos de distribución de ayuda humanitaria.
Asimismo, el colapso del suministro de agua potable y de la infraestructura de saneamiento generó también una emergencia sanitaria específica para la población femenina. Las organizaciones locales participantes en el informe reportaron un acceso restringido a kits de profilaxis posexposición para sobrevivientes de violencia sexual, insumos para la gestión de la menstruación, anticonceptivos y atención prenatal y posnatal. La falta de agua segura y la dificultad para el lavado de manos también incrementan la incidencia de infecciones vaginales y enfermedades de la piel.
Doble emergencia para embarazadas y lactantes
La organización Save the Children alertó, asimismo, el pasado 23 de julio que mujeres embarazadas, personas cuidadoras y sus hijas e hijos que perdieron sus hogares por los terremotos viven ahora en refugios temporales con acceso limitado a la atención prenatal, alimentación nutritiva, agua potable y saneamiento. Todo esto mientras muchas afrontan la pérdida traumática de seres queridos.
Las proyecciones de las Naciones Unidas citadas por la organización señalan que el desastre afectó a unas 36 700 mujeres embarazadas, y calculan que 4000 de ellas darán a luz en el transcurso del próximo mes, lo que representa un promedio de 130 nacimientos diarios en condiciones extremadamente precarias.
Save the Children también lamentó que la muerte de especialistas en obstetricia y pediatría durante la catástrofe dejó a numerosas familias sin profesionales de confianza para el seguimiento de sus embarazos y el cuidado de sus hijos. En La Guaira, la zona con mayores daños, la paralización del principal hospital de maternidad obliga a derivar los casos complejos hacia Caracas, mientras que las clínicas móviles de organizaciones sociales intentan cubrir la atención básica y el triaje médico en las comunidades más golpeadas.
La directora de Save the Children en Venezuela, Fátima Andraca, reveló que la organización ha recibido informes de bebés muy pequeños que “enferman en campamentos donde las familias duermen sobre colchones húmedos, expuestos a la lluvia y a deficientes condiciones de saneamiento”.
“Al mismo tiempo, muchas mujeres están llorando la pérdida de seres queridos, afrontando traumas y preocupándose por cómo acceder a la atención sanitaria después de haber perdido a profesionales de confianza de obstetricia y pediatría”, añade Andraca.
Save the Children considera imprescindible que las mujeres embarazadas, en posparto y lactantes, así como sus hijas e hijos, sean una prioridad en la respuesta humanitaria y en la recuperación de Venezuela, mediante una coordinación urgente, financiación suficiente y acciones específicas.
Refugios: impacto psicológico y convivencia prolongada
Transcurrida la fase inicial de rescate, las necesidades en los refugios han mutado hacia la garantía de condiciones de vida dignas durante un periodo de estancia que aún resulta incierto y podría prolongarse por meses. En este contexto, la psicóloga clínica y directora de la ONG Avesa, Magdymar León, advierte que los campamentos replican e intensifican las desigualdades preexistentes.
“El refugio, como ningún lugar en la sociedad, es un espacio neutro. Las desigualdades de género existen y se van a trasladar también a los campamentos. Estas desigualdades suelen aumentar o intensificarse porque las mujeres asumen sobrecargas de cuidado mucho mayores y, además, se enfrentan a situaciones de violencia”, declara León en entrevista con Runrun.es. Advierte que el hacinamiento, la falta de privacidad y el estrés del desplazamiento forzado disparan las agresiones.
La especialista destaca que una de las demandas más críticas de la población afectada es la atención psicológica especializada, pues muchas personas han sufrido pérdidas familiares y económicas, lo cual “genera un impacto emocional psicológico muy importante en todas las personas”.
León subraya, además, que la salud sexual y la protección frente a la violencia deben ser catalogadas como servicios esenciales y no como atenciones complementarias. En este sentido, aboga por la implementación rigurosa del paquete inicial mínimo de servicios para salud sexual y reproductiva (MISP, por sus siglas en inglés) en crisis humanitarias.
Según León, este protocolo exige contar con “personal capacitado en salud sexual y reproductiva, violencia basada en género, primeros auxilios psicológicos, que haya una disponibilidad de anticonceptivos e, incluso, de anticoncepción de emergencia, preservativos, prueba de embarazo, pruebas para infecciones de transmisión sexual, mecanismos de referencia ante partos o emergencias obstétricas”. Además, se debe garantizar el acceso inmediato a la profilaxis posexposición para las víctimas de violencia sexual.
