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ONG Visibles Venezuela denunció hostigamiento por parte de funcionarios del Estado 

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La organización defensora de derechos LGBTIQ+, Visibles Venezuela, denunció que ha sido víctima de hostigamiento y acoso por parte de personas afectas al Gobierno de Maduro.

A través de su cuenta en X, la ONG manifestó que se sienten indefensos ante las constantes agresiones físicas y mentales.

“Instamos a las demás organizaciones que se dedican al activismo a trabajar de manera articulada y a proteger la integridad y salud mental de quienes a diario aportan desde sus capacidades en la lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+”, indicó la ONG en comunicado. 

La ONG expuso que el hostigamiento es consecuencia de una política oficial que promueve el acoso, la intimidación y el estigma contras personas gays y trans.

Solo en los últimos días, el Observatorio de Violencia  LGBTIQ+ informó sobre mensajes discriminatorios por parte de funcionarios del Estado en programas transmitidos por el canal Venezolana de Televisión.

“Continúan los chistes basados en prejuicios homofóbicos por parte de Nicolás Maduro. Esto se suma a una larga lista de comentarios y narrativas anti derechos de distintos funcionarios del Estado y a la negación de derechos a personas LGBTIQ+”, denunció el Observatorio sobre la alocución en el programa Con el Mazo Dando el venidero 21 de febrero. 

La ONG igualmente denunció el comentario del fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, donde atacó a la población trans. “Siguen representantes de las instituciones desinformando sobre derechos LGBTIQ+ replicando las narrativas de grupos antiderechos”.

Detenciones arbitrarias de personas LGBTIQ+

Asimismo colocaron como ejemplo de discriminación, la detención en Maracaibo el pasado 2 de febrero de Marcos Caraballo luego de tomarse unas fotografías disfrazado de ángel frente a la Basílica de La Chiquinquirá. Junto a Caraballo, los efectivos de Polizulia detuvieron a Nerio Antonio Bello por ser el supuesto proveedor del disfraz.

A Caraballo lo acusaron de “atentar contra el buen orden de la familia, por resistencia a la autoridad y actos inmorales en sitios públicos”.  

Las detenciones ocurrieron luego de “una serie de denuncias en redes sociales y por parte de sectores religiosos de la religión católica”.

 

 

“Esa emisora es de la revolución”: Cierran estación Ecos del Páramo en Trujillo por órdenes del gobernador

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este martes, 27 de febrero, el cierre de la emisora “Ecos del Páramo”, del estado Trujillo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la organización aseguró que el cierre de la estación radial fue ordenada por el gobernador de la entidad, el oficialista Gerardo Márquez.

El pasado viernes, 23 de febrero, Márquez pidió en su programa la intervención de la radio.

“Una emisora que es comunitaria, Ecos del Páramo. Esa emisora es del partido y de la Revolución. Yo quiero esa emisora aquí transmitiendo el programa. Yo ordené que esa emisora se interviniera porque es del PSUV y no aparece transmitiendo el programa”, señaló.

La emisora “Ecos del Páramo” 100.3 FM se ubicaba en la población de Tuñame. Según el SNTP, la Fuerza Armada Policial del estado y personal de la Gobernación se presentaron en la sede y “hurtaron transmisores, computadoras y micrófonos”.

El SNTP rechazó y denunció “la arbitrariedad del gobernador Gerardo Márquez, quien públicamente, haciendo uso del poder político que le asiste, ordenó acciones contra la emisora comunitaria porque no se pega a la cadena de medios que transmiten su programa los viernes”.

Otras tres emisoras cerradas en Zulia

El pasado sábado, 24 de febrero, el SNTP también denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ordenó el cierre de tres estaciones de radio en Ciudad Ojeda, capital del municipio Lagunillas, en el estado Zulia.

Se trata de las estaciones de radio Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM. Las emisoras ofrecían contenido informativo y local de la entidad zuliana.

De acuerdo con el SNTP, funcionarios de Conatel entraron a las estaciones de radio bajo una «revisión administrativa técnica», luego obligaron a los trabajadores a apagar sus equipos inmediatamente.

Según la ONG Espacio Público, en Venezuela quedaban menos de 430 estaciones de radio para el cierre del 2023, un número que se reduce cada vez más con las nuevas órdenes de Conatel.

Venezolanos en Madrid exigieron en vigilia la liberación de Rocío San Miguel

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Un grupo de venezolanos se reunió este 27 de febrero en Madrid para exigir la liberación de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero en Venezuela. El gobierno la señala de estar vinculada con una trama para “atentar” contra el presidente Nicolás Maduro.

