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El Mañanero del #1Feb: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 1 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, afirmó que la oposición debe escoger otro candidato si no logran levantar la inhabilitación contra la candidata presidencial María Corina Machado; el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó la criminalización del trabajo periodístico en Venezuela y la CIDH condenó las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela.

Al menos 3,5 millones de jóvenes necesitan inscribirse en el registro electoral

VE sin Filtro sobre posible hackeo a Digitel: enfatiza necesidad de protección efectiva de datos

CNP rechaza criminalización del trabajo periodístico en Venezuela

CIDH condena inhabilitación a Machado: “Es propia de regímenes autoritarios”

DDHH Olvidados | El salario digno es el derecho humano más vulnerado

Relator especial de la ONU visitará Venezuela para evaluar situación alimentaria

“No nos vamos a parar por María Corina” y otras perlas del gobernador de Barinas

Inhabilitación a María Corina: sin juicio ni derecho a la defensa

“Ejercimos el recurso de amparo porque estas se mantienen en desaparición forzada. Ni sus abogados han podido tener acceso a ellos, ni su familia. Habiendo recorrido todos los sitios de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se niega información sobre ellos”, Omar Mora Tosta, abogado de coordinadores regionales de Vente Venezuela detenidos por el Sebin

CIDH condena inhabilitación a Machado: “Es propia de regímenes autoritarios”

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“Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad”, consideró la CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes las inhabilitaciones administrativas en contra de opositores en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de “regímenes autoritarios”, por lo que instó a reconstruir la democracia en el país.

El organismo se refirió entre otras personas a la candidata de la oposición a las presidenciales de 2024, María Corina Machado.

El pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para competir en esa y otras elecciones hasta 2036.

Para la CIDH, al apartar de la contienda a reconocidos dirigentes de la oposición “se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno”.

Adicionalmente, en su opinión, “se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.

El gobierno venezolano denunció en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, que da base jurídica a la CIDH, y en 2017 hizo lo propio con la Carta de la OEA.

En su mensaje recordó que ningún órgano administrativo puede restringir a través de sanciones de inhabilidad o destitución los derechos políticos a elegir y ser elegido.

“Este tipo de sanciones únicamente pueden ser impuestas mediante una condena por un juez o una jueza en el marco de un proceso penal”, dijo la CIDH, subrayando que “en un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad”.

En Venezuela, añadió, “es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público”, y también se deben adoptar “con urgencia” medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y otros poderes públicos.

“Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas”, concluyó la organización, integrada por siete miembros que no representan a sus respectivos países de origen o residencia.

Con información de EFE

Denuncian que cuatro presos políticos fueron golpeados en Yare II por oponerse a extorsiones

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El OVP denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)

 

Este miércoles, 31 de enero, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cuatro presos políticos fueron golpeados por oponerse a pagar extorsiones en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

Según informó el OVP, la golpiza y violación contra los derechos humanos fue ordenada por un custodio conocido como “El Federal”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el OVP publicó un video de uno de los reclusos golpeados, quien es un sargento segundo, en donde denuncia “haber sido víctima de unos presos que se hacen llamar funcionarios”.

“Nos golpearon con tubos”, dijo, y responsabilizó a la ministra del Servicio Penitenciario, al fiscal Tarek William Saab y a Nicolás Maduro de la situación y posibles represalias en su contra. 

El observatorio denunció que una de las cuatro víctimas tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo que, a juicio del OVP, constituye una doble violación flagrante de sus derechos humanos y arroja luces sobre las consecuencias de un sistema penitenciario “sin diferenciación de género y mucho menos de condición mental”.

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones solicitó una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del hecho por parte de los organismos del Estado. También, investigar las acciones del funcionario Geomar Cabrera, alias “El Federal”, quien manipula al resto de la población penal para que arremetan contra los presos políticos.

VE sin Filtro sobre posible hackeo a Digitel: enfatiza necesidad de protección efectiva de datos

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“Deben investigar y prevenir futuros ataques, informar el alcance y notificar a las víctimas”, agregó VE sin Filtro sobre el posible hackeo a Digitel

La empresa de telecomunicaciones Digitel informó este martes, 30 de enero, que detectaron una amenaza de seguridad en su sistema, por lo que bloquearon temporalmente sus servidores para prevenir cualquier hackeo y filtración de información.

“Este bloqueo no afecta la comunicación de nuestros clientes, quienes están actualmente disfrutando de nuestro servicio”, informó la empresa en un comunicado.

La empresa señaló que solo sus portales y canales de atención estarán fuera de servicio. “El equipo técnico y de seguridad de Digitel se encuentra atendiendo la incidencia para restablecer la operatividad en todos nuestros portales y canales de atención”, informó.

Ante lo ocurrido, la plataforma VE sin Filtro indicó vía X (antes Twitter) que este incidente “subraya la necesidad de una seguridad efectiva de datos”.