León hace un llamado a las instituciones del Estado y a los funcionarios denominados “padrinos” de los campamentos a recibir formación obligatoria en protocolos de actuación y prevención. Además, recuerda que los refugios deben estar bien iluminados, contar con baños diferenciados, espacios privados para cambiarse, mecanismos de vigilancia y protocolos claros sobre qué hacer ante las situaciones de violencia.
ONG apoyan en terreno
Para responder a esta vulnerabilidad en los refugios, diversas organizaciones de la sociedad civil han adaptado su infraestructura para llevar asistencia directa. Es el caso de la Fundación Santa en las Calles, una ONG con dos décadas de trayectoria en Caracas dedicada a la atención integral de poblaciones vulnerables mediante iniciativas de salud, asistencia psicosocial y reinserción.
A través de su programa móvil Panarosa —unidad especializada en salud y acompañamiento integral para la mujer—, la fundación ha desplegado sus servicios en los albergues temporales para atender a las damnificadas por el sismo. Allí distribuye insumos de higiene personal y kits de aseo íntimo y de gestión menstrual, y ofrece consultas gineco-obstétricas gratuitas.
María Angélica Rodríguez, gerente general de la Fundación Santa en las Calles, explica que la unidad médica brinda evaluaciones físicas completas, tomas de citología, ecografías, pruebas de detección de VIH y tratamientos para patologías básicas.
“Esta atención nos ha permitido confirmar embarazos y dar un seguimiento de emergencia a aquellas mujeres que ya estaban gestando al momento del terremoto, verificando que los bebés estén sanos. Ofrecemos ginecología a mujeres de escasos recursos en estos refugios que, muchas veces, no cuentan con un acceso fácil o constante a la medicina especializada“, destaca Rodríguez.
En cuanto al perfil epidemiológico observado en los refugios, la vocera precisa que no han detectado patologías asociadas de forma directa al sismo, sino que se mantiene la prevalencia de las afecciones habituales en sus rutas comunitarias, tales como infecciones vaginales y virus del papiloma humano (VPH). Sin embargo, resalta la importancia del seguimiento a la gestación en las condiciones actuales.
“Atendemos a un número significativo de mujeres embarazadas a quienes les hacemos monitoreo continuo gracias al programa Panarosa. Esperamos ir sumando paulatinamente otros servicios esenciales, como la educación en planificación familiar y la prevención de la violencia de género”, indica la representante.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Acceso a la Justicia exigió que el proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto en los diálogos que comenzarán el 1 de agosto, esté marcado por la transparencia, el apego al texto constitucional y la garantía de independencia judicial.
A través de una nota difundida en su portal web, Acceso a la Justicia recordó que la renovación del TSJ ya se había iniciado meses antes, sin cumplir los estándares mínimos de publicidad y claridad exigidos por la Constitución.
La ONG precisó que en abril de 2026 empezó el proceso de selección y, para junio, se difundió una lista de 561 postulados a magistrados, además de 63 aspirantes a la Inspectoría General de Tribunales y 33 a la Escuela Nacional de la Magistratura. Sin embargo, no se informó de las vacantes existentes, el baremo de evaluación ni el cronograma.
Para la ONG, estas omisiones se agravaron con la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales, cuya integración no garantizó la independencia política de sus miembros, y con la reforma de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ), que aumentó a 32 el número de magistrados.
Desde cero
Acceso a la Justicia afirmó que la opción más acorde con la Constitución sería reformar la LOTSJ y desarrollar, por primera vez desde 1999, un procedimiento de designación plenamente ajustado al texto constitucional.
La ONG advirtió que en caso de continuar con el proceso en la etapa donde quedó suspendido, “sería indispensable incorporar garantías adicionales que permitan asegurar la máxima transparencia en la designación de magistrados independientes”.
Para la organización, la publicación de un baremo es de vital importancia, como lo expresa el artículo 73 de de la LOTSJ.
“Sin un baremo público es prácticamente imposible determinar si los seleccionados fueron los mejores calificados o solo los políticamente preferidos”, recalcó la ONG.
Comité técnico para fortalecer la credibilidad
Acceso a la Justicia señaló que un comité técnico independiente, integrado por especialistas nacionales e internacionales con reconocida experiencia en independencia judicial, incluidos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), universidades y organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en justicia y Estado de derecho, podría fortalecer la credibilidad del proceso.
De acuerdo con la ONG, su función no sería sustituir las competencias del Comité de Postulaciones Judiciales ni de la AN, sino aportar una evaluación técnica, objetiva y verificable sobre el cumplimiento de los criterios previamente establecidos.
