Este martes, 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de tres privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país.
A través de su cuenta en X, el OVP reportó el fallecimiento de Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito. Portillo murió el pasado 20 de julio tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.
A este caso se suma el de Víctor José Salgado, privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo IV, quien falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani también por causas vinculadas a su estado de salud.
El tercer fallecido es Adrián Felipe, recluido en el Centro Penitenciario Fénix Lara. Según el OVP, murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.
¿Dónde están los responsables?
Aunque el OVP aclaró que los tres fallecidos ocurrieron en cárceles distintas, cuestionó los mecanismos que están activando las instituciones venezolanas para impedir que una persona enferme, se deteriore y finalmente muera mientras permanece bajo responsabilidad del Gobierno.
“si existen personas privadas de libertad con enfermedades graves, cuadros de deshidratación, hipertensión, diarreas persistentes u otras condiciones que pueden comprometer sus vidas, la actuación institucional debe producirse antes de que lleguen a una emergencia hospitalaria y no cuando ya es demasiado tarde”, indicó el OVP.
El observatorio instó a la Defensoría del Pueblo a responder sobre las inspecciones que realiza en las cárceles y a ejercer la misión constitucional de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos de los privados de libertad.
También se dirigió al Ministerio Público y cuestionó la actuación de los fiscales en materia de derechos humanos ante las reiteradas muertes de personas bajo custodia estatal.
En ese sentido, el OVP indicó que a ambos organismos les corresponde investigar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o en los traslados hospitalarios y determinar responsabilidades cuando la falta de actuación de un funcionario pudo contribuir al deterioro o muerte de una persona privada de libertad.
Para el Observatorio Venezolano de Prisiones resulta necesario interpelar al Poder Judicial y, particularmente, a los jueces de ejecución, quienes llevan el control del régimen penitenciario y están en la obligación de supervisar las condiciones de reclusión, velar por el respeto a la dignidad humana e inspeccionar los establecimientos penitenciarios.
La prevención es clave
El OVP insistió en que la prevención de estos sucesos exige que la Defensoría supervise y actúe, que los fiscales con competencia en derechos humanos investiguen y determinen responsabilidades.
Finalmente, la organización exigió “respuestas, actuaciones verificables y responsabilidades”, porque proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad “no es una concesión ni un acto de buena voluntad, sino una obligación del Estado”.
🚨 #OVPDenuncia Tres presos mueren mientras las instituciones que deberían protegerlos guardan silencio
Mientras las personas privadas de libertad continúan muriendo en #Venezuela, cabe preguntarse dónde están las instituciones que tienen la obligación constitucional de… pic.twitter.com/WcAMX9mmPY
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 11, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde este lunes 10 de agosto a tempranas horas de la mañana, una familia conformada por tres venezolanos se encuentra desaparecida luego del colapso del edificio Vanessa en la carrera 44 de Cali, ciudad colombiana que fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4.
Se trata de Juan Vivas, Yelitza González y José Juan Vivas, según informó vía telefónica para el programa radial de Shirley Varnagy en Onda 107.9 FM, SolMaría Vivas, sobrina de este primero.
“Su última conexión de WhatsApp fue a las 7:15 am”, dijo Vivas, quien recordó que el sismo se produjo 15 minutos después y provocó la incomunicación de miles de personas.
Vivas, quien reside en España, sentenció que en Cali no hay familiar alguno de la familia conformada por dos mayores y un menor de edad. “En realidad Juan y Yelitza son abuelos de José Juan, sus padres están en Estados Unidos e iban volando a Colombia, su abuela materna va viajando desde Venezuela por tierra por el tema de la insuficiencia de aeropuertos operativos tanto en Venezuela como allá en Colombia”, relató.
Vivas sentenció que la única conexión que existe con Cali es por medio de los amigos de José Juan, quien está en una academia de béisbol.
La sobrina de uno de los desaparecidos expresó que no han tenido la oportunidad de comunicarse con los consulados de Venezuela en Colombia y pidió ayuda de cualquier organismo para ubicar a sus afectos.
Varnagy difundió a través su cuenta de Instagram los números de contacto dispuestos por la familia para recibir cualquier tipo de información que permita dar con el paradero de los tres ciudadanos venezolanos.