Convocados por la comunidad venezolana, opositores y amigos de la activista hispanovenezolana acudieron a una vigilia organizada en la céntrica parroquia de la Milagrosa para pedir “su libertad y la de los presos políticos en Venezuela”.

San Miguel, abogada, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida por “entregar información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y de ejercer como “espía”, según dijo hace unos días el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. También la señaló de “desatar una serie de acciones contra la soberanía nacional”.

A pesar de las irregularidades de su detención, la política de España para con Venezuela “no va a variar”, afirmó este lunes a EFE el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albares, tras mostrar su apoyo a la activista hispanovenezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Estamos haciendo todo lo posible, sabemos que por fin ha podido ver a su familia, tenemos una información puntual y detallada y nuestra política no va a variar, no ha cambiado desde el principio”, señaló en los márgenes de su visita a Ginebra para participar en el citado Consejo de Derechos Humanos y en la Conferencia de Desarme.

Abogados no han podido impugnar su privativa de libertad

Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada. 

«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.

Con información de EFE

El abogado explicó que el 26 de febrero se venció el plazo para que el  Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.

«A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal», dijo González.

El Mañanero del #28Feb: las 8 noticias que usted debe conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 28 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La ganadora de las elecciones primarias opositoras, María Corina Machado, asegura que por primera vez en 25 años existe en el país una oportunidad real de cambio político; la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estableció los cinco puntos que exigen para trabajar en un cronograma electoral y Cofavic denunció que a 35 años del “Caracazo” aún no hay un solo funcionario condenado por las muertes y lesiones causadas a cientos de civiles 

Machado afirma que por primera vez en 25 años hay una “oportunidad real de cambio”

Impunidad por El Caracazo sigue amparando represión a civiles en Venezuela

Con Ipostel los impuestos en Venezuela se pedirán para llevar

 «Sería gravísimo»: Ministra chilena sobre hipótesis de que agentes venezolanos secuestraron a exmilitar refugiado

Los cinco puntos que exige la Plataforma Unitaria para trabajar en cronograma electoral

Abogados no han podido impugnar privación de libertad de Rocío San Miguel

“Aquí va a haber elecciones sin ella”: Las perlas de Diosdado sobre Machado y presidenciales

AI contribuye con investigación de justicia argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

“Hago un llamado a las autoridades chilenas que se están dedicando a este caso, el cual claramente es una violación a los derechos humanos, para que no permitan que esto ocurra y que la vida de mi hijo, que fue asilado político en Chile, siga en riesgo”, Omaira Moreno, madre de militar retirado Ronald Ojeda Moreno.

Con Ipostel los impuestos en Venezuela se pedirán para llevar

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El Poder Ejecutivo venezolano, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), publicaron este 26 de febrero una nueva providencia administrativa para regular los servicios de entregas a domicilio (delivery) para todos los comercios, plataformas digitales y cuentas de redes sociales. 

De acuerdo con la Gaceta Oficial número 42.813, con fecha del pasado 5 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro creó un impuesto del 1 % sobre todas las encomiendas que se concreten mediante aplicaciones digitales. Todos los comercios y las personas que trabajan en el servicio deben registrarse en un registro obligatorio manejado por Ipostel. 

Las empresas «deben reflejar a los usuarios, en la factura electrónica o física, el cobro del importe del Franqueo Postal Obligatorio, correspondiente al uno por ciento (1 %), el cual será retenido y enterado por el operador postal privado a favor de Ipostel», dice el documento.

En Runrun.es reunimos en estas claves los detalles que se conocen sobre la nueva regulación económica hasta el 27 de febrero. 

Manejar con un código de Ipostel

La Gaceta explica que todos los comercios o plataformas que utilicen el servicio, incluso las «empresas con ventas masivas de productos, que realizan ventas directas en línea y exigen a sus usuarios la suscripción de un casillero virtual», deben solicitar una «Concesión de Habilitación Postal» para tener un código digital certificado por Ipostel. 

Sin embargo, hasta ahora, ninguna autoridad gubernamental ni ministerial ha informado los pasos para solicitar dicho código postal virtual. 

Eso sí, el Instituto será el responsable de tarifar el servicio de entregas a domicilio, el mantenimiento del permiso para hacer el servicio y un sistema de sanciones —que aún no se ha establecido—, así como las multas a los operadores que reincidan en el incumplimiento de los lineamientos desde la fecha de publicación de la gaceta.

