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RedesAyuda reportó aumento de ataques a espacios de comunicación

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Según RedesAyuda se incrementó el uso de prácticas represivas hacia periodistas y trabajadores de la prensa

 

Al menos ocho bloqueos a plataformas digitales, siete casos de ciberataques, cuatro detenciones e imputaciones utilizando la Ley Contra el Odio y 29 situaciones de amenazas y hostigamientos a espacios de comunicación físicos y digitales durante 2022 y 2023 reportó el informe “Voces censuradas: cuando la realidad contradice al poder”, elaborado por la ONG RedesAyuda.

“Este tipo de casos representan un aumento del 7% con respecto a la cifra documentada durante el año 2021 y que, además, son principalmente perpetrados por funcionarios o figuras públicas alineadas a las narrativas del chavismo”, reza el informe.

Voceros de la ONG alertaron sobre la creación y uso de “nuevas plataformas” para emitir contenidos de desinformación y manipulación para desprestigiar el trabajo de diversos periodistas y medios de comunicación.

RedesAyuda destacó un total de 48 casos entre los que especifican el uso de prácticas represivas hacia periodistas y trabajadores de la prensa. 

“Se evidencia la represión y acciones restrictivas por parte del Gobierno venezolano en el espacio físico y digital. Acciones como prohibición de ingreso a centros de salud, restricciones al documentar protestas u otros hechos noticiosos, amenazas de detención arbitraria, obligación de eliminar contenido de sus equipos de trabajo, agresiones físicas y verbales y también campañas de descrédito y descalificativos emitidos en espacios radiales y televisivos por funcionarios allegados al Gobierno”. 

RedesAyuda ofreció un balance general de casos de enero a junio de 2023, en el que identificaron un aumento y reforzamiento de los patrones represivos. Adjudican este incremento a la movilización de la agenda política durante el presente año.

 La ONG denunció la censura identificada en todo el proceso de la Primaria llevada a cabo en octubre de 2023. También señalaron la manipulación de la información y desinformación en medios tradicionales y digitales en torno al referéndum consultivo por el Esequibo del pasado 3 de diciembre.

Con información de RedesAyuda

 

LEA    Qué hacer y dónde acudir en caso de amenazas o vulneraciones a los derechos humanos

Exmagistrada del TSJ se sumó a defensa de víctimas de tragedia de Policarabobo

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El juicio continuará este lunes 18 de diciembre

 

La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Ursula Mujica, se sumó a la defensa y representación de las víctimas de la tragedia Navas Spinola de marzo de 2018, donde murieron 66 privados de libertad y tres mujeres en la Comandancia General de la Policía de Carabobo (Policarabobo) en Valencia.

Mujica expresó que su participación en esta causa es una acción de justicia social, y que buscarán en todo lo posible una sentencia condenatoria porque los que fallecieron eran seres humanos, y estaban bajo resguardo del Estado venezolano.

“Estaban allí detenidos preventivamente y muchos no tenían sentencia condenatoria, y además, algunos esperaban la boleta de libertad. Vamos a ponerle todo el empeño para buscar la justicia social que se requiere”, aseguró la exmagistrada.

Uno de los muertos quemados hace cinco años en la sede de Policarabobo era ahijado de Mujica. 

La tragedia causo conmoción en la comunidad nacional e internacional y hasta ahora es una de las mayores tragedias sucedidas en un centro de detención preventiva o calabozo.

Aunado a esto, para la audiencia de la continuación del juicio, a los exfuncionarios de Policarabobo involucrados acudió como Órgano de Prueba el funcionario, Henry Chirinos, inspector agregado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien estaba presente el día de la tragedia.

Chirinos estaba de guardia en la Delegación Municipal de Valencia cuando recibió el llamado del entonces director de Policarabobo, comisario José Aldama, para que retirara con su cadena de custodia los órganos de prueba DVR (grabador de video digital).