El terremoto que sacudió gran parte de Colombia ha dejado un saldo preliminar de más de 160 muertos, y cerca de 670 heridos.
Pereira y Cali son las ciudades más afectadas por la tragedia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que a pesar de la supuesta formalización del negocio del petróleo en Venezuela, ahora en manos de la administración de los Estados Unidos, 72% de la flota operativa es irregular.
De acuerdo a la ONG, apenas en julio de 2026 se identificaron 46 buques que operaron a escondidas, de los cuales 14 se encontraban sujetos a sanciones y 32 fueron clasificados como furtivos, constituyendo la mayor cifra registrada desde junio de 2025.
Se detectaron doce buques operando a oscuras entre los meses de mayo y junio de 2026, un número inferior a los 31 identificados en diciembre de 2025.
A juicio de la ONG, la flexibilización de sanciones y la vigilancia del tráfico marítimo en Venezuela habrían motivado el encendido de señales de los buques irregulares.
Según Transparencia Venezuela, el aumento de las exportaciones legales contribuyó a que de 32 buques sancionados y furtivos operando en julio de 2025 se pasara a 105 en julio de 2026.
Los fantasmas del Caribe
A través de la filtración de una comunicación interna de la vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), Anabel Pereira Fernández, al vicealmirante José Rafael González Torrealba, director general de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (Ochina), Transparencia Venezuela comprobó que la mayoría de los tanqueros propios y abanderados por terceros arrastra sanciones o navega de forma furtiva.
La organización informó que de los 22 tanqueros propios de Pdvsa, apenas cinco están activos, de los cuales tres operan de manera furtiva (Colón, Anita y Río Orinoco), uno está sancionado (Soldier) y apenas uno se encuentra sin restricciones (Negra Hipólita).
De acuerdo a la filtración, Pdvsa controla 56 buques abanderados por otros países, de los cuales todos están activos y solo 16 de ellos no son furtivos ni sancionados. De este grupo seis operan junto a la empresa estatal cubana Cubametales, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2019.
A juicio de la ONG, persisten las alianzas con aliados estratégicos tradicionales expertos en evadir sanciones como Cuba, Rusia e Irán, lo que ha permitido a la estatal petrolera la incorporación de buques irregulares a la flota.
La investigación reveló que en junio de 2026 se identificaron 29 empresas operadoras extranjeras de los buques sancionados y furtivos y en julio la cifra subió a 34.
De acuerdo a la ONG, Asia Charm Ltd FZE de Emiratos Árabes Unidos es la principal empresa marítima operadora con diez buques en ambos meses. La mayoría de los tanqueros tenían bandera de Panamá, seguida por las Islas Gomorra y Guinea.
Se conoció que en la etapa de flexibilización de sanciones la cantidad de buques con bandera de las Islas Marshall es similar a la de Panamá, seguidos por buques abanderados en Malta.
Según la organización los tanqueros han aprovechado la oportunidad para llevar a cabo prácticas de trasiego, señales apagadas, reetiquetado del crudo y spoofing (suplantación de identidad) a nivel internacional.
A juicio de Transparencia Venezuela, las licencias petroleras que permiten la comercialización con Chevron y Repsol, y otras empresas de tradingcomo Vitol, Trafigura, Atlantic Trading and Market, Valero Marketing and Supply, Maersk Oil Trading, entre otras, no han sido suficientes para que Pdvsa abandone los negocios con la flota de buques irregulares.
Transparencia Venezuela informó que hubo una disminución del número de buques en junio de 2026, la cual pudo haber estado asociada con el doblete sísmico que sacudió al país, sin embargo en julio la actividad se recuperó, registrándose la mayor presencia de buques internacionales.
La ONG también expuso que sigue el ingreso de nuevos tanqueros a puertos petroleros venezolanos: en mayo se identificaron 40 embarcaciones, en junio arribaron 20 y en julio otras 28.
La organización reportó que aunque las exportaciones petroleras de julio bajaron a 1,16 millones de barriles diarios, la producción tuvo una senda creciente y se espera que continúe en los últimos meses de 2026. En julio los envíos a Estados Unidos aumentaron a 780 mil barriles diarios, la mayor cantidad desde 2019.
