El pasado 3 Noviembre, publicábamos una nota titulada “¿Gaceta Oficial o Pasquín del gobierno?” que se iniciaba de la manera siguiente:
Cita
Cuando se escribe esta nota, la ciudadanía común venezolana, tanto sea persona natural como jurídica, lleva cuatro días de desprotección ante el Estado, gobernado al antojo, la desidia y la incapacidad del régimen de gobierno más corrompido y corruptor de la historia colonial y republicana.
En otro momento se harán consideraciones de un tema de gravedad, pero al cual pocos dan la importancia debida.
De momento, lo que se tiene es que la Gaceta Oficial No. 40.531 fechada el 31 de Octubre de 2014 todavía no ha salido. No hay información oficial al respecto.
Fin de cita
La catarata de leyes (decretos con rango, valor y fuerza de ley, para mayor precisión jurídica) conocida en estas dos últimas semanas se ha encargado de demostrar, por sí sola, que la desprotección jurídica generada sistemáticamente por el gobierno es cosa cierta.
La Gaceta Oficial No. 6.153 Extraordinario es el último ejemplo; contiene 7 leyes, entre ellas la Ley de Instituciones del Sector Bancario; está dada el 13 de Noviembre de 2014 y, como lo indica expresamente su Disposición Final Tercera, “entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana Venezolana”.
El punto es que la citada gaceta está fechada 18 de Noviembre de 2014, pero fue publicada solamente el 2 de Diciembre de 2014; es decir 13 días más tarde.
Es obvio que la no vigencia equivale a la no existencia y que la pretendida existencia de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, las otras 6 y otras cuantas más en fechas en la cual la Ley Habilitante en que se fundamentan está fenecida, las convierte automáticamente en eso: en una pretensión; no en una legalidad. Pero ya el diario “El Nacional” se encargó en estos días de haber demostrado el nivel de alcahuetería del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), haciendo previsible que cualquier recurso en este sentido de ilegalidad tenga nula posibilidad de prosperar.
Lo que gracias a la alcahuetería institucional se tiene es que, durante demasiados días, personas naturales y jurídicas han venido comportándose de acuerdo con unas normas determinadas, mientras su comportamiento puede ser considerado ilegal por un gobierno ladino que se sabe refrendado en sus abusos.
¿Quién va a impedir, por ejemplo, que una despersonalizada y obediente Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) supervise a un banco dentro de unos meses bajo los parámetros de una ley que solamente fue publicada el 2 de Diciembre, cuando el banco actuó bajo los de otra que era la única que conocía?
El ejemplo anterior es válido para innumerables ocasiones en cualquier actividad. Es muy frecuente ver que, gracias al desbarajuste que impera en el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, personas y corporaciones actúan en limbo, sin saberlo, hasta por 4 días. Dado que la frecuencia es tan alta que ya hace rutina, es preciso que la autoridad (si es que aun queda algún rastro de ella) corrija situaciones como la siguiente:
1) Habitualmente, las gacetas oficiales se imprimen en la noche y llevan la fecha de un día durante el cual todo el mundo ha venido funcionando bajo un criterio legal que ya no es legal por las “entradas en vigencia”
2) La situación es más grave cuando, fechada un Viernes, la Gaceta Oficial solamente es publicada (es decir, hecha pública) solamente el Lunes siguiente (es decir, limbo los días Viernes, Sábado y Domingo)
3) Ocurre con frecuencia que el limbo de estos 3 días se prolongue hasta casi 4, cuando la publicación ocurre bien pasado el mediodía
La gravedad de la situación podría aliviarse en alguna medida, aunque no del todo, con más disciplina en la publicación online de la Gaceta Oficial; si se actúa con diligencia, una gaceta online pudiera estar “colgada” en internet antes de que estén montadas las planchas de la impresa.
Pero claro, poner orden en la Gaceta Oficial es, en las seseras “revolucionarias”, menos importantes que adecuar la Imprenta Nacional a los intereses de La Habana.
Está en manos del Ministerio para la Comunicación e Información (MinCI) poner un mínimo de orden en el diario impreso (y ahora digital) más necesario de Venezuela, pero sería como esperar lo imposible de una ministra, Jacqueline Coromoto Faría Pineda, más interesada en ver cómo reparte entre amigotes centenares de millones de bolívares asignados para publicidad y propaganda del gobierno y los correspondientes desvíos hacia el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV).
Las vergüenzas que hace pasar la Gaceta Oficial no tienen correspondiente con la vergüenza que supone la reciente creación de Agencia Venezolana de Publicidad, C.A. (AVP); es vergüenza por partida doble: la de la facilitación de las “inversiones” y la del plagio de un acrónimo que, según los plagiarios conocen muy bien, corresponden a las de la fenecida, pero siempre recordada y emblemática, Asociación Venezolana de Periodistas, precursora inmediata del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
Todo lo que sea comunicación no hegemónica repele en las abolladas esferas oficiales; detestan la independencia institucional y la libertad de pensamiento. Es posible que el limbo que rodea a la Gaceta Oficial sea un plan del hegemon que, si no lo ha creado, lo asumió como propio y por lo menos lo tolera. (VJLA-Sigla)
