La reconstrucción económica y de infraestructuras destruidas, antes y durante los terremotos, deberá tener como prioridad a los sectores más vulnerables, incluyendo a los damnificados recientes y a los ciudadanos que durante 27 años padecieron el desastre humanitario creado por la desidia y la corrupción del régimen, incluyendo a los pueblos indígenas al sur del Orinoco.

Podríamos decir que la “reconstrucción” es el proceso de volver a construir o reorganizar algo destruido, deteriorado o desarticulado, procurando recuperar su forma, funcionamiento y sentido. La idea de reconstrucción se aplica cuando una ciudad y sus edificios son devastados por una guerra, un terremoto o un incendio.

Desde el punto de vista político y social, reconstrucción se refiere al restablecimiento de instituciones, normas, valores y vínculos ciudadanos después de una crisis. En Venezuela hay que reconstruir la democracia y reorganizar la identidad y la vida después de tres décadas de destrucción sistemática de la democracia y los DD. HH.

La reconstrucción no significa necesariamente reproducir exactamente lo que existía. Implica conservar elementos del pasado, reinterpretarlos y adaptarlos a una nueva realidad; en ese sentido, deberíamos hablar de reconstrucción de la democracia y no de su “fortalecimiento”, como hace pocos días declararon los encargados de las negociaciones con el régimen, ya que la democracia fue aniquilada por las organizaciones criminales enquistadas en el poder.

Por eso se diferencia de restauración o fortalecimiento, ya que esta busca devolver algo a su estado anterior, la reparación para corregir un daño concreto. La reconstrucción recompone una totalidad perdida o gravemente alterada. Reconstruir significa recuperar críticamente algo después de su descomposición, conservando aquello que todavía posee valor.

La selva no se puede reconstruir

El Amazonas venezolano, al sur del río Orinoco, tiene una extensión aproximada de 470.000 km², equivalente a cerca del 50 % del territorio venezolano. Esta delimitación comprende principalmente los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La selva amazónica es el pulmón del planeta, produciendo oxígeno y agua para la supervivencia humana, sin embargo, vive sobre un frágil equilibrio. Posee una vegetación exuberante, pero gran parte de sus suelos son antiguos, ácidos y pobres en nutrientes, conformando un estrato que no alcanza los 10 cm de profundidad.

La riqueza del ecosistema no está almacenada principalmente en la tierra, sino en la propia vegetación y en la delgada capa superficial de materia orgánica. Las hojas, ramas y organismos muertos se descomponen rápidamente debido al calor y la humedad. A sus nutrientes los absorben casi inmediatamente una intrincada red de raíces, hongos y microorganismos de los que se alimentan las raíces de grandes árboles. Se forma así un ciclo cerrado y muy eficiente de vegetación, materia orgánica, nutrientes y nueva vegetación.

Cuando se tala o se quema el bosque y se remueve la tierra en busca de oro, este circuito se rompe. Las lluvias intensas arrastran rápidamente los nutrientes. Sin la protección de los árboles, el suelo queda expuesto a la erosión, después se compacta concentrando hierro y aluminio formando una superficie endurecida y poco fértil.

La vegetación puede regenerarse necesitando siglos para recuperar parte de su biodiversidad, complejidad y capacidad de almacenar carbono, y algunas especies o relaciones ecológicas quizá nunca regresen. La recuperación se vuelve especialmente difícil cuando la destrucción es extensa y reiterada.

SOS Orinoco calculó una reducción desde 2000 de aproximadamente 945.000 hectáreas de bosque en el sur del Orinoco. Sin embargo, la superficie ambientalmente dañada es mucho mayor que la huella visible de las minas. Los efectos se extienden aguas abajo por la contaminación con mercurio, que envenena ríos y poblaciones (pronto presenciaremos un nuevo síndrome de Minamata), la sedimentación y alteración de los ríos, excavación de suelos, apertura de carreteras y campamentos, deforestación e incendios asociados, pérdida de fauna y degradación de la vida de las comunidades indígenas.

Hay territorios al sur del Orinoco arrasados sistemáticamente por la minería ilegal de oro en una simbiosis entre mafias, guerrilleros y militares, amparados por personeros del régimen que negocian el oro y otros minerales extraídos para su propio beneficio a costa de la destrucción del ecosistema.