De acuerdo con la abogada de la defensa, Lyli Lopez, Chirinos declaró que cuando llegó a la Comandancia General de Policarabobo, el comisario Aldama se encontraba en compañía de la fiscal 28 y la 35 del Ministerio Público. 

La audiencia para la confirmación del juicio a los cinco exfuncionarios de Policarabobo quedó fijada para el venidero lunes 18 de diciembre a las 10:30 de la mañana.

 

Con información de Una Ventana a la Libertad

 

LEA  TAMBIÉN: ONG en Venezuela cargan con el peso de la defensa de los derechos humanos

El Mañanero del #13Dic: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 13 de diciembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: la Fiscalía identificó a Juan Carlos Araujo Durán, quien fue presidente de Solid Show, como el encargado de la organización del concierto del dominicano Romeo Santos, que se realizó con ocho horas de retraso en la Base Aérea de La Carlota, además, familiares y abogados del presidente de Súmate, Roberto Abdul, denunciaron la “desaparición forzada” del activista y las previsiones inflacionarias del Observatorio Venezolano de Finanzas para el año 2024.

El concierto de Romeo no fue tan santo

#LupaElectoral: La popularidad instantánea del Esequibo tuvo poco de orgánica

Sociedad civil pidió a la ONU una diplomacia “más efectiva” en Venezuela

Inflación de 176%, dólar en Bs. 67 y otras expectativas del OVF para 2024

Denunciaron ante la fiscalía desaparición forzada y otras violaciones a derechos de Roberto Abdul

Unicef cifra en casi 4 millones la cifra de niños venezolanos con necesidades humanitarias

Gobierno de Maduro recibirá 27% más de ingresos vía Pdvsa tras flexibilización de sanciones

Gremio transporte espera respuesta del Ejecutivo para aumentar el pasaje mínimo

https://twitter.com/JuanPGuanipa/status/1734539000310812767

“El concierto se hizo en una instalación militar, tiene que haber existido una autorización del Ministerio de Defensa y de la Comandancia de la Fuerza Aérea”, Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad en entrevista con Runrun.es

Salarios, jubilaciones, pensiones y crecimiento económico en Venezuela

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Los trabajadores son víctimas del retardo en las jubilaciones del sector público, ejecutado con premeditación y alevosía por el gerente de turno

 

@froilanbarriosf

Cada fin de año los pronósticos abundan en materia de crecimiento económico. En ese contexto, el 2023 no es la excepción. Los hay para todos los gustos, desde el mandatario nacional que anuncia un crecimiento del 8 % para 2024, hasta organismos internacionales que anuncian tasas que oscilan entre el 2 % y el 4 %.

Ante estas cifras, ¿cómo les va a los factores fundamentales de la economía: el trabajo y el capital? Cada uno desarrolla un curso propio para mantenerse. En el caso del capital privado, permanece inmerso en la relación de amor-odio con el régimen, expresada inicialmente en las expropiaciones salvajes estatales, para luego convocar a Fedecámaras a colaborar en la reconstrucción de la economía.

Dicha relación no puede reconocerse solo con el simple enunciado de “la lucha es de clases, de pobres contra ricos”, sino en la simulación de adaptarse ante un proyecto político dictatorial en el poder. Este no la pudo sustituir, fracasando en sus experimentos con los parapetos de Fedevesp y Fedeindustria. Esto le conllevó a mimetizarse a la oferta económica gubernamental que, como cantos de sirena, no ha derivado en desarrollo alguno. Llámese Zonas Económicas Especiales (ZEE) o la “implantación del modelo chino”, los fundidos 14 motores de la producción, núcleos endógenos, etc. Todos derivados en disparates cuyo resumen fatal ha sido la pérdida del 80 % del PIB en la última década y la ruina de un país. 

A fin de cuentas, el capital posee una capacidad para sobrellevar su relación con el Estado. No así el factor trabajo, que ha visto cómo su principal fuente de bienestar –los salarios y los servicios públicos– han profundizado su caída libre, precarizando la condición de vida al extremo de la subsistencia.