El apartado postal que debería abrir cualquier comercio podrá tener hasta tres titulares, según el documento administrativo. 

«Esto incluye las entregas que se acuerden por medios digitales o WhatsApp, pues tendrán que cumplir con la normativa y tener una concesión postal para ofrecer el servicio», aclaró en entrevista concedida al Circuito Onda Cecilia Rivero, presidenta de la empresa Mensajero Express, este 26 de febrero. 

«Incluso los motorizados deberán tener una placa otorgada por Ipostel para hacer el servicio legalmente», agregó. 

¿Cómo impactará a los usuarios y las empresas?

Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), explicó que el impuesto del 1 % solo se cobrará a aquellos comercios que pidan un casillero virtual. No a aquellos usuarios que pidan servicio de comida o similares.

«Realmente, lo que va a agrupar (esos casilleros virtuales) es la dirección y los datos personales de cada persona que quiera tener un servicio de entrega anónimo», dijo Ujueta en una entrevista a Unión Radio este 27 de febrero. 

También advirtió que esta regulación puede «cortar las alas» de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Aunque en la gaceta se refleja que todos los comercios estarían afectados por esta nueva regulación, Cavecom-e advierte que no todos tienen la documentación necesaria para participar. 

«Y eso nos preocupa (…) sobre todo en el emprendimiento venezolano. Porque el comercio electrónico ha resuelto un gran problema social en los últimos cinco años. Prácticamente, de cada 10 motorizados, 8 están involucrados de alguna manera al delivery», agregó. 

Tanto Ujueta como Rivero expresaron que no hubo una consulta previa al sector económico antes de imponer la regulación. «Parece una decisión apresurada», comentó el presidente de Cavecom-e. 

«Algunas empresas como Pedidos Ya, Ridery y Yummy aglomeran el 80 % o el 90 % del servicio a nivel nacional, pero allí no está ese crecimiento económico. El crecimiento masivo del sector delivery motorizado a restaurantes y tiendas de cualquier tipo», dijo Ujueta. «Ahora, tú le sumas a eso la cantidad de documentación y datos que deben dar y se vuelve algo inviable. (…) Esto va a generar muchísimas trabas». 

Un camino truncado para los DDHH

Para la ONG Acceso a la Justicia estas nuevas concesiones de Ipostel recuerdan mucho a Conatel y sus concesiones al espectro radioeléctrico: la institución gubernamental puede revocar la concesión del servicio, que tiene una duración de un año. 

«Y sin ningún tipo de indemnización», advierte la ONG en la red social X (Twitter) al interpretar el artículo 29 de la gaceta. «El instrumento normativo también prohíbe expresamente realizar cualquiera transferencia, cesión, comodato o venta de la habilitación postal otorgada por Ipostel para prestar el servicio de entrega a domicilio (artículo 14)». 

De igual forma, advirtieron que la medida es inconstitucional, ya que «viola el principio de la reserva legal», además de violar el ejercicio de la libertad económica establecido en el artículo 112 de la Constitución Nacional, un derecho que «le corresponde regular al Poder Legislativo». 

La ONG agregó que con esta providencia también se violaría «el principio de legalidad penal», previsto en el artículo 49 de la Constitución, «cuyo texto indica que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes». 

Una ley con entrega atropellada

Rivero destacó que aún quedan muchos detalles por aclarar respecto a esta nueva regulación de Ipostel.

«Uno de ellos es el registro. (…) Al leer la gaceta, suena a que la concesión es la misma para Ipostel y similar a la que tiene MRW Venezuela. Entonces, ¿qué franqueo hace MRW y qué franqueo hace un delivery?», cuestionó. 

Hasta ahora, tampoco se tiene claridad sobre los documentos que deben admitir los motorizados para ser parte de la regulación, y si ahora estarán sujetos a un solo comercio o empresa, denunció Cavecom-e. 

Mientras tanto, Ipostel notificó en sus redes sociales que dentro de los próximos días dará más información sobre una regulación que ya tiene un peso sancionatorio de entrada para los venezolanos. 

Abogados no han podido impugnar privación de libertad de Rocío San Miguel

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Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada. 

«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.El abogado explicó que ayer se venció el plazo para que el Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.

“A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal”, dijo González.

González Taguaruco subrayó que no existe ningún elemento probatorio que compruebe los señalamientos que ha hecho de forma pública el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.

