La mayoría de los crudos terminaron a la baja en relación a la semana anterior 

El precio del crudo venezolano bajó 14 centavos esta semana para promediar 95,27 dólares el barril, informó el Ministerio de Petróleo y Minería.

E despacho señala que “la mayoría de los crudos terminaron a la baja en relación a la semana anterior debido principalmente a la disminución de las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como por datos económicos desalentadores de la economía de China”.

El precio promedio del crudo se ubica en lo que va de año en 96,26 dólares, por debajo de los 100 dólares que el Gobierno ha señalado requerir para acometer las inversiones en el sector.

La baja en la cotización también alcanzó al precio de la cesta OPEP, que bajó a 102,98 dólares desde los 103,45 de la semana anterior.

El Mundo Economía y Negocios 

Los patéticos hechos acaecidos en la Universidad Central de Venezuela el día 3 de abril de 2014, trajeron a mi memoria los argumentos que les daba a mis compañeros de trabajo, amigos y familiares para que no votaran por Hugo Chávez en las elecciones de 1998. El tiempo no ha hecho otra cosa que darme la razón.

No se puede pensar que una clase política que llega al poder, marchando sobre la sangre derramada por la violencia de sus actos, tenga un compromiso real con la democracia y con los principios y valores que la misma encarna.

Fuimos nuevamente testigos de cómo los aparatos de orden público del estado actúan sincronizadamente con grupos paramilitares para atacar a estudiantes que se proponían llegar de la UCV a la vice presidencia económica en un legítimo y más que justificado derecho a la protesta.

Los reportes desde las redes sociales mostraron escenas dantescas. Propias de los hunos de Atila. Grupos civiles armados agrediendo periodistas, golpeando y desnudando estudiantes, el uso de armas de fuego y objetos contundentes para someter y amedrentar a personas. Una escena sacada del primitivismo bárbaro del quinto siglo de nuestra era.

No se puede llamar de otra forma: lo que vimos ayer en nuestra magna casa de estudios fue terrorismo de estado. En las fotos se identifican claramente a personas vinculadas al oficialismo. Se aprecia a grupos de bárbaros-primitivos agrediendo salvajemente a estudiantes. Se ve a estudiantes desnudos corriendo para no seguir siendo torturados por delincuentes que dicen estar defendiendo una causa política.

Y ya lo decía en 1998, Chávez nos va a llevar al pasado. Nos hará más primitivos de lo que somos. Nos llevará al enfrentamiento de venezolanos con venezolanos. Usará toda la violencia que tenga a mano para someternos a una forma de pensar y hacer. Porque al final, una persona que usó lar armas de la república para fracasar en dos intentos de golpe de estado, es un ser con una concepción primitiva y violenta de los mecanismos para llevar adelante un proyecto político.

Mientras escribo esto, no he visto a ningún vocero del oficialismo condenando estos hechos. Nadie, desde la estructura del Estado, ha tenido aunque sea por salvar la cara de la institución que representa, la delicadeza de condenar, aunque sea en términos generales, los sucesos del 3 de abril.

Y no lo hacen porque tácitamente están de acuerdo. Porque de la democracia solo quieren los mecanismos electorales. No quieren saber nada de los principios que ella implica. Porque no son demócratas en el sentido estricto del concepto. Chávez no lo era. Mucho menos esa clase política que se amalgamó a su alrededor.

Las fotos identifican claramente a los atacantes. Dejan ver claramente sus actos primitivos, arcaicos, prehistóricos. Ayer pudimos ser testigos de lo que significa el hombre nuevo que promueve este proceso político mal llamado revolución. Vimos como Venezuela ha sido disparada al pasado por una clase política que solo le interesa medrar la riqueza petrolera mientras somete al pueblo, le quita sus libertades y lo empobrece como ningún gobierno anterior lo había hecho.

Los hechos de la Central lo dejan claro. Se entiende por qué no se llamaron mesas de diálogo a las conferencias de paz. Los trogloditas en el poder se creen poseedores de la verdad. Y, por supuesto, la verdad no se discute. Entonces, no hay nada que dialogar. O se someten a la verdad o serán reprimidos. Si, reprimidos, general Padrino. Sin eufemismos ni manipulaciones. Lo de ayer en la Central fue represión vulgar, repudiable e indigna de fuerzas militares cuyo papel legal es la defender los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de protestar.