Lo cierto del caso es que, en las sesudas premoniciones de crecimiento, solo resaltan los indicadores económicos de supuesta prosperidad. Siendo ignoradas las políticas necesarias para restablecer y reconocer la inconmensurable pérdida sufrida en la riqueza obtenida históricamente por los trabajadores, hoy depredada por un modelo económico saqueador de sus bienes.

A partir del anuncio publicado el 12/12/2023 en el diario Periodiquito de Aragua podemos actualizar la magnitud de la tragedia, al resaltarse un supuesto aumento salarial para el presupuesto 2024 del 10 %, más 70 % en los bonos, como propuesta planteada en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. 

En resumen, luego de 653 días transcurridos desde aquel lejano 1/3/2022 hasta hoy, con una inflación acumulada entre tanto de 282 % en 2022 y proyectada hacia el 200 % en 2023 (siendo la interanual de 314 %), resulta risible la propuesta reciente a considerar para el presupuesto 2024.

La magnitud de la crueldad del régimen contra el factor trabajo, con el consecuente desmedro de los bienes salariales de los trabajadores venezolanos en el sector público, podemos observarla en la descripción de casos sucedidos todos estos años en empresas del Estado tales como la CVG, CANTV, PDVSA, ministerios, alcaldías y gobernaciones.

En cuanto a la liquidación de las prestaciones sociales, el retardo acumula hasta 2 y 3 años, violentando la Constitución. Cuyo artículo 92 señala: “Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata”.

A esta anomalía se añade la exclusión del cálculo al salario integral, que determina la inclusión como remuneración de los diferentes bonos permanentes. Siendo su resultado una disminución drástica del monto final de las prestaciones sociales. El trabajador es víctima, en definitiva, del retardo en el tiempo ejecutado con premeditación y alevosía por el gerente de turno. Quien extiende deliberadamente el plazo para así abaratar el monto de las prestaciones. Con el resultado fatal para un trabajador que ha laborado hasta 30 años, de recibir tan solo 400 o 500 dólares por el servicio público prestado durante toda una vida. En lugar de una cantidad 10 veces mayor a la entregada finalmente.

Esta práctica delincuencial se reafirma en la campaña agresiva actual de jubilaciones forzadas. Al obligar al trabajador activo a retirarse, aun cuando en los contratos colectivos existen cláusulas que establecen el carácter voluntario de la decisión.

Una tendencia similar se observa en los trabajadores activos con el pago de vacaciones, de aguinaldos o utilidades. Cuando en 2022 el monto alcanzaba, por ejemplo, 400 dólares con una cotización de 10 bolívares por 1 dólar. Retrasan el pago a la espera del aumento de la inflación para abaratar el monto a pagar por los rubros mencionados.

En el caso de las utilidades, fueron pagadas fraccionadas, cuando el dólar se cotizaba en 10 bolívares en 2022. Hoy, al cotizarse en 35 bolívares, cancelan inmediatamente los 4 o 5 meses faltantes. Al ser un monto cercano a los 60 dólares y pretender “impresionar” al trabajador.

En definitiva, se deriva en un gigantesco “negocio” esperar a que la inflación devalúe la moneda para pagar obligaciones laborales. Por tanto, es un derecho a ser restituido para los trabajadores contra quienes se han apropiado ilegalmente de lo obtenido por décadas de servicios prestados al sector público.

Este drama transcurre en todas las ramas del sector público. Ocurre con los profesores universitarios, con salarios de 18 dólares para titulares de dedicación exclusiva luego de 30 años de labor. O en el caso más crítico: con los 20.000 trabajadores de PDVSA despedidos en 2002 y 2003, a quienes expropiaron de todos sus beneficios. Siendo extensivo a los millones de jubilados y pensionados del sector público que subsisten con un monto menor a 4 dólares mensuales. 