“Más producción y exportación petrolera no son suficientes si no existe rendición de cuentas sobre las condiciones en que ocurren ni sobre los recursos que generan. La recuperación de la industria exige reglas claras y transparentes en las negociaciones con inversionistas y empresas de comercio”, expuso la investigación.
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El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó este lunes, 10 de agosto, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de conservar el poder a través de “la entrega del país” desde el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos mediante una intervención militar.
En la intervención del PCV ante el 24° Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (La Habana, Cuba), la representante de la tolda comunista cuestionó que la “cúpula gubernamental” demostró no solo su “incapacidad”, sino también la “falta de voluntad política” para “defender la soberanía nacional”.
Tras la incursión militar, añadió el PCV, el PSUV se mantiene en el poder a través de la figura de gobierno encargado, presidido por Delcy Rodríguez, el cual denunciaron “mantiene el ajuste contra la clase obrera y preserva las condiciones al gran capital”.
“Esa dirección política ha permitido la presencia de la CIA y del Comando Sur en territorio venezolano, y tras los terremotos, con la excusa de la ayuda humanitaria, ha facilitado el despliegue de fuerzas militares sionistas que, según ha informado la propia Delcy Rodríguez, participarán en el proceso de reconstrucción del país. La subordinación política al imperialismo también se expresa en el cese del suministro de petróleo y combustible a Cuba y una inédita reforma de la legislación para entregar la industria petrolera al capital transnacional”, sumó el PCV en el comunicado.
Por otra parte, criticaron las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien dijo en semanas pasadas que su gobierno recuperó el costo de la incursión militar al haber recabado 13 mil millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Para el PCV, se trata de un “saqueo” que “contrasta con la realidad de un país donde casi 70 % de los hogares se encuentran en pobreza, un tercio se encuentra en pobreza extrema y atraviesa además una crisis de suministros y del servicio en general del agua y de la luz”.
También señalaron que el gobierno de Trump encontró favorables a sus planes las políticas “antiobreras, antipopulares y antidemocráticas” ejecutadas en años anteriores por el gobierno de Maduro, resaltando hechos como la “destrucción de salario, la eliminación de las convenciones colectivas, las restricciones a las libertades sindicales y la criminalización abierta a la lucha obrera”. Además, recordaron la intervención judicial contra partidos políticos, hecho del cual es víctima el propio PCV.
“El autoritarismo, la corrupción, el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones presidenciales de 2024 profundizaron el colapso institucional. Actualmente, Estados Unidos coordina con el PSUV y sectores dóciles de la oposición un supuesto plan de transición democrática, que en realidad busca convertir a Venezuela en un nuevo protectorado”, acotaron.
Rechazo al “sionismo” y reanudación de la cooperación con Israel
Entre las palabras que contenía el comunicado, también hablaron sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El PCV afirmó que actualmente el mundo está en un “escenario de profunda crisis capitalista marcado por la agudización de la disputa interimperialista y una ofensiva reaccionaria contra los pueblos”, señalando el “rostro más brutal” esto se ve reflejado “en el genocidio perpetrado por (1:12) el sionismo contra el pueblo palestino”.
A propósito de esas críticas, este martes, 11 de agosto, el canciller Félix Plasencia anunció que Venezuela e Israel acordaron “permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto”.
Según el comunicado de la Cancillería, ambas naciones establecerán un “mecanismo de coordinación” que permita la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país, “según sea necesario”, dado que los dos gobiernos “reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La administración interina de Delcy Rodríguez anunció el 11 de agosto la transferencia de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) al Ministerio del Popular para Ciencia y Tecnología en un “movimiento institucional estratégico” que busca reestructurar la organización tras las fallas operativas registradas durante el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
A través de sus canales oficiales de Telegram e Instagram, Rodríguez informó sobre la nueva medida indicando que la decisión se tomó con el propósito de “fortalecer las capacidades científicas y técnicas del país” para la prevención, monitoreo y atención de fenómenos sísmicos. Por lo tanto, según la vocera esta nueva articulación “permitirá seguir consolidando la investigación y el conocimiento científico orientados a la protección de la ciudadanía”.