«Las diligencias de la fase preparatoria tienen carácter reservado, si respetamos la ley no podemos revelar el contenido del expediente. Con mucha ligereza, el ciudadano Tarek William Saab ha mostrado los mapas que tenía Rocío San Miguel, por supuestamente tener evidencia de interés criminalístico relevante. Esa información de los mapas está en la Gaceta Oficial y además la doctora es investigadora y fue profesora de la Escuela Superior de Guerra», indicó.

El abogado de la presidenta de Control Ciudadano también considera un absurdo pretender vincular a Rocío San Miguel con un plan para asaltar unidades militares «por el hecho de que aparezca en el directorio telefónico de un oficial».

Detenidos y presentados ante Tribunales Contra el Terrorismo

San Miguel permanece detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. El 12 de febrero, la abogada fue presentada ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo, donde fue imputada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y sin la presencia de sus abogados.

Por su parte, Alejandro González de Canales, coronel retirado de la Aviación, está recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. El militar fue acusado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

La ONG Encuentro, Justicia y Perdón informó el lunes 26 de febrero que la defensa de la presidenta de Control Ciudadano presentó un recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado 2do. de Terrorismo, que limita el ejercicio del derecho a la libertad de los ciudadanos Miranda Díaz San Miguel, Luís Alberto San Miguel, Miguel Ángel San Miguel y Víctor Díaz Paruta.

 

*Con información de TC

AI contribuye con investigación de justicia argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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El pasado 26 de febrero, Amnistía Internacional aseguró que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En un escrito consignado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina, a través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), la organización ofreció argumentos jurídicos en torno a la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que dan cuenta de por qué en ese país las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad.

“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En este sentido, en su escrito, la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos”.

“Falta de un sistema de justicia independiente”

La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela.

Amnistía Internacional reitera cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando.”

La investigación abierta por la justicia argentina se enmarca en un contexto de “creciente represión por las autoridades venezolanas en el país”, incluida la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y también la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

“Estamos presenciando un nuevo recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos (…) Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, aseveró Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Cabe destacar que el derecho internacional es consistente en permitir que todos los Estados se encuentran facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional.

Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo.

La verdad sobre los Bonos 2020

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La opinión de la Corte de Apelaciones de NY viene a reivindicar el sentido del interés público donde lo político, lo privado y lo personal no pueden transgredir el interés público nacional y su marco regulatorio originario

 

@ovierablanco

El 20/2/24 la Corte de Apelaciones de NY decidió favorablemente la apelación ejercida por Petróleos de Venezuela S. A., vinculada a la validez del canje de Bonos 2020, emitidos por la estatal petrolera venezolana y garantizados con el 50.1 % del capital social de PDV Holding en CITGO Holding, propietaria de Citgo Corporation. Esta decisión básicamente determina que para la validez de dicha emisión debe considerarse la aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV], específicamente de los artículos 150 y 187.9.    

Un precedente normativo según el cual opiniones o determinaciones políticas no pueden omitir la ley, cuando la norma constitucional condiciona la intervención de otros poderes para validar, de manera efectiva y pertinente, el endeudamiento público.   

La Sentencia. De los contratos de interés público nacional

Dice la sentencia: “El Artículo 150 de la CRBV establece que ‘la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la AN en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la AN. La ley podrá́ exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías”.

Por su parte, dispone el Artículo 187.9 ejusdem: “Corresponde a la AN: autorizar al Ejecutivo nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

La distinguida obra de Jesús Caballero Ortiz [De los contratos administrativos, de los contratos de interés público y los contratos de interés nacional], cita las notas de Gonzalo PÉREZ LUCIANI, quien señala “que fue en la Constitución de 1864 cuando apareció por primera vez la expresión «contratos de interés nacional», los cuales debían ser sometidos a la aprobación de la «Legislativa». La disposición se mantiene, con algunas variantes, en las constituciones desde la de 1874 hasta la de 1947”. Solo en la Constitución de 1953 desaparece la atribución al conferírsele al presidente de la República la potestad de celebrar contratos sin alguna otra calificación [período dictadura de Pérez Jiménez].

Sin embargo, en la Constitución de 1961 reaparece la norma al prever, en el artículo 126, lo siguiente: “Sin la aprobación del Congreso, no podrá́ celebrarse ningún contrato de interés nacional, salvo los que fuesen necesarios para el normal desarrollo de la Administración Pública o los que permita la ley [omissis]. Tampoco podrá celebrarse ningún contrato de interés público nacional, estatal o municipal o nacional, con estados o entidades oficiales extranjeras ni con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos, sin la aprobación del Congreso”.