Esta cruenta realidad amerita en los trabajadores afectados en el sector público, primero, despertar de la parsimonia y reconocer el delito cometido por quienes representan el poder. Siendo oportuna la ocasión para unir esfuerzos con los trabajadores activos y reconquistar los beneficios.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Inflación de 176%, dólar en Bs. 67 y otras expectativas del OVF para 2024

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Para el cierre de 2023, se espera que la tasa de inflación cierre en diciembre en 3,7%, el tipo de cambio en Bs/US$ 38,9

 

Este martes, 12 de diciembre, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), ente económico alterno, publicó los datos de la encuesta de Expectativas Económicas 2024 y estimó que se espera una inflación de tres dígitos y un moderado crecimiento económico. 

El estudio realizado en el país seleccionó tres variables claves que son fundamentales para seguir y tener una mirada prospectiva sobre el estado de la economía: la tasa de inflación, el tipo de cambio y la actividad económica. La información se recopiló con diez expertos en materia económica, tanto de consultoras privadas como de académicos.

Para 2024, el estudio pronosticó que la tasa de inflación se situaría en 176%, el tipo de cambio concluiría en 67,1 bolívares por dólar, en tanto que la economía experimentaría una expansión de 3,5% en el primer trimestre.

Para el cierre de 2023, se espera que la tasa de inflación cierre en diciembre en 3,7%, el tipo de cambio en Bs/US$ 38,9 y la actividad económica con un crecimiento de 0,5% para el cuarto trimestre.

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Las siete acciones que el Foro Cívico exigió al gobierno para que cumpla con acuerdos de Barbados

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Foro Cívico advierte que el referendo del Esequibo es una maniobra para olvidarse del Acuerdo de Barbados

La ONG Foro Cívico denunció que el gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición política «paralizaron la implementación» del Acuerdo de Barbados, así como otros «compromisos con la construcción de un camino pacífico e institucional para la recuperación de las libertades democráticas». 

En un comunicado de prensa fechado el 10 de diciembre de este año, la asociación civil exhortó a las instituciones políticas que hagan un «realizar un esfuerzo extraordinario» para frenar que el Estado y agentes del Partido Socialista Unido de Venezuela «produzcan detenciones y acusaciones sin ningún respeto a las garantías procesales y constitucionales, aumentando la crispación y el conflicto político alejando las soluciones que el país tanto necesita». 

Foro Cívico describió las necesidades de la sociedad civil frente a los derechos humanos en siete puntos: 

Cumplir los compromisos con la delegación de Estados Unidos para liberar a los presos políticos y aflojar las sanciones económicas a los funcionarios gubernamentales «para garantizar la preservación de los avances en materia de levantamiento de sanciones sectoriales, necesarios para la recuperación económica del país y condiciones de vida digna para los venezolanos».

Cesar los señalamientos y encarcelamientos a los dirigentes políticos, sindicales y activistas de derechos humanos, «al igual que las posibles detenciones o las ya ejecutadas, así como los recientes señalamientos».

«Avanzar en la ejecución del Acuerdo sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales (…) favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo con respeto a la ciudadanía, la
autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país, tal y como reza en el
mencionado acuerdo».

Garantizar las leyes constitucionales, sobre todo en materia electoral. Afirman que el CNE debe enviar los resultados del referendo consultivo sobre el Esequibo, celebrado el 3 de diciembre, de forma transparente.

Impulsar la transparencia en la Contraloría de la República, dado que diversos actores del espectro político nacional no han recibido las notificaciones de sus inhabilitaciones formalmente, negándoseles así el debido proceso, como el procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación acordado entre las partes el pasado 30 de noviembre».

«Actuar con responsabilidad en torno a la defensa de la soberanía con estricto apego al derecho
internacional» para impedir que el conflicto político del Esequibo no disturbe el proceso de elecciones presidenciales del 2024, tal como se acordó en Barbados.

Reducir el discurso público conflictivo, para «avanzar en la ejecución del Acuerdo sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales (el Acuerdo de Barbados)». 