“Esperamos acciones responsables y proactivas para salvaguardar a los usuarios”, agregó la plataforma.

Además, señalaron que aunque los servicios de telecomunicación de Digitel funcionan, “es crucial mantener la usabilidad y el acceso a Internet a los clientes que no puedan recargar o pagar sus planes mientras se mantiene la inoperatividad de estos servicios durante la recuperación del ciberataque”.

En ese sentido, exhortaron a la empresa a que informe claramente “si se han comprometido datos personales de sus usuarios y de qué forma ha ocurrido, como asegura un hacker que se atribuye el ataque”.

“Deben investigar y prevenir futuros ataques, informar el alcance y notificar a las víctimas”, agregó VE sin Filtro.

Finalmente, recordando que el 28 de enero se conmemoró el Día de Protección de Datos Personales, agregaron: “Las empresas como Digitel deben proteger los datos y actuar con transparencia en caso de brechas; ofreciendo, si es apropiado, compensación y mitigación de los riesgos y daños resultantes”.

CNP rechaza criminalización del trabajo periodístico en Venezuela

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El CNP afirmó que “algunos funcionarios de alto nivel”  y “autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos” de la ONU sobre “abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión”

 

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó este miércoles la criminalización del trabajo periodístico en Venezuela.

En un comunicado, el CNP denunció que se trata de “otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información” y al debido proceso, haciendo referencia al caso de la periodista Sebastiana Barráez.

El CNP afirmó que “algunos funcionarios de alto nivel” de la Fiscalía y “autoridades del Poder Judicial incumplen recomendaciones o protocolos” de la ONU sobre “abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores” de DD.HH.

El gremio repudió que se pretenda “continuar criminalizando a reporteros, periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos, sin conocimiento o acceso a los medios probatorios, sin respeto al ejercicio del derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho de designar defensores privados”.

El pasado 22 de enero, el fiscal general, Tarek William Saab, informó de la detención de más de una treintena de personas -entre civiles y militares- por estar supuestamente involucradas en un total de cinco planes conspirativos desmantelados desde mayo de 2023, que tenían como objetivo asesinar al gobernante.

Por este último caso, denominado ‘Brazalete blanco’, fueron emitidas seis órdenes de captura, una de ellas contra Barráez, quien en las redes sociales compartió un vídeo en el que rechazó las acusaciones en su contra y negó su implicación en estos hechos.

*Con información de EFE

“No nos vamos a parar por María Corina” y otras perlas del gobernador de Barinas

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Sergio Garrido pidió seguir el ejemplo de ese estado durante las elecciones que lo llevaron al puesto

 

El gobernador de Barinas, Sergio Garrido, afirmó el lunes 29 de enero, que la oposición debe escoger otro candidato si no logran levantar la inhabilitación contra la candidata presidencial María Corina Machado, a quien el Tribunal Supremo de Justicia le ratificó una medida por 15 años.

«Nuestra postura siempre ha sido clara, no nos vamos a parar por ella (María Corina Machado), escogeremos entre todos un nuevo candidato o candidata, para que sea el Presidente o Presidenta de todos los venezolanos», aseguró Garrido en declaraciones al portal Potencia en la Web, durante la inauguración de la prolongación de la avenida Nueva Torunos.

Garrido no solo hizo referencia a la inhabilitación de Machado, también soltó varias perlitas sobre las presidenciales:

El gobernador dijo que el objetivo opositor es lograr un cambio político este año, y manifestó su confianza de que un eventual sustituto de Machado podrá obtener el voto mayoritario de los venezolanos en unas presidenciales, aún sin fecha.

Garrido pidió a los venezolanos «no pisar el peine de la guarimba (…) Ya pudimos vivir los años de enfrentamiento y sólo dejaron personas muertas, muchas familias separadas y otros se fueron del país».

«La única herramienta es el voto para lograr el cambio político», dijo Garrido.

Gobernador asignado en Barinas 

Sergio Garrido pidió seguir el ejemplo de ese estado durante las elecciones que lo llevaron al puesto. «Debemos seguir el ejemplo de los barineses en noviembre de 2021, que llegó una serie de nombres los cuales no pudieron participar, hasta que llegó mi opción».

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió en el 2021 una medida cautelar interpuesta por Adolfo Superlano por supuestas irregularidades en los comicios del 21 de noviembre, donde Freddy Superlano (Voluntad Popular), resultó electo como gobernador de Barinas. 

Superlano nombró como sustituta a su esposa, Aurora Silva, pero también fue inhabilitada políticamente por el TSJ pese a no haber ejercido algún cargo público.

Relator especial de la ONU visitará Venezuela para evaluar situación alimentaria

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Michael Fakhri presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025

El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, realizará una visita de país a Venezuela del 1 al 14 de febrero de 2024.