Tal y como lo destaca PÉREZ LUCIANI, las expresiones contratos de interés nacional y contratos de interés público constituyen nociones autóctonas que figuran en nuestras constituciones desde 1864, diferentes al criterio francés del caso Arret Terrier [Francia], donde cualquier contrato de la administración pública, que tenga que ver con la organización y funcionamiento de la administración pública, se considera parte de la administración pública.

PÉREZ LUCIANI establece acertadamente que la preocupación del constituyente “ha girado en torno a cuestiones como los importantes compromisos económicos o financieros que pudieran resultar a cargo del Estado [de contenido administrativo y público]; el temor a que se malgasten o dilapiden los fondos públicos o la necesidad de conservar los bienes patrimoniales o los recursos materiales del Estado […]. La aparición del término contrato de interés nacional en la primera Constitución federal, sometiéndolos a una regulación que incluía su aprobación por el Congreso, revela una preocupación por las consecuencias económicas y financieras debidas a los contratos y compromisos asumidos por los gobiernos de la llamada «oligarquía conservadora. ¿Qué otra preocupación podrían tener los constituyentes de 1864?”. Otro elemento es la circunstancia “que el pago del contrato deba hacerse con cargo a varios ejercicios fiscales, de tal modo que se comprometan cantidades de dinero y recursos fiscales de presupuestos futuros”. 

El dictamen considera relevante la valoración histórica y constitucional resumida en los artículos 150 y 187.9 de la CRBV. Aunque no analiza el alcance de los conceptos in comento, sí invita a valorarlos para considerar válida [o no] la emisión de los Bonos 2020 y la pignoración del 50.1 % de CITGO “conforme a la jurisdicción del ente emisor”. Sin duda alguna, comprometer más de la mitad del capital social de la principal empresa del Estado Venezolano en el exterior, CITGO, comporta una obligación de elevadísimas consecuencias económicas y financieras, que pignora el patrimonio nacional y compromete generaciones futuras. Esta lógica jurídica –y también comercial  trata de proteger tanto el erario público como a los inversionistas, quienes deben estar persuadidos de la legalidad de los instrumentos en los que invierten. 

Un endeudamiento irresponsable e inconstitucional

En abril 2007 PDVSA emitió 3000 millones de dólares en bonos no garantizados en NY, cuyo vencimiento estaba previsto para abril 2017. En octubre 2010 y enero de 2011, PDVSA emitió además un total combinado de 6150 millones de dólares en bonos adicionales con vencimiento noviembre 2017. Estas emisiones son colectivamente denominadas “Bonos de 2017”. A medida que se acercaba la fecha de vencimiento de los Bonos de 2017, quedó claro que, debido a la disminución de los ingresos petroleros, era probable que PDVSA incumpliera los pagos de los Bonos de 2017. En mayo de 2016, el presidente Nicolás Maduro declaró un “Estado de Excepción y Emergencia Económica” otorgándose la autoridad para ejecutar contratos de interés público unilateralmente [opinión Corte de Apelaciones 20/2/24].

Trece días después, la AN de Venezuela [electa en 2015], aprobó una resolución que decía: “En relación con contratos de carácter nacional e interés público celebrado por y entre el Ejecutivo Nacional y empresas no domiciliadas en Venezuela, la CBV ordena, sin excepción, la aprobación de la AN” y “toda actividad realizada por un órgano que usurpe funciones constitucionales […] de otra autoridad es nula y se tendrá por inexistente”. No obstante, a principios de septiembre de 2016, el directorio de PDVSA aprobó la transacción de canje en cuestión.

Las partes coinciden en que la transacción fue un intento de evitar el incumplimiento de los Bonos 2017, retrasando la fecha de vencimiento tres años más. Las Notas 2020 fueron garantizadas por una prenda de PDVH [Petróleos de Venezuela Holding] del 50.1 % del capital social de CITGO Holding [otorgada unilateralmente por el Ejecutivo nacional]. La prenda tiene a PDVH como pignorante, PDVSA emisor, y las demandadas GLAS Américas, LLC (GLAS) como agente colateral y MUFG Union Bank, N. A. et al como agente fiduciario. La AN respondió aprobando una II resolución que decía que la oferta de canje y garantía del 50,1 % de acciones de PDVSA en la filial CITGO Holding, vulnera la facultad de control de la AN [Art. 187.9 CBV] y cualquier transacción que comprometa como garantía los activos de PDVH;

La oferta de canje expiró el 21/10/2016. Tenedores del 39,4 % del monto principal de los Bonos 2017, [2800 millones de dólares], aceptaron la oferta. PDVSA y sus subsidiarias ejecutaron oferta de canje. Las Notas 2020 se emitieron el 28/10/2016 por un monto principal $3300 millones, a pesar de la objeción de la AN… En octubre de 2019, la AN aprobó una tercera resolución que abordaba la oferta de canje. Designó el contrato como “contrato público nacional” que debería haber sido autorizado por la AN conforme al artículo 150 de la Constitución, y afirmó que la transacción no estaba autorizada.