Estados Unidos advirtió el 2 de diciembre con volver a endurecer las sanciones contra Venezuela por la falta de progreso hacia la liberación de estadounidenses y «presos políticos» detenidos «injustamente», entre ellos un ciudadano norteamericano detenido arbitrariamente debido a presuntas acusaciones psuvista sobre «sabotear» el referendo consultivo y tener conexiones con la petrolera ExxonMovil, quién tiene concesiones de explotación en el territorio disputado con Guyana. 

Al mismo tiempo, a tres días de que culmine el lapso del Tribunal Supremo de Justicia para recibir las solicitudes de personas presuntamente inhabilitadas para saber de su estatus político, ningún líder político de oposición sabe si está realmente inhabilitado o no, y el Tribunal niega amparar las solicitudes para corroborarlo. 

El concierto de Romeo no fue tan santo 

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La Fiscalía anunció que investigará a la productora del evento anunciado para el 10 de diciembre que se llevó a cabo en la madrugada del 11, propiedad del condenado por narcotráfico, Juan Carlos Araujo Durán 
Desde Una Ventana a la Libertad se preguntan cómo alguien preso y convicto puede organizar un show de esta magnitud y quién autorizó la negociación con la empresa en la instalación militar de la Base Aérea La Carlota   

Francisco Zambrano/Yeannaly Fermin

Ocho horas de retraso tuvo la presentación del cantante dominicano Romeo Santos en Caracas el pasado domingo 10 de diciembre.

Cansados, agotados, sedientos, hambrientos, somnolientos y molestos sus seguidores esperaron incluso desde la mañana por el show del artista internacional que generó un caos a su alrededor, desde un embotellamiento de vehículos en el perímetro de la Base Aérea La Carlota, hasta la larga espera dentro del recinto que para algunos terminó en la claudicación definitiva, en vista de que fue a las 4 de la mañana del 11 de diciembre cuando comenzó a cantar.  

A raíz de las irregularidades en el recital, el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación a las empresas Panteras Entertainment y Global Boletos Venezuela.

“Las pesquisas iniciales identificaron que el presunto responsable de la organización del concierto es Juan Carlos Araujo Durán, quien está detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en 2015 en República Dominicana. Dicho hampón (sic) fungió también en su momento como dueño y presidente de la empresa de eventos Solid Show, usada para legitimar capitales del narcotráfico”, informó en un mensaje colgado en la red social X. 

Saab denunció que con la complicidad interna de funcionarios de su lugar de reclusión, Araujo también habría estafado a los organizadores del concierto de Anuel en marzo de este año a través de la empresa Live VIP.

Sin mencionar el nombre de la prisión de Araujo, Saab informó que el director de la cárcel, Argenis José Guerra Barreto, ya se encontraba privado de libertad por hechos de corrupción y que este nuevo delito se sumará a su condena. 

Guerra, director de la cárcel Simón Bolívar en El Paraíso (antigua Planta), fue aprehendido a finales de noviembre de este año por permitir el establecimiento de una oficina dentro de la prisión, donde Araujo organizaba espectáculos musicales. Guerra también habría permitido el ingreso de objetos prohibidos al recinto penitenciario y cobrado a familiares para efectuar la visita a los reclusos.

“El Ministerio Público, como medida preventiva, solicitará de forma inmediata la prohibición de enajenar y gravar, así como la inmovilización de todos los activos de las empresas investigadas por estos hechos delictivos”, reza la publicación en la red social X.   

Por su parte, la empresa Panteras Entertainment emitió un comunicado donde se exime de toda culpa y achaca el retraso del concierto a las restricciones en el espacio aéreo entre Venezuela y Aruba, donde el cantante ofreció un show en días previos.

https://twitter.com/panteras_entmt/status/1734248706751295935

La productora expuso que el avión con los equipos e instrumentos de Romeo debió hacer una ruta “indirecta” pasando por República Dominicana, donde las autoridades hicieron una exhaustiva inspección que concluyó cerca de la medianoche.

Los organizadores aseguraron que el artista llegó a Venezuela a las 10 de la noche del 10 de diciembre, tomando una ruta alternativa por Curazao. “A pesar de estos desafíos, el evento en la Base Aérea La Carlota se llevó a cabo sin problemas”.  