Cambio de adscripción
El retorno de Funvisis al área científica marca un cambio en la administración de la institución, la cual había permanecido bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por decreto de Nicolás Maduro, bajo la “promesa” de potenciar el servico sismológico, hacer inversiones en las estaciones de monitoreo y garantizar la seguridad de las infraestructuras.
Sin embargo, en una investigación realizada por la periodista María Victoria Fermín para Runrun.es reveló que la transición de mando sustituyó la tradición de presidentes científicos por un liderazgo militar. Expertos y ex personal de la organización señalaron que este cambio derivó en un desmantelamiento progresivo con la sustitución de los programas académicos por enfoques burocráticos y por una gran reducción presupuestaria.
El impacto de este deterioro se evidenció el pasado 24 de junio donde la fundación tardó 4 horas y 26 minutos en emitir el reporte oficial con detalles sobre el evento sísmico. Este retraso contrasta con los estándares internacionales del Servicio Geológico de Estados Unidos, institución que procesa y publica información sobre sismos externos en un promedio de 20 minutos, y entre 2 y 5 minutos para eventos locales.
Un monitoreo reducido
En el año 2000 bajo la adscripción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Funvisis consolidó un equipamiento moderno con 35 estaciones de banda ancha, cifra que se extendió a 40 estaciones para el año 2014. En la actualidad, la fundación solo funciona como una cuarta parte de la capacidad que poseía anteriormente, del mismo modo los sistemas de monitoreo a nivel nacional quedaron inoperativos, reportando que en múltiples universidades en el país (ULA, UDO) donde sus centros de sismología dejaron de funcionar por falta absoluta de presupuesto y soporte técnico.
La directora del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (CSUDO) en el estado Sucre, Janette Castillo, confirmó la inactividad de las estaciones por causa de daños en la infraestructura universitaria y la presión presupuestaria.
Cierre de aulas y pérdida de personal
El reportaje para Runrun.es documentó además el desmantelamiento de espacios de formación y divulgación ciudadana. En 2018, bajo la gestión del vicealmirante Roberto Antonio Betancourt Arocha, la organización clausuró el Aula Sísmica Madeleilis Guzmán, un laboratorio pedagógico creado en 1998 para capacitar a la población frente a emergencias de este tipo.
A la pérdida pedagógica se le suma la asfixia financiera ya que durante más de dos décadas, cerca de la mitad del presupuesto de Funvisis provino de contratos de estudios de amenaza sísmica solicitados por la industria petrolera y con el colapso de PDVSA, la institución pasó a depender de las asignaciones ministeriales, sufriendo además retrasos en la liquidación de divisas para la adquisición de repuestos y equipos importados.
Actualmente, la crisis se profundizó con la pérdida de capital humano especializado, donde ex empleados y geólogos denunciaron que la gestión militar ejecutó jubilaciones forzadas, dejó de lado a personal experimentado e impuso salarios precarios. Por esto mismo, esta situación provocó una migración masiva de técnicos e investigadores que dejó a la organización sin generaciones de relevo para la evaluación de las amenazas sísmicas en el país.
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Mientras muchas personas siguen buscando a sus familiares bajo los escombros de edificios colapsados en La Guaira sin apoyo estatal, la presidenta encargada bajo tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció ayuda humanitaria y un equipo de rescatistas a Colombia ante el terremoto de 7,4 que sufrió el vecino país la mañana de este lunes, 10 de agosto.
En una transmisión en vivo del canal Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que “a primera hora” del lunes dio la instrucción de “organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia” y el envío de la Brigada Rescatista Simón Bolívar. “Hemos puesto a disposición del gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros”, dijo.
La representante del interinato también dijo haberse comunicado con gobernadores del occidente venezolano, quienes están a la espera de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella “diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”. Además, envió condolencias a quienes perdieron familiares en el terremoto de Colombia, que ya deja más de 160 fallecidos según las autoridades del vecino país.
Son muchos los testimonios de personas que, a casi dos meses del doble terremoto, siguen buscando a sus familiares en las estructuras colapsadas y solicitando maquinaria para poder mover los escombros. Uno de esos casos es el de Valeria Alcalá quien, entrevistada por Venevisión, contó que lleva más de 40 días buscando a su madre y su padrastro, cuyos cuerpos están bajo los escombros de un edificio en Caraballeda.