La foto del joven deambulando desnudo por los jardines del UCV, desvistieron ante los ojos del mundo el carácter dictatorial y vandálico de una clase política incapaz, incompetente, ignorante y primitiva que se propone llevar a nuestro país a la oscuridad cubana. El principal recurso de los primitivos es la impunidad y el derecho al saqueo. Tenemos que exigir acciones legales contra estos gandules.

Ante este estado de cosas, el derecho a la protesta está más que justificado. Tenemos un compromiso con el futuro del país. No podemos permitir que los trogloditas sigan haciéndonos cada vez menos soberanos, más dependientes y más atrasados. De la limitada mente de Chávez no podía sino salir esta desgracia que estamos viviendo.

Tenemos que imponer la agenda. No podemos permitir que Maduro siga hablando de fantasías y boberías mientras los venezolanos pierden su vida en largas e interminables colas para comprar gas doméstico, o alimentos. Es inadmisible que en medio de la mayor y más prolongada bonanza petrolera, el venezolano esté viviendo en condiciones miserables.

Los trogloditas nos llevan al pasado en el que no existía el respeto a las libertades individuales. Nos quieren someter a la dictadura de la verdad comunista. Nos quieren anclar en el pasado para, a sus anchas, seguir disfrutando como clase las riquezas que en realidad pertenecen al pueblo venezolano.

José Vicente Carrasquero A.

@botellazo

La Tasa de cambio del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas ( Sicad 2) cerró a Bs. 49,04 por dólar durante la jornada de este viernes, según informó el Banco Central de Venezuela a través de su página web.

La tasa tuvo una pequeña variación a la baja de Bs. 0,07 en comparación con el cierre del pasado jueves que se ubicó en Bs. 49,11.

El Mundo Economía y Negocios

Entre los pasajeros de esa nao maltrecha por la represión y la muerte que es la nación; asediada por dos fuertes vientos encontrados, con las maderas crujiendo y la velas golpeando agitadas en medio del temporal que la tripulación roja convocó y ahora no encuentra cómo capear, viaja de polizón: la antipolítica.

Es una dolencia que trasmuta; asumiendo distintas expresiones -unas más virulentas que las otras- pero que persistentemente va mermando el ánimo democrático, la confianza en que es posible cambiar el rumbo de un país de manera pacífica, orientando con inteligencia las grandes convulsiones, impidiendo los enfrentamientos fraticidas a los que históricamente han conducido los aprendices de brujo totalitarios. En algunos casos corresponde a una maquinación para desplazar liderazgos establecidos, para incitar el quítate tú para ponerme yo a ritmo de vanidad; o para sacar al aire alguna que otra mugrienta factura que se guardó por años en el monedero. En otros, es el producto de una genuina indignación que, atizada por la impaciencia, suele convertirse en rabia para pronto dar paso a ese estado de modorra política, ajeno a todo estímulo organizativo para lograr un cambio cualitativo de la situación que se quiere superar. Alimenta el tránsito que va desde el combativo “para atrás ni para recoger bombas lacrimógenas” al empijamado “no mi amor, aquí ya no hay nada que hacer”. Allí reside uno de los principales peligros que confronta la dirección opositora.

La imprescindible unidad de la oposición -sin la cual no habrá cambio posible- requiere el reconocimiento de que hay posiciones diversas y un gran objetivo: ser mayoría en el país. Pero no basta con declaraciones y saludos a la bandera unitaria, como hasta ahora. Se requieren hechos. Los estudiantes siguen dando su dolorosa cuota y la gente sigue animando la protesta pacífica en las calles. Quienes dirigen a la oposición están en deuda para encontrarle un cauce a tamaño esfuerzo. O inventamos o erramos -con el perdón del maestro Simón Rodríguez, a quien tanto debemos por importunarle la paz eterna repitiendo la misma cita- si queremos que la energía acumulada no se diluya en descorazonados cantes jondos.

No pareciera pertinente esperar a que el desenlace -cualquiera sea- le dé la razón a una u otra de las opciones en disenso en la oposición. Ahora que es evidente que la salida se construye y no se determina a priori; convendría establecer un programa común de todos los sectores, que convoque más allá de los convencidos, y constituya un relanzamiento de la oposición conjunta, fortalecida por la energía contestataria que se ha generado.