La junta directiva ad hoc demandó nulidad de los Bonos de 2020 por “inválidos, ilegales, nulos y sin valor ab initio y, por lo tanto, inaplicables”. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York [ en I Instancia] aceptó la moción de los demandados, denegó la moción de los demandantes y declaró, entre otras cosas, que “los Bonos de 2020 y los Documentos Rectores son válidos y ejecutables». El tribunal ad quo [Distrito Sur de NY] concluyó que el Art. 150 de la Constitución Venezolana no se refería a la autorización de los Bonos 2020, porque se aplicaba a una “categoría amplia de contratos, y no tiene nada que ver con la emisión de valores”.

En lugar de considerar la aplicación de una ley más específica, «el tribunal [Distrito Sur de NY] aplicó el análisis del “centro de gravedad” o de la “agrupación de contactos” para concluir que la ley de NY se aplica porque “tiene la relación más sustancial con la ley”. La junta directiva de PDVSA ad hoc y su procurador especial apelaron esta decisión, por considerar que estábamos frente a un endeudamiento ilegal, no daba margen de negociación y colocaba a la empresa en un estado de ejecución perentoria de la garantía. 

¿Dónde estamos y adónde vamos?

Es importante subrayar que la Corte Superior de NY aplazó la decisión del Distrito Sur de NY, porque “este caso plantea cuestiones importantes sobre el alcance de una disposición aún no interpretada por mandato propio del Código de Comercio de Nueva York y sobre posibles excepciones del derecho consuetudinario al enfoque general de ese estado”.

La Corte de apelaciones respondió afirmativamente a las cuestiones relacionadas con la “validez del valor” en cuestión, y concluye “que Bonos 2020, se rigen y valoran por la ley de Venezuela, es decir, la ley local de la jurisdicción del emisor” según código de comercio de NY/UCC 8-110 (a). Lo anterior quiere decir que el argumento de los demandantes de que los Bonos 2020 son inválidos, tiene asidero, porque su emisión contravino normas constitucionales que requerían aprobación de la AN.

Como señala el exprocurador José Ignacio Hernández, “lo que va a pasar es que la Corte de Apelaciones va a declarar con lugar la apelación, al considerar que el derecho de Venezuela sí rige los bonos. Luego, el caso volverá a la Corte de Distrito para dictar una nueva sentencia”.

Los lobos bonistas

Algunos venezolanos abogan por la “legalidad” de los Bonos 2020, confundiendo a la opinión pública. Hacen creer que esos instrumentos y documentos rectores [prenda] gozan de legalidad, viabilidad y valor ejecutable. La opinión de la Corte de Apelaciones de NY viene a reivindicar el sentido del interés público donde lo político, lo privado y lo personal no puede transgredir el interés público nacional y su marco regulatorio originario.

Es un precedente muy importante porque confiere peso a los contratos de interés público, y a la valoración que la carta magna confiere a la visión de derecho internacional público como ley rectora, ”cuando grandes contrataciones susceptibles de comprometer gravemente el patrimonio económico de la República, de exponerla a pérdidas graves o inclusive a reclamaciones internacionales, pudieran llegar a atentar contra la soberanía o la integridad del país” [Allan Brewer ob. cit Cfr. José Melich Orsini, La noción de contrato de interés público, en Revista de Derecho Público n° 7, Caracas, 1981, p. 61]

En resumidas, un contrato de interés público lo es tanto en defensa de la nación y sus connacionales, como para los inversionistas locales, quienes deben estar persuadidos y seguros de la legalidad del instrumento financiero de un estado en el cual están invirtiendo. La Corte de Apelaciones de NY ha ordenado revisar la ley aplicable. Y corresponde a la Corte de Distrito Sur de NY volver a sentenciar. Una victoria procesal trascendente para la protección del patrimonio de la nación ante cortes extranjeras.

vierablanco@gmail.com

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