Ahora que Delcy Rodríguez anunció su disposición de enviar rescatistas a Colombia, una orden dada en las primeras horas del terremoto en ese país, es preciso recordar que en La Guaira, la región más golpeada por el doble terremoto, la ayuda estatal tardó mucho tiempo en llegar, al punto en que los propios ciudadanos tuvieron que asumir la labor de rescate, aun cuando la tragedia ocurrió dentro del territorio nacional.
Testimonios como el de Rómulo Gedler reflejan la realidad de las primeras horas posterremoto en la entidad litoral: su madre quedó atrapada en el piso 9 de un edificio en Playa Grande y fueron otros familiares quienes lograron rescatarla unas horas después del doblete sísmico. En una entrevista ofrecida a Runrun.es en semanas anteriores dijo que, al no ver autoridades en las primeras horas del hecho, entendió el rol que debía asumir: “El bombero tendría que ser yo”.
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Los cardenales Baltazar Porras, Diego Padrón y monseñor Ramón Pérez Morales fijaron postura ante el reciente inicio del diálogo político entre el gobierno interino -bajo tutela de Estados Unidos- y los representantes de la Asamblea Nacional de 2015.
Mediante un comunicado, los prelados advirtieron que esta mesa de negociación se instaló bajo condiciones “nacidas de la experiencia de situaciones similares fallidas”, destacando que fue “promovida y tutelada desde el extranjero”, no incluye la representación política opositora “legitimada más importante”, inexistencia de una instancia técnica facilitadora, así como el “desconocimiento u opacidad con relación a detalles institucionales y logísticos”.
En el texto, señalaron que la crisis política en el país se vio agravada por “la experiencia dolorosa de la inercia e indolencias oficiales” durante la emergencia causada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, por lo cual reclamaron “la escucha atenta y la sintonía con las necesidades y expectativas del pueblo en cuanto sujeto de la soberanía nacional”.
También, los firmantes exigieron poner al servicio de la nación “la voluntad de entendimiento básico entre todos los sectores en los varios ámbitos, económico, político-social y ético-cultural, para conjugar buena fe, compromiso unánime, conocimiento técnico y organización eficaz en función de la reconstrucción integral del país”.
Sobre la convocatoria del diálogo, señalaron que la mesa busca dar “respuesta pronta y eficaz a los problemas prioritarios sociales y políticos”. Ante eso, consideraron que se debe incluir instituciones y organismos como las academias, universidades, iglesias y otros representantes de la sociedad civil; con miras “a concretar aportes eficaces para un proyecto nacional unificado”.
“Solo una visión amplia, con decidida orientación hacia el bien común puede garantizar el éxito de la Mesa técnico-política paritaria hacia una transición política de institucionalidad democrática, aspiración y meta de todos los venezolano”, añaden los representantes eclesiásticos quienes se ofrecieron a hacer seguimiento a los trabajos de la comisión de la negociación.
Por otra parte, reiteraron la necesidad de liberar a todos los presos políticos y de la “hegemonía comunicacional”, así como crear un camino que conduzca hacia una pronta elección presidencial “como vehículo necesario y suficiente de legitimación de los poderes públicos y de su oportuna reestructuración”.
Todas estas acciones se suman al propósito de saldar deudas como alcanzar la agilización de una respuesta eficiente a la crisis económica, social y educativa de la inmensa mayoría del pueblo empobrecido: “salarios justos, servicios básicos de salud, vivienda y escolaridad, suministros regulares y eficaces de agua, electricidad e internet”.
“Las cosas e instituciones importan, pero es prioritario, lo reiteramos y subrayamos, el reencuentro de nosotros los venezolanos en un ambiente de libertad, unidad y solidaridad para que alcancemos la paz. Este proceso equivale a una ‘refundación nacional’, como lo ha propuesto en otras circunstancias el Episcopado venezolano”, finalizó el texto.