La situación social y económica del país se está degradando -más aún, de ser eso posible- y la incapacidad de la burocracia roja para enmendar su despropósito es cada día más evidente. Los sectores populares son las primeras víctimas de tanta ignominia, pero están forzados a encontrar de qué alimentar a sus familias primero y a escabullir el sorteo de la inseguridad cotidiana de segundo -según nos dicen las encuestas- sin encontrar todavía en el horizonte una propuesta política, en base a iniciativas concretas, que los aliente a asumir que es posible vivir de otra manera. Acordar esa propuesta y defenderla unitariamente es la tarea pendiente sin la cual no se cerrará el círculo del cambio. No basta con denunciar, hay que convencer.

Mientras miles de trabajadores sortean las guarimbas para ir a trabajar, el  Gobierno se ocupa de infiltrarlas, remedarlas, o montar las propias, para desvirtuar el propósito pacífico de las protestas democráticas. Quienes las aúpan, no están pensando en las vidas jóvenes que están en la primera línea.

La antipolítica se alimenta de la insatisfacción sincera de muchos, para satisfacer las ansias de figuración de unos cuantos. Es el veneno que causa la necrosis de las ansias de cambio, el que paraliza voluntades intentando destruir a quienes las encarnan. Alaba a unos y quiere sepultar a otros, según el ritmo de sus propios motivos. Es mucho lo que se ha logrado y más lo que se puede perder si la dejamos prosperar. Está en nuestras manos neutralizarla.

Jean Maninat

@jeanmaninat

El Universal

Fotos Por: @donaldobarros

En el presente recurso de nulidad, Fedecámaras demanda la nulidad total, por inconstitucionalidad del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, basado en distintos vicios que se enumeran a continuación:

1– Se demanda la nulidad del Decreto Ley pues fue dictado en ausencia de un procedimiento de consulta pública, todo lo cual impidió el correcto ejercicio del derecho de participación ciudadana, que la Constitución consagra en su artículo 62. Adicionalmente, al haber sido dictado al margen de cualquier tipo de consulta, el Decreto Ley no tomó en cuenta de los sectores afectados por su regulación y, entre ellos, Fedecámaras. Por ello, el Decreto Ley fue confeccionado sin conocer el punto de vista y la experiencia de los sujetos a los cuales ese Decreto-Ley está llamado a aplicar.

 2– Se demanda la nulidad del Decreto Ley por resultar violatorio al derecho de libertad de empresa y propiedad privada. El Decreto Ley establece un amplísimo catálogo de medidas punitivas, intervencionistas y controladoras que constituyen restricciones ilegítimas, desproporcionadas e injustificadas a esos derechos fundamentales. Además, tales medidas se han reconocido al margen de las mínimas garantías exigidas con fundamento en el derecho a la defensa, desarrollado en diversos numerales del artículo 49 de la Constitución. De allí que, en definitiva, la regulación contenida en el Decreto Ley, lejos de coadyuvar a superar al actual crisis de desabastecimiento y escasez, la agravará.

El Decreto Ley se enmarca dentro de una estrategia y una decisión política del Ejecutivo Nacional de construir una sociedad y un modelo económico socialista, tal como lo expresan los artículos 1 y 3 del Decreto Ley, que más que ejecutar la vigente Constitución, ejecutan la propuesta de reforma constitucional de 2007, lo que avala la incompatibilidad del modelo de control de precios del Decreto-Ley con la Constitución vigente.

3– Se demanda la nulidad del Decreto Ley por violación al derecho de libertad económica (artículo 112 de la Constitución). El Decreto Ley desnaturaliza ese derecho fundamental al imponer un modelo que elimina completamente la libertad de precios, todo lo cual además resulta violatorio al artículo 299 de la Constitución. De esa manera, el Decreto Ley cuya nulidad se demanda impone obligaciones desproporcionales que eliminan la autonomía privada, como sucede de manera especial con los artículos del Decreto-Ley que desarrollan la limitación de la ganancia y obligación al cálculo de los costos de producción mediante un procedimiento arbitrario; la creación de un Registro único de Personas que desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), y la emisión de certificaciones las cuales restringen el libre ejercicio económico.

Este vicio de violación de la libertad económica se completa al considerar que el Decreto Ley es una norma sancionadora, que no presenta ningún tipo de incentivo a la empresa y solo restringe e inhibe la participación de la empresa privada en la actividad económica, mediante sanciones desproporcionadas.