Atropello a los fans

Desde las 10 de la mañana fanáticos provenientes de Mérida, Maracaibo, Valencia, Maracay, Maturín y otros rincones de Venezuela hicieron cola frente a las instalaciones de La Carlota para ingresar al lugar del espectáculo que tenía previsto arrancar a las 8:00 pm.

A las 2:00 pm, los organizadores ofrecieron abrir los accesos, pero a las 5:00 pm todavía la gente estaba agolpada en la entrada.

Fanáticos denunciaron que funcionarios policiales aprovecharon para extorsionar a más de un desesperado por estar más cerca del intérprete de bachata.

“Los policías estaban cobrando 5 dólares a las personas que iban llegando para que no hicieran cola. La gente pagaba y de una vez la dejaban meterse al inicio de la cola sin importarles los que estaban adelante. De hecho, nosotros pagamos 25 dólares porque éramos 5 y nos metieron, la gente no dijo nada porque cómo se ponen a discutir con la ley”, dijo una asistente al evento. 

Dentro de La Carlota el ambiente era distinto al de afuera. Desde el orden y la identificación de los espacios hasta la presencia de personas. Hora y media antes del supuesto inicio del show el aforo estaba vacío, algunos pensaron que las entradas no se habían vendido, pero a las 8:00 pm comenzó a llenarse y desde entonces los asistentes comenzaron a notar que en la tarima no había instrumento alguno. La percepción general era que algo andaba mal. 

A las 10:00 pm sonaba música en los parlantes y el desespero de la gente era evidente. Ya se sabía que Romeo ni siquiera estaba en el país. 

Una hora después, dos animadores informaron al público que hubo un “pequeño retraso” en el avión que traía a los músicos de Romeo y sus instrumentos, pero que el cantante de origen dominicano ya estaba en Venezuela. 

A las 11:30 pm se montó el único telonero del concierto, Alex Laar, a quién nadie conocía. Cantó por una hora aproximadamente mientras la gente coreaba el nombre de Romeo.

A la 1:00 am del 11 de diciembre la gente estaba molesta. Muchos pensaron que Romeo no vendría. Se hablaba de fraude y devolución del dinero. 

Para intentar paliar la situación, se presentó en el escenario el youtuber mexicano Alex Tienda, quien habló de su experiencia en Venezuela. 

En este punto ya la gente estaba tirada en el suelo, muchos durmiendo porque ya llevaban horas parados esperando. 

Para completar la escena, la comida y bebidas a disposición no eran económicas. Un agua mineral pequeña costaba 3 dólares. Una cerveza $2,5; un vaso de sangría $4; una ración de 4 tequeños $5 y una hamburguesa con papas fritas $8. Así que la espera por Romeo era con hambre y sed. 

“Ya Romeo está en Caracas”, dijeron los animadores a las 2:00 am.  Y efectivamente 40 minutos después los técnicos empezaron a llegar rápidamente y armaron sus equipos para el show. 

A las 3:58 am Romeo Santos dijo “Buenas noches, Caracas” y arrancó su show sin perder más tiempo. Luego que interpretó su primer tema, conversó con el público, pidió disculpas y sin titubear culpó a la productora por el retraso en el evento. Los calificó de irresponsables y agregó que en su presentación del día anterior en Aruba también llegó tarde por culpa de la misma productora, Panteras Entertainment. 

A la salida, algunos fueron a su casa a dormir y otros directamente al trabajo. Un concierto que será sin duda inolvidable para quienes asistieron y optaron por esperar al artista como reza el slogan de María Corina Machado, “hasta el final”.

¿Quién le dio el permiso a Araujo?

Para Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, lo sucedido en torno al recital del artista dominicano es completamente irregular y demuestra los altos grados de corrupción que hay dentro del sistema penitenciario venezolano.