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—Si alguien te toca aquí, tú dices que no. Si insisten, pides ayuda si lo necesitas…
Oriana*señaló una calcomanía roja y circular que cubría la zona genital de un muñeco de papel. Estaba en una escuela primaria en El Callao, un poblado minero en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Aunque no es profesora, Oriana* trabaja para una organización de la salud. Ella se dedica a detectar y apoyar mujeres y las infancias frente a situaciones de riesgo psicosocial y de salud sexual reproductiva.
Era abril de 2026. En el salón, unos 30 niños y niñas de 9 años aplaudían y repetían las frases que les enseñaba Oriana*. Miraban con atención al muñeco de papel lleno de círculos de colores rojo, amarillo y verde, la herramienta pedagógica del «semáforo corporal» que ayuda a las personas a identificar riesgos de abuso sexual.
Unos días antes la maestra llamó a la Oriana* porque presumía que una de sus alumnas era víctima de violencia y había bajado su rendimiento escolar en los últimos tres meses. Oriana* le explicó que parte de su trabajo era dar charlas para enseñar «el semáforo corporal» a niños, niñas, adolescentes y adultos.
Desde su organización han considerado que los entornos educativos son espacios seguros para hablar sobre los riesgos de la violencia basada en el género y así lo hacen en municipios del sur de Bolívar que se encuentran dentro del Arco Minero del Orinoco, un área de 111.843 kilómetros demarcada en 2016 por la administración de Nicolás Maduro para extraer minerales como oro y coltán.
Mapa del Arco Minero del Orinoco (en tonalidades verdes). Carta gráfica elaborada por Transparencia Venezuela para su investigación titulada «Economías ilícitas. Al amparo de la corrupción», publicado en julio de 2022
Para el mes de junio de 2026, cuando cierra este reportaje, la presencia de estas bandas sigue en la zona. Los representantes de las instituciones dedicadas a los derechos humanos y la salud mental de las mujeres en las minas del sur del estado Bolívar prestan sus servicios con protocolos de seguridad extrema, como el anonimato entre los psicólogos que atienden a las víctimas.
La violencia paramilitar impide que las mujeres, niñas, niños y adolescentes denuncien libremente si son víctimas de violencia basada en género, según lo que han visto cuatro trabajadores de organizaciones sociales que tienen presencia en el estado Bolívar y que han pedido proteger sus identidades para evitar represalias.
Educación frente a la opacidad
Oriana* puso los puntos rojos en el muñeco de papel para indicarle a los niños qué zonas del cuerpo no se deben tocar y que pueden significar un alto riesgo de violencia: las calcomanías estaban en la boca, en el pecho y en la zona genital.
Luego, señaló unas calcomanías de color amarillo en los brazos y piernas del muñeco de papel.
—Si te quieren tocar por aquí, deben pedir permiso—explicó. Los niños aplaudían y repetían lo que escuchaban.
Oriana* trató de ver con atención la expresión corporal de los niños mientras ellos señalaban las calcomanías verdes de la coronilla de la cabeza y los hombros del muñeco de papel. Estaba atenta si alguno aplaudía sin sonreír, si no cantaba, si movía su mirada hacía la maestra. Ella consideraba que esos gestos en actividades grupales son señales de que un niño o un adulto podría ser víctima de violencia basada en género.
La Federación de Psicólogos de Venezuela, en su seccional del Estado Bolívar, denuncia que no tiene una sede física. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como Provea denuncian que el acceso a la salud (física y mental) de las comunidades en el estado amazónico es escaso y vulnerable: sin medicinas, edificaciones ni personal para atender a la población. Mapa elaborado por: VE360
Aunque no hay datos oficiales sobre la prevalencia de este tipo de violencia en Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB), uno de los principales referentes de educación universitaria privada en el país, ha documentado desde el 2021 distintos casos de explotación laboral, matrimonios infantiles y la explotación sexual en el Arco Minero del Orinoco en su serie de informes titulado «Historias de vida sobre esclavitud moderna en Venezuela».
Walk Free, una ONG internacional dedicada a la identificación, denuncia y mejorar las legislación multilateral para eliminar la esclavitud moderna, hizo un estudio junto a la Organización Internacional del Trabajo en 2023 y reportó que Venezuela era, para el momento, el país con mayor prevalencia de esclavitud moderna en toda América: por cada 1.000 habitantes, al menos 10 se encontrabanaen situaciones de explotación y/o esclavitud.