La combinación de minería descontrolada y la deforestación reduce la humedad producida por el propio bosque. Si se supera cierto umbral, algunas regiones podrían transformarse en regiones desérticas. Por eso, la fragilidad amazónica no se debe solamente al tipo de suelo, surge de la ruptura de un sistema completo en el que árboles, agua, clima, microorganismos y nutrientes dependen unos de otros.

La Amazonía no es simplemente un conjunto de árboles erigidos sobre la tierra, es una comunidad viva que fabrica y conserva las condiciones necesarias para su propia existencia, la de innumerables especies de plantas, animales, insectos polinizadores y diversas culturas ancestrales como la yeküana y yanomami, que han convivido en la selva en perfecta armonía por miles de años y que se encuentran en peligro de desaparecer debido a la invasión y ocupación de esos territorios por mafias mineras y guerrillas. Estas explotan la tierra y envenenan los ríos con mercurio, hostigando y asesinando a los indígenas en medio de una gran impunidad.

La devastación del Amazonas venezolano se agravó a partir de 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco, creado por decreto aprobado por Nicolás Maduro en Consejo de ministros, con una extensión aproximada de 111.846 km², al sur del río Orinoco y entregada su administración a mafias militares. Conviene precisar que no se aprobó mediante una ley debatida por la Asamblea Nacional, sino que lo creó directamente un decreto del Poder Ejecutivo. Esta circunstancia, junto con la ausencia de estudios de impacto ambiental y consulta previa a los pueblos indígenas, originó cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

La falta de transparencia y los manejos por altos funcionarios del régimen han impedido conocer las toneladas de oro y de minerales estratégicos extraídos en todos estos años. Pero lo más grave ha sido la destrucción del frágil ecosistema y el avasallamiento a los pueblos indígenas, reducidos por la fuerza de grupos armados que operan en simbiosis con altos mandos militares.

Según expresa el informe de SOS Orinoco (SOS Orinoco, nuevo informe: GAO al sur del Orinoco, Boletín N.° 82, julio 2026), el sur del río Orinoco ya no es solo una región rica en recursos; se convirtió en un ecosistema donde 26 Grupos Armados Organizados (GAO) dictan las reglas del juego, en una arquitectura criminal que domina los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Un entramado de corrupción, control social y minería ilegal que llega a las más altas esferas del poder.

“Los grupos criminales están presentes en 20 de los 21 municipios de la región orinoquense (un impactante 95 %). Guerrilla y “sindicatos” criminales se dividen el territorio: las disidencias de las FARC, el ELN y las megabandas mineras locales, como la Organización 3-R. Estos grupos no solo extraen oro y otros minerales, sino que actúan como autoridades de facto: “administran justicia”, cobran extorsiones (“vacunas”) e incluso distribuyen bolsas de comida del Estado. Operan conectadas con carteles colombianos, mexicanos (Sinaloa, CJNG) y brasileños (Comando

Vermelho, PCC, garimpeiros) en las rutas de contrabando de la región”. Esta entrega de nuestra soberanía fue posible por la corrupción del Estado, la colusión de mandos militares, autoridades locales y corporaciones públicas que sostiene este sistema criminal.

El Amazonas venezolano forma parte del “pulmón verde de la Tierra” y constituye una de las más prodigiosas reservas de recursos naturales del mundo, manteniendo el equilibrio climático al producir nubes, lluvias, agua y oxígeno para todo el planeta. En sus selvas han sobrevivido por miles de años diversas etnias que constituyen los reservorios de la sabiduría ancestral de la humanidad. Esto los sitúa en el rango de poblaciones vulnerables que deben tomarse en cuenta en la agenda del proceso de “reconstrucción” del país hacia la transición democrática, comenzando por la expulsión de las mafias y organizaciones armadas que operan en la región, cuyos responsables están al mando del país y actualmente comparten la mesa de negociación.

No se puede pasar por alto la destrucción del pulmón del planeta y la pérdida de soberanía al entregarle esos extensos territorios a mafias y guerrillas. Es imperativo señalar, denunciar y enjuiciar a la cadena de mando responsable del desastre ambiental y humano perpetrado por un régimen perverso que aún se mantiene en el poder.

@edgarcherubini | edgar.cherubini@gmail.com

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