El relator especial evaluará una serie de cuestiones relacionadas con la realización del derecho a la alimentación en Venezuela, como la resiliencia del sistema alimentario, el acceso a los alimentos en los centros de detención y la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes y de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

También, examinará las buenas prácticas existentes y el impacto de las sanciones sobre la seguridad alimentaria del país.

Durante su visita, Fakhri se reunirá con diversos actores, incluidos funcionarios del gobierno, el Poder Judicial, instituciones independientes, agricultores, Pueblos Indígenas, la academia y actores de la sociedad civil. Viajará a Caracas, Sucre y Zulia.

El experto convocará una conferencia de prensa miércoles 14 de febrero a las 12.00 (hora local) en el Renaissance Caracas La Castellana Hotel. El acceso estará estrictamente limitado a periodistas.

Michael Fakhri presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2025.

En 8 de cada 10 hogares venezolanos el presupuesto no alcanza para comprar alimentos

El Informe de Seguimiento a la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela de la organización HumVenezuela reveló que en 2023 91,6 % de los hogares utilizó estrategias de sobrevivencia para alimentarse, «la mayoría rindiendo el presupuesto o aumentando su carga laboral, ante mayores niveles de gasto».

También, el informe concluyó que el 41,1 % de la población, para subsistir a nivel alimenticio, tuvo que combinar distintas estrategias, sacrificar gastos y también hubo privación en el consumo.

Además, al menos 9,5 % de los hogares del país uno de los miembros migró para ir en búsqueda de alimentos. Otro de los aspectos que resalta el informe es que en el 4 % de los hogares consultados se compró alimentos vencidos; en el 3,5%, varios miembros debieron comer fuera del hogar; y en el 1,5 %, se intercambió sexo por alimentos».

Inhabilitación a María Corina: sin juicio ni derecho a la defensa 

Aunado a todas las irregularidades en el caso de Machado, las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron vencidos los lapsos legales

 

Para muchos venezolanos, no fue una novedad que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación política por 15 años a la abanderada presidencial por la oposición venezolana, María Corina Machado. 

La Sala Político Administrativa (SPA) no solo impidió ejercer la voluntad de millones de venezolanos en una elección presidencial, sino que incurrió en una practica que ya es costumbre: la omisión de publicar los textos completos de sus decisiones. 

En lugar de ello, la SPA se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. La práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan.

Un claro ejemplo de esto es el texto que suspendió temporalmente las primarias del pasado 22 de octubre que aún no se conoce en su totalidad, pese a que fue anunciado hace casi tres meses.

La ONG Acceso a la Justicia alertó que esta práctica atenta contra el principio de seguridad jurídica, así como contra el derecho de acceso a la información pública (artículo 28 de la Constitución) y la obligación de que la justicia sea transparente (artículo 26). 

Además, coloca en situación de indefensión a las partes involucradas en un caso, en vista que es difícil que en esa circunstancia puedan ejercer los recursos correspondientes en su contra si la sentencia los perjudica.

Aunado a esto, Machado sostiene que la sanción en su contra no existe, porque nunca fue notificada ni se enteró de la misma. Aseguró además que nunca se le permitió ejercer su derecho a la defensa en el proceso que concluyó con su inhabilitación.

De acuerdo al TSJ, la opositora “está inhabilitada por 15 años por ser partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.

María Corina sin derecho a la defensa 

Acceso a la Justicia expone que la SPA no le permitió a la representación de Machado ejercer su derecho a la defensa, “pues exista o no un acto de inhabilitación en su contra por la Contraloría, al no haberse cumplido el procedimiento se configura una vía de hecho, y para determinarlo era necesario un juicio, y ello ni siquiera ocurrió, porque la Sala declaró sin lugar de una vez la demanda sin abrir su caso a trámite”.

El artículo 49.1 de la Constitución establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”.

Sin el debido proceso y fuera de lapso 

A las irregularidades anteriores se añade que las decisiones anunciadas por el TSJ se produjeron vencidos los lapsos legales.

Ninguno de los plazos se respetó en el caso de Machado. El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (LOJCA) le daba a la SPA un máximo de 3 días de despacho (días de la semana en los que la Sala efectivamente recibe casos o los tramita) para anunciar si admitiría la demanda o no. 

El pasado 21 de diciembre a más tardar el TSJ ha debido anunciar si admitía o no la petición, pero en lugar de eso el 19 dictó un auto en el cual le solicitaba a la CGR información sobre el caso de la opositora.

De acuerdo con lo establecido por la LOJCA (artículo 67), la solicitud de información a la CGR debería haberse verificado una vez que la Sala anunciara la admisión de la demanda de Machado, no antes. Este requerimiento legal tiene un propósito claro: evitar lo sucedido, donde la información proporcionada por la contraparte (la Contraloría en este caso) podría alterar los hechos del caso demandado, generando una indefensión para la demandante que, sin la admisión de su demanda, carece de la oportunidad de defenderse.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

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