Según sus propias cuentas, cada dos semanas Oriana* atiende un caso de violencia en El Callao, como mínimo. Níobe*, una líder de una ONG de derechos humanos de las mujeres en el municipio Sifontes, estado Bolívar, también cuenta más de 10 casos atendidos a la semana.
Al no tener estadísticas sobre la violencia, instituciones como las de Níobe* han levantado sus propias encuestas. Y, para su equipo, existe una tendencia clara desde el 2021 hasta los primeros seis meses de 2026: de 100 personas encuestadas en las minas de Las Claritas, municipio Sifontes, cerca de 74 no conoce qué son los derechos humanos o a dónde acudir cuando estos son vulnerados.
Frente a ese panorama de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil propician espacios de aprendizaje grupales en las comunidades, como en las que participa Oriana*.
Ha sido a través de la educación que mujeres que trabajan en zonas mineras se interesan en aprender sobre la prevención de la violencia basada en el género y le recomiendan a otras compañeras que participen. Luego, con el conocimiento adquirido, cada mujer se convierte en una “centinela” en su comunidad. Monitorean a otras compañeras que pueden ser víctimas o se autoperciben en un contexto riesgoso.
Así, poco a poco, de boca en boca, se crea una red de apoyo psicosocial en la comunidad.
La violencia normalizada
En su último informe sobre la violencia basada en el género, publicado en agosto de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó que las víctimas de violencia basada en el género van a las minas de la Amazonía venezolana, en un principio, bajo la promesa de mejorar su capacidad adquisitiva.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destacó en su informe anual de 2025 que la ciudadanía no puede costear su canasta básica: el ingreso mínimo integral —conformado por el salario y distintas bonificaciones gubernamentales— ronda en los 240 dólares americanos, según el Ejecutivo Nacional. La canasta básica se encuentra por los 772 dólares para mayo de 2026, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
«Entre las formas de afrontamiento negativo identificadas, destaca en las zonas fronterizas el recurrir a grupos armados irregulares como mecanismo para intimidar a los agresores», destacó el informe del UNFPA. «Esta práctica se consolida principalmente en áreas rurales con escasa o nula presencia de instituciones estatales competentes para recibir denuncias por violencia de género. Además, su persistencia se ve reforzada por la revictimización que experimentan las mujeres al intentar denunciar mediante los canales oficiales, lo que las lleva a preferir estas alternativas informales».
Euxenia*, abogada que trabaja en otra organización dedicada al registro de violaciones a los derechos humanos en todo el Arco Minero del Orinoco, consideró que en ese proceso también inciden las condiciones de esclavitud moderna en el trabajo minero ilegal como un fin para mejorar su economía personal. Según su análisis, la normalización de la violencia basada en género se ha expresado con mayor frecuencia desde el año 2022, luego de la pandemia de covid-19.
Ese factor ha hecho que la abogada cambie su propia interpretación de la esclavitud moderna y la violencia: las víctimas, en la mayoría de las ocasiones, van por la presión o coerción que les impone la Emergencia Humanitaria en Venezuela y no por caer o exponerse a las redes de tráfico de personas o redes criminales.
Tanto Euxenia* como otras personas dedicadas a la psicología y los derechos humanos han optado por el acompañamiento continuo de las víctimas. Hablan con ellas al menos una vez al mes. Pero la decisión de salir del entorno minero y de denunciar a un ente gubernamental —que incluye in viaje que puede durar ocho horas de ida y vuelta sin seguridad a ser antendidas— recae en las personas que atienden.
El proceso de acompañamiento, según la explicación de la abogada, debe incluir primeros auxilios psicológicos porque el proceso de justicia suele ser largo y, en muchos casos, revictimizante por parte de las autoridades: largas horas de espera, comentarios estigmatizantes, retardos en el proceso de investigación. En la experiencia de Euxenia*, las mujeres que han sido víctimas de violencia se sienten escuchadas cuando conversan con otras mujeres en su misma situación o con profesionales de la salud mental.
Tejer redes comunitarias
—Si juegas con otros niños o te van a saludar, estas zonas son seguras de tocar —dijo Oriana* en el salón de clases de El Callao.