Nieto Palma indicó que está de acuerdo con que la Fiscalía investigue a la productora del evento, pero también a los responsables de la Base Aérea La Carlota. 

“El concierto se hizo en una instalación militar, tiene que haber existido una autorización del Ministerio de Defensa y de la Comandancia de la Fuerza Aérea”.

De acuerdo con Nieto Palma, es inaudito que alguien pueda organizar un concierto desde una cárcel e igualmente que autoridades castrenses lo autoricen. 

“Es un hecho grave, la corrupción se ha convertido en algo incontrolable en las prisiones, es como un cáncer que cada vez se expande más, esto es una prueba de que la Operación Cacique Guaicaipuro no ha cambiado nada, que todo lo hecho por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el de Interior y Justicia no ha surtido efecto alguno”, opinó. 

Nieto Palma sostuvo que en la exposición de Saab a través de las redes sociales no quedó claro el centro de reclusión de Araujo. 

“Cuando le dictaron la sentencia en 2015 de 30 años por delitos de narcotráfico fue remitido a la cárcel del Rodeo II”, recordó. 

 

LEA:  En el Monumental de Maturín los derechos de los aficionados perdieron por goleada 

Gremio transporte espera respuesta del Ejecutivo para aumentar el pasaje mínimo

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El sindicato de transportistas del estado Lara solicita que el pasaje sea un mínimo de 0,4 dólares estadounidenses (o 15 bolívares a la tasa de cambio del BCV para el 13 de diciembre)

Con información de Radio Fe y Alegría Noticias

El 11 de diciembre, gremios del transporte público de Aragua, Lara y Delta Amacuro solicitaron el aumento del pasaje o anclar su precio a la cotización del dólar estadounidense para sobrellevar el suministro de combustible en el país. 

José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte (FUT) en el estado Aragua, aseguró en una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias que la falta de combustible afecta a más de 100 mil transportistas y 200 mil hogares a nivel nacional, sobre todo en los estados fronterizos.

«Cada día parece agudizarse más. Las mafias que existen en las estaciones de servicio hacen que la situación sea muy difícil para que nosotros podamos equipar en las gasolineras asignadas al transporte público», expresó Trocel.

El presidente del FUT Aragua dijo que el Plan de Distribución de Combustible del gobierno, que comenzó suministrando 120 litros diarios a los transportistas, no se está cumpliendo. El gremio denuncia desde hace más de ocho meses que pueden surtirse de gasoil una vez a la semana o cada 15 días. En consecuencia, los usuarios no tienen unidades necesarias para su demanda. 

Transporte con el pasaje al dólar

Los transportistas argumentaron que la tarifa actual, de 10 bolívares, no cubre los costos operativos de las unidades de transporte.

Giovanni Peroza, secretario general del Sindicato Automotor del estado Lara, advirtió en una rueda de prensa que, si no se aprueba un aumento de al menos 15 bolívares, el sistema de transporte podría desaparecer.

«(El aumento) Es un requisito establecido en la Ley de transporte, que dicta que las tarifas deben ajustarse progresivamente al principio o al final del año. Este es un tema que nos preocupa y que queremos discutir en detalle», dijo Peroza. «En los últimos días; debido a las actuales tarifas, el costo de los repuestos y la escasez de combustible; nos hemos visto obligados a reducir nuestro servicio. A menudo nos preguntan si hemos declarado una huelga. La respuesta es no, lo que estamos experimentando es un paro técnico». 

Mientras tanto, Gilberto Zamora, gerente del transporte de la alcaldía de Tucupita (estado Delta Amacuro), informó que el precio del pasaje de las diferentes modalidades de transporte tendrá un incremento del 20 %, solo los días 17; 24; 25 y 31 de diciembre y el primero de enero del 2024.

El gremio se mantiene a la espera de respuestas por parte del Ejecutivo. Sin embargo, Trocel advirtió otras  entidades del país, como Zulia, están aumentando los precios del pasaje, donde usuarios de los municipios Maracaibo y San Francisco denuncian pagan hasta en 20 bolívares.