La organización considera que la evaluación independiente permitiría aumentar la confianza pública, reducir la discrecionalidad y ofrecer mayores garantías de que las designaciones respondan al mérito y no a consideraciones políticas.
Acceso a la Justicia concluyó que exigir transparencia, reglas claras, un baremo público y evaluaciones objetivas no es igual a defender a un candidato u otro. Significa defender el derecho de todos los venezolanos a contar con un Poder Judicial imparcial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las consecuencias sanitarias posteriores al doble sismo del 24 de junio han encendido las alarmas del sistema de salud pública venezolano, ya que, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional N.° 63, correspondiente a la Semana Epidemiológica 27 (del 5 al 11 de julio), los contagios de hepatitis A aumentaron más de lo esperado. En esa semana se registraron 11 casos confirmados, lo que representa un incremento “por encima de lo esperado”.
Este incremento en la transmisión de hepatitis A, enfermedad que se adquiere fundamentalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, coincide con una escalada en las enfermedades diarreicas agudas (EDA), que sumaron 17 055 casos en solo 7 días. La escasez de agua potable y el hacinamiento en los refugios temporales han traído consigo un escenario favorable a la propagación de estas patologías, las cuales afectan principalmente a la población infantil.
Por ello, y en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, conmemorado el 28 de julio de cada año, la gastroenteróloga Carla Dias advirtió, en una nota de prensa del Grupo Médico Santa Paula, sobre la urgencia de fortalecer la contención comunitaria. La especialista señala que la hepatitis es una inflamación hepática que puede evolucionar sin presentar síntomas visibles en sus etapas iniciales y derivar con el tiempo en insuficiencia hepática grave, cirrosis o cáncer.
Frente a esto, la indicación médica establece que, ante la confirmación o sospecha del caso, no solo debe evaluarse al paciente, sino a todo su núcleo familiar y contactos cercanos, a fin de interrumpir la cadena de transmisión.
“La hepatitis a veces avanza sin expresar sintomatología. Se instala en el hígado y, con el tiempo, puede transformarse en cirrosis o cáncer hepático. Por ello, la concientización no es solo informar; es mover voluntades. En julio, nuestro llamado es claro: Detectar temprano, vacunar, tratar sin miedo y educar”, indicó Dias.
Prevención en refugios
El colapso o la alteración en los sistemas de distribución de agua potable en las zonas afectadas eleva de forma directa la exposición a virus de transmisión fecal-oral como la hepatitis A y E. Ante esta situación, la potabilización rigurosa del agua para el consumo humano y la preparación de alimentos es un paso que no se puede negociar.
La recomendación sanitaria exige hervir el agua durante al menos un minuto completo o, en su defecto, aplicar entre dos y tres gotas de cloro comercial al 5,25 % por cada litro de agua y dejar en reposo 30 minutos antes de su consumo.
Por otro lado, la convivencia prolongada en los campamentos temporales exige atender con especial énfasis las vías de propagación parenteral y sexual, las cuales son responsables de la transmisión de las hepatitis B y C. La atención en estos centros amerita acompañar las medidas de control ambiental con la repartición masiva de preservativos y jornadas educativas orientadas a promover una salud sexual responsable y sin estigmas.
Criterios y diagnóstico clínico
Frente a síntomas característicos del tipo A (como fiebre, dolor en el área abdominal y piel amarillenta) o sospechas de daño en el hígado, los expertos recomiendan pruebas específicas de laboratorio que puedan orientar un tratamiento.
La primera evaluación requiere un perfil hepático para detectar si hay una lesión aguda en el hígado. La confirmación de hepatitis A se realiza mediante la detección del marcador IgM anti-VHA. Entretanto, para la hepatitis B se emplea el antígeno de superficie (HBsAg), sumado a la prueba anti-HBc IgM para determinar si la infección activa es reciente, y el anti-HBs para verificar la inmunidad.
Mientras que para la hepatitis C hoy se cuenta con tratamientos antivirales de acción directa que eliminan el virus, y la hepatitis B es controlable mediante medicamentos, la resolución ideal de los casos de hepatitis A y E depende de la detección precoz, el reposo y los cuidados de soporte oportunos para evitar complicaciones mayores en medio de la contingencia.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los terremotos del pasado 24 de junio afectaron a miles de personas en La Guaira. Muchos fallecieron, otros resultaron heridos y miles de familias perdieron sus hogares. Pero hay una población vulnerable de la que poco se habla: las personas privadas de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el pasado 28 de julio que, mientras miles de personas intentaban protegerse del desastre, los reclusos del Centro de Detención Preventiva de Caraballeda (retén de Caraballeda) “quedaron a merced del miedo, la improvisación y el abandono estatal”.
De acuerdo con la ONG, la hora a la que se produjo el doble sismo suele haber poco personal en el lugar, pues generalmente en ese horario solo están los funcionarios de guardia. El recinto carcelario está ubicado en una de las zonas de más devastación, debido al colapso de numerosos edificios residenciales y turísticos.
El OVP informó que parte de la pared trasera del retén colapsó. A pesar de que allí permanecían recluidos hombres y mujeres, la prioridad de los funcionarios “fue evacuar a las mujeres hacia la calle ubicada frente al centro de detención”. Ese día, alertó la organización, “la emergencia generó una situación de caos” por el colapso del servicio eléctrico, era “prácticamente imposible” acceder a la zona y no llegaron refuerzos policiales.
“Los pocos funcionarios presentes se limitaron a custodiar a la población detenida, mientras el temor a un nuevo movimiento telúrico aumentaba entre quienes permanecían bajo custodia”, agregó el OVP en una nota de prensa.
Caos y traslados de reclusos
La alerta de tsunami que se viralizó posteriormente también generó pánico en toda La Guaira, incluida la población carcelaria. Por esta situación, algunos funcionarios abandonaron sus puestos de trabajo; los que quedaron “fueron incapaces de controlar a las más de 40 mujeres que habían sido evacuadas al exterior del recinto”.
Fuentes indicaron al OVP que, temiendo por sus vidas, muchas de las mujeres privadas de libertad corrieron hacia donde pudieron para ponerse a salvo.
Una vez descartada la alerta, el jueves 25 de junio trasladaron a los reclusos hasta la sede policial de Macuto, que no sufrió daños estructurales y contaba con mayor capacidad de custodia. Debido al caos, al menos seis mujeres se fugaron ese día. El OVP conoció que varias se presentaron voluntariamente en Macuto y otras se entregaron en dependencias policiales del interior del país.
Transcurrida una semana del doble terremoto, más de 25 mujeres fueron regresadas al retén de Caraballeda, aunque la pared colapsada no había sido reparada. “El recinto seguía sin agua potable y persistían las fallas en el suministro eléctrico”, denunció el OVP en su publicación.
La organización logró llegar al retén para constatar sus condiciones y encontraron “un lugar completamente desolado”. No había familiares ni funcionarios custodiando las instalaciones; durante semanas estuvieron sin agua potable y los pocos alimentos que consumían provenían de las familias de algunas de las detenidas que luego compartían con el resto, pues no todas contaron con apoyo.
El OVP cuestiona que solo las mujeres fueran devueltas al retén de Caraballeda, mientras los hombres permanecieron en otra sede policial con mejores condiciones de seguridad. “Mantenerlas (a las mujeres) en un establecimiento que no cumple con condiciones mínimas ni garantiza los estándares nacionales e internacionales de reclusión, constituye una nueva violación de los derechos humanos por parte del régimen venezolano”, denunció la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) instaron al Estado venezolano a mantener la asistencia humanitaria y a monitorear la reconstrucción del país tras el doble terremoto del 24 de junio.
A través de un comunicado difundido en su página web, la CIDH instó al gobierno que lidera Delcy Rodríguez bajo la tutela de Estados Unidos a garantizar los derechos humanos de todas las personas afectadas en la más grave tragedia del país en su historia reciente.
La CIDH alertó de que a un mes del doble sismo tienen registros de vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en las zonas afectadas. El organismo recalcó que el sistema hospitalario permanece bajo presión crítica, al tiempo que persisten dificultades en el acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos.
Obstáculos a la respuesta humanitaria
La CIDH mencionó que existen vacíos estadísticos que impiden comprender la magnitud de las afectaciones de los terremotos. En el texto denuncian que hasta el momento no hay información oficial sobre personas desaparecidas o no localizadas.
La Comisión recordó que los Estados están obligados a prevenir, mitigar y responder de manera oportuna y efectiva a los impactos de los desastres, y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos durante todas las fases de la emergencia.
“La asistencia humanitaria debe prestarse de forma suficiente, coordinada y sin discriminación, y el Estado debe asegurar la identificación de personas fallecidas, la trazabilidad de sus restos y el apoyo a sus familiares”, insistió la CIDH.
Finalmente, el organismo reiteró que Venezuela debe restablecer el orden constitucional y garantizar una sucesión legítima y pacífica, condición necesaria para reconstruir la institucionalidad encargada de prevenir y atender desastres de esta magnitud.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