4– Se demanda la nulidad del Decreto Ley por violación al derecho de propiedad privada, previsto en el artículo 115 de la Constitución. De esa manera, el Decreto Ley Orgánica de Precios Justos, aquí impugnado, establece un marco normativo y regulatorio a la actividad económica (producción de bienes y prestación servicios) que resulta desproporcionada y arbitrariamente limitativo del derecho constitucional de propiedad, al punto que lo vacía de contenido y anula su posibilidad de ejercicio libre. Tal vicio queda patente, en especial, en los artículos 1, 11.1, 11.3, 15.2, 27, 32 de la normativa impugnada, que concretan el modelo de control de precio que desnaturaliza a la propiedad privada, además, por contemplar indebidamente a la expropiación como sanción, de acuerdo con su artículo 7.

 5– Se demanda la nulidad del Decreto Ley por vicio de inconstitucionalidad por violación al principio de progresividad de los derechos. Así, el Decreto-Ley impugnado derogó completamente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Esa derogatoria no estuvo acompaña del régimen sustantivo de defensa de los consumidores y usuarios, con lo cual, el Decreto-Ley viola el derecho a la progresividad de los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en el artículo 117 de la Constitución, en concordancia con el artículo 19.

 6– Se demanda la nulidad del Decreto Ley por violación del derecho al debido proceso, al regular procedimientos en los cuales la Administración puede dictar medidas cautelares que, en realidad, terminan siendo medidas definitivas e irreversibles, al margen del previo procedimiento administrativo. Tal vicio es patente, en especial, en el procedimiento de inspección o fiscalización. En definitiva, el Decreto-Ley permite a la Administración acordar la sanción primero, y luego iniciar el procedimiento. Se llega con ello al absurdo jurídico de que se sanciona primero y, luego, si el administrado se siente vulnerado en sus derechos, solicita la apertura de un procedimiento.

 7– Se demanda la nulidad del Decreto Ley por adicionalmente serviolatorio del derecho a la defensa conforme con el artículo 49, numerales 1 y 3 de la Constitución. Así, la imposición de sanciones y medidas previas en el contexto que refiere el Decreto Ley Orgánica de Precios Justos se materializarán en la imposición de medidas definitiva, que además se permite sean sin tiempo definido y sin la debida y justa proporcionalidad, además de discrecionales, todas por medio de auténtico acto administrativo sancionatorio, y sin la mediación de un procedimiento administrativo previo, violando el derecho de los administrados a la defensa de manera previa, lo cual resulta evidente con el artículo 39 del Decreto Ley, referido a las inspecciones.

 8– Junto a estos vicios referidos a la violación del derecho al debido proceso y a la defensa, se demanda la nulidad del Decreto Ley porviolación al derecho a la presunción de inocencia. El Decreto Ley prevé una inversión de las cargas, pues no es la Administración Pública a quien corresponde demostrar si se cometió un ilícito, sino que tal carga corresponde al sujeto supervisado, como queda en evidencia con el artículo 69 del Decreto Ley.

 9– En el presente recurso se impugna el Decreto Ley, además, por violación del principio del non bis in idem previsto en el numeral 7 del artículo 49 de la Constitución. Las normas sancionatorias establecidas en el Decreto Ley violan tal principio al establecer simultáneamente sanciones administrativas y penas privativas de libertad, tal como lo demuestran los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

 10– El Decreto Ley viola el principio de la reserva legal, tal vicio se alega desde que el Decreto-Ley no establece los límites precisos de regulación por parte del Ejecutivo Nacional, otorgando potestades sancionatorias a la Administración sin límites formales de actuación. Y en segundo lugar, se alega la violación a ese principio pues existe una violación macro del principio de reserva legal ya que por vía de Decreto Ley se crean y regulan tipos penales, dejando abierta una total discrecionalidad para que la Administración regule la actividad comercial, con cláusulas amplias que pueden ser llenadas o vaciadas sin límite legal, ya que atienden solamente a la consideración de la conveniencia de la regulación por parte del Ejecutivo Nacional.

El Nacional 

Si hay dudas sobre cómo definir a un régimen político, basta examinar su actitud frente a la prensa.

A los regímenes políticos y sus gobernantes se los conoce por sus actitudes frente a la prensa.

En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha decidido emprenderla contra el diario Tal Cual por una columna de opinión en la que se le atribuye la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.

Teodoro Petkoff –editor del periódico–, su plana directiva y el autor del artículo, Carlos Genatios, se encuentran hoy acusados de difamación agravada, sujetos a medidas cautelares que les impiden salir del país y sometidos a un juicio con posibles penas de hasta cuatro años de cárcel. El presidente de la Asamblea venezolana ha negado que haya pronunciado las palabras que le atribuyó la columna de Tal Cual. La frase parece tan inocua que despierta curiosidad por el contenido del artículo.