Señaló unas calcomanías verdes ubicadas en la coronilla y los hombros del muñeco de papel. Todos los niños parecían aplaudir y asentir con la cabeza.
Desde que empezó en la ONG como voluntaria en 2022, Oriana* ha contactado con otras mujeres que trabajan en las minas de El Callao. En todos los casos que ha acompañado se mantiene la dinámica minera del silencio impuesto: no se habla directamente de la violencia basada en el género.
Aún así, no ha encontrado resistencia en conectar con personas de la comunidad para aprender y enseñar. Cada mujer que entra en los grupos de escucha guardan sus contactos y, entre ellas, mandan números de teléfono de apoyo psicosocial. Fue en una de esas clases, en 2024, que la profesora reconoció la labor de Oriana*.
Vanadia* es psicóloga y trabajadora en una ONG con presencia en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar —a 417 kilómetros al sur de El Callao por carretera—. Para ella, la formación en primeros auxilios psicológicos para manejar el síntomas como la falta de esperanza acerca del futuro, la sensación de peligro inminente, dificultades para dormir y concentrarse, entre otras alteraciones que la Organización Panamericana de la Salud incluye en trastornos de la salud mental como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Todas estas afectaciones a la salud mental aparecen bajo el contexto de la minería en el Estado Bolívar, según el informe de la CDH – UCAB.
Ella ha determinado que los principales victimarios suelen poseer armas, y eso aumenta el riesgo en toda la cadena de protección y apoyo a la víctima. Entonces, su equipo informa a la comunidad qué es la salud mental, así como las herramientas a tomar en caso de presentar algún malestar. La comunidad suele considerar que están ante unas sesiones grupales con un psicólogo.
Luego, esperan a que sean los vecinos quienes se acerquen a la ONG para solicitar sus servicios de atención psicosocial.
Vanadia* advirtió que la aproximación a las «redes comunitarias» tiene sus limitaciones, como toda metodología. El acceso a la niñez y adolescencia suele ser intermitente porque los padres viajan a las minas para trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de otros parientes o personas cercanas en la comunidad, incluso otros jóvenes menores de edad.
En esos casos, como hace Oriana*, recurren a las escuelas y al monitoreo constante de los representantes del niño, niña o adolescente para mantener el contacto con las víctimas más jóvenes.
En el salón de El Callao, el timbre marcó el final de la clase. Los 30 niños y niñas que vieron el semáforo corporal en abril de 2026 empezaron a cerrar sus cuadernos, se ajustaron sus mochilas y salieron a jugar. Oriana* se quedó un rato y vio que una niña, de 9 años, se había quedado conversando con su maestra. Ella las dejó solas y regresó a su casa.
Unas horas después, cuando caía la noche, la maestra la volvió a contactar. Necesitaba que la ONG agendara unas citas de apoyo psicológico a la niña y acompañarla en un caso de violación sexual. La joven relató que desde hace un par de años estaba al cuidado de su abuelastro mientras sus padres iban a trabajar a las minas. Y, en esos meses sin supervisión directa, el adulto la obligaba a tener sexo.
Luego de esa llamada, la profesora contactó a las autoridades del colegio y, a su vez, Oriana* llamó a un equipo de psicólogos y abogados para que la acompañaran.
Ellas no podían llevar el caso directamente porque ya conocían a la niña pero la visitaban al menos una vez a la semana para saber cómo le iba, cómo se sentía. Contactaron a sus abogados y psicólogos para que la niña diera su testimonio y tuviera varias sesiones de terapia para mejorar su salur mental ante el trauma. En todo el proceso estaba un miembro de la ONG donde Oriana* trabajaba.
Pasaron un par de semanas cuando la historia se presentó ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de El Callao. Ya era inicios de mayo de 2026 cuando la niña volvió a pedirle un momento a solas con la maestra después de clases. La joven quería el contacto de Oriana* en un papel, porque aún no tenía un teléfono móvil.
Quería tener el número a la mano por si acaso una amiga lo necesitaba.
*Los nombres de las personas entrevistadas para este reportaje fueron cambiados para mantener su seguridad ante la violencia armada en el Arco Minero del Orinoco.