¿Qué dice la columna que provocó tan indignada reacción?

Genatios criticó las condiciones actuales de Venezuela bajo un titular y tres palabras: ‘Patria, socialismo y muerte’. La primera se encontraría socavada por la pérdida del poder de la moneda y el dominio creciente de otras naciones en diversas actividades económicas y de inteligencia. El segundo, “¿socialismo? No hay”, respondió el columnista. “¿Muerte? Eso sí…”. Más de 24.000 muertes violentas en el 2013. Y seguía la frase que el presidente de la Asamblea Nacional niega haber dicho: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.

Simpatizantes o no del régimen bolivariano pueden encontrar en la columna de Genatios razones para disentir de sus críticas. Lo que no parecen existir son válidas razones para que el autor del artículo, el editor y los directivos del periódico deban responder por ella ante los estrados judiciales, a menos que existiese el delito de opinión.

Tal delito, según la Constitución venezolana, no existe. Pero el régimen chavista cuenta por lo menos con dos “leyes mordazas”, aprobadas en el 2004 y el 2010, que constituyen amenazas a la libertad de expresión.

Las acciones contra Tal Cual son otro reflejo de las actitudes hostiles del chavismo frente a la prensa. Un ministro en algún momento habló de la “hegemonía comunicacional”, en evocación de Gramci, para defender la mayor presencia del Estado en los medios (El País, 20/09/13).

Sin embargo, según el director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, se trata de “una estrategia para silenciar el periodismo independiente”. El Nacional es uno de los periódicos que están sufriendo hoy por la escasez de papel, como resultado de las restricciones de divisas que impiden su importación. Un grupo de periódicos latinoamericanos ha decidido lanzar una campaña para defender la libertad de prensa en Venezuela. En una acción liderada por Andiarios, de enorme importancia simbólica, los periódicos colombianos les han enviado 52 toneladas de papel a sus colegas venezolanos.

“Con la libertad de prensa –dijo Albert Camus–, las naciones no están seguras de si caminan hacia la justicia y la paz. Pero sin ella están seguras de que allí no irán”. Camus pronunció estas palabras en el homenaje al director de EL TIEMPO Eduardo Santos, en 1955, exiliado entonces por la dictadura en París –un discurso que harían bien en repasar los gobernantes venezolanos–.

La libertad de prensa vive bajo constante acoso. Hoy sufre una nueva ola de amenazas que parece global. En Ecuador, los celos del Gobierno no soportan las caricaturas. En Turquía, bloquean a Twitter. En Venezuela, la frase inocua de un columnista desata un juicio criminal. Y los periódicos se van quedando sin papel.

Si hay dudas sobre cómo definir a un régimen político, basta examinar sus actitudes frente a la prensa.

Eduardo Posada Carbó

El Tiempo

Nicaragua pagará de forma inmediata 79 acciones, de las 3.270 que comprará,  y las restantes quedarán suscritas a favor de ese país

Nicaragua comprará 3.270 nuevas acciones del Banco Interamericano de Desarrollo debido a que Venezuela declinó invertir en la capitalización de esa entidad bancaria, informó hoy una fuente legislativa. “Tenemos el mandato de dictaminar un proyecto de decreto internacional suscrito con el BID, que tiene como objetivo que Nicaragua adquiera y suscriba 3.270 nuevas acciones del BID”, dijo el titular de la comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez.

Una delegación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua se reunió ayer con la Comisión presidida por Gutiérrez en la sede del parlamento nicaragüense para explicar sobre esa transacción. El diputado indicó que la Comisión económica ya había aprobado la participación en Nicaragua en una capitalización del BID por 70 millardos de dólares, a través de la compra de acciones de sus 48 socios.

Nicaragua le correspondió la compra de 611 acciones, según Gutiérrez, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido de gobierno. “Cuando se le trasladó la oferta de acciones a Venezuela, ellos declinaron, por lo tanto, para garantizar que la correlación de los países de Latinoamérica en el BID continuara siendo la misma, o sea 50,015 % del capital total del BID, esas acciones que no compró Venezuela se distribuyen entre el resto de países”, expresó el diputado sandinista.

De forma inmediata Nicaragua pagará 79 acciones y las restantes quedarán suscritas a favor de este país centroamericano, que las deberá costear de acuerdo con sus planes, detalló Gutiérrez. El precio que deberá pagar Nicaragua por las acciones del BID no fue dado a conocer.

El